JOH: el HDP que dejó de servirle los intereses estadounidenses

¡Buenos días! 

Este viernes, último de febrero, el boletín de República Política contiene tres hilos con temas variados: desde el juicio que Juan Orlando Hernández enfrenta en EE. UU. por narcotráfico, hasta la precariedad de la situación del Instituto de la Defensa Pública Penal en Guatemala, pasando por la desatención a los requerimientos de la prensa por parte de la administración Arévalo. 

Si hay algún elemento común o hilo conductor entre esos variados temas, sin duda es la falta de institucionalidad en nuestros países, lo que produce una burocracia muchas veces ineficaz, más que solo ineficiente. Con esa receta, es fácil que personajes políticos alcancen –y se mantengan en– el poder en donde realizan actividades ilegales y se enriquecen en detrimento de sus pueblos. 

Hoy también encontrarán la sección: “Lo que estamos siguiendo”, un avance de los temas que consideramos importantes y que, en caso de desarrollarse, abordaremos más a profundidad. 

Agradecemos su suscripción y lectura. Los animamos a compartir el boletín con sus colegas y amigos. 

Les deseamos un buen fin de semana. 

En este boletín:

•Juan Orlando Hernández pasó de ser Somoza a Noriega

•El IDPP el brazo olvidado del sector justicia

•Gobierno de Arévalo no cumple ofrecimiento de puertas abiertas a los periodistas

•Lo que estamos siguiendo: 23 de febrero de 2024

Rafael Párraga
•Juan Orlando Hernández pasó de ser Somoza a Noriega
626 palabras | 3 mins de lectura

El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH) pasó de ser un aliado clave de EE. UU. a enfrentar un juicio por narcotráfico en Nueva York.  

Panorama general. El pasado 21 de febrero inició el juicio de JOH en Manhattan. El exmandatario fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022, menos de tres semanas después de que finalizara su segundo —e inconstitucional— término presidencial.  

• Fue extraditado a EE. UU. en abril del mismo año, acusado de cargos de tráfico de drogas y posesión de armas.  

Entre líneas. De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), Hernández “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico” para exportar cocaína al país norteamericano. Agregaron que JOH usó el dinero del narcotráfico para “enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral". 

• El DOJ también precisó que JOH utilizó a las fuerzas armadas y policía para proteger cargamentos de droga hacia EE. UU., colaborando con narcotraficantes locales y regionales.  
  
  

• Adicionalmente, se le acusó de recibir US$ 1 millón de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera –recogidos por su hermano Tony– con el fin de defender las actividades del cártel de Sinaloa en Honduras. 
  
  

• Se le imputan tres cargos de conspiración por tráfico de cocaína y “uso de ametralladoras y dispositivos destructivos” para sus operaciones. Enfrenta entre 10 y 30 años, hasta cadena perpetua de ser condenado.  

Sí, pero. De acuerdo con la defensa del expresidente, el caso se trata de una venganza de parte de narcotraficantes a los cuáles él persiguió durante su mandato, con el doble fin de ajustar cuentas y, a su vez, reducir sus condenas vigentes. La esposa de JOH, Ana García, hizo pública una carta de parte de su marido. 

• "Reitero a mi nación, así como al mundo entero: soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado y enemigos políticos", dice en la misiva. 
  
  

• La defensa sostiene que durante la presidencia de JOH se promovió la extradición de narcotraficantes hondureños a EE. UU., además del combate contra el lavado de activos.  
  
  

• No obstante, un testigo de un caso relacionado afirmó haber visto a Hernández recibir maletines con dinero del narco y haberle escuchado decir "le vamos a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar cuenta".

Hemeroteca. A pesar de que su segunda presidencia fue en violación a la constitución, más los alegatos de fraude en su reelección, Hernández logró permanecer en el cargo por el apoyo de Donald Trump, con quien tuvo una excelente relación. Hernández cooperó con Trump en materia de migración, firmando uno de los Acuerdos de Cooperación de Asilo, que convertían al Triángulo Norte en un refugio para migrantes deportados: los famosos “países seguros”. 

• JOH se mostró como un aliado de Washington en materia de seguridad y migración desde 2014, durante la presidencia de Obama.  
  
  

• Honduras era un país importante para EE. UU., otrora aliado de Hugo Chávez en tiempos de Manuel Zelaya, derrocado con el apoyo del Departamento de Estado de Obama. 

