¡Buenos días!

Dice el dicho, que la oportunidad no toca dos veces la puerta; Guatemala, como país —pero los gobiernos, en particular, han dejado pasar muchas oportunidades ya. Sea con excusas ideológicas o aviesos intereses de los políticos de turno, el país no ha podido aprovechar las oportunidades para despegar, y salir del subdesarrollo.

Como pocas veces, a finales de los años 1990, el gobierno de turno —con un legislativo operativo, no como el actual— logró aprobar mejoras legales en distintos campos, como el eléctrico y el de telecomunicaciones, que catapultaron el desarrollo; particularmente en el subsector eléctrico, el marco regulatorio chapín sigue siendo referente global, por su eficiencia. No es casualidad que los enemigos de la libertad y de la creación de oportunidades, sigan intentando regresar a modelos estatistas.

Ahora, la oportunidad está en toca los puertos; una afortunada alineación estratégica entre el sector privado guatemalteco, las autoridades de EE. UU. y algunos buenos funcionarios hace posible soñar con el desarrollo portuario, abandonando vetustos modelos de gestión y viabilizando una ruta hacia el futuro. Todo es que no se entorpezca por cerrazones ideológicas que rechacen la participación privada.

Los guatemaltecos merecen, por supuesto, que sus autoridades electas abandonen posturas rígidas y reconozcan que, para desarrollar el país, necesitan del sector privado, siempre dispuesto a apostar por Guatemala. 

Única ventana de oportunidad

En un mundo marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, Guatemala se encuentra ante una coyuntura excepcional. Hoy, el país tiene la posibilidad de impulsar proyectos de infraestructura de gran envergadura y largo plazo, como la construcción de un canal seco que conecte el Atlántico con el Pacífico. Esta iniciativa no solo potenciaría el comercio regional, sino que posicionaría a Guatemala como un hub logístico clave en Centroamérica, y el mundo.  

Sin embargo, esta ventana de oportunidad es estrecha y efímera, dependiente de una alineación entre actores clave: los Estados Unidos, como aliado estratégico, el sector privado guatemalteco y el gobierno actual. Sin estos tres pilares, proyectos de esta magnitud rara vez prosperan, quedando atrapados en burocracias, oposiciones ideológicas o falta de financiamiento. 

Esta convergencia no es fortuita. Guatemala ha sido, es y será, un aliado natural de los EE. UU., en una relación basada en el respeto mutuo y beneficios compartidos. El sector privado guatemalteco, motor de la economía nacional, que invierte y cree en el desarrollo del país, ha mantenido lazos sólidos EE. UU., fomentando el intercambio comercial y la inversión directa. 

Lamentablemente, en ambos países, gobiernos transitorios impulsados por agendas ideológicas han saboteado esta sinergia. En Guatemala, administraciones pasadas han ignorado las oportunidades de integración económica con el norte. En EE. UU., la agenda woke ha distraído a Washington de la importancia estratégica de Centroamérica. Pero ahora, con un gobierno estadounidense enfocado en contrarrestar influencias externas, y un sector privado guatemalteco ávido de expansión, se presenta un momento propicio. 

Los desafíos comunes refuerzan esta alianza. La lucha contra el crimen organizado, que azota las fronteras y socava la estabilidad, exige, sí o sí, colaboración bilateral. Guatemala, como puente entre norte y sur, es vital para interceptar el flujo de narcóticos y migración irregular; EE. UU. reconoce esto y apoya con inteligencia y recursos. 

Geopolíticamente, el país se erige en el único aliado sólido de Washington en la vecindad inmediata, resistiendo los avances del Comité Central del Partido Comunista de China. Mientras otras naciones centroamericanas ceden terreno a inversiones chinas que a menudo vienen con condiciones opacas y deuda insostenible, Guatemala mantiene su soberanía y orientación prooccidental.  

Además, las ventajas comerciales mutuas son evidentes. Un canal seco, por ejemplo, reduciría tiempos de tránsito para mercancías, atrayendo inversiones en puertos, ferrocarriles y zonas francas. El sector privado guatemalteco —con su expertise en grandes proyectos de nivel mundial— debe liderar la ejecución, mientras EE. UU. aporta tecnología y financiamiento.  

