Habrá alianza público-privada para el Aeropuerto La Aurora

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Durante su discurso en el 1.^er Congreso de Infraestructura: Aeropuertos, eje del desarrollo inclusivo, el presidente Bernardo Arévalo anunció que su gobierno había tomado la decisión de lanzar una licitación para una alianza público-privada, para el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). En el foro, todo fueron vítores y aplausos, pues es una decisión correcta. Luego de varias semanas de una percibida inactividad y falta de decisión de Arévalo, la noticia cayó como bálsamo. Lo que en lo sucesivo se ha dicho –y discutido– en redes sociales tiene poca o nula trascendencia. 

El discurso del presidente, pero también el amplio consenso de los conferencistas y panelistas, reconocen la necesidad de una división de atribuciones: el Estado debe mantener la capacidad regulatoria, pero la operativa es más eficiente bajo una administración privada. 

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En este boletín:

•En Congreso de Infraestructura, se promete APP para La Aurora

•CANG: campañas, foros y talleres sin fiscalización

•Misiles rusos en Cuba, 62 años después

Sebastián Gennari
•En Congreso de Infraestructura, se promete APP para La Aurora
755 palabras | 3 mins de lectura

Ayer se celebró el 1.^er Congreso de Infraestructura: Aeropuertos, eje del desarrollo inclusivo. En el evento, donde se lamentó el mal estado de la infraestructura nacional, se identificó la reforma aeroportuaria como el camino más asequible y rápido para aliviar los problemas de infraestructura del país.  

• Se consiguió, además, una clara hoja de ruta bajo la cual se crearía una alianza público-privada para el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). 

• La semana pasada, con las tramas legales en torno a la Terminal de Contenedores Quetzal y los socavones en la autopista Palín-Escuintla, se constató el precario estado de los puertos y carreteras de Guatemala. 

• Los aeropuertos del país, máxime el AILA, no son la excepción. Sin embargo, el Congreso de Infraestructura demostró que existe más voluntad —y capacidad— política de reforma.  

El porvenir. El evento comenzó con el discurso de Enrique Beltranena, fundador y presidente ejecutivo de Volaris. Beltranena lamentó no haber encontrado en Guatemala las condiciones necesarias para cultivar su industria, de ahí su decisión de emigrar a México, donde Volaris ya es la aerolínea más grande.  

• Beltranena criticó duramente el sistema aeroportuario guatemalteco, refiriéndose al AILA con particular desdén. Enmarcando sus propuestas dentro de una visión de aeropuertos del futuro, recomendó agilizar trámites y dividir las Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que es tanto ente regulador como operador.  

• Esta doble función es una anomalía que Guatemala comparte con unos pocos países, entre ellos Honduras. El peligro yace en que la DGAC tiene un incentivo perverso para ser laxa en la aplicación de normas, cosa que también da entrada a la corrupción.  

Panorama general. Terminada la intervención de Beltranena, Erick Uribio, gerente del AILA, presentó su diagnóstico de los problemas del aeropuerto. Enfatizó los malos manejos en el pasado, que han lastrado al AILA con contratos inusualmente favorables a empresas opacas y normativas anticuadas. 

• Le siguió Fernando Suriano, viceministro de Transporte, quien se mostró abierto a cualquier modelo de reforma —ya público, ya privado—, centrándose en la necesidad de forjar un servicio civil competente. 

• Tanto Suriano como Uribio, integrantes de la nueva generación del funcionariado guatemalteco, enfatizaron la importancia de la institucionalidad, más allá de los detalles específicos del modelo escogido para el AILA.  

Entre líneas. También hubo un panel con expertos de talla internacional y un fireside chat de turismo sostenible con Harris Whitebeck, director general del Instituto Guatemalteco de Turismo, y Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).  

• El panel reforzó el consenso general en torno a la necesidad de una reforma íntegra. Siendo francos, se estimó al Estado incapaz de gestionar por sí solo el sistema aeroportuario, por lo que se favoreció algún tipo de APP, limitándose el Estado a la regulación, y no operación, de los aeropuertos. 

• Estos lineamientos predominaron en las intervenciones de Luis Castellanos, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, y Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala.  

• Whitbeck y Cerdá, por su parte, coincidieron en la promesa del turismo para Guatemala. Una mejorada conectividad aérea expandiría el mercado, aumentando los gastos y el periodo de estadía de los viajeros extranjeros. 

Modelos regionales. El Congreso de Infraestructura también contó con la presencia de Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Puntacana. Rainieri, hijo del fundador de Punta Cana como destino turístico, se explayó, tratando el modelo de su empresa y los logros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. 

