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Guatemala, en ligas mayores, con jugadores de las menores
República Política
May 17, 2024
¡Buenos días!
Hoy se reúnen el presidente Bernardo Arévalo con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el presidente guatemalteco irá al norte, a territorio mexicano. Los temas por abordar son claros: migración, seguridad, narcotráfico; el comercio parece ser un tema secundario, lamentablemente.
El presidente guatemalteco está en desventaja, por decir lo menos; AMLO es un político curtido y va de salida –poco qué perder–; Arévalo es neófito y tiene pocos meses en el poder; está jugando en ligas mayores. La diferencia se hará notar, sin duda; ni hablar de otras asimetrías.
Hablando de asimetrías, se espera que Guatemala se una “al concierto de las naciones” y apruebe una ley de competencia, cuando todos los países desarrollados lo hicieron –desarrollarse– previo a contar con una. Difícil, el bregar internacional de un país como este.
Les deseamos un muy buen fin de semana. Agradecemos su suscripción y lectura.
En este boletín:
•Los compadres AMLO y Arévalo se reúnen en Tapachula
•Enmiendas a la ley de competencia (II): feas prácticas
•Petro pierde el control de Colombia y coquetea con el modelo chavista
Sebastián Gennari
•Los compadres AMLO y Arévalo se reúnen en Tapachula
694 palabras | 2 mins de lectura
El presidente Bernardo Arévalo se reunirá este viernes 17 con su contraparte mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien abandonará el cargo el 1 de octubre. La reunión se dedicará a la seguridad fronteriza; tendrá lugar —apropiadamente— en Tapachula, a pocos kilómetros de la frontera México-Guatemala.
Se prevén dos elementos prioritarios en la agenda: la migración y el narcotráfico. También existe cierta expectativa de que se logren agilizar los pasos aduaneros, con evidentes beneficios para el comercio.
AMLO anunció el encuentro en una de sus “mañaneras” —las conferencias de prensa matutinas que tanto le gustan a él— hace algunas semanas. No ha escatimado a la hora de halagar a Arévalo, diciendo que es “lo mejor que le pudo pasar a Guatemala”.
No se trata del primer encuentro entre los presidentes guatemalteco y mexicano. AMLO y Arévalo –en calidad de presidente electo, el segundo– almorzaron en septiembre, cuando Arévalo fue invitado a la cumbre del Grupo de Puebla, un foro de partidos izquierdistas.
Lo legítimo. En 2022, México exportó US$2,860M a Guatemala, que a su vez exportó US$692M a México. Los datos de lo que va de año no muestran cambios en la tendencia: Guatemala mantiene su enorme déficit con México, que limita la entrada de productos centroamericanos, no mediante aranceles, sino a través de regulaciones sanitarias. No es necesariamente cuestión de aduanas.
Esto se dio recientemente cuando México prohibió la importación de camarón hondureño, “empapando” al resto de productores centroamericanos. En aquella ocasión, se debió a las sospechas de que se vendía camarón ecuatoriano como hondureño.
Ambos países son conscientes del fenómeno y han prometido acuerdos interministeriales para “transparentar” el sistema regulatorio, pero el comercio es indudablemente una prioridad de segundo orden frente al narcotráfico y, sobre todo, la migración.
Lo ilícito. No se podrá obviar el narcotráfico, el perenne dolor de cabezas de AMLO, que enerva a Washington con su política de “abrazos, no balazos”. A modo de apología, el presidente mexicano ha llegado a decir: “No hay más violencia, hay más homicidios”.
AMLO acudirá al encuentro consciente de que la más reciente Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA acusó a su Gobierno de apoyo tácito al narcotráfico, permitiendo sus operaciones en regiones enteras del país.
No pueden anticiparse cambios bajo Claudia Sheinbaum, la probable sucesora de AMLO. En materia de seguridad, Sheinbaum gozó de resultados relativamente buenos mientras gobernaba la Ciudad de México; en campaña, sin embargo, ha querido evitar el tema, suponiéndolo ventajoso para la oposición.
De parte de Guatemala, el Ministerio de Gobernación ha enarbolado su Plan de Control Territorial, anotándose algunos tantos, pero tampoco puede esperarse un giro verdaderamente trascendental. Se desestima cualquier modelo de “mano dura”.
Entre líneas. Evidentemente queda la migración, la gran prioridad de EE. UU., cuyo secretario de Estado, Antony Blinken, visitó Guatemala hace escasos días. Blinken estuvo en el país para asistir a la reunión de la Declaración de Los Ángeles; se habló mucho y se anunciaron US$578M en ayudas estadounidenses, sin llegar a alguna solución a la crisis.
