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Iván Velásquez sigue cooptando la justicia
República Política
May 03, 2024
¡Buenos días!
El hoy ministro de la Defensa de Colombia sigue haciendo lo que –para él– hace mejor: consiguiendo que sus intereses estén asegurados en el sistema de justicia. Antes lo hizo en el de Guatemala, hoy lo hace en el de Colombia; logró que su subordinada fuese electa Fiscal General.
Como acá, allá hace que sus enemigos sientan el peso de la ley. Mientras tanto, lo que debiese estar en su radar –es su mandato legal– la seguridad ciudadana, pasa momentos muy difíciles. Parece que eso le importa poco.
Les deseamos un muy buen fin de semana. Gracias por su preferencia.
En este boletín:
•Corporación Justicia (II): Iván Velásquez, el jefe de Luz Adriana Camargo
•Confesión y entrega de José Ubico alborota a políticos
•El gobierno establece programas para promover la migración
Alejandro Palmieri
•Corporación Justicia (II): Iván Velásquez, el jefe de Luz Adriana Camargo
615 palabras | 3 mins de lectura
La cooptación de la justicia ha sido un problema añejo en Guatemala, pero nunca fue más evidente que durante el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), especialmente en las postrimerías. Tristemente, no poque la haya erradicado, sino porque la cooptó --la justicia-- la propia comisión.
República tuvo acceso a una serie de correos electrónicos entre abogados y representantes de la corrupta constructora brasileña Odebrecht y funcionarios de la CICIG, en el marco de la firma de acuerdos de colaboración de sus directivos.
Los correos evidencian la manipulación de la justicia, a través de un acceso inusitado de los abogados de la constructora al ente investigador y a la jueza Erika Aifán. Más grave aún, con la intervención directa de la exjefa de Investigaciones de la Comisión –hoy Fiscal General (FG) de Colombia–, Luz Adriana Camargo.
Por qué importa. La CICIG vino a Guatemala con la finalidad de erradicar a los cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad (CIACS) del aparato estatal; los que manipulaban la justicia eran, entonces, un objetivo claro.
Uno de los mecanismos utilizados por las CIACS es el tráfico de influencias. Así, quienes tienen acceso a jueces para conseguir resoluciones favorables, cometen varios delitos en el proceso.
La persecución selectiva o lawfare se convirtió en la norma. Persiguieron a quienes les eran molestos.
La posición de la CICIG, de ente investigador internacional, le proveyó a los miembros extranjeros de la Comisión, inmunidad total por sus actos, lo que inevitablemente se convirtió en impunidad.
Qué destacar. Luz Adriana Camargo, la mano derecha de Velásquez en la CICIG, se reunió ilegalmente con jueces para “cuadrar la vuelta”, como se dice popularmente en su natal Colombia.
Es precisamente en el caso denominado “Odebrecht” en donde la ahora FG colombiana le sirvió en bandeja de plata a los constructores acusados el salir indemnes en Guatemala, cuando en el resto del continente la historia fue otra.
Los correos electrónicos entre Camargo y los abogados y funcionarios de la constructora, muestran el por qué: había una excelente relación entre acusadores y acusados.
En un correo que Camargo le manda a Juan Pablo Carrasco, abogado asesor de Odebrecht, le informa sobre una reunión que tuvo con la jueza del caso, Erika Aifán. En él detalla cómo se “acordó” con la jueza manejar ciertos temas del caso.
Entre líneas. La elección de Camargo como FG sorprendió a los colombianos; luego de varias rondas fallidas, a última hora, una de las nominadas –la favorita– renunció, lo que viabilizó la designación de Camargo por la Corte Suprema.
Desde el ministerio de la Defensa, Iván Velásquez controla todas las fuerzas de seguridad de Colombia, pero su poder, parece, alcanza todas las esperas del gobierno. Su otrora mano derecha en CICIG ahora sigue sus directrices.
Una muestra de ello es que, a pocos días de tomar posesión, la fiscalía pidió llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe. La animadversión de Velásquez contra Uribe es un hecho conocido.
“Se trata de una de las primeras decisiones de la gestión de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien tomó posesión del cargo el 22 de marzo tras su aprobación por la Corte Suprema”, publicó la cadena CNN el 9 de abril.