• Mostró cierto interés en invertir en Guatemala, cuyo desarrollo turístico podría – según él– asemejarse al de Perú, con la ventaja de la proximidad geográfica a EE. UU., el mercado más importante.  

• Agregó que en una visita anterior se le había ofrecido la operación del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cosa que en ese momento rechazó, matizando que cualquier participación en el mercado guatemalteco tendría que partir de una licitación, para así guardar su reputación corporativa. 

Promesas presidenciales. Por supuesto, lo más reseñable de la jornada fue la intervención del presidente Bernardo Arévalo, quien enarboló la bandera de la APP para “rescatar” el AILA, elogiando el “ingenio, agilidad y capacidad” del sector privado.  

• Semejante propuesta depende del Legislativo, pero el Congreso de Infraestructura parece haber aupado la prominencia del tema aeroportuario, aumentando la presión que recae sobre los diputados. En este sentido, el evento fue un éxito rotundo: logró incidir. 

• En Guatemala, las APP han sido una suerte de tabú político. De tal manera, resulta gratamente sorprendente el compromiso del presidente, cuya decisión ha sido ampliamente aplaudida, aunque lo expone a críticas de la facción más ideológica de su partido.   

Glenda Sánchez
•CANG: campañas, foros y talleres sin fiscalización
714 palabras | 3 mins de lectura

Fiestas, convenciones, conciertos, actividades recreativas y artísticas, son los eventos que realizan los grupos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), interesados en integrar las Comisiones de Postulación para presentar la nómina de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).   

• Todo parece normal, lo inquietante es quiénes o cómo se financian los eventos. Desde que entró en vigor la normativa de las comisiones no se han fiscalizado los fondos.  

En perspectiva. Hace un mes empezó la campaña para que las diez agrupaciones promuevan a sus candidatos (tanto para CSJ como para la CA). El 21 de junio se tiene programada la elección en las sedes habilitadas en el país.     

• Las planillas son: UNIÓN, Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines (UGAP), Justicia por el Derecho, Movimiento de Renovación Gremial, Alternativa Renovadora de Abogados y Notarios (ARAN), Plataforma de Profesionales por la Justicia y Unidos por el Derecho. Además, Vanguardia Profesional, Coalición Gremial, Alianza de Profesionales por la Justicia (APJ) y Agrupación de Solidaridad de Profesionales Afines (ASPA).   

• Sin embargo, “la competencia no es pareja por la ausencia de mecanismos que regulen las actividades de las agrupaciones. Se ha evidenciado campaña anticipada o negra, proselitismo y competencia desleal. Lo más preocupante es la inexistencia de una unidad que fiscalice los recursos”, señalan las fuentes consultadas.  

• Coinciden que siendo un evento democrático el proceso requiere de transparencia, porque los profesionales tienen la responsabilidad de seleccionar los mejores perfiles para las altas cortes y entregarlos al Congreso.   

Entre líneas. Actualmente, se desconoce quiénes desembolsan los fondos. Organizaciones de la sociedad civil, integrantes de algunas planillas y en redes sociales se denuncia que son los mismos operadores los que apoyan, es decir, Gustavo Alejos, –exsecretario Privado de la Presidencia–, Roberto López Villatoro, Estuardo Gálvez, exrector de USAC, entre otros.  

• También mencionan a Alfonso Portillo; Nester Vásquez Pimentel –presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC)–; Manuel Baldizón, Freddy Cabrera; Armando Escribá, entre otros. Sospechan que usan dinero de la USAC, el Organismo Judicial, del Registro de Información Catastral (RIC). De la CC y del mismo CANG para pagar los eventos.  Disfrazan de foros, talleres o actividades recreativas para las promociones.   

• Vinculan a “Portillo y Alejos con la planilla Coalición Gremial, al exrector y Henry Arreaga, actual decano de la Facultad de Derecho de la USAC con el grupo Plataforma de Profesionales por la Justicia. Además, ASPA con Vásquez y Escribá, la planilla UGAP –también– con Alejos, y Unión por la Justicia con oenegés”.   

• Afirman que la táctica es financiar a varios grupos para asegurar los escaños (en la elección se utiliza el método D’Hont de reparto por minorías) y lograr mayor peso para nominar a los postulantes en las comisiones.  

Voces. Las agrupaciones desmienten los señalamientos. Algunas afirman que sus actividades son autofinanciadas por los agremiados, amigos y familiares. Otras aprovechan las redes sociales, aplicaciones para divulgar los eventos y ganar adeptos.   