El encuentro entre AMLO y Arévalo puede interpretarse en clave parecida. Quizá se logre algún acuerdo menor, bajo el cual Guatemala acceda a convertirse paulatinamente en un Estado tapón, procesando migrantes que buscan llegar a EE. UU.
Con México, debe recordarse que es aliado de EE. UU. en materia migratoria. Es incapaz de detener el flujo, pero sí lo puede aligerar o retrasar. Sus prioridades, por tanto, son sorprendentemente parecidas a las estadounidenses.
El porvenir. Se ha hablado de la reunión entre los dos mandatarios como algo sumamente importante, con posibles beneficios para el comercio guatemalteco, la lucha contra el narcotráfico y la gestión de la crisis migratoria. No se deben sobreestimar sus efectos. Los obstáculos a los logros son sustanciales.
Su importancia real quizá está en lo que representa para las relaciones bilaterales. Con AMLO, Arévalo se asegura el respaldo mexicano por simple sintonía ideológica.
Existe, además, la posibilidad de seguir profundizando en las relaciones. Todo indica que Sheinbaum, “el delfín” de AMLO, será presidenta; se mantendrán las buenas relaciones con Guatemala. De tal manera, lo que no se logre en esta reunión no se “engaveta”, solo se pospone.
Marimaite Rayo y Braulio Palacios
•Enmiendas a la ley de competencia (II): feas prácticas
764 palabras | 3 mins de lectura
Como se explicó en la anterior entrega, varias bancadas encaminan la ley hacia un ámbito que tiende hacia lo penal, con el riesgo de politizar la norma. Más allá de esa posible perversión, otras propuestas se pueden calificar de “feas prácticas” porque podrían desvirtuar el propósito inicial.
La UNE presentó una enmienda al numeral 6) del artículo 9, referente a las prácticas no sujetas a prohibiciones contempladas. La propuesta señala que aquellos actos o acuerdos celebrados por agentes económicos que poseen regulaciones específicas estarían exentos de la aplicación. Elimina las “cooperativas agrícolas” que menciona la redacción original.
En otras palabras, se crean privilegios y excepciones para determinados sectores. Eso contradice el principio de universalidad legal y la naturaleza de la norma.
El artículo 9 es uno de los que más enmiendas recibió. Semilla, VALOR y ELEFANTE —solicitud similar a la UNE—, presentaron sus propias enmiendas.
Seguramente, será es uno de los puntos que más se discutirá —con negociaciones de por medio— en la Comisión, por la cantidad y extensión de las enmiendas presentadas. Solo VALOR pide agregar cinco numerales a la redacción inicial.
Una de ellas llama la atención: crear una excepción cuando un sector, o la economía en general, sufren de crisis o recesión económica. Esto fue algo que a nivel mundial se practicó en muchos países durante la crisis económica que generó la pandemia de Covid-19: esto buscaba evitar mayor desempleo y el desabastecimiento de alimentos.
La prolongada discusión es válida y necesaria, considerando que este punto aborda las excepciones a las que pueden adherirse los agentes económicos para no estar afectos.
Ahora bien, así como algunas enmiendas introducen vicios a la aplicación, otras propuestas buscan suprimirlos. Eso se evidencia con el numeral 7) del artículo 44.
Este precepto establece en su redacción original, que una de las atribuciones del Directorio será “trasladar al Superintendente para su contratación la propuesta del personal técnico necesario”.
En este caso, UNE y CABAL, piden la supresión total del artículo. Con acierto, se evitará un uso espurio, como pago de favores políticos, otorgando puestos a discreción en la Superintendencia de Competencia.
Otra mala práctica que se puede identificar en la redacción de las enmiendas está relacionada con la contradicción entre las propuestas de una misma bancada.
Por ejemplo, la UNE presentó reformas a los artículos 97 y 98. Mientras que en un punto propone —increíblemente— la supresión del 97 (que reconoce la competencia en investigación de la Superintendencia), en el 98, evoca la necesidad de fortalecer la capacidad de verificación y seguimiento de los agentes que incumplan lo establecido en la ley.
Es decir, por un lado, suprime una de las ramas de esta entidad —al retirarle su capacidad de investigación—, lo que también evidencia la falta de coherencia en las propuestas de enmienda.
Las propuestas de enmienda al artículo 118 también evidencian dos visiones contrarias con respecto a la incidencia que deben tener las multas sobre los agentes económicos que incurran en prácticas anticompetitivas absolutas o relativas.
La versión original habla de una multa —con sentencia definitiva— por prácticas anticompetitivas absolutas hasta 200 mil salarios mínimos diarios no agrícolas. En el caso de prácticas anticompetitivas relativas, hasta 100 mil salarios mínimos diarios no agrícolas.
La propuesta de la UNE refleja una tendencia más moderada porque señala que las multas “no pueden comprometer la viabilidad económica del agente económico sancionado”.
