Guatemala sin buenas carreteras públicas y pronto, sin asfalto

¡Buenos días!

La expresión “dispararse en el pie” pretende ejemplificar cómo alguien puede, al hacer algo, causarse más daño y limitar su éxito en alguna actividad.

Eso es lo que hace el Gobierno de Bernardo Arévalo al, obtusamente, cerrarse a la posibilidad de la continuación de las actividades petroleras en el campo Xan.

Las excusas son legales, pero las soluciones también lo serían. Sin embargo, el Ejecutivo, guiado por posiciones ambientalistas, y no de país, no da pie —el que no se ha disparado aún— a que Guatemala tenga, mejorando las condiciones económicas para el Estado y salvaguardando fielmente el medioambiente, pueda tener producción petrolera nacional y, en el caso específico de Xan, autoabastecer al país del asfalto necesario para reparar y construir su precaria red vial.

El Congreso tiene la posibilidad de dar una salida legal al problema. Ojalá que lo haga. 

Perenco se va y el Estado improvisa. El cierre del campo Xan evidencia decisiones sin planificación técnica, con consecuencias económicas, sociales y logísticas que el gobierno no logra anticipar.

Qué destacar. El 12 de agosto vence el Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación 2-85, el cual permitía las operaciones de la empresa Perenco en el campo petrolero Xan, San Andrés, Petén. 

• Este contrato fue firmado el 5 de agosto de 1985 entre las empresas Hispanoil y Basic Petroleum International Limited con el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Sin embargo, en 1986 la empresa de capital franco-británico, Perenco, tomó el contrato e inició la operación de explotación petrolera.
  
  

• Posteriormente, en 2010, mediante el Acuerdo Gubernativo 214-2010, el expresidente Álvaro Colom aprobó el contrato de modificación, ampliación y prórroga por 15 años más.
  
  

• En 2022 se presentó la iniciativa 6021 que disponía aprobar reformas a la Ley de Hidrocarburos; en el Art. 2, permitía aprobar prórrogas consecutivas de 25 años hasta agotar el yacimiento. Sin embargo, tanto las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como el presidente de la República se opusieron a esta medida y la iniciativa se estancó en tercera lectura.

En el radar. A pesar de que las autoridades aseguraron que el cierre se haría de forma técnica y ordenada, las acciones del MEM plantean una perspectiva diferente. 

• El Ministerio, mediante el Acuerdo Ministerial 207-2025/SG, estableció de carácter urgente la contratación de servicios petroleros de emergencia para ejecutar “el cierre, desmantelamiento de las instalaciones, y el abandono del campo Petrolero Xan […] y con ello evitando la pérdida de control del mismo”.
  
  

• Asimismo, indica que, por el carácter de la industria, la normativa faculta a la entidad a contratar los servicios sin necesidad de una licitación.
  
  

• Ahora bien, la modalidad de contratación se presta a discrecionalidad en la contratación de los servicios, y la declaratoria de emergencia evidencia una falta de planificación para el cierre de las operaciones, lo cual contradice el discurso oficial.

Datos clave. Perenco es una de las empresas que más aporta a Guatemala, tanto a nivel económico como social. 

• Esto se debe a que actualmente no solo genera más de 4000 empleos directos, sino que, de acuerdo con su reporte de sostenibilidad, también beneficia a las comunidades cercanas al campo con capacitación técnica y subsidios.
  
  

• Adicionalmente, en términos económicos, los documentos del MEM indican que la empresa, desde 2020, ha contribuido con más de GTQ 24 millones en regalías y GTQ 63 millones por participación. Además, el Estado recibe cerca del 60 % de las ganancias de las operaciones petroleras.
  
  

• Consecuentemente, con el cierre de las operaciones, el gobierno y las comunidades aledañas sufrirán una pérdida irrecuperable.

Visto y no visto. Uno de los sectores más afectados será el de la construcción vial, dado que Perenco produce más del 90 % del asfalto que se emplea en el país, lo cual ha permitido que Guatemala sea el único país centroamericano autosostenible en la producción de asfalto. 

• Ante la brecha en la oferta, el país se verá obligado a importar asfalto anualmente, lo cual representaría una carga superior a los GTQ 700M, que se traduciría en un incremento del 30 % en los costos de construcción.
  
  

• Al consultar con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) sobre un posible plan de contingencia, indicaron que el mercado del asfalto es libre, por lo que hay otras tres operaciones que podrían cubrir la demanda. Se limitaron a decir que no es competencia del ministerio determinar la capacidad de estas empresas.
  
  

• Tomando en cuenta el porcentaje del mercado que es cubierto por Perenco y la situación crítica en la que se encuentra la red vial en Guatemala, es necesario que las autoridades presenten soluciones concretas y viables.

En conclusión. Los datos demuestran cómo, el gran perdedor en el atropellado cierre del campo Xan son la economía, el mercado laboral y las poblaciones afectadas. 

• Asimismo, la falta de preparación de las entidades gubernamentales plantea dudas sobre cómo los criterios ideológicos, antes que los técnicos, pudieron haber prevalecido en la decisión. 

