Guatemala vs. el mundo

¡Buenos días!

En el Congreso de la República está “discutiéndose” la ley antilavado, como se conoce coloquialmente; lamentablemente, como suele ocurrir con las obligaciones multilaterales, no hay mucha opción; Guatemala debe adecuar su normativa a los estándares internacionales. 

La cosa es que algunos “vivos” pretenden aprobar una normativa que no solo va más allá de ello —de las obligaciones del país frente a requerimientos multilaterales—, sino que, además, facultarían a entidades nacionales a pasar por encima de los derechos de los guatemaltecos.

No por acoplarse a estándares internacionales se vale violentar derechos constitucionalmente garantizados. Se puede armonizar la legislación nacional sin dejar ventanas de abusos o de poderes sin control, por supuesto. Lo que pasa es que siempre hay quienes ven oportunidad de crear nichos de del cual se abusa después, casi siempre.

Los controles judiciales para acceder a la correspondencia y la contabilidad, por ejemplo, deben mantenerse. No es capricho, es mandato constitucional; los que sabiéndolo pretenden lo contrario son los primeros que, luego, se rasgan las vestiduras cuando la CC bota legislación por inconstitucionalidades.

Sí, hay premura por aprobar una normativa eficaz, pero no por ello se debe permitir que algunos funcionarios dejen sembrada la “semilla” que después eche “raíces” de facultades violatorias de los derechos de los guatemaltecos. 

Reynaldo Rodríguez
Ley antilavado definirá estabilidad financiera
700 palabras | 2 minutos de lectura

 
La discusión sobre la actualización de la Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Guatemala ha entrado en una fase decisiva, reconfigurando la evaluación, del riesgo sistémico desde la óptica del sector financiero. Las posturas del empresario financiero, Hermann Girón, y del presidente del CACIF, Carlos Arias, convergen en un punto central: la estabilidad macroeconómica del país depende directamente de la solidez, credibilidad y conexiones internacionales de nuestro sistema bancario.

Desde un enfoque técnico, Girón plantea que el sistema financiero guatemalteco opera dentro de una arquitectura global interdependiente. Bajo esta realidad de interconexión de mercados y corresponsalías, el país no puede aislarse de los estándares de cumplimiento establecidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Mantener reglas locales débiles no es una opción, ya que el lavado de dinero funciona como un delito transnacional: los recursos ilícitos se generan en un país, se mueven a través de varios territorios y buscan ingresar a otras jurisdicciones hacia economías formales.

El sistema bancario actúa como el filtro para estos flujos financieros. Aunque la banca no genera el problema, representa la última barrera de contención antes de que los capitales ilícitos se integren y contaminen el mercado formal. En consecuencia, la legislación actual, con casi 25 años de vigencia, presenta un desfase crítico frente a la velocidad de la tecnología, la digitalización de las transacciones y los nuevos y sofisticados esquemas de lavado.

No obstante, el proceso legislativo en el Congreso de la República ha enfrentado obstáculos debido a la incorporación de reformas adicionales que no fueron consensuadas en la Comisión de Economía. Estas modificaciones alteraron el enfoque técnico original del proyecto, prolongando la incertidumbre regulatoria. En el mejor escenario, se esperaría una inminente aprobación de la ley basada en consensos sólidos dentro del Congreso, sin la introducción de enmiendas de último momento que pretendan bloquear el proceso.

Para el sector financiero, modernizar este marco legal no es un simple trámite burocrático, sino una urgencia operativa para mitigar riesgos de cumplimiento, reducir costos de supervisión y agilizar la coordinación con el Ministerio Público.

Girón destaca que, si bien la banca y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) han operado con eficacia bajo las reglas vigentes, el desgaste de la ley actual limita la capacidad de prevenir riesgos futuros. En un entorno globalizado, la confianza en el país determina nuestra calificación de riesgo, el acceso a líneas de financiamiento del exterior y el mantenimiento de las corresponsalías bancarias. Cualquier señal de debilidad en la supervisión impacta de inmediato en la liquidez del sistema, eleva el costo del dinero y resta competitividad a las instituciones locales.

