Iván Velásquez, huye de sus pecados en el Vaticano

¡Buenos días!

El régimen del terror de Iván Velásquez en Guatemala, mientras dirigió la todopoderosa CICIG, dejó cauda de cientos de procesados que, a la postre —incluso con “sus jueces y fiscales”— fueron declarados inocentes. En su encono, no respetó derechos humanos fundamentales. En lugar de que fuese procesado por sus abusos —imposible, por la impunidad que le otorgó el acuerdo de creación de la comisión—, su siguiente “chance” fue el de ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro.

¿El resultado de eso? La descertificación que el gobierno de EE. UU. le impuso a Colombia. El responsable directo de ello es Velásquez; si fue bajo las instrucciones de Petro o no, es secundario.

Durante su gestión, la narcoguerrilla se empoderó, o la empoderaron desde el gobierno; una muestra más de esa ya tan conocida relación que hay entre gobiernos de izquierda y el narco, a lo largo y ancho del continente.

Su refugio temporal en la Santa Sede terminará. Luego, deberá enfrentar la justicia —probablemente la estadounidense— por los crímenes que manchan sus manos. Para eso no tiene inmunidad.  

Petro logró la mayor humillación de Colombia ante la comunidad internacional en los últimos 30 años, dinamitando todos los avances del país en la guerra contra el narcotráfico.

En perspectiva. El lunes, la Casa Blanca envió al Congreso una determinación descertificando a Colombia, en la que concluyó que ese país, bajo el gobierno de Petro, “falló de manera demostrable” en sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico. La decisión podría costarle al país cientos de millones de dólares en cooperación militar.  

• En una declaración pública, el Departamento de Estado acusó directamente a Petro como responsable de que el país haya alcanzado cifras históricas en cultivo y producción cocalera.
  
  

• El Departamento a cargo de Marco Rubio tildó el liderazgo de Petro como desacertado, costándole su rol como aliado estratégico, papel que ocupaba desde 1986.
  
  

• Adicionalmente, se acusó al gobierno del exguerrillero de no cumplir ni siquiera con sus propias “drásticamente reducidas” metas de erradicación de coca, “socavando años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países”.

Por qué importa. Desde la llegada de Petro al poder en 2022, la producción de coca ha incrementado en un 70 % en Colombia, situándole, hoy, como el país líder en la producción de dicha sustancia en todo el mundo. Una de las figuras clave en dicho desdén es el exministro de Defensa Iván Velásquez. Bajo su mandato, Colombia redujo sus metas de erradicación del cultivo de coca, limitó los bombardeos contra los cárteles, sustituyéndolos por un énfasis en la interdicción sobre los cultivos. 

• El ex comisionado de CICIG implementó un enfoque en la “seguridad humana”, buscando una salida con perspectiva social y humanista a la lucha contra el narcoterrorismo.
  
  

• El resultado directo fue menos presión sobre el cultivo, restringiendo al máximo recursos decisivos contra blancos de alto valor —como los bombardeos— y restando capacidad de choque frente a las estructuras tanto del narco como de la guerrilla.
  
  

• Bajo su mandato, además, se renovó la cúpula militar con una narrativa de derechos humanos, lo que mermó el capital humano de lo que ya era una institución en la lucha contra el narco.

Sí, pero. La asistencia de EE. UU. para la cooperación antinarcótica suponía alrededor de unos USD 380M anuales. Cifra que, ahora, está en riesgo. Trump ha dejado la puerta abierta para obtener de nuevo la certificación de aliado si se toman “medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína”. No obstante, Petro permanece reacio a ceder ante EE. UU. 

• El mandatario confirmó la reprimenda estadounidense, reprochando que “EE. UU. nos está descertificando después de decenas de muertes de policías y soldados […] en la lucha contra los cárteles de la droga y las guerrillas”.
  