En ese sentido, sugiere que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de la infracción. Sin decirlo, específicamente, alude a la sentencia del refrán popular “como es el sapo, es la pedrada”.
En cambio, Semilla, pretende establecer porcentajes entre 8 % —prácticas restrictivas relativas— y 10 % —prácticas restrictivas absolutas— de los ingresos de la empresa, lo cual puede ser excesivamente oneroso para algunos de los agentes sancionados.
Hay que recordar que no todos los negocios tienen grandes márgenes de ganancia, existen muchos modelos de negocio que dependen de una alta rotación de sus inventarios y de bajos márgenes, incluso por debajo del 3% de sus ingresos, lo cual haría que las sanciones propuestas puedan llevar a la quiebra y, paradójicamente, a reducir la competencia.
Pese a que los efectos inmediatos de estas propuestas enmiendas no son evidentes —a simple vista—, se deben evitar en la redacción final. Estas pueden tergiversar la naturaleza de la ley y pueden generar efectos perversos, tanto a los agentes económicos, como a la economía nacional a largo plazo.
El próximo martes 21 publicaremos el último capítulo de esta serie. Nos centramos en las “buenas” reformas que enmiendan la plana a las propuestas planteadas en la versión original de la iniciativa.
Rafael Párraga
•Petro pierde el control de Colombia y coquetea con el modelo chavista
592 palabras | 2 mins de lectura
El descontento con el sistema político llevó a Colombia a elegir, en 2022, a un exguerrillero como presidente: Gustavo Petro. Ahora, menos de dos años después, el país se encamina en el peligroso camino de una reforma constitucional, tan recurrido por los autócratas.
Es noticia. Tras un sinfín de reveses políticos, el presidente colombiano ha hecho pública su intención de reformar la Constitución de su país. Al llegar al poder, sin embargo, Petro dejó dijo que no lo haría. Sin embargo, poco duró su promesa. El presidente anunció que el proceso de consulta popular para una constituyente ya inició. Petro se refiere a las manifestaciones del Día de los Trabajadores, que ha interpretado como apoyos en pro de un cambio constitucional.
Petro no cuenta con el apoyo legislativo para iniciar un proceso de esta naturaleza; eso no parece preocuparlo.
El presidente ha manifestado su intención de llevar a cabo una especie de plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente, evitando así tanto al legislativo como al judicial.
Petro busca saltarse todos los mecanismos de control intermedios y, así, lograr su cometido. No queda claro cómo lo hará, puesto que —más allá de ser inconstitucional—, no cuenta con el capital político para sobrevivir una ofensiva de esa naturaleza.
Por qué importa. Con una aprobación de solo un 36%, el panorama es cada vez más complicado para el exguerrillero. Su hijo, Nicolás, atraviesa un proceso judicial por financiamiento electoral ilícito para la campaña de su padre, en la cual, presuntamente, hubo dineros provenientes del narco. Adicionalmente, su gobierno ha sido señalado por el sobrecosto en la compra de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades vulnerables y el presunto pago de sobornos a congresistas —para apoyar su agenda legislativa— con ese dinero.
No obstante, el más reciente escándalo surgió por la denuncia de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta violación al límite máximo de dinero para su campaña en 2022.
Petro podría verse involucrado en un caso de esos que, para su Ministro de Defensa Iván Velásquez, constituye “el pecado original de la democracia”. Este caso —del cuál ha sido directamente beneficiado— no parece molestarle.
Sí, pero. Petro ha iniciado una campaña para cerrar filas y movilizar apoyos entre los barrios más pobres del país. La gira es una respuesta a los recientes escándalos y el crecimiento de la oposición. El pasado 1 de mayo, el presidente se adueñó de la causa del Día de los Trabajadores y movilizó a sus simpatizantes a las calles. Ante una concentración de unas 55 mil personas, afirmó: “no vamos a retroceder. La historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa y ésta es la demostración popular de esa decisión”.
El presidente libra una batalla contra sí mismo y su gobierno, con cifras descontroladas de violencia y una inflación interanual de más de un 7%.
Su gobierno se ha radicalizado. Pocos meses después de haber tomado posesión, el presidente destituyó a los cuadros moderados de su gabinete.
Actualmente, no cuenta con las alianzas necesarias para impulsar su agenda.
En conclusión. La falta de apoyo político le ha hecho optar por la vía más efectiva para los gobiernos socialistas en Sudamérica: la de Hugo Chávez. Petro busca saltarse los frenos y contrapesos de la República y dejar su huella reformando la constitución unilateralmente. Su poca popularidad, la ideologización de su gabinete y los escándalos de corrupción que lo rodean han puesto a Petro contra las cuerdas. El presidente está peleando como mejor saben hacerlo los de izquierdas: a través de la radicalización.