Incómoda, pero enderezadora resolución

¡Buenos días! 

Ayer, en horas de la tarde, se conoció la resolución de amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la Comisión de Postulación para fiscal general (FG) vuelva a evaluar a los candidatos de conformidad con la Constitución y las leyes aplicables. Eso retrotrae el proceso y pone a trabajar a marchas forzadas, pero es posible aún que la Comisión elabore la lista cumpliendo lo ordenado y el presidente designe a tiempo. Eso es, si no hay nuevos retrasos. 

¿Por qué pasó esto? Simple, la nueva presidenta de la CC, no convocó al pleno de magistrados la semana pasada; es muy probable que la resolución hubiese sido la misma, pero la Comisión aún no había terminado de evaluar y de votar.  

¿De qué va la resolución? Simple, que los requisitos para ser fiscal general —los mismos que para acceder a una magistratura de la CSJ— son dos, distintos, no intercambiables. No se puede hacer “mix-and-match”; para ser FG se debe: 1. Tener 10 años de ejercicio profesional como abogado (práctica privada o de fiscal) y 2. Haber cumplido cuando menos un período completo como magistrado de Sala de Apelaciones o tribunal de igual jerarquía. Eso deja fuera —y no se computan los años— a quienes han sido jueces de primera instancia.  

Los responsables de tal distinción no son los actuales magistrados de la CC, son los constituyentes; así lo determinaron. 

Claro, como dice el dicho: “entre 2 abogados hay 3 opiniones” y, sí, hay tesis divergentes, pero precisamente por ello es por lo que existe la CC, para dirimir ese tipo de controversias. 

No deja satisfechos a todos; rara vez lo hace una resolución judicial, no digamos de la CC, pero así es la cosa.  

Se anima a los comisionados a dar cabal cumplimiento a ello, emanar una lista lo antes posible y no dejarse presionar para que, ahora, se incluya a “otras personas”. Debe haber un cambio en el Ministerio Público. ¡Urge! 

Gérman Rodríguez
Empornac: puerto colapsado en seguridad y movilidad
586 palabras | 3 minutos de lectura

La crisis en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) no es nueva. Aunque la institución, en varias ocasiones, afirmó que son rumores y esfuerzos de grupos desestabilizadores, como los sindicatos. Sin embargo, sí existen fallas graves en su sistema de seguridad y decenas de camiones varados pendientes de transportar los contenedores.

• La combinación de los problemas revela una cadena de decisiones cuestionadas, por parte de la Junta Directiva, que hoy impacta en la logística y credibilidad institucional. 

Por qué importa. Por la Empornac se mueve buena parte del comercio exterior guatemalteco. Su deterioro afecta los tiempos de entrega, encarece costos y reduce competitividad. En varias citaciones del Congreso, los integrantes de la Junta Directiva han evidenciado fallas estructurales en seguridad y operación. 

• El circuito cerrado de cámaras ha recibido varias críticas. Entre ellas, la falta de efectividad, pues no todas funcionan. Esto deja puntos ciegos en el puerto. Oportunidad para cometer ilícitos. 

• En los últimos meses, se expuso que la empresa realizaba pagos superiores a USD 1000 mensuales por vigilancia. A pesar de esto, no se logró cubrir toda la seguridad del puerto. 

• Durante 16 meses, la portuaria pagó GTQ 1.1M mensuales con un contrato vencido. El caso abre posibles responsabilidades administrativas y penales, dada la falta de certeza legal. 

Datos clave. La falta de control y supervisión en seguridad coincide con reportes de desorden operativo. Esto eleva riesgos logísticos y debilita la confianza del sector privado.  Las cifras reflejan un sistema bajo presión constante. Reportes del sector logístico y análisis independientes coinciden en pérdidas millonarias, caída en productividad y congestión sostenida.  

• La evidencia apunta a un deterioro acumulado que ahora se vuelve visible en toda la cadena de suministro. Se reportan hasta 3800 pilotos varados, con esperas de uno a dos días para ingresar o retirar contenedores, según denuncias gremiales. 

• El rendimiento de grúas cayó hasta un 75 %, al pasar de 20-30 movimientos por hora a solo 5-6. El actual funcionamiento ralentiza toda la operación. Los intentos por incrementarlos han sido en vano. 

• Las pérdidas estimadas alcanzan USD 35M en 2025, para la portuaria, y cerca de USD 100M en ineficiencias del sistema portuario nacional. 

Punto de fricción. Las versiones sobre la crisis difieren entre autoridades y actores del sector. Mientras la portuaria minimiza el problema, operadores logísticos describen un colapso operativo. La discusión se intensifica en medio del debate sobre la Ley de Puertos y posibles “intereses económicos” por parte de la Junta Directiva. 

• Según expertos en logística de puertos, “la crisis es real y acumulada”, con interrupciones desde 2025 por fallas operativas y falta de repuestos. 

