Honduras metiéndose en ídem

¡Buenos días! 

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, mandó a publicar un decreto aprobado por el Congreso, que le “ordena” al Consejo Nacional Electoral (CNE) volver a contar todas las boletas de la elección que se llevó a cabo el 30 de noviembre del 2025.  

¿La bronca? Que ganó el opositor Nasry Asfura, humillando a la candidata oficial. En segundo lugar quedó el candidato Salvador Nasralla del Partido Liberal que apoyó en el Congreso el controvertido decreto.

A pocos días de la fecha donde se debe realizar la transmisión de mando, resulta preocupante, pero no sorprende; Castro, una socialista aliada del depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro, solo hace lo que mejor saben hacer los socialistas: crear caos.

La institucionalidad hondureña —el CNE, pero también el Tribunal de Justicia Electoral— determinó que los resultados son los expresados por la autoridad competente y punto. Por su parte, el Ejército se ha comprometido a respetar lo resuelto por el CNE, en concordancia con la Constitución.

Castro, queriéndose pasar de lista, “invitó” a Donald Trump a sostener un “diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras…”. La respuesta de Washington no se hizo esperar, pero no fue la que ella pretendía.

En los convulsos tiempos de la “doctrina Donroe”, le ha salido barata —por ahora— a Castro su movida. Eso sí, dormirá algo nerviosa —ella y su esposo “Mel” Zelaya— cuando, a lo lejos, se escucha el vuelo de helicópteros…

La disputa entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado (MCM) es el reflejo más nítido del dilema que hoy enfrenta Venezuela entre la ruptura total con el chavismo o una continuidad administrada.  
 

En perspectiva. La forma en que esta tensión se resuelva definirá tanto el rumbo inmediato del país como el tipo de Estado que emergerá tras la caída de Nicolás Maduro. MCM encarna, para amplios sectores de la sociedad venezolana y de la diáspora, la promesa de una ruptura definitiva con el chavismo. Su liderazgo se construyó desde la resistencia, la denuncia frontal del régimen y la negativa a cualquier forma de negociación con quienes considera responsables del colapso nacional.  

• Esa coherencia le otorgó legitimidad moral y capacidad de movilización, especialmente en el momento electoral de 2024, cuando su proyecto fue bloqueado por la dictadura. 

• Sin embargo, esa misma lógica de confrontación absoluta se convierte hoy en una debilidad.  

• El reto post-Maduro es cómo gobernar los restos de un Estado erosionado, atravesado por lealtades internas, redes de poder y una economía al borde del colapso. 

Cómo funciona. Delcy Rodríguez representa lo opuesto. No es símbolo de cambio ni de redención democrática, pero sí de control operativo. Su trayectoria dentro del chavismo la sitúa en el centro del aparato estatal, siendo una figura clave del régimen para la gestión de la energía, las finanzas, las relaciones con las Fuerzas Armadas y los vínculos con actores externos como Rusia y China.  

• Para la gestión de la transición que ostenta Washington, esa capacidad pesa más que la legitimidad democrática de MCM.  

• La prioridad inmediata no es una refundación institucional, sino evitar el vacío de poder, asegurar el funcionamiento mínimo del Estado y contener riesgos de fragmentación, violencia o colapso económico total. 

Entre líneas. Este contraste explica por qué el desplazamiento de Machado del centro del tablero ha generado frustración y sospechas, pero también por qué Rodríguez aparece como una figura funcional para una transición controlada. La elección no responde a una preferencia ideológica, sino a una lógica de gobernabilidad. La Administración Trump parece haber optado por la estabilización primero y la apertura política después.  

• En ese esquema, una figura que conoce y controla las palancas del poder resulta más útil que una líder cuya fortaleza radica precisamente en su rechazo a esas estructuras. 

• Para el Departamento de Estado, la decisión debe ser amarga, dado el evidente repudio del secretario Rubio por el régimen chavista, pero pragmática y necesaria, no obstante. 

En el radar. En el corto plazo, es probable que veamos una transición basada en continuidad condicionada, con una Delcy Rodríguez amenazada con consecuencias “peores” a las de Maduro por parte de EE. UU., con cambios en la cúpula, alivios selectivos de sanciones, liberación gradual de presos políticos —como ya se empieza a ver—, sin una ruptura inmediata del entramado chavista. Esto podría generar cierta normalización económica parcial, pero también el riesgo de frustrar las expectativas de una sociedad que espera transformaciones profundas y rápidas. 