Conclusión. El aura de justicieros de Velásquez y Camargo se disipa al conocerse su forma de operar. Favorecer a amigos corruptos –los abogados y funcionarios de Odebrecht– y perseguir a sus enemigos políticos –como a Uribe–. Esa práctica no es un hecho aislado, sino un factor común en su carrera. En Guatemala lo hicieron con impunidad otorgada por el convenio de CICIG; en Colombia lo hacen –por ahora– con inmunidad. La justicia les debiese llegar más pronto que tarde.
Así es cómo abogados y representantes de Odebrecht acordaron con funcionarios de CICIG conseguir impunidad.
A continuación, puede encontrar documentos complementarios al artículo, respetando el nombre del asunto que se hizo en el envío original:
“Fwd: ACUERDO VERSION FINAL”
“Fwd: Últimas Versiones”
“Fwd: FIRMA DE ACUERDOS”
“Fwd: acuerdos”
“Fwd: Resumen_Encuentro de Cuentas_ DGC_Odebrecht - Proyecto CA-2”
“Fwd: Cierre Negociación_CICIG_MP2”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Guatemala3456”
“Fwd: ACTA 1 Reunion MP-CICIG345”
“Fwd: Cierre Negociación_CICIG_MP”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Guatemala876”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Guatemala1234”
“Fwd: Odebrecht sugerencias - viaje Brasil”
“Fwd: Imagen escaneada de DIRECCION2345”
https://especiales.republica.gt/wp-content/uploads/2024/05/Fwd-Imagen-escaneada-de-DIRECCION2345.pdf
“Fwd”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Guatemala234”
“Fwd: acuerdosnrevisados”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Finales con dato Acero”
“Fwd”
“Fwd: Reunión CICIG - Guatemala - Acuerdos de Colaboración34”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Guatemala2345t”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Guatemala7654”
“17”
“Fwd: Agenda Actualizada”
“Fwd: ACTA 1 Reunion MP-CICIG876”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Guatemala1”
“Fwd: Acuerdos de Colaboración Guatemala”
“Fwd: Cierre Negociación_CICIG_MP1”
Luis González
•Confesión y entrega de José Ubico alborota a políticos
355 palabras | 1 min de lectura
José Ubico Aguilar fue condenado por narcotráfico en 2003 en Estados Unidos. Pero los 46 meses que pasó en la prisión no cambiaron su conducta. En 2019 su nombre volvió a ser vinculado con el tráfico de drogas y el 1 de mayo de 2024 se supo de su entrega y arresto en aquel país.
En 2019 fue reelecto diputado y esta condición le garantizó inmunidad. En 2021 Estados Unidos solicitó la extradición del entonces congresista por las operaciones criminales que lo llevaron a la cárcel 18 años atrás.
En junio de 2023 el exlegislador perdió la protección y quedó en manos de la justicia guatemalteca que podría capturarlo en cualquier momento para someterlo al proceso legal. Sin embargo, Ubico se ausentó del Congreso y mediante excusas no se presentó. Eso sí, durante todo el periodo legislativo cobró hasta el último centavo como diputado.
Se especuló que se había refugiado en Nicaragua. Pero se repitió la escena de 2003. Contactó a las autoridades de EE. UU., arregló su entrega, confesión y un acuerdo de beneficio. ¿A quién afectará su testimonio? El comunicado oficial solo indica que se trata de un "funcionario guatemalteco".
En perspectiva. Tras divulgarse que Ubico se había declarado culpable de traficar droga a Estados Unidos, los comentarios en redes sociales y en las conversaciones diarias se centraron en el exdiputado.
De nuevo, se ligó a la política con actividades al margen de la ley. Este personaje llegó al Congreso con el partido TODOS y fue aliado de VAMOS, el partido que llevó al poder a Alejandro Giammattei.
Al conocerse la solicitud de extradición en su contra, sus colegas del Organismo Legislativo lo abandonaron. Fue desconocido por TODOS y ya nadie quiso estar a su lado.
