Honduras rechaza el socialismo

¡Buenos días! 

Como si se tratase de una dinastía, los esposos Mel Zelaya y Xiomara Castro (expresidente y actual presidenta de Honduras) acercaron su país al peligroso “socialismo del siglo XXI”, con el agravante de que, mientras ocurría eso en el plano político-regional, entregaron el territorio al narco, amén de lo que también hicieron los expresidentes Lobo y —particularmente— Juan Orlando Hernández. Este último a punto de ser indultado por Donald Trump.

Muy preocupante es —y debiese ser tomado muy en cuenta por la población en general— cómo quienes están usualmente en los extremos del espectro ideológico, dicen (o cuando menos, así piensan) que prefieren al narco —al crimen organizado— que a sus opositores políticos. Es decir, que si se le pregunta a un “zurdo”, dirá que cualquier cosa es mejor que entregarle el país a la “ultraderecha” o al “fascismo”. Un buen ejemplo de esa estupidez puede verse en España, con Irene Montero de Podemos y Yolanda Díaz de Sumar.

De igual manera —por estos lares, sobre todo— hay quienes dicen ubicarse en la “derecha”, que es preferible permitir o tolerar la inclusión del narco antes que el país “caiga en manos del comunismo”.

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina (parecieran lejos, pero no), los votantes deberán discernir entre los partidos que incluyen a una u otra figura cuestionada (todos los partidos las tienen, tristemente) y aquellos que, desde su concepción, fueron diseñados para llevar a narcos, criminales, corruptos —carentes de moral— a puestos de poder y de elección.

La ideología importa, por supuesto, pero importa más no entregarle el país —o dejar de hacerlo— a criminales.

Honduras se encamina a un cierre electoral de foto finish al estilo NASCAR. Con poco más de la mitad de las actas transmitidas por el TREP, Nasry Asfura del Partido Nacional (PNH) y Salvador Nasralla del Partido Liberal (PLH) se disputan el primer lugar con menos de medio punto porcentual de diferencia, alrededor del 40 % de los votos cada uno.

• La candidata oficialista, Rixi Moncada, queda relegada a un tercer lugar cercano al 19 %, marcando una ruptura clara con el ciclo del gobierno socialista de Libre.

En perspectiva. El ascenso de Libre en 2021 fue menos una adhesión entusiasta a su proyecto ideológico que un voto de castigo acumulado contra el sistema heredado.

• Los escándalos de corrupción —desde el pillaje del Instituto Hondureño de Seguridad Social, hasta la compra opaca y sobrevaluada de hospitales móviles en pandemia— consolidaron la percepción de que el aparato estatal se había convertido en una maquinaria de expolio antes que de provisión de bienes públicos.

• El creciente vínculo entre las más altas esferas del poder y el narcotráfico, exacerbado por los procesos judiciales contra figuras clave del Partido Nacional, erosionó cualquier legitimidad moral del gobierno y colocó a Honduras en el imaginario narrativo de un “narcoestado”.

• El debilitamiento institucional, simbolizado por la reelección habilitada vía fallo de la Corte Suprema de Justicia —forzosamente renovada—, fue percibido como una ruptura de las reglas del juego. Libre capitalizó ese malestar con la promesa de refundación y ruptura con el viejo régimen.

Lo indispensable. El derrumbe del oficialismo es, en buena medida, consecuencia de haber calcado los vicios del régimen que prometía superar.

• La promesa de refundación quedó deslegitimada por la repetición de patrones: señalamientos de vínculos con el narcotráfico, uso patrimonialista del Estado para fines partidarios y una junta directiva del Congreso percibida como ilegítima terminaron homologando a Libre con el viejo establishment al que decía combatir.

• En ese contexto, los partidos tradicionales encontraron condiciones ideales para reposicionarse: enfriamiento económico, clima de incertidumbre para la inversión y un aumento marcado del costo de vida que el gobierno solo logró amortiguar parcialmente con subsidios, sin alterar la sensación de deterioro cotidiano.

• La batalla por el control de las reglas del juego electoral —desde el CNE hasta la narrativa sobre la integridad del proceso— enfrentó a Libre con una oposición feroz; ese choque terminó de asociar al oficialismo con un proyecto que, además de ineficaz, lucía dispuesto a manipular el terreno electoral a su favor.

