¿Juego de Tronos?

¡Buenos días!

Ayer se celebró la primera reunión de la Comisión de Postulación para fiscal general, en medio de la justa crítica referente a la presidencia de esta; el artículo 251 de la Constitución indica que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien la dirige. Resulta que los 13 magistrados no se han podido poner de acuerdo desde octubre del 2025 y, por lo tanto, la ejerce supletoriamente el vocal I, Carlos Rodimiro Lucero Paz.

No es la primera vez que ocurre, pero precisamente que sea un asunto recurrente es sumamente preocupante. Los magistrados de la “Suprema” deben conocer y resolver sobre asuntos de trascendencia nacional; se esperaría que sean personas capaces de llegar a acuerdos, si no a consensos. Queda claro que la justicia no es su prioridad.

Ahora está en juego no solo la presidencia de uno de los organismos del Estado, sino la de la Comisión y, por supuesto, el influir en la designación de quien dirigirá el MP por los próximos 4 años.

Mientras eso sucede, hay incertidumbre sobre quiénes integrarán la Corte de Constitucionalidad; cabe recordar que en el proceso anterior para nombrar fiscal general, fue esta CC —la magistratura saliente— la que ordenó a aquella Comisión de Postulación —palabras más, palabras menos— incluir a la actual fiscal general, quien, a su vez, ahora busca una silla en la CC.

Sin poder determinar, a ciencia cierta, si lo que presenciamos los guatemaltecos es una especie del juego infantil de sillas musicales o se trata de una suerte de Juego de Tronos, con lo sangriento que sabemos que es.

Un total de 181 profesionales buscaban integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Comisión de Postulación (CP) excluyó cuatro expedientes incompletos y recibió más de 50 impedimentos de la sociedad civil. Hoy, 177 siguen en la carrera por una magistratura. El proceso revela cómo actores tradicionales buscan consolidar influencia sobre el árbitro electoral.

Por qué importa. La elección de magistrados del TSE incide directamente en la calidad del sistema democrático; organiza elecciones, fiscaliza partidos y valida resultados. El perfil de los aspirantes permite anticipar riesgos y oportunidades para la independencia institucional y la confianza pública en los procesos electorales.

• La CP recibió más expedientes que en procesos anteriores. Ya excluyó a quienes no presentaron papelería completa y analiza los impedimentos presentados por la sociedad civil.

• Entre los aspirantes figuran jueces, exmagistrados, funcionarios del TSE y abogados privados. El interés refleja la relevancia política y presupuestaria del cargo.

• El Tribunal impacta en derechos políticos, competencia partidaria y seguridad jurídica.

En el radar. Los perfiles muestran vínculos con partidos, operadores judiciales y casos de alto impacto. Figuran aspirantes ligados a Vamos, UNE, Valor, los extintos partidos FCN-Nación y Partido Patriota (PP). También aparecen candidatos vinculados a resoluciones polémicas, procesos penales o redes de influencia judicial.

• Douglas Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enfrenta señalamientos por el caso TCQ. Otros exmagistrados y jueces muestran decisiones cuestionadas por falta de independencia.

• Algunos observadores advierten que varios aspirantes “no han mostrado independencia”. Citaron a Roaldo Chávez, Benicia Contreras, Elvia Velázquez por vínculos políticos y resoluciones controvertidas.

• Destacan la participación de Alejandro Córdova, actual procurador de los Derechos Humanos. Ha sido objetado por una administración pasiva y complaciente con determinados grupos, como los pandilleros.

Entre líneas. El listado incluye magistrados actuales del TSE y suplentes que buscan reelección, pese a cuestionamientos y procesos pendientes. La participación récord sugiere reacomodos internos del sistema judicial. Actualmente, hay un contexto de correlación política favorable a corrientes dominantes desde 2017.

• Irma Palencia y Gabriel Aguilera buscan reelección, pese a investigaciones pendientes. Su candidatura genera críticas por el principio de idoneidad y la necesidad de resolver procesos antes de aspirar a nuevos cargos.

• Gilma Valladares y Wilber Castellanos Venegas figuran por una negociación anulada en 2019 para integrar las comisiones de postulación. La CC anuló ese proceso por violar la representación de minorías.

En conclusión. La CP debe definir mecanismos de depuración robustos. La selección final determinará si el TSE fortalece la institucionalidad o consolida redes políticas en el sistema electoral. La vigilancia de la sociedad civil será clave para garantizar independencia judicial y respeto a la ley.

• El mecanismo actual revisa expedientes y admite impedimentos, pero carece de filtros sustantivos de idoneidad, integridad y conflictos de interés, según observadores del proceso.

• La participación aumentó de 103 expedientes en 2020 a 181 en esta ocasión, con predominio masculino del 72 %. La alta afluencia refleja disputa por acceso al presupuesto público y poder electoral. 

Los diputados prevén concretar este martes la distribución de las presidencias de las 38 comisiones de trabajo del Congreso de la República. Aunque el punto figura entre los últimos de la agenda legislativa —lo que podría interpretarse como una señal de que aún no se han cerrado todos los consensos—, varios parlamentarios aseguran que el acuerdo se alcanzará durante la sesión plenaria de hoy.

De acuerdo con las consultas realizadas, la distribución no presentaría mayores cambios respecto al año anterior y la mayoría de las comisiones permanecerían bajo el control de las mismas bancadas.

Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, afirmó que su bancada espera mantener la presidencia de las comisiones que actualmente encabeza, entre ellas Finanzas Públicas, considerada la más codiciada por los diputados, ya que además de conocer iniciativas de endeudamiento, tiene a su cargo el análisis y dictamen del proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Cabal también preside las comisiones de Agricultura, Energía y Minas, Educación y Defensa Nacional, las cuales, según Aguirre, se mantendrían sin variación.

En cuanto a la comisión de Economía, se perfila para quedar en manos del partido Valor, aunque aún no está definido quién la presidirá. Una situación similar ocurre con la Comisión de Comunicaciones, debido a un acuerdo interno para dar oportunidad a los diputados interesados en dirigir una sala de trabajo.

La comisión de Salud, que el año pasado se convirtió en una de las más disputadas, quedaría bajo la presidencia de Visión con Valores (VIVA), según indicaron integrantes de la Junta Directiva. Cabe recordar que, tras la expulsión de Evelyn Morataya ese partido, debió dejar esa presidencia, por lo que Gerson Barragán podría asumir el cargo durante este nuevo período legislativo.

Otros temas  

La agenda legislativa de la sesión plenaria incluye, en los primeros puntos, el conocimiento en primer debate de varias iniciativas, entre ellas la ley de atención integral para la salud mental, la ley que reconoce el Día del Notario y la reforma al Código Municipal.

Asimismo, figura en segundo debate la ley del cine, así como la iniciativa para fortalecer el régimen de Previsión Militar y la dignificación de los jubilados. A esta lista se suma la ley integral para garantizar el acceso a una vivienda digna.

En la parte final de la agenda vuelve a aparecer la discusión de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, una iniciativa que ha sido postergada en sesiones anteriores. También se incluye, como uno de los últimos puntos, la ley del servicio exterior.

Hasta el momento, el Congreso ha aprobado únicamente cuatro decretos durante el 2026.