IX Magistratura de la CC

¡Buenos días!

Ayer, pasada la medianoche, asumieron su cargo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad —cinco titulares y cinco suplentes— electos para el período 2026-2031; la IX Magistratura. 

El proceso estuvo plagado de sobresaltos y de controversias; la elección en el CANG, donde resultó electa Astrid Lemus como titular y Luis Fernando Bermejo como suplente, fue señalado —infundadamente— por el Ministerio Público de fraude. Durante las votaciones realizaron un operativo con la excusa de una denuncia anónima de que se estaban dejando votar a quienes no estaban habilitados para ello; sin embargo, no se materializó acusación formal alguna. Fue percibido, eso sí, como un intento de interferir en el proceso.  

Desde entonces y tan pronto como el lunes recién pasado —la víspera de la toma de posesión— hubo esfuerzos de que se emitiera una orden de captura en su contra. Felizmente, no se concretó la intentona. 

La elección en el CSU también adoleció de vicios; ese cuerpo elector no estuvo integrado plena ni legalmente, pero como a Walter Mazariegos le valen un pepino la ley y las resoluciones judiciales, finalmente se materializó y los electos —Julia Marisol Rivera, titular, y Luis Aguirre Pumay, suplente— también tomaron posesión. 

Las designaciones de los tres Organismos del Estado no pueden ser impugnadas, mas no estuvieron exentas de controversia. Puntualmente, la pataleta oficialista en el Congreso por la designación de Roberto Molina Barreto y Luis Rosales.  

Ahora, lo que se espera de ellos [los magistrados] es apego irrestricto a la Constitución. Se dice fácil, pero en la práctica, la cosa cambia.  

Gérman Gómez
USAC: un rector cuestionado y varios animales maltratados
650 palabras | 4 minutos de lectura

La crisis política de la Universidad de San Carlos (USAC) también afecta a más de 280 animales que permanecen sin atención médica en el campus central. Paralelamente, persiste la incertidumbre por la “elección” de rector. Estudiantes denuncian un bloqueo operativo del Consejo Superior Universitario (CSU) que impide las clases presenciales. 

• La falta de atención médica en la universidad viola la integridad y el trato digno de los animales. Protección garantizada en la Ley de Protección y Bienestar Animal en Guatemala (Decreto 5-2017). 

Por qué importa. La situación en la Granja Experimental y el Hospital Veterinario de la USAC evidenció la primacía de los intereses políticos que persigue el rector Walter Mazariegos. No es su prioridad el bienestar de los estudiantes y su formación. El bloqueo de la universidad —que duró una semana— afectó las funciones básicas de su operatividad. 

• La semana pasada, los estudiantes de veterinaria reportaron 283 animales sin atención. Alertaron que la falta de alimento y cuidado médico elevó el riesgo de muertes. 

• La crisis obligó a que el personal de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), verificara el estado de los animales. Las reformas al Decreto 5-2017, en 2025, incorporaron el delito de maltrato y crueldad animal. 

• La pena por cometerlos es de tres años de prisión y multas de hasta 15 salarios mínimos para actividades no agrícolas. Las autoridades —rector y CSU— de la USAC pudieron cometer estos delitos al impedir el cuidado de los animales; la reforma al decreto aún no se ha publicado en el Diario Oficial. 

Punto de fricción. Sin embargo, se informó que no pudieron ingresar al edificio del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA). Los animales que resguarda no recibieron la atención médica. El ministerio pidió a las autoridades de la USAC que los atendieran, pero hasta el momento existe incertidumbre sobre su estado. 

• El abandono animal se vincula con el conflicto por la elección de rector. Diversos sectores cuestionan la legitimidad del proceso que reeligió a Walter Mazariegos. Es considerado un fraude. 

• A pesar de que las instalaciones de la USAC ya fueran recuperadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), aún no hay clases presenciales. Solo están habilitadas las tareas administrativas. 

• Estudiantes denunciaron que intentaron coordinar accesos de forma pacífica, pero autoridades y grupos en control del campus lo impidieron. La tensión política bloqueó soluciones técnicas urgentes. 

Sí, pero. El proceso de elección —el fraude— debilitó la gobernabilidad interna. Esto se reflejó en incapacidad para garantizar operaciones básicas, como el resguardo de los animales y los accesos. Existieron grupos de choque vinculados a Mazariegos que generaron disturbios. Una de las justificaciones usadas para suspender las clases presenciales por los próximos cuatro meses. 

• El inventario afectado incluyó 26 vacas lecheras, 120 cerdos y otras especies. Varias requerían ordeño diario y tratamiento constante. La interrupción comprometió su salud y productividad; persiste. 