En conclusión. El expresidente hondureño ha vivido las dos etapas de los funcionarios de la región, el amigo de la CIA, pero enemigo de la DEA. Tal fue el caso de Anastasio Somoza García, ex presidente de Nicaragua, a quién Franklin D. Roosevelt presuntamente se refería como un hijo de puta, pero como “nuestro hijo de puta”. La frase hacía referencia al hecho de que, a pesar de ser un autócrata, era tolerado por ser importante para representar los intereses geopolíticos de EE. UU. en Centroamérica. 

• Contrario es el caso de Manuel Noriega, expresidente panameño, quién fue depuesto por una invasión estadounidense, capturado y deportado debido a su involucramiento con el narcotráfico. 
   

• JOH ha pasado de ser un Somoza a ser un Noriega para EE. UU. 

Glenda Sánchez
•El IDPP el brazo olvidado del sector justicia
700 palabras | 4 mins de lectura

Hace 10 años un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) atendía unos 60 casos de personas que solicitaban defensa legal gratuita. La situación reflejaba una carga laboral para los 258 profesionales que trabajaban en el instituto.  

En perspectiva. La situación ha cambiado. Para el 2024, la cantidad de abogados casi se triplicó, ahora suman 626. Sin embargo, cada uno debe trabajar con 98 expedientes. La lógica reflejaría que a más abogados menos casos, pero la realidad en Guatemala es desalentadora para el IDPP, el brazo olvidado del sector justicia.  

• A la carga laboral se suman otros factores, entre ellos cobertura a nivel nacional, calidad en los procesos, el tema de tecnología y digitalización, salarios del personal administrativo, operativo y legal, según los expertos consultados.   
  
  

• En 2014 el presupuesto era de Q145.6M, tres años después alcanzó Q216M y para el 2024 lo asignado suma unos Q357.5M. El monto se ha incrementado a paso lento y no lo suficiente para atender las 152 sedes que tiene el IDPP. Menos para brindar cobertura a nivel nacional; apenas alcanza el 44%. 
  
  

• El año pasado la institución destinó el 61% del presupuesto para la Defensoría de Adultos (Q222 millones), el 18% a Construcción y Equipamiento (Q67 millones) y Servicios Administrativos 7.8% (Q25 millones), según el Flujograma de Justicia del Centro de Investigación de Económicas Nacionales (CIEN).  

Por qué importa. En unos meses se realizará el proceso para elegir al nuevo director del IDPP. Expertos recomiendan a los candidatos incluir en su plan de trabajo el tema de cobertura, calidad de los procesos y la digitalización. Enfocarse en equipos técnicos acordes a la carga laboral.

• La responsabilidad del IDPP es brindar un servicio público de defensa penal oportuno, gratuito y eficaz a todas las personas que lo requieran. Ese servicio debe cumplir con informar, representar y brindar asistencia técnica, según la normativa guatemalteca.  
  
  

• La situación para los casos en los municipios donde no hay sedes es paupérrima. Los abogados deben coordinar el viaje, cambiar su agenda de trabajo, conscientes que ello incrementará su carga laboral.  En ocasiones se suspenden las audiencias para que los abogados del IDPP estudien el expediente. A veces son horas dependiendo de la experiencia del profesional y en otros casos son días, pero la ley lo ordena.  

Sí, pero. Durante los diez últimos años el IDPP obtuvo más ingresos, incrementó el número de abogados y de sedes. Sin embargo, no lo necesario para la cobertura que tienen el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).  

• De las seis instituciones del sector, justicia y seguridad: MP, OJ, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF y el IDPP, este último parece estar en olvido. Cada año solicitan más presupuesto para alcanzar la cobertura acorde al crecimiento de las instituciones de justicia.  
  
  

• Más allá de la carga laboral, preocupa la calidad del servicio. Los abogados deben estudiar los casos, realizar visitas a los centros carcelarios para explicar a los procesados, capacitarse y asistir a las audiencias.  El tiempo es limitado. 
  
  

• “Por ley, el IDPP enviará un abogado defensor, pero eso no garantiza la calidad. A medida que avanzan los procesos, las solicitudes se incrementan, porque los familiares de los sindicados ya no tienen dinero para pagar un abogado.  Puedo decir que casi un 80% de los procesos en sus diferentes etapas los atiende el IDPP. Creo que es una de las instituciones más afectadas históricamente que se ha mantenido de manera limitada”, afirmó David Casasola, investigador del CIEN.   

