Jiménez, el llorica

¡Buenos días! 

Mientras Gobernación hace requisas en las cárceles, en las calles, la población sufre los embates de la violencia. Aunque los vínculos de la operación de grupos delincuenciales con su dirigencia desde los centros carcelarios son un hecho, los operativos deben darse más para proteger a los ciudadanos de a pie, además de aislar a los cabecillas de las maras. 

El ministro Francisco Jiménez ha anunciado la construcción de una cárcel de máxima seguridad para octubre de 2025, los afectados por la violencia no pueden esperar ni un solo día, mucho menos más de 15 meses. La auto victimización de las autoridades es ya lamentosa. Habiendo sido ya ministro de Gobernación, el manejo de la cartera no debiese ser nada nuevo para él. No hay por qué darle compás de espera alguno. 

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En este boletín:

•Panorama Ejecutivo: La batalla de Gobernación ante los hechos violentos

•Los fantasmas de las Comisiones pasadas

•Gobierno de Arévalo registra cero ejecución en infraestructura carcelaria

•Lupa legislativa: Diputados siguen en receso y sin convocar a extraordinarias

Glenda Sánchez
•Los fantasmas de las Comisiones pasadas
660 palabras | 2 mins de lectura

Poco tiempo ha pasado desde la convocatoria para integrar las Comisiones de Postulación para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, y grupos advierten del retorno de operadores y las amenazas de actores que podrían influir directa o indirectamente en esa elección.   

• El temor de organizaciones civiles, abogados, exdiputados y otros sectores es que prácticas del pasado vicien el proceso.  

  
  

• Otra amenaza es que se judicialice como sucedió en 2019-2024. Por lo menos una acción en ese sentido ya ha sido presentada. 

Hemeroteca. Los antecedentes de procesos son claves para concluir qué se puede esperar ahora. En 2014 la exvicepresidenta Roxana Baldetti contó que, cuando era diputada, fue convocada a un hotel para elegir a los magistrados. Aseguró que se opuso. "Cuando ya estaba ahí, empezaron a decir ’cuántos..en esta lista'. Todo fue alrededor de una cama", se publicó en ese entonces. se lee en la publicación de La Hora.  

• En 2016 fue condenado Gudy Rivera, exdiputado del desaparecido Partido Patriota (PP), por intentar sobornar a la magistrada Claudia Escobar para obtener una resolución favorable a Baldetti. Rivera ofreció apoyo de la agrupación política para reelegirla como magistrada.

  
  

• Dos años después (2018) el Ministerio Público (MP) develó el caso “Comisiones Paralelas”. En ese momento determinó que se había creado una estrategia impulsada por “el rey del tenis” para intervenir en el nombramiento en las Cortes.   

  
  

• La investigación indicó que se coordinó una estructura paralela con apoyo de legisladores y comisionados. El abogado, Roberto López Villatoro, fue absuelto. Los jueces consideraron contradicciones e incongruencias en la acusación del MP.    

Lo visto y no visto. Los grupos que se dedican a fiscalizar, entre ellos Guatemala Visible y Movimiento Pro-Justicia, coincidieron que en los primeros eventos fue evidente la “mala aplicación de los métodos para integrar las comisiones, incongruencias en la votación y la limitación del acceso a la información, entre otros.  

• Recordaron casos de candidatos con señalamientos, denuncias y vetos, incluidos en la lista para el Congreso, así como reuniones de operadores con diputados, algunos comisionados y abogados para influir en la elección.

  
  

• En 2020 el MP solicitó el retiro de inmunidad de 13 funcionarios judiciales que supuestamente mantuvieron comunicación con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario Privado de la Presidencia –en ese momento en prisión preventiva–. “Las reuniones buscaban influencia indebida en el proceso (...) se realizaron en un el sanatorio en la zona 2 capitalina”, detalló la acusación.

  
  

• Indicaron que en el proceso de 2014 periodistas denunciaron el uso de celular para filtrar el avance de las votaciones. Se restringió el uso del teléfono, luego de las denuncias.   

En el radar. En abril pasado, el Congreso hizo la convocatoria para que se integren las dos postuladoras: para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Cada una debe quedar integrada con 37 comisionados. 