• La Junta Directiva de Empornac atribuye los problemas a “grupos reducidos”, sin presentar datos completos que desmientan las denuncias. Se les intentó contactar, pero no respondieron. 

• La crisis, como advierten los afectados y expertos, beneficia a puertos alternos.  Sugiere incentivos económicos —para terceros— en medio de las deficiencias de Empornac. 

En conclusión. El escenario exige decisiones inmediatas del Ejecutivo y acciones de control institucional por parte de la Junta Directiva de Empornac. Las denuncias ya escalan a posibles procesos legales, mientras el sector productivo demanda certeza para evitar mayores pérdidas. El manejo de esta crisis definirá el futuro próximo del sistema portuario nacional. 

• Por su parte, transportistas y empresarios piden declarar emergencia portuaria, intervenir la administración y ejecutar auditorías técnicas independientes. 

• La discusión de la Ley de Puertos se mantiene como telón de fondo. Podría ser la solución a la mayoría de los males que han afectado a los puertos durante los últimos años. 

El ensayo político se publicó en noviembre de 2019, un momento de agitación global. En 2026, el escenario pareciera ser el mismo. O, incluso, peor. Entre los casos que analiza Francisco de Santibañes están el del Brexit, la elección de Donald Trump (la primera), el crecimiento de partidos nacionalistas en Europa y el ascenso de líderes como Viktor Orbán, Narendra Modi y Vladímir Putin. 

La obra sostiene que las transformaciones políticas del siglo XXI son la expresión de un movimiento global denominado conservadurismo popular. Este movimiento es democrático, pero no liberal. Defiende el Estado-nación frente a los organismos supranacionales, rechaza la inmigración masiva, reivindica la religión (católica) y las tradiciones. La diferencia con el conservadurismo clásico reside en su carácter antijerárquico y en la falta de moderación que Burke o Tocqueville habrían exigido. 

El libro se divide en cuatro partes. La primera, titulada Elige tu propia ideología, ofrece un recorrido por las dos tradiciones en disputa. El liberalismo —de Hobbes y Locke a Rawls y Hayek— aparece como una filosofía que ha mutado con el tiempo. Frente a él, el conservadurismo —de San Agustín y Burke a Leo Strauss— reivindica la comunidad, la religión cristiana, la familia y la nación como pilares irreemplazables del orden social. El análisis filosófico es serio y accesible. 

La segunda parte, La rebelión, examina el conservadurismo popular en acción. El caso de Trump recibe atención especial. El autor lo analiza como la expresión propia del Partido Republicano. El recorrido se extiende luego a Europa con el Brexit, Salvini, Orbán, el Frente Nacional francés y Alternativa para Alemania. El resto del mundo también es analizado con Putin, Xi Jinping, Modi y Erdogan. 

Cada uno encarna variantes locales del mismo fenómeno global. Este mapa resulta ser una de las aportaciones más valiosas del libro. Demuestra con claridad que el fenómeno no es exclusivo de Occidente ni tiene una sola causa. 

La tercera parte, Un mundo en transición, desplaza el análisis hacia las relaciones internacionales. El orden liberal —libre comercio, derechos individuales, cooperación multilateral— enfrenta un cuestionamiento sin precedentes desde la caída del Muro de Berlín. El autor advierte que el realismo de los conservadores populares, si bien genera riesgos de fragmentación, también tiene ventajas.  

No busca exportar ideologías. Tampoco imponer democracias por la fuerza, como lo hizo el “intervencionismo liberal” en Irak. El análisis es equilibrado y evita la nostalgia liberal como la celebración del nuevo orden. 

La cuarta parte, Una advertencia desde Buenos Aires, es la más original del libro. Evidencia el caso argentino. Un país que destruyó a su clase dirigente y acumuló décadas de decadencia económica, inestabilidad institucional y parálisis estratégica. La sección convierte al ensayo en algo más que un análisis geopolítico; lo transforma en un argumento político. 

El libro termina con una advertencia doble. El conservadurismo popular corre el riesgo de mutar en algo más autoritario si rompe con sus aliados religiosos y destruye las instituciones republicanas. Sin embargo, el liberalismo, por su parte, solo podrá recuperar legitimidad si abandona el progresismo cosmopolita y recupera la sensibilidad histórica que el conservadurismo le puede ofrecer. En ese posible reencuentro, un nuevo fusionismo, reside, para el autor, la única salida viable. 

El libro es un ensayo riguroso, bien documentado y escrito con claridad. Sus limitaciones son las de cualquier libro que abarca demasiado territorio en poco espacio. Algunos casos nacionales, como el de Argentina, quedan apenas esbozados. Por su parte, el análisis filosófico de la primera parte resulta a veces demasiado esquemático.  

No obstante, el valor de La rebelión de las naciones radica en ofrecer una clave interpretativa para entender uno de los fenómenos políticos más desconcertantes de nuestro tiempo.