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En la conferencia de prensa semanal, República consultó al presidente, Bernardo Arévalo, sobre la postura del Ministerio de Educación (MINEDUC) en el proceso de inconstitucionalidad que cuestiona la cláusula de confidencialidad del pacto colectivo firmado con el dirigente magisterial Joviel Acevedo.

Arévalo respondió que aún no cuenta con la información completa sobre la actuación legal del Ministerio, pero aseguró que el tema será revisado y se enviará una respuesta oficial. Hasta el momento, el MINEDUC no ha respondido a la solicitud.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, informó que hace un mes se presentó una denuncia por la apertura de calicatas sin autorización en Izabal. Además, indicó que se están analizando diez licencias ambientales otorgadas en noviembre de 2023 a proyectos de minería metálica en la Sierra de Santa Cruz. “Cada día encontramos más irregularidades legales y técnicas”, advirtió. El MARN prevé presentar nuevas denuncias en el Ministerio Público y convocó a una presentación pública el próximo 30 de julio, en la que se compartirán los hallazgos junto a representantes comunitarios.

Orantes también confirmó que no se prorrogará la entrada en vigor del artículo 12 del reglamento 164-2021 sobre residuos sólidos, que establece la clasificación de la basura en tres categorías: orgánica, reciclable y no reciclable. “Es indispensable que el país comience a avanzar en la dirección correcta”, afirmó.

El ministerio también presentó los avances de las mesas de diálogo sostenidas con la Municipalidad de Guatemala y recicladores de la zona 3. Tras 11 reuniones, se alcanzaron acuerdos clave, como el reconocimiento formal del trabajo de los recicladores dentro del reglamento, y su registro ante las autoridades municipales.

También se permitirá que algunas municipalidades —como la de la capital— implementen la clasificación en solo dos categorías (orgánico e inorgánico) para garantizar el acceso al material reciclable. A nivel nacional, la clasificación en tres se mantiene vigente.

Orantes reiteró que el país no puede seguir postergando medidas para enfrentar la crisis de contaminación. Guatemala genera más de 3M de toneladas de basura al año y el 90 % no se maneja adecuadamente, lo que contamina el agua, el aire y los suelos, y afecta directamente la salud pública. 

Agenda presidencial 

Miércoles 23 

•⁠ Reunión con alcaldes de la Región 4

Jueves 24  

•⁠ Asamblea con autoridades ancestrales 

•⁠ Reunión con el relator de la vivienda de Naciones Unidas 

A menos de quince días de que finalice el receso legislativo y se reactive la actividad en el hemiciclo, el Congreso se prepara para retomar una agenda cargada de puntos potencialmente conflictivos. Uno de los puntos más sensibles será la propuesta de ley de aguas que, según la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, se presentará entre septiembre y octubre. Además, se espera la discusión de una reforma que impulsa el oficialismo para resolver el contrato de la petrolera Perenco, cuyo vencimiento está previsto para el 12 de agosto.

A estos temas se sumará el debate por el proyecto de presupuesto general para 2026, que el Ministerio de Finanzas debe entregar el próximo 2 de septiembre, así como la elección de una nueva Junta Directiva del Congreso, prevista a partir de octubre.

Durante el receso legislativo, aunque se ha convocado a nueve sesiones extraordinarias, no se puede hablar de avance alguno. Los diputados apenas han tramitado iniciativas para iniciar su análisis en comisiones, y el proceso de interpelación contra el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, ha avanzado mínimamente con la formulación de preguntas básicas.

En paralelo, el presidente del Congreso, Nery Ramos, retornó al país tras una visita oficial a Taiwán entre el 14 y el 19 de julio. Lo acompañaron los diputados José Pablo Mendoza (CREO), Raúl Solórzano (UNE), Mirna Godoy Palala (independiente), Fidel Reyes Lee (BIEN) y César Fión (UNE).

Según se informó, la visita buscó fortalecer la amistad bilateral e incluyó reuniones con el presidente taiwanés y con Han Kuo Yu, presidente del Yuan Legislativo. Durante los encuentros, los legisladores entregaron acuerdos firmados por la Presidencia y Junta Directiva que solicitan a la ONU el reconocimiento de Taiwán y su participación plena en organismos multilaterales.

Tres interpelaciones pendientes y cinco más en espera

El juicio político al ministro de Salud —que inició el 6 de marzo— sigue estancado y ni siquiera ha superado la fase de preguntas básicas. A la espera de su turno están también los ministros de Desarrollo Social, Comunicaciones y Ambiente.

A estas, se suman cinco nuevas solicitudes de interpelación presentadas por el diputado Becquer Chocooj, dirigidas a los titulares de Defensa, Energía y Minas, Economía, Finanzas, y Gobernación. Una vez programadas por la Junta Directiva, los funcionarios no podrán salir del país y deberán asistir al Congreso cada vez que su comparecencia figure en la agenda, hasta que concluyan sus respectivos procesos.