Intentó ganar una curul en las elecciones de 2023, pero nadie le daba ingreso en su partido. Al final, cuando consiguió padrino, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no lo inscribió por el antejuicio en su contra.
Por qué importa. Aunque tardó algunos años, la justicia de EE. UU. de nuevo alcanzó al exdiputado. En el país operó con aparente impunidad y protección del sistema. En 2015 y 2019 fue inscrito para participar en esas elecciones y ganó la curul con TODOS.
Hubo críticas contra el TSE y pedidos para revocar su inscripción por la condena de 2003, pero los magistrados no escucharon. Su caso se comparó con el de otro criminal confeso: el expresidente Alfonso Portillo, también condenado en EE. UU.
El exmandatario del partido Frente Republicano Guatemalteco quiso participar como candidato a diputado, pero sus tres intentos fueron en vano (2015-2019 y 2023).
En conclusión. Para Julio Rivera Clavería, exviceministro de Gobernación, EE. UU. actuó con pruebas y no con base en suposiciones. Por ello, consideró inconveniente vincular a otras personas solo porque compartieron con él por razones de trabajo.
"Es una realidad en el país que muchas personas se relacionan con la narcoactividad, pero no se conocen estas vinculaciones. Los señalamientos deben ser específicos y concretos, pero luego de una investigación criminal", agregó el abogado Rivera.
Sobre si dio un testimonio contra otros guatemaltecos y qué consecuencias tendrá, comentó que ello depende de los intereses y "tiempos de las autoridades de EE. UU., los que no coinciden con los nuestros".
Marimaite Rayo
•El gobierno establece programas para promover la migración
446 palabras | 2 min de lectura
En los primeros cuatro meses de 2024, Estados Unidos ha retornado a 23 mil 607 guatemaltecos en 199 vuelos. Sobre esta estadística llama la atención que la mayoría de los repatriados son mayores de edad, por lo que pertenecen a la población potencialmente activa, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Existe una fuga de la Población Económicamente Activa, la cual está compuesta por los guatemaltecos en edad laboral.
No debería extrañar que sectores como el azucarero o el de transporte pesado estén en crisis, ya que, por la migración, no cuentan con recurso humano suficiente para satisfacer las necesidades de sus ámbitos.
Es noticia. La preocupación en torno a esta situación se confirmó con el anuncio por parte del presidente Bernardo Arévalo sobre cómo Guatemala se prepara para ser sede de la próxima cumbre ministerial sobre migración, el 7 de mayo.
Se espera que en esta reunión hemisférica participen los 22 países de América, adscritos a la Declaración de Los Ángeles.
En la agenda está prevista la participación de expertos en la materia. De manera que los funcionarios exploren estrategias conjuntas para frenar la migración irregular e impulsar nuevas vías legales. Por ello, es fundamental que la cumbre cuente con la presencia de figuras como el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken.
Sí, pero. Las acciones emprendidas por parte de la administración de Arévalo ponen en duda cuán relevante será el tema migratorio dentro de su agenda de gobierno, particularmente de aquella población en edad laboral.
Esto se debe a que, mientras que el presidente muestra una clara intención por querer reducir el flujo migratorio con actividades como la cumbre sobre migración, algunos ministerios impulsan iniciativas que promueven abandonar Guatemala.
En este marco, una de las medidas que llama la atención es el Programa de Certificación de Competencias para connacionales que residen en Estados Unidos.
Este proyecto es dirigido por el Ministerio de Educación. Se trata de una estrategia para acreditar un oficio, de manera que las personas que no formaron parte del sistema escolarizado puedan acceder al mercado laboral estadounidense con el respaldo del gobierno nacional.
En conclusión. La falta de coordinación entre las diferentes instancias estatales se hace cada vez más evidente.
Si el gobierno de Arévalo quiere reducir las estadísticas de migración, es necesario que exista una política conjunta enfocada en mejorar las condiciones nacionales. De manera que la migración se convierta en una opción menos atractiva para los guatemaltecos.
Solo así habrá una reducción significativa en los flujos migratorios, y también una mayor disponibilidad de guatemaltecos económicamente activos en el mercado nacional. Esto generaría más competencia y, a su vez, un incremento en la calidad de la oferta laboral.