• A mediano plazo, la exclusión de Machado del centro del proceso puede tensar la relación entre la transición y la base social opositora. 

• Si no se construyen mecanismos creíbles para reincorporar a la oposición en un horizonte electoral claro, el nuevo equilibrio podría derivar en una versión reformulada del autoritarismo, más pragmática y menos ideológica, pero igualmente excluyente. 

• La legitimidad de cualquier gobierno que emerja dependerá de su capacidad para abrir espacios reales de competencia política y no solo de administrar la estabilidad. 

En conclusión. El futuro de Venezuela, por tanto, no se decidirá únicamente entre Rodríguez y Machado, sino en la relación entre estabilidad y cambio. La primera es necesaria para evitar el colapso; lo segundo, indispensable para cerrar el ciclo del chavismo. El riesgo es que, en nombre del orden, se sacrifique la posibilidad de una transformación auténtica, algo con lo que Washington deberá coquetear con mucha cautela. 

• La oportunidad, en cambio, reside en que una transición controlada pueda convertirse —con presión interna y externa— en un puente hacia una apertura real.  

• El futuro de Venezuela es más prometedor de lo que era hace un año; sin embargo, tras 27 años de chavismo, los cambios serán paulatinos, algo frustrante para la corta paciencia del ciudadano en democracia.

El diputado Cristian Álvarez, electo por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), se mantiene activo en redes sociales a través de las “fiscalizaciones” que realiza. Entre las entidades más frecuentadas por el legislador está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La insistencia plantea dudas sobre posibles intereses detrás de las acusaciones. 

• Álvarez preside la comisión legislativa de Previsión y Seguridad Social. También forma parte de Salud y Asistencia Social.  

Por qué importa. Las denuncias públicas planteadas por Álvarez se centran en la compra de medicamentos. En los últimos meses, enfatizó  la adquisición de la eritropoyetina, un fármaco utilizado para la estimulación de la formación de eritrocitos en pacientes renales. 

• La “fiscalización” de este producto también se extendió a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC). En ambos casos cuestiona al proveedor del medicamento. 

• En ocasiones anteriores, como expuso República en la nota Cristian Álvarez y el juego de naipes de las medicinas en el IGSS, el diputado recomienda a proveedores específicos. 

• Uno de ellos es Reus Pharma, farmacéutica vinculada al operador político de Gustavo Alejos. El fundador de esta empresa fue su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa.  

Entre líneas. En varios videos, Álvarez indica que los actuales proveedores de la eritropoyetina tienen en desabastecimiento al IGSS. Sin embargo, en algunas citaciones que él ha realizado a los funcionarios del Instituto, estos indicaron que sí hay medicamento. Aclararon que la distribución es uno de sus principales retos. 

• En el caso de UNAERC, Álvarez recomienda el mismo medicamento, pero de menor costo. Es decir, eritropoyetina fabricada por otro proveedor. La diferencia de precio favorece la narrativa del diputado. 

• Sin embargo, este fármaco tiene diferentes tipos, como la convencional y la darbepoetina, por ejemplo. La diferencia radica en el tiempo de su efecto. 

• Las más baratas duran menos. Esto requiere la administración de más dosis del medicamento. En sentido contrario, las fórmulas más elaboradas ofrecen mayor efecto. 

Sí, pero. El cambio de proveedor podría traer precios de adquisición más baratos, pero tendría efectos directos en los pacientes tratados. En 2016, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) intentó reducir costos con la compra de eritropoyetina más barata, pero se alertó del peligro. 

• Algunos de los proveedores recomendados por el diputado, no solo para este medicamento, son Aviv Farmacéutica, CORPOFA, Corporación BAYCO y Reus Pharma.  

• Al hacer un cambio de distribuidor, lo más probable es que Álvarez busque favorecer a Reus Pharma. En 2025 se le vinculó con el uso de una camioneta que fue propiedad de actores vinculados a esta empresa. 

• Uno de los carros que utiliza Álvarez es una camioneta LEXUS LX570. El vehículo ha tenido varios propietarios, algunos de ellos vinculados a casos de corrupción, como Central de Asfaltos, S.A., ligada a Carlos René Soto Magermans. 