• El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) programó para el 21 de junio la elección de sus 24 representantes (12 CSJ y 12 CA) y los magistrados de Sala para el 7 de junio (12 delegados). La CSJ aún no tiene fecha para analizar el tema (12 comisionado).

  
  

• Los 12 decanos de las universidades que tiene la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales conocen la convocatoria. Mientras, el Foro de Rectores aún no decide quién será su representante.

  
  

• Organizaciones han solicitado no tomar en cuenta a Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cargo de presidente de una de las comisiones, lo consideran no-idóneo y no-honorable.  

Conclusión. La radiografía es una muestra de los desafíos que tendrán los comisionados en pocos meses; se avizoran muchos obstáculos. 

• Sin embargo, deben tener presente que su responsabilidad es entregar la lista de los profesionales idóneos al Congreso, concluyeron las fuentes consultadas. 

  
  

• Agregaron que el involucramiento de la sociedad civil y los medios de comunicación son clave para la fiscalización y transparencia de los dos eventos. 

El partido Movimiento Semilla plasmó en su plan de gobierno que la infraestructura carcelaria era prioridad, pero hasta el momento registra cero ejecución en este rubro. En el presupuesto se destinaron Q371 millones para estudios de prefactibilidad y construcción de "centros de detención". 

• El Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) establece que no se ha desembolsado un centavo para este fin.

  
  

• Además, el portal de GUATECOMPRAS no refleja ningún tipo de inversión por parte del Ministerio de Gobernación en el mantenimiento de estas instalaciones. 

  
  

• Las autoridades aseguran que se mantiene en pie la edificación de una obra de "máxima seguridad", pero estará lista hasta octubre de 2025. Es decir, este año, nada. 

Es noticia. El tema vuelve a discutirse tras el asesinato de Farruko Pop, el influencer que fue localizado enterrado en el interior de una vivienda en la colonia El Limón, zona 18. 

• Las autoridades ya habían emitido una orden de búsqueda desde el 20 de mayo, cuando sus familiares indicaron que no sabían su ubicación.

  
  

• En seguimiento del caso, la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), capturó a un hombre y aisló a cuatro cabecillas de la Mara 18 en el Centro de Detención de Alta Seguridad Fraijanes II, donde, posteriormente, se realizó una requisa para retomar el control de la prisión.

  
  

• El lunes 27 de mayo el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que existe una alta probabilidad de que el asesinato haya sido ordenado desde la cárcel. 

Por qué importa. El caso del malogrado Farruko Pop también elevó la percepción de un incremento en la inseguridad pública, aunque las autoridades insisten en que los números registran una baja de homicidios. 

• El que estas acciones –presuntamente– se coordinan desde las cárceles, evidencia la debilidad del Sistema Penitenciario y que el control no lo tienen las autoridades. 

  
  

• Gran parte de esta precariedad de los centros de detención se debe a las altas tasas de hacinamiento, un problema que, de acuerdo con un informe publicado en 2022, alcanza niveles del 363%.

  
  

• Durante la campaña electoral, Bernardo Arévalo reconoció la gravedad de este problema. Indicó que una de sus prioridades sería la construcción de una cárcel de máxima seguridad, a fin de retomar el control de estas instalaciones, que están en manos de estructuras criminales. 

¿Ahora qué? En estos primeros seis meses de gobierno, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se ha enfocado en las requisas para debilitar a los grupos delincuenciales que operan los presidios. Sin embargo, le achaca el asunto –que es su responsabilidad– a las anteriores administraciones. 

• El supuesto hecho de que los cabecillas de las pandillas sigan ordenando los crímenes de alto impacto desde las prisiones, es un indicio de la necesidad de resolver el problema de fondo: retomar el control y reducir el hacinamiento. 

  
  

• Si las autoridades de turno no muestran un verdadero compromiso para mejorar las cárceles con mayor inversión, las pandillas continuarán controlando las estructuras criminales.

  
  

• La población, dedicada a sus actividades diarias de subsistencia, debe ser protegida contra extorsiones, asesinatos y ataques armados.