• Estudiantes solicitan acceso permanente para personal especializado. Insisten en protocolos claros que garanticen alimentación, atención médica y resguardo continuo de los animales. 

• Expertos advierten que la autonomía universitaria no puede justificar negligencia operativa. La institución debe asegurar funciones esenciales que garanticen el funcionamiento de la granja. 

En conclusión. La crisis en la USAC expone un deterioro institucional que trasciende lo político y golpea lo operativo. La falta de legitimidad en la rectoría debilitó la toma de decisiones y permitió negligencias evitables, como el abandono animal. Sin la correcta interpretación de qué es la autonomía, esta pierde sentido. 

• La crisis evidencia que la autonomía universitaria se ha utilizado acorde a los intereses del rector de turno, como Walter Mazariegos. Sin embargo, no puede operar como escudo frente a fallas administrativas ni justificar la paralización de los servicios académicos. 

• Sin una solución al conflicto electoral y recuperación de legitimidad, la USAC corre el riesgo de profundizar su desgaste institucional. Perderá más credibilidad ante estudiantes, comunidad académica y sociedad. 

Glenda Sánchez
Semana decisiva para elección de fiscal general
530 palabras | 3 minutos de lectura

La Comisión de Postulación (CP), para la elección de fiscal general, entra en su fase decisiva: definir la lista de seis candidatos que deberá entregar al presidente Bernardo Arévalo. El primer día de evaluación intentaron cambiar varios aspectos de la tabla de gradación, pero la propuesta no alcanzó los votos requeridos.  

Por qué importa. La elección marcará cómo se equilibra la justicia frente a los intereses políticos. En un contexto donde las instituciones están bajo constante escrutinio, quien asuma el liderazgo del Ministerio Público (MP) tendrá un papel clave para fortalecer —o poner en riesgo— la independencia en la persecución penal. 

• El MP, como ente autónomo, tiene el mandato constitucional de investigar delitos sin subordinación. Su dirección impacta directamente la confianza en el sistema de justicia y en la protección de derechos individuales frente al poder político.  

• Durante ocho años, Consuelo Porras amplió la cobertura institucional a todos los municipios. Sin embargo, su gestión acumuló señalamientos de politización, especialmente en casos vinculados al proceso electoral 2023.  

• Arévalo ha manifestado su categórico rechazo a la continuidad de Porras. Este posicionamiento añade presión a la CP, obligada a priorizar perfiles que garanticen independencia, capacidad técnica y respeto al marco legal.  

Entre líneas. Hasta ahora, el número de aspirantes evaluados asciende a 26, y cinco superaron la línea de corte: 75 puntos. Este filtro técnico busca asegurar estándares mínimos, aunque no elimina cuestionamientos sobre criterios de evaluación.  

• Entre los perfiles que superaron la nota de corte destacan Gabriel Estuardo García Luna, Henry Alejandro Elías Wilson, Néctor Gilebaldo de León Ramírez, José Manuel Quinto Martínez y Brenda Dery Muñoz Sánchez quienes ahora dependen de la votación final de los comisionados.  

• La Comisión declaró sesión permanente para avanzar en la revisión de expedientes. La medida es para cumplir plazos y no evitar contratiempos.  

Punto de fricción. El proceso no ha estado exento de controversias e intentos de modificar la tabla de gradación. También se buscó excluir a ciertos perfiles. Esto revela tensiones internas que podrían afectar la legitimidad de la selección final. 

• El primer día de evaluación incluyó una propuesta para cambiar criterios de calificación, que no alcanzó los votos necesarios. Este episodio expuso divisiones y la fragilidad de los consensos.  

• Un intento por excluir a jueces de carrera tampoco prosperó, pero abrió la puerta a una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Elevó el conflicto a una instancia superior.  

• “Solicitamos convocatoria urgente del expediente 1926-2026”, señala la carta enviada por tres magistrados de la CC a la presidenta,  Anabella Morfín.. La petición subraya la necesidad de certeza jurídica en un proceso que define el equilibrio institucional.  

En conclusión. La elección del fiscal general se encamina a su desenlace, pero aún enfrenta desafíos legales y políticos. Más allá de nombres, lo que está en juego es la credibilidad del sistema de justicia y su capacidad para operar sin interferencias. 

• La CC deberá pronunciarse sobre la participación de jueces, en un caso que representa el primer reto para su presidenta y que podría redefinir las reglas del proceso.  

• El 17 de mayo marca la fecha límite para que el presidente Arévalo designe al nuevo titular del MP. Eso cerrará un ciclo que ha estado marcado por tensiones entre independencia y control político.