Ante este escenario, el CACIF, en representación de 52 organizaciones del sector privado, emitió un pronunciamiento contundente: “el país ya no tiene tiempo que perder”. La materialización del peor escenario —una eventual inclusión de Guatemala en la “lista gris” del GAFI— implicaría mayores costos de transacción para las entidades, controles de debida diligencia más estrictos y redundantes, y restricciones severas para acceder a los mercados internacionales. A esta advertencia se sumó la Embajada de EE. UU., la cual afirmó que “aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala”.

Por su parte, Carlos Arias advierte sobre los efectos macroeconómicos inmediatos de no actuar. El impacto más severo golpearía la economía real mediante el encarecimiento de las remesas de hasta un 40 %, lo que demuestra cómo una debilidad regulatoria encarece directamente los servicios financieros transfronterizos. A esto se sumarían restricciones en contratos de corresponsalía, una contracción en los flujos de inversión y presiones al alza en las tasas de interés internas, afectando la liquidez general y la capacidad de crecimiento del país.

El caso BANTRAB-DHK ilustra cómo los controles financieros funcionan como blindajes efectivos. La detección oportuna por parte de la IVE de una inversión de USD 20M de origen dudoso —vinculada a estructuras bajo investigación asociadas al régimen venezolano de Nicolás Maduro— y su posterior anulación judicial, demuestra el valor estratégico del compliance.

Una supervisión robusta protege la estabilidad de una institución en particular, y evita el riesgo de contagio en toda la plaza financiera, asegurando que Guatemala mantenga su acceso pleno y competitivo al sistema global.

Glenda Sánchez
Estadio Doroteo Guamuch Flores: el negocio de unos pocos
622 palabras | 5 minutos de lectura

Los espacios deportivos son pocos en Guatemala. Muchos se encuentran en mal estado o colapsados. En 2024, las autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) iniciaron el proceso para el remozamiento del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, ubicado en la zona 5 capitalina.

• Dos años después, la obra sigue incompleta. Los atrasos de Constructora Bremar, S. A. y la falta de controles en la CDAG generan la discusión sobre cómo se manejan los fondos públicos. 

Por qué importa. El Estado asigna recursos públicos al deporte por mandato constitucional. Sin embargo, el proyecto del estadio terminó como una ejecución deficiente y escasa rendición de cuentas. Mientras el deterioro del Guamuch avanzaba, las autoridades tardaron meses en reaccionar, a pesar de las advertencias de los incumplimientos.

• La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncias en el Ministerio Público (MP) por posibles anomalías en el contrato. El expediente incluyó a 12 funcionarios y representantes de la empresa. Hasta ahora, el MP no ha informado avances de las pesquisas.

• La remodelación a cargo de Bremar. S.A. contemplaba trabajos en la gramilla y la pista sintética por GTQ 32.4M. Según auditorías y citaciones legislativas, la constructora apenas alcanzó el 34 % de avance pese a recibir GTQ 9.5M.

• Legisladores cuestionaron la falta de controles dentro de la CDAG. Señalaron posibles responsabilidades administrativas y penales. Citaron posibles delitos: colusión y abuso de autoridad.

Detrás de escena. La Constructora y Distribuidora Bremar, S.A. aparece en Guatecompras desde 2006. La empresa registra como propietaria a Brenda Margarita Archila del Cid Cruz. Durante casi dos décadas acumuló contratos con ministerios y municipalidades. Algunas adjudicaciones son señaladas por incumplimientos.

• Datos oficiales reflejan que Bremar suma alrededor de GTQ 514M en 180 adjudicaciones. La mayor parte fue durante la administración de Alejandro Giammattei, período en el que obtuvo más de GTQ 340.8M en contratos.

• En la actual administración suma adjudicaciones por GTQ 111.4M. El volumen de contratos revela arroja sobre los mecanismos de evaluación. Además de la capacidad para verificar antecedentes y cumplimiento de proveedores.

• La DCAG reconoció ante diputados que la empresa no logró cumplir con el cronograma. Bremar pidió una prórroga de 11 meses. Sin embargo, se rescindió el contrato.   

Punto de fricción. Documentos oficiales reflejan cambios financieros importantes dentro del contrato original. También aparecen pagos extra y modificaciones administrativas que aumentaron dudas sobre el manejo de los recursos públicos destinados al proyecto.  

