¿Justicia selectiva? No.

¡Buenos días! 

La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió dos fallos que causaron emociones encontradas entre quienes pretenden atribuirse el monopolio de la verdad. Pasó, inversamente, en cada grupo, según el fallo.

Primero, la CC determinó que lo resuelto por el juez Fredy Orellana respecto a la “nulidad absoluta” de Semilla era, a su vez, nulo; provocó los aplausos de muchos y la rabia de otros.

Sin embargo, días después, la misma CC otorgó un amparo provisional en donde le ordena al Congreso retomar la sesión fallida de la semana pasada —ininterrumpidamente, si es necesario— en la que se pretendió elegir primer secretario; se interrumpió porque el oficialismo bloqueó lo que seguro sería su derrota. Tácticas que antes criticaron. Ese fallo causó lo mismo que el otro, solo que en sentido contrario.

Y, precisamente para eso —y por ello— es que tenemos, como sociedad, tribunales, para dirimir controversias entre dos posiciones encontradas. Lo que pasa es que, en la “era de las redes sociales”, cualquier badulaque puede pretender erigirse como letrado o jurisconsulto. Válido, sí, pero no por ello meritorio de atención o, menos aún, escándalo.

Siempre habrá posiciones encontradas; lo importante es que se respeten los fallos —amén de la posibilidad de impugnación de casi todos—, y que los procesos y plazos constitucionales se cumplan, sobre todo cuando se refiere a organismos del Estado o entes de control.

El disenso se anima; cualquier otra cosa es berrinche. 

Petro quiso desafiar al imperio y terminó sin combustible, varado en Madrid, como un enemigo de Occidente en lugar del jefe de Estado que supone ser.  
 

En perspectiva. Durante una escala técnica en Madrid rumbo a Arabia Saudita, el avión presidencial colombiano fue rechazado para reabastecerse en el aeropuerto de Barajas, luego de que EE. UU. sancionara a Gustavo Petro bajo las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico.  

• La empresa encargada del suministro de combustible, temerosa de violar las sanciones, se negó a prestar el servicio.   

• Tras horas de tensas negociaciones con el gobierno español, el equipo de Petro consiguió autorización para repostar en una base militar cercana. 

• La imagen del avión presidencial colombiano retenido en Barajas es la metáfora perfecta del derrumbe político y geopolítico del presidente. 

Entre líneas. La sanción del 24 de octubre fue el golpe final de una guerra diplomática que Petro provocó con entusiasmo. Desde que llegó al poder, el colombiano apostó por ser la voz disidente de América del Sur frente a Donald Trump. Cuestionó las operaciones militares estadounidenses contra lanchas cargadas de droga, acusó a Washington de violar el derecho internacional y llamó públicamente a los soldados norteamericanos a desobedecer órdenes.  

• Petro subestimó la asimetría del poder. La Casa Blanca respondió divulgando que, bajo su mandato, la producción colombiana alcanzó su nivel más alto en décadas y el flujo de droga hacia el norte se disparó.  

• Trump lo desenmascaró como un “narcoterrorista de cuello blanco” cuya rebeldía sirve de advertencia para el resto del continente. 

Por qué importa. La consecuencia inmediata fue el aislamiento. Las aerolíneas temen abastecer su avión, los bancos congelan sus cuentas y hasta la España de Pedro Sánchez —su supuesto aliado ideológico— lo dejó esperando en la pista.  

• Colombia, el histórico aliado no-OTAN de EE. UU. en Sudamérica, ha pasado en dos años de ser el pivote regional de la seguridad hemisférica a un socio impredecible y sancionado.

• La cooperación en inteligencia y antinarcóticos, columna vertebral de la relación bilateral durante tres décadas, se encuentra en su punto más bajo desde los noventa. 

Visto y no visto. El costo interno es igual de severo. Petro ha perdido el favor de la clase media urbana que alguna vez lo vio como reformista, mientras las élites económicas observan con horror el deterioro de las relaciones con Washington, de las que dependen inversiones, mercados y asistencia militar. Su narrativa antiimperialista puede entusiasmar a sus bases más ideologizadas, pero Colombia paga —caro— en dólares el aislamiento luego de cada uno de sus discursos. 

• Aun así, Petro dobla la apuesta, anunciando que viajará a Nueva York “así no quieran recibirme”, pese a la revocación de su visa y a estar incluido en la lista Clinton.  

• Su plan es hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ofreciendo incluso su escaño a Palestina, “sabiendo que nos vetan”. 

• Lo que busca es implantar la narrativa de que él no es el narcopresidente del que se le acusa, sino una víctima de persecución política. 

En el radar. Las encuestas ya reflejan un desplome de su popularidad por debajo del 25 %. La izquierda ya busca reorganizarse para evitar una victoria conservadora en 2026, pero todo indica que pagarán los platos rotos de un presidente que rompió el consenso que sostenía la alianza más estable del continente con EE. UU. Petro jugó a ser el Che Guevara institucional, pero terminó reducido a una ridícula figura simbólica, sin poder de maniobra.  

• Su intento de independencia geopolítica frente a EE. UU. no construyó soberanía, sino que la puso de manifiesto como incapaz de plantar cara a las grandes potencias.

• Hoy, el presidente colombiano evidencia la aritmética del poder en la región. El pulso dejó claro que Washington sigue mandando, a pesar del descuido negligente de la década pasada bajo las presidencias demócratas. 

En Guatemala, la burocracia funciona como un impuesto regresivo que castiga la formalidad y frena la inversión. Cada trámite, sello y requisito evidencia un Estado que complica en lugar de facilitar. Medir este fenómeno, como lo hace el Índice de Burocracia 2025 (IB) —estudio—, es el primer paso para erradicarlo.  

• El análisis reveló que ministerios como Ambiente (MARN) y Trabajo (MINTRAB) son estructuras lentas, costosas y vulnerables a la corrupción. 

Por qué importa. Los trámites son necesarios para dar licitud en cualquier país. No obstante, el exceso de estos representa un obstáculo invisible que asfixia a las empresas. Investigadores del IB coincidieron en que “muchas veces se convierte en una barrera de entrada al mercado formal”.  

• Los datos revelaron que Guatemala ocupa el puesto 15 de 21 países analizados; se requieren 2283 horas para abrir un negocio debido a los trámites que solicitan 12 entidades. Mientras tanto, en Costa Rica, solamente se requieren 824 horas, y en El Salvador 790. 

• En promedio, una mediana empresa destina 1016 horas al año en cumplir los trámites burocráticos exigidos, explicó Sigfrido Lee, experto del CIEN