En conclusión. A pesar de su importancia, no se ha fortalecido a la institución; se debe revertir la tendencia de trabajar con recursos mínimos.  

• Además, es urgente que tenga capacidades, cuando menos, a la par del MP y OJ, para que no se generen cuellos de botella que dificulten los procesos. 
  
  

• Se sabe que desde el año pasado grupos gremiales realizan eventos para promover a candidatos. Disfrazan las actividades como capacitaciones, convivios, reuniones sociales. También se habla de acercamientos con algunos diputados. 

Edgar Quiñónez
•Gobierno de Arévalo no cumple ofrecimiento de puertas abiertas a los periodistas
590 palabras | 2 mins de lectura

El acceso a la información pública sigue mal en Guatemala. A lo largo de la historia, en el ámbito político “el derecho al saber” no se cumple. Quizá para las generaciones actuales, un claro ejemplo de esto son los dos últimos gobiernos.   

• Los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei fueron duramente criticados porque durante su gestión se limitó la labor periodística. Pero, al parecer, este es un cuento de nunca acabar; en el mandato de Bernardo Arévalo todo sigue igual.   

En perspectiva. Durante su etapa de candidato a la presidencia, el gobernante fue entrevistado para el canal de YouTube “Contexto Plis – Podcast". En la conversación, Arévalo dejó claro que durante su gestión iban a predominar seis aspectos clave.   

• “La honradez, transparencia, rendición de cuentas, inversión responsable y la capacidad de trabajo con los distintos sectores del país”, aseguró el entonces presidenciable. Sin embargo, durante el –corto– tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, no todo se ha cumplido.   
  
  

• Arévalo, ya como presidente electo, en una reunión con periodistas y medios convocada por Ignacio Laclériga –asesor de campaña y hoy vinculado a la comunicación de la vicepresidencia– aseguró que su gobierno no se escudaría en la Ley de Acceso a la Información y que los requerimientos periodísticos serían atendidos con prontitud. No ha ocurrido.   

Qué destacar. A inicios de febrero, a una analista de República. se le pidió que trabajara un tema relacionado a empresas transnacionales. La profesional se tomó el tiempo para solicitar la información al Ministerio de Energía y Minas.   

• Al comunicarse con la institución, se le dijo que llamara a la Dirección General de Hidrocarburos. Pero en ese departamento no le brindaron los datos. Por esa razón, decidió comunicase al área de Acceso a la Información Pública del ministerio y hasta la fecha no ha recibido respuesta.  
  
  

• A la periodista que cubre la fuente de Seguridad y Justicia, también de este medio, le pasó algo similar. Desde el 23 de enero solicitó una entrevista con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y con el viceministro de Antinarcóticos, Werner Ovalle.   
  
  

• Ha pasado un mes y aún no hay respuesta a la solicitud. La comunicadora ha ido de manera personal a la institución y se ha notificado con cuatro personas del equipo de Comunicación Social y todos coinciden en que los funcionarios tienen una agenda complicada.   

Voces. En Guatemala existe la Ley de acceso a la información pública, que en su artículo 10 dice que: “Los sujetos obligados deberán mantener la información, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado". 

• Para el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Antonio Melgar, el acceso a la información pública es fundamental. “Para que haya un cambio, es importante que los medios de comunicación en general tengan acceso a la información que emana de las instituciones públicas”, comentó.   
  
  

• "El acceso a la información permite a la sociedad estar informada sobre las acciones y decisiones del gobierno, lo cual es esencial para ejercer el poder de manera responsable". Además, Melgar menciona que la transparencia debe ser clave para cualquier gobierno.  

Conclusión. Vale recordar que la redacción de República. aún sigue a la espera de la entrevista solicitada el 6 de febrero con el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero y con el actual titular del Ministerio de Finanzas Publicas, Jonathan Menkos.   

• La Convención Americana de Derechos Humanos “protege tanto la libre emisión de pensamiento como el libre acceso a la información” y el presidente Arévalo debería de velar porque todos sus funcionarios cumplan sus intenciones de un gobierno de puertas abiertas.