• La liquidación del contrato incluyó compromisos para evitar acciones legales que frenaran nuevos procesos de contratación. La medida buscó impedir que la remodelación quedara atrapada en disputas judiciales. 

• Diputados señalaron que más de 30 personas podrían enfrentar responsabilidades. Entre los mencionados aparecen asesores, funcionarios y representantes de la constructora involucrados en las decisiones del proyecto.

En conclusión. El caso del estadio revela las fallas de supervisión y el entramado de corrupción en la CDAG. Un problema de las últimas administraciones de la Confederación. La obra debía recuperar uno de los principales espacios deportivos del país. No obstante, terminó en otro ejemplo de contratos públicos cuestionados, retrasos y millonarios recursos sin resultados.

• El caso evidenció vacíos en los controles y dudas sobre cómo se adjudican proyectos millonarios dentro de Guatecompras. El sistema quedó obsoleto para fiscalizar las compras públicas.

• La situación del Guamuch refleja una problemática de nivel país: instalaciones públicas deterioradas, procesos lentos y proyectos que terminan incompletos. Las obras públicas se volvieron un negocio para unos pocos.

• Mientras la CDAG busca concluir el estadio con un presupuesto más alto y apoyo internacional, el Guamuch permanece abandonado. La responsabilidad que le corresponde al Estado ahora está delegada en el PNUD.

Ana González
Diputados afinan ley antilavado mientras persisten dudas sobre su apoyo en el pleno
469 palabras | 2 minutos de lectura

La discusión sobre las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa entre diputados, técnicos y representantes de distintas instituciones, mientras se mantiene la intención de convocar a una sesión extraordinaria el próximo 2 de junio para intentar aprobar el proyecto en definitiva. Sin embargo, pese a los discursos favorables de algunos bloques, todavía persisten dudas sobre si realmente existirán los 107 votos necesarios en el pleno.

Durante la reunión sostenida ayer se continuó discutiendo la redacción de las reformas a los artículos 73 y 74, considerados puntos clave para adecuar la legislación guatemalteca a las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El diputado José Chic, de la bancada VOS, explicó que las enmiendas consensuadas provienen del dictamen emitido por la Comisión de Economía y Comercio Exterior y que posteriormente fueron revisadas por equipos técnicos vinculados a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y otras instituciones.

“Esperamos que esas redacciones puedan quedar ya consensuadas esta semana para que el 2 de junio ya se pueda aprobar en definitiva la iniciativa contra el lavado de dinero”, afirmó el congresista.

No obstante, Chic reconoció que todavía existe una contrapropuesta presentada por otro grupo de diputados, la cual deberá someterse a una nueva revisión técnica para verificar si cumple con las recomendaciones internacionales exigidas al país.

Uno de los temas que continúa generando más debate es la autonomía del delito de lavado de dinero, debido a las preocupaciones expresadas por distintos sectores sobre posibles interpretaciones discrecionales o usos políticos de la normativa.

Consultado sobre ese punto, el legislador aseguró que las mesas de discusión han permitido aclarar algunos aspectos relacionados con la implementación de la ley para evitar que pueda utilizarse “como arma política”, en referencia a cuestionamientos surgidos durante el análisis de la iniciativa.

Aunque algunos diputados han manifestado públicamente que la propuesta “ha mejorado”, el ambiente dentro del Congreso todavía refleja cautela. Fuera de las declaraciones oficiales, varios legisladores mantienen reservas sobre ciertos artículos.

El jefe de bloque de la UNE, Inés Castillo, reconoció que la propuesta ha tenido avances; sin embargo, las negociaciones siguen abiertas y aún no existe un consenso definitivo entre todas las bancadas.

Mientras tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) aumentó la presión pública para que el Congreso apruebe las reformas. En un pronunciamiento respaldado por 52 entidades empresariales, el sector privado pidió acelerar la aprobación de la ley.

Los empresarios advirtieron que Guatemala podría ingresar a la denominada “lista gris” de vigilancia internacional si no actualiza su legislación conforme a los estándares promovidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Pese a ello, dentro del Congreso todavía existe incertidumbre sobre si el respaldo expresado en reuniones técnicas realmente se reflejará en la votación final.