Entre líneas. El trasfondo político de esta elección revela actores que se movilizaron tácticamente a través de los 4 años del régimen castrista.

• El Partido Nacional logró reposicionarse en silencio: evitó confrontaciones frontales sobre su pasado ligado al narcotráfico y se concentró en recomponer confianza interna, apoyándose en figuras como Cossette López —consejera del árbitro electoral cuya labor técnica reforzó la percepción de institucionalidad— para proyectar una imagen de orden y transparencia.

• Salvador Nasralla capturó a un segmento clave: votantes del Partido Nacional con un impulso anticorrupción suficientemente fuerte como para romper disciplina partidaria, más una movilización urbana contundente en el departamento de Cortés, donde el voto industrial y metropolitano suele premiar alternativas que prometen eficiencia y transparencia.

• La activación disciplinada de las bases partidarias en las Juntas Receptoras de Votos —garantizando presencia, vigilancia y contrapesos— y un consenso tácito entre Nacional y Liberal sobre reglas mínimas de integridad electoral crearon un ecosistema de competencia sin mayores incidentes; esto contrastó directamente con años anteriores y es un factor crucial para la credibilidad del resultado.

En conclusión. Honduras entra ahora en la fase más delicada del proceso: la aceptación o disputa del resultado. Con márgenes tan pequeños entre Asfura y Nasralla, la estabilidad poselectoral no está garantizada. Al mismo tiempo, el viraje electoral coloca a Honduras dentro de la ola conservadora que recorre la región, en un marco geopolítico donde las alineaciones tradicionales con Washington se están consolidando tras el desgaste de las izquierdas de gobierno.

• La verdadera batalla comenzará con la impugnación de actas: allí se pondrá a prueba si la institucionalidad hondureña resiste la presión combinada de dos gigantes partidarios que se disputan el país voto por voto.

Los diputados están convocados esta semana a dos sesiones extraordinarias, con las cuales cumplirán el mínimo para percibir los GTQ 9600 en dietas y cerrar así su trabajo en el hemiciclo antes de las fiestas de fin de año. A ello se suma el aguinaldo, que este año será considerablemente mayor tras el incremento salarial que no solo permaneció vigente, sino que fue ratificado en el Acuerdo Legislativo incluido dentro del presupuesto del Congreso para 2026.

La sesión de hoy no se centrará únicamente en la agenda legislativa; también abordará la separación de la diputada Sandra Milian de la bancada Victoria. Milian, quien hasta hace pocos días lideraba dicho bloque, pierde con esta decisión la posibilidad de tener voz y voto en la aprobación de la agenda; engrosa el grupo de 40 diputados independientes, quienes, al no contar con bancada, carecen de posibilidad de presidir comisiones o formar parte de la Junta Directiva.

En cuanto a los temas a discutir, la agenda contempla avanzar con la ley de gestión de la contaminación por olores, así como continuar el primer debate de iniciativas pendientes; entre ellas, la ley que regula el retiro del cableado aéreo en desuso o mal estado, la ley de cine y la ley para la atención integral de salud mental. También se prevé retomar el proyecto que define los límites territoriales entre los municipios de San Juan Ixcoy y Chiantla, ambos situados en el departamento de Huehuetenango; busca resolver un conflicto histórico.

Entre las iniciativas que están a un paso de convertirse en ley destaca únicamente la que plantea la exención del IVA y los derechos arancelarios para la organización Esperanza de Vida.

El jueves, el pleno hará una pausa en la interpelación al ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, para dar paso a la discusión de la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, orientada a fortalecer la transparencia en los procesos de negociación sindical. También figura en agenda la iniciativa para institucionalizar la Mesa Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, que busca coordinar esfuerzos en materia ambiental.

No se prevén más sesiones extraordinarias para este año, por lo que es prácticamente un hecho que el pleno sesionará hasta el 14 de enero de 2026, cuando tome posesión la nueva Junta Directiva, presidida por Luis Contreras, y se conozca el tercer informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Lo que queda pendiente

Quedan aún en lista la ley de puertos y las leyes en materia aeroportuaria, estas últimas pendientes de ser enviadas por el Ejecutivo. También falta avanzar con la ley contra el lavado de dinero, la iniciativa de destinatarios finales, la esperada ley de aguas y la Ley de reformas al Régimen Penitenciario, entre otras que continúan en lista de espera.