• A la planilla (8) (Unidad por la Justicia) se le identifica como “la del Gobierno”, misma que apoya el ex superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, condenado en tres procesos penales. “Se ha financiado [la planilla] con aportes de los integrantes y grupos de abogados. Los eventos han sido públicos y la convocatoria siempre es por redes sociales”, indica Gregorio Saavedra, quien la encabeza.  

• Mynor Berganza de ARAN explica que “son los propios candidatos los que hacen colectas para los eventos. La carencia de fondos los limita a cubrir todos los departamentos; sin embargo, se niegan a recibir dinero de personas extrañas. “No dudo que los gastos de varias planillas son millonarios y de organizaciones poco confiables”, manifiesta.   

• Mercedes Sandoval, representante de la planilla (10) Vanguardia de Profesionales, asevera que la independencia es parte de su esencia. Y desembolsar recursos propios (dinero de nuestro trabajo, familia, amigos) los hace distintos a las otras agrupaciones. “No tenemos atrás a ningún político, magistrado, rector como otras planillas”, agrega Sandoval. Se vincula a una abogada conocida como “La mandataria” a esta planilla. 

El balance. Los entrevistados coinciden en que es necesario crear una unidad fiscalizadora en el CANG para transparentar los procesos; sin embargo, el actual proceso dista mucho de ello y, por el contrario, se ve ensombrecido por la interferencia de quienes buscan impunidad y control indebido de las cortes. 

Rafael Párraga
•Misiles rusos en Cuba, 62 años después
497 palabras | 2 mins de lectura

La semana pasada llegó un submarino y tres navíos de guerra rusos al puerto de La Habana. Se trató del submarino nuclear Kazan, la fragata Almirante Gorshkov y dos buques de apoyo. Ambos navíos estaban armados con misiles hipersónicos que, de acuerdo con el presidente Putin, son capaces de penetrar cualquier sistema de defensa antimisiles.  

• De acuerdo con el ministro de defensa ruso, las embarcaciones estuvieron realizando maniobras de práctica en el Atlántico, simulando acciones de combate.  

Por qué importa. Si bien las autoridades estadounidenses afirmaron que Rusia suele hacer despliegues de esta naturaleza, es la primera vez que un submarino nuclear – a escasos 145 km de la costa de Florida– forma parte de esos ejercicios en el puerto de La Habana. Más que una muestra de músculo ruso es una advertencia a EE. UU., que llega en plena escalada de tensiones entre Rusia y la OTAN en el contexto de la guerra con Ucrania.  

• EE. UU. ha afirmado que observará de cerca la situación, que representa el despliegue ruso más retador, desde la crisis de misiles en 1962. 

Entre líneas. Han pasado más de dos años desde que Rusia invadió Ucrania. En esos 27 meses, EE. UU. y la Unión Europea han ayudado a Ucrania a defenderse de la invasión con fondos multimillonarios, munición y armamento. Sin embargo, la administración de Biden siempre condicionó su apoyo a Kyiv a que no se usara armamento estadounidense contra objetivos dentro del territorio ruso. A finales de mayo, sin embargo, Biden dio luz verde a usar sus armas en el territorio ruso alrededor de la ciudad de Járkiv, en Ucrania, que se encuentra bajo asedio del Kremlin. 

• Adicionalmente, la Cámara de Representantes aprobó, a finales de abril, un paquete de USD 60 800M en apoyo para Ucrania que llevaba meses estancado en el Congreso.

• Putin y la OTAN están en un momento de tensión sin precedentes, a lo que el presidente ruso ha respondido con una advertencia a escasos kilómetros de territorio estadounidense.  

En perspectiva. Cuando un avión de espionaje U-2 captó las imágenes de los misiles nucleares rusos en Cuba en 1961, el mundo llegó al punto más cercano que ha tenido de un conflicto nuclear de escala global. Desde que John F. Kennedy y Nikita Kruschev des escalaron las tensiones en 1962, tanto Rusia como EE. UU. han sido cautos con sus avanzadas militares en las zonas de influencia de su contraparte.  

• No obstante, la expansión de la OTAN en territorios cercanos a Rusia ha provocado reacciones que nunca se hubiesen previsto, como la propia invasión a Ucrania y la amenaza tácita de arremeter contra países bálticos.

  
  

• En la década de 1960, el despliegue ruso fue una respuesta a la presencia de misiles nucleares estadounidenses en Italia y Turquía.  

  
  

• La presencia nuclear en Cuba hoy es una advertencia clara de que, si EE. UU. no tiene problemas con facilitar ataques a Rusia con su armamento, Putin no tiene problemas con romper lo acordado —y respetado— desde 1962.