  

• Lejos de buscar la conciliación y la desescalada de tensiones, Petro sigue exacerbándolas con su errática narrativa confrontativa que le caracteriza.

En conclusión. Petro y Velásquez no solo le han fallado a su población, asediada y acosada por las narcoguerrillas, sino que han facilitado el crecimiento del narcoterrorismo a nivel mundial. La negligencia de ambos ha causado la primera descertificación de Colombia en casi 30 años —desde la ocurrida en el gobierno de Ernesto Samper en 1996—. 

• La humillación internacional perjudica la imagen de Colombia ante el mundo, tachando tanto a Petro como a Velásquez como aliados, por negligencia o por connivencia, de dichas organizaciones terroristas.

Las negociaciones para elegir Junta Directiva para el 2026 están en su punto más álgido, con distintas agrupaciones buscando asegurar los 81 votos necesarios para concretar la elección. El proceso cobra mayor relevancia por las decisiones que el Legislativo debe tomar el próximo año.  

Por qué importa. El Congreso tiene la responsabilidad de juramentar a la postuladora para elegir al fiscal general, elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), designar a un magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, además de elegir al nuevo Contralor General de Cuentas.

• La oposición, dirigida por Allan Rodríguez y Felipe Alejos, mantiene su postura de evitar que el oficialismo o sus afines concentren los votos para dirigir el Congreso en el período 2026-2027.
  
  

• Las negociaciones pueden cambiar de un momento a otro, pero ha trascendido que articulan esfuerzos para impulsar la candidatura de Álvaro Arzú, quien no ha confirmado esa intención.
  
  

• Por otro lado, Luis Aguirre, jefe de bloque de Cabal, confirmó que mantiene acercamientos con distintas bancadas para sumar apoyos. Aunque no descartó encabezar la planilla, dejó claro que su objetivo es que la presidencia quede en manos de su agrupación. 

Visto y no visto. Aunque en corrillos parlamentarios se asegura que Nery Ramos no ha descartado del todo sus aspiraciones, es consciente de que ya no cuenta con el mismo respaldo.

• Su desgaste político se atribuye al aumento salarial; el estancamiento de la agenda; el conflicto que se generó por la primera secretaría por su apoyo a Karina Paz, y hasta la restitución de Semilla como bancada, lo que incluso terminó en una solicitud de antejuicio en su contra. Todo ello parece haberle pasado factura.
  
  

• Ante ese escenario, se asegura que podrían impulsar a Fidel Reyes Lee, quien, pese a pertenecer a una bancada de apenas cuatro diputados, es visto como un perfil de peso, por su influencia como propietario de la Universidad Rural.
  

• También se menciona a Sandra Jovel como posible candidata, quien estaría buscando apoyos. Se intentó contactarla, pero no se obtuvo respuesta. Otro de sus compañeros de bancada, Elmer Palencia, también es mencionado, pero con menor fuerza. Al ser consultado, respondió que “es un poco prematuro sumado a que la dinámica del congreso se da con cambios constantes”. 

Datos clave. La elección no puede celebrarse de forma sorpresiva: debe estar incluida en la agenda legislativa y puede convocarse a partir de 90 días antes del 14 de enero, cuando asuma la nueva Junta Directiva. 

• Tanto la presidencia del Congreso como el resto de los cargos de la Junta Directiva gozan de un mayor emolumento. Actualmente, Nery Ramos ha llegado a cobrar hasta GTQ 99 000.
  
  

• A ello se suma que cuentan con la opción de contratar hasta cinco asesores bajo el renglón 022. El resto de los integrantes puede hacer hasta tres contrataciones.  

En conclusión. La disputa por la presidencia del Congreso refleja no solo la lucha por el control legislativo inmediato, sino también por la influencia que tendrá en decisiones estratégicas de 2026. Las distintas bancadas siguen midiendo fuerzas, mientras los nombres de posibles candidatos circulan, eso sí, sin confirmaciones públicas.