Juan José Arévalo: “viajar es vivir”; su hijo, lo aplica al 100

¡Buenos días!

El presidente Bernardo Arévalo sale, una vez más, de viaje. Más allá de lo que cuesta al erario, lo que importa son los logros obtenidos. Trump salió recientemente de gira por la península arábiga y consiguió promesas de inversión por arriba del trillón de dólares; ¿cuántos miles de millones conseguirá Arévalo?

Porque, la promoción presidencial del país en el extranjero es muy válida, pero debe tener resultados concretos. Hasta ahora, el mayor éxito ha sido al inicio de su gestión, cuando consiguió que los atletas guatemaltecos pudiesen hondear la bandera en las olimpiadas y competir con los colores patrios.

Guatemala necesita de inversión en nuevas industrias, en infraestructura —vial, portuaria, aeroportuaria y eléctrica—, por lo que se esperaría que esas sean las buenas nuevas que traiga Arévalo-san, de su viaje por el lejano oriente.

Con su expertis diplomático, no debiese ser problema; eso sí, no se trata simplemente de “estrechar lazos”, sino de concretar inversiones en metálico; un tanto más complicado. Si no, es por gusto el viaje.

Aunque en el hemiciclo no hay ninguna actividad, los movimientos políticos dentro del Congreso, continúan. Un claro ejemplo es la vacante que hay desde hace más de dos meses en la primera secretaría de la Junta Directiva. Esta situación se originó tras la renuncia de la bancada VOS a ocupar el cargo; hasta la fecha no se han alcanzado los consensos necesarios para designar al reemplazo de la diputada Karina Paz.

A pesar de que han sonado los nombres de Alexandra Ajcip y Héctor Aldana como posibles candidatos, solo la diputada Sonia Gutiérrez ha confirmado públicamente su disposición a asumir el cargo, respaldada por un grupo de legisladores cercanos al actual presidente del Congreso, Nery Ramos.

Por otro lado, una nueva disputa interna ha surgido en la Comisión de Finanzas Públicas. El diputado Leopoldo Salazar —miembro de la bancada Vamos—, logró que la Corte de Constitucionalidad le otorgara un amparo para ser incluido en dicha sala de trabajo. Sin embargo, el proceso no es sencillo, ya que actualmente cuenta con 21 miembros, el número máximo permitido por el artículo 29 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

Ante este escenario, se abren dos caminos legales: expulsar a un miembro para dar lugar a Salazar o modificar la integración para sumar al integrante número 22, lo cual implicaría contravenir el marco legal vigente. La presidencia de la comisión, en manos del diputado Julio Héctor Estrada, debe tomar una decisión que podría sentar un precedente para futuras integraciones.

El argumento de Salazar —acogido por el máximo tribunal—, reza que, al haber integrado la comisión en 2024 y representar a una bancada que actualmente cuenta con 39 diputados, equivalentes al 24.38 % del pleno, deberían tener derecho a ocupar cuatro espacios en la Comisión de Finanzas, y no solo los tres que actualmente poseen. Los miembros actuales de Vamos en esa sala son Duay Martínez, José Carlo Solano y Josué Edmundo Lemus.

Este conflicto refleja no solo el peso político que Vamos intenta tener dentro del Legislativo, sino también la importancia estratégica de la Comisión de Finanzas, dado que es la encargada de analizar y dictaminar temas cruciales como el presupuesto nacional, así como varios préstamos.

Las decisiones que se tomen en este contexto podrían reconfigurar el equilibrio interno de poder en el Congreso y marcar el tono de las negociaciones en lo que resta del periodo legislativo.

¿Y las sesiones extraordinarias?  

Al momento no hay una fecha definida para la convocatoria a sesiones extraordinarias. Se presume que podrían realizarse después del 15 de junio, aunque aún no está claro cuáles serán los temas que se incluirán en la agenda. Lo único seguro es que dar marcha atrás al incremento salarial no formará parte de las discusiones.

Esta estrategia ha resultado conveniente para los diputados, quienes han optado por dejar que las críticas se disipen con el paso del tiempo. Mientras tanto, continúan recibiendo su salario mensual de GTQ 66 300, sin mayores presiones, ni rendición de cuentas.  

El Ministerio de Gobernación vuelve a anunciar la implementación de un sistema de bloqueo de señal telefónica en las cárceles, una medida que ha sido planteada por administraciones anteriores desde hace más de 25 años, sin que hasta ahora se haya concretado.  

En la conferencia semanal del Ejecutivo, el nuevo director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez —lleva cuatro días en el cargo— reiteró que es para evitar la coordinación de actividades delictivas desde los centros penitenciarios. Sin embargo, la pregunta central sigue siendo: ¿qué hay de nuevo en esta propuesta?, ¿por qué esta vez sí funcionaría? 