En conclusión. Las fiscalizaciones de Cristian Álvarez dejaron de percibirse como transparentes cuando comenzaron a repetirse los mismos señalamientos, proveedores y recomendaciones. La insistencia en un solo medicamento y en alternativas específicas abrió más dudas que certezas. Se intentó contactar al diputado, pero no fue posible. 

• El diputado construyó una narrativa de desabastecimiento que no siempre coincidió con lo expuesto por las autoridades del IGSS. Realidad que debilita la solidez de sus denuncias. 

• Al reducir el debate al precio, omite variables médicas clave que impactan directamente en los pacientes renales, quienes no son intercambiables con cifras de ahorro. 

• La reiterada recomendación de empresas vinculadas a actores cuestionados, sumada a señalamientos sobre beneficios personales, coloca sus fiscalizaciones bajo sospecha. 

El gobierno de Bernardo Arévalo inicia su tercer año bajo un clima de desencanto creciente, marcado por promesas incumplidas en la lucha contra la corrupción, la transformación del actuar legislativo de sus diputados y la mejora de la seguridad ciudadana.  

Qué destacar. Aunque ha contado con recursos abundantes, el Ministerio de Comunicaciones continúa sin avances significativos y se ha convertido en una de las dependencias más inestables, acumulando cinco ministros y numerosos cambios en viceministerios y direcciones. La corrupción persiste allí como una estructura resistente, sostenida por burócratas que han perfeccionado mecanismos para evadir controles.  

• En materia de seguridad, el país cerró 2025 con una tasa de homicidios más alta y con una crisis penitenciaria que derivó en la salida de las autoridades de Gobernación, hoy con procesos pendientes.  

   

• Mientras tanto, organizaciones criminales continúan incidiendo en instituciones como el Congreso, diversas alcaldías y otros espacios de poder.  

• A este escenario se suman los tensos procesos de renovación de autoridades en la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. En este contexto, el informe del 14 de enero genera expectativa. Será la oportunidad para conocer [creen que son] los logros, según el gobierno. 

En el radar. La segunda vuelta para elegir comisionados para elegir TSE, en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se realizará el 13 de enero, con las planillas 4 y 5.  

• Estas autoridades serán responsables de organizar las elecciones generales de 2027 y 2031, lo que otorga mayor relevancia al proceso. La segunda vuelta dependerá de nuevas alianzas, ya que el voto no se transfiere automáticamente entre planillas. 

• La participación de más de 16 000 agremiados reflejó el interés gremial en la elección. El resultado del 13 de enero definirá el peso del gremio en un proceso institucional de alto impacto para el país. 

Lo que sigue. Esta semana, con el inicio del tercer año de la X Legislatura, se espera que en el Congreso inicie el cabildeo para conseguir los votos necesarios que permitan aprobar la ampliación presupuestaria de GTQ 8632M que enviará el Organismo Ejecutivo.  

• La administración central empieza el año enfrentando aprietos, no por falta de recursos, sino por los complejos trámites burocráticos que requiere la readecuación del presupuesto heredado, debido a que el presupuesto 2026 fue suspendido por resolución de la CC.  

   

• La ampliación será clave para equilibrar las necesidades operativas del Ejecutivo. El debate legislativo podría no ser tan complicado, debido a que la mayoría de los diputados apoyan entregar más dinero a los Consejos de Desarrollo. 

   

• El Ejecutivo necesita construir consensos para evitar retrasos en programas prioritarios para su agenda política en un año preelectoral. 

Ecos regionales. Tras la captura de Nicolás Maduro, la embajada de EE. UU. recordó que en Nicaragua más de 60 personas siguen detenidas o desaparecidas por motivos políticos, pese a las recientes liberaciones ocurridas en Venezuela. 

• Organizaciones opositoras en el exilio advirtieron que la crisis humanitaria nicaragüense continúa. Reiteraron la exigencia de liberar a todos los presos políticos y de garantizar justicia para las víctimas de la represión 

   

• La oposición en Honduras pidió a la presidenta que no sancione el decreto que busca repetir el escrutinio de más de 19 000 actas de las recientes elecciones generales. Señalan que el Congreso no puede asumir funciones asignadas constitucionalmente al CNE, al TJE y a la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, lo hizo. 

• Costa Rica entró en la recta final rumbo a las elecciones del 1 de febrero tras el fin de la tregua navideña, lo que reactivó por completo la campaña y la difusión de propaganda electoral. Con casi un 40 % de votantes indecisos, estos días serán decisivos, marcados por debates y una competencia más intensa entre los principales candidatos.