Un proyecto como ese no solo generaría empleos masivos —estimados en decenas de miles— sino que impulsaría el PIB nacional en al menos un 2-3 % anual, según proyecciones conservadoras. Pero el tiempo apremia y presiones internas o cambios políticos podrían disipar esta alineación. 

Es imperativo que el presidente Bernardo Arévalo y su gobierno capitalicen esta oportunidad única. Arévalo, con un enfoque de transparencia, debe de priorizar diálogos trilaterales para concretar, no simplemente “sentar las bases”. Porque, no solo se necesita soñar en grande, sino lograr en grande. 

No se trata solo de infraestructura; es forjar un futuro resiliente ante amenazas globales. Desaprovechar este momento sería un error histórico —que acarrearía como legado Arévalo, hijo—, condenando a Guatemala a la mediocridad en lugar de al liderazgo regional. El canal seco no es un sueño lejano: es una realidad al alcance, si actuamos con visión y urgencia. 

En redes sociales, se desató una polémica, tras la publicación de una serie de videos por parte del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

En las grabaciones —difundidas con un tono irónico y creativo—, Pablo Guerra, miembro de MCN, entregaba “regalos simbólicos” a diputados oficialistas y sus aliados, entre ellos, el presidente del Congreso, Nery Ramos, y la diputada Elena Motta —a quien, por ejemplo, obsequió un diccionario en alusión a sus intervenciones con términos inventados como “jóvenas”.

Los videos, que buscaban resaltar los excesos, banalidades y contradicciones de varios miembros del Congreso, provocaron la reacción inmediata de algunos operadores políticos y usuarios en redes sociales.

Entre ellos, destacó Bryan Wellmann Girón, quien tan solo días después de haberse publicado los videos, buscó personalmente a Guerra para grabar un video —cuestionándolo a él y a sus acciones—, material que luego comenzó a circular en redes sociales de forma coordinada entre operadores y simpatizantes del Movimiento Semilla.

La enardecida discusión que se generó a raíz del cruce dejó sobre la mesa una interrogante inevitable: ¿quién es Wellmann? Y aún más importante, —considerando que no suele figurar de esta forma—, ¿por qué lo hizo esta vez?

Wellmann tiene un largo historial de paso por distintos proyectos políticos. Inició como activista y operador cercano al Partido Líder de Manuel Baldizón, donde coordinó estructuras territoriales y de campaña, y más tarde se vinculó a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrándose a los círculos más cercanos de Sandra Torres.

En 2019 buscó una curul como candidato de la UNE; no resultó electo. Para 2023 ya se presentaba bajo otra bandera, la del partido Victoria, donde coordinó la estructura metropolitana y encabezó la planilla de diputados distritales en las elecciones de ese año.

En paralelo, ocupó algunos cargos públicos: fue director de la DIGEF en el Ministerio de Educación durante el gobierno de Jimmy Morales y posteriormente asesor en la Presidencia del Congreso bajo Allan Rodríguez, funciones que lo acercaron al oficialismo de turno.

Esa combinación de candidaturas frustradas, asesorías legislativas y vínculos con distintos cuestionables políticos, lo ha convertido en un operador reciclado; parece no importarle dónde se coloque o a quién se vincule.

Ese historial ayuda a explicar por qué Wellmann reaccionó con virulencia ante la fiscalización ciudadana dirigida a los diputados del Movimiento Semilla y sus aliados.

Según fuentes legislativas, dirigentes del extinto partido oficial, liderados por Samuel Pérez, estarían explorando el uso del partido Victoria como plan de contingencia para 2028, conscientes de que su nuevo proyecto político, Raíces, podría no alcanzar a consolidarse a tiempo.

En ese escenario, Victoria se perfila como un vehículo alternativo, y actores como Wellmann actúan como piezas útiles para proteger los intereses de quienes ya han empezado a negociar bajo esa lógica.

El incidente con Pablo Guerra no es, entonces, un simple roce en redes sociales. Evidencia la forma en que la política guatemalteca sigue entrelazando operadores reciclados, partidos con dueños familiares y alianzas inesperadas.

Wellmann encarna esa figura híbrida: funcionario devenido en candidato, opositor vuelto aliado, y ahora defensor de un espacio que podría servir de salvavidas a quienes buscan garantizarse un lugar en la próxima contienda.

En la política guatemalteca, los silencios y las embestidas rara vez son casualidad; en este caso, responden a cálculos que ya miran hacia 2028. 

En la actualidad, el país enfrenta un debate crucial: sus puertos pueden convertirse en motor de desarrollo o seguir como obstáculo para el comercio. La discusión avanza con dos iniciativas de ley en el Congreso de la República. Además, se tiene el apoyo de los EE. UU. y de expertos, que ven a Guatemala como corredor bioceánico estratégico. 

• En el República Summit Infraestructura 2025: Puertos para el desarrollo, se abordó la problemática y se plantearon escenarios para transformar la realidad de los puertos del país.

Por qué importa. La posición geográfica convierte a Guatemala en punto clave para unir océanos y competir con el canal de Panamá. Sin embargo, el rezago legal y la falta de inversión amenazan con desvanecer las posibilidades de convertir al país en un hub regional. 

• Rodrigo Arenas, presidente editor de República, señaló, en la apertura del evento, que los puertos son “palanca de desarrollo” y que su modernización impacta en empleo y competitividad.
  
  

• En la misma línea, Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria, enfatizó que los puertos no son solo infraestructura, “sino también seguridad nacional”.

  
  

• Sin reglas claras, Guatemala se arriesga a quedar atrapada en un esquema estatista que limita la inversión privada y frena el potencial logístico.

Datos clave. El sistema portuario tiene tres terminales estatales, una bajo gestión indirecta de participación privada. Según el informe de la Comisión Portuaria Nacional, en 2024 se movieron 31M de toneladas, 60 % desde el Pacífico. No obstante, la infraestructura disponible en los puertos data de hace más de cuatro décadas, lo que indica una urgente actualización. 

• El acuerdo de modernización de Puerto Quetzal, firmado entre las autoridades militares de Guatemala y de EE. UU., marca un hito en la cooperación de ambas naciones.
  
  

• Rick Crawford, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE. UU., planteó un modelo de cooperación hemisférica para los dos países.

En el radar. El Congreso analiza dos iniciativas: una enviada por el Ejecutivo y otra impulsada por la diputada Sandra Jovel y compañeros. La meta parece ser fusionarlas en una [ley] que dé autonomía, certeza jurídica e impulse la inversión. La discusión sigue y concentra la atención de varios sectores de la sociedad, interesados en hacer eficientes a los puertos. 

• Jorge Ayala, diputado del partido Valor y segundo vicepresidente del Congreso de la República, pidió evitar más burocracia y respaldar un modelo abierto a concesiones y capital privado.
  
  

• Sandra Jovel, diputada de la misma bancada y presidenta de la Comisión de Comunicaciones, recalcó que la nueva regulación debe garantizar independencia institucional y estabilidad más allá de los gobiernos de turno.
  
  

• Por su parte, el embajador de EE. UU. en Guatemala, Tobin Bradley, cerró el evento al indicar que “el mejoramiento de los puertos en el país hará que Guatemala sea un hub comercial. Cuando Guatemala se transforma, el mundo se transforma”.

En conclusión. El futuro portuario de Guatemala depende de decisiones inmediatas. Modernizar no solo significa ampliar infraestructura, sino abrir espacio a la inversión privada, garantizar certeza jurídica y blindar la competitividad frente al avance chino. 

• La apuesta estadounidense incluye seguridad, ciberdefensa y empleos, frente a la opacidad de los modelos chinos que han penetrado en la región.
  
  

• La alianza con EE. UU. ofrece expertise tecnológico y operativo, pero debe complementarse con voluntad política local.