Desde el gobierno de Óscar Berger o, más reciente, el de Jimmy Morales, distintas administraciones han asegurado que el bloqueo de señal sería una realidad, pero nunca se logró implementar. El problema no radica únicamente en la intención, sino en la viabilidad técnica y financiera de la medida.  

Históricamente, el Estado ha enfrentado obstáculos como la falta de presupuesto, y algo básico, la incapacidad de garantizar el suministro eléctrico necesario para operar los bloqueadores y la corrupción interna que facilita el ingreso de celulares a las cárceles. Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado cómo planea sortear estas limitaciones.  

Godínez enfatizó que los cambios en el sistema penitenciario no pueden seguir ignorándose. Y destacó tres ejes en su plan de trabajo: control interno, infraestructura y reinserción. Vale reiterar que ninguna de esas acciones es novedosa. Todos prometen y nadie cumple.  

Regresando a los bloqueadores de señal, el costo ha sido un impedimento en el pasado. Se sabe que en intentos anteriores, el gasto en infraestructura eléctrica necesaria para mantener los sistemas activos alcanzaba cifras difíciles de cubrir con en el presupuesto penitenciario. A esto hay que agregar falta de controles, que permiten que los reos usen teléfonos dentro de la prisión; claro, al pagar una cuota a las autoridades de las cárceles.  

Si el Gobierno pretende que esta vez la medida funcione, debe explicar cómo piensa superar estos obstáculos históricos. ¿Existen acuerdos con empresas de telecomunicaciones para sostener la inversión? ¿Se contempla una reforma estructural para garantizar la sostenibilidad del bloqueo? Hasta ahora, la iniciativa parece seguir la misma ruta que fracasó en administraciones pasadas. Sin claridad sobre el financiamiento y, mientras siga la corrupción,  los planes de Godínez quedan en eso. 

Agenda presidencial 

• 3 de junio: Viaje oficial a Asia

El presidente inicia una gira internacional que incluye visitas a Taiwán y posteriormente a Japón, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral, atraer inversión extranjera y consolidar relaciones diplomáticas y comerciales. 

Una investigación de  República revela que empresas vinculadas al caso B410 concentran casi la mitad de los proyectos judicializados, según informó el Ministerio de Comunicaciones. Los datos sugieren un posible sesgo de selección en la información entregada, que podría estar influida por el interés del gobierno en destacar avances en la lucha contra la corrupción. 

Por qué importa. Mediante el proceso de acceso a la información pública, República solicitó un listado de los proyectos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que se encuentran judicializados, no obstante, la naturaleza de los documentos plantea un posible sesgo de selección.

• Parte de la evidencia que apoya esta afirmación se deriva del hecho de que al menos 7 de dichas obras están involucradas en el caso B410, presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2024.
  
  

• El monto total vinculado a estos procesos es de GTQ 656M, de los cuales el 47 % de los recursos se les atribuyen a las empresas relacionadas con el caso, por un total de GTQ 307M. 
  
  

• Otra peculiaridad es que, pese a que todos los proyectos tienen un avance físico promedio de 44 %, el avance financiero supera el 77 %.  

Fisgón histórico. El 14 de agosto de 2024, la SAT denunció la existencia del caso B410, una red de empresas que habría defraudado al fisco por un monto superior a GTQ 300M. 

• Las autoridades identificaron que las entidades estaban registradas bajo un mismo representante legal, un mismo perito contador, un domicilio fiscal no localizado o en zonas rojas, una alteración de documentos tributarios y una relación de débitos/créditos menores a 0.01 %. 
  
  

• Entre 2021 y 2023, la estructura facturó más de GTQ 5.7M en ventas, GTQ 2.1M en transacciones a lo interno del grupo y GTQ 714M únicamente entre enero y junio de 2024.
  
  

• Ahora bien, debido a su peculiar modus operandi, estas empresas lograron penetran la estructura estatal a fin de garantizar las adjudicaciones para sus empresas, particularmente en el sector de construcción de infraestructura.  

Los datos. Uno de los contratistas que figura en el listado de los proyectos judicializados del CIV es Douglas Alexis Espinales Baños, relacionado al “mejoramiento del Instituto Básico Nacional de Educación” en Santa Lucía Cotzumalguapa por un monto de GTQ 32M. 

• Derivado del caso original, la SAT presentó el proceso denominado Eureka B410, en el que un proveedor individual defraudó al fisco por GTQ 6.9M. 
  
  

• Entre las empresas que representa este contratista destacan Affida Express, Construcción y Transportes Espiba y Transportes El Progreso que, en conjunto, han recibido adjudicaciones por más de GTQ 161M.
  
  

• El proceso judicializado refleja que tiene un avance físcio del 38 %, mientras que el avance financiero es del 90 %.  

Lo indispensable. Adicionalmente, existen dos empresas que también pertenecen a la red: Opción Técnica, S.A. y Alba Luz Duque Girón, quien también se identifica como Empresa XW.

• En este caso, Opción Técnica, S.A., a quien se le otorgó el proyecto para la construcción del Hospital de San Benito, Petén por un monto de GTQ 264M y cuyo avance físico es del 73 % y financiero del 81 %, se le señala de haber defraudado por GTQ 58M.
  
  

• Por su parte, Alba Luz Duque Girón está vinculada a cinco proyectos diferentes, tanto por remozamiento a escuelas en alta Verapaz y Zacapa, como por el remozamiento de un puesto de salud en Quiché, los cuales equivalen a más de GTQ 15M.
  
  

• A Duque Girón se le acusa de no haber pagado GTQ 1.125M en impuestos, pese a haber recibido más de GTQ 112M en adjudicaciones estatales desde 2006.   

En conclusión. Estos datos sirven como evidencia para afirmar la posible existencia de un sesgo de selección en los casos presentados por el CIV al solicitar la información. 

• Esto se debe a que, el caso B410, al presentarse como uno de los esfuerzos estrella de la administración de Arévalo, podría existir un esfuerzo por querer visibilizar los buenos resultados de su gestión.  

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso concluyó el proceso de integración de la nómina para dirigir la Superintendencia de Competencia (SC). Sin embargo, destaca que uno de los candidatos haya tenido señalamientos de honorabilidad.

En perspectiva. La Comisión publicó, en el Diario Oficial, el listado de los seis profesionales mejor calificados. Es la primera entidad nominadora en cumplir con esta fase. La Junta Monetaria (JM) y el Ministerio de Economía (MINECO) se encuentran en proceso de análisis de expedientes y pruebas.  

• Javier Enrique Bauer Herbruger, Jorge Alberto Santiago Chen Sam, Juan Carlos Rodil Quintana, Jorge Mario González Paz, José Ramiro Martínez Villatoro y Edgar Rolando Yax Tezo son los aspirantes de la lista.
  
  

• La Comisión incluyó a Rodil Quinta, uno de los dos candidatos que recibieron objeciones por motivos de honorabilidad —por hechos relativos a sus funciones como decano de la Universidad Da Vinci—. Caber señalar que las “tachas” fueron desestimadas por la Comisión.
  
  

• Cuatro de los aspirantes se postularon en las tres entidades nominadoras: Bauer Herbruger, Rodil Quintana, Martínez Villatoro y Yax Tezo. En el caso de Rodil Quintana, la Comisión acordó que será el pleno quien decida si procede o no su designación.

Sí, pero. Los seis aspirantes obtuvieron las notas más altas de los 32 profesionales que participaron. El promedio del punteo oscila entre 79 y 62 puntos. El ideal para los expertos era de 80 y 95; sin embargo, por ser un proceso nuevo, lo consideraron aceptable. 

• La Comisión utilizó la tabla de ponderación de méritos. El cuadro incluyó formación académica, experiencia en administración pública y competencia, plan de trabajo —50 puntos— y prueba de oposición —realizada por una universidad internacional con un valor de 50 puntos—.
  
  

• La mejor calificación la tiene Bauer Herbruger —tabla: 38 y prueba de oposición 41, total: 79— y Yax Tezo obtuvo la más baja de los primeros seis —tabla: 25 y prueba de oposición 37, total: 62—.
  
  

• Al analizar los resultados, se cuestiona que algunos de los seleccionados no tienen experiencia en la administración pública —el requisito era un mínimo de 2 años— y tampoco en publicaciones de competencia —docencia o autor en publicaciones—. Los puntos asignados a la experiencia de administración no eran acumulables.

Ahora qué. La nómina deberá ser conocida por el pleno, ellos deberán elegir al primer director titular y suplente para el directorio de la SC.  

• El Congreso se encuentra en periodo extraordinario de sesiones, por lo que se espera que la Comisión Permanente convoque a una sesión para que esta elección pueda ser incluida en la agenda.
  
  

• Faver Emilio Salazar, presidente de la Comisión de Economía, informó que en el expediente de Rodil Quintana se adjuntó la “tacha”, para que el pleno conozca y analice el señalamiento.
  
  

• Luego de la designación del director y suplente, se deben publicar todos los documentos relativos al proceso; por último, la toma de posesión de los directivos.

En conclusión. Corresponde al pleno la designación de dos de los miembros del Directorio —titular y suplente— y, siendo el Congreso el ente político por excelencia, se espera que la decisión obedezca a dichas dinámicas. 

• Como están repartidas las fuerzas en el Legislativo, queda por ver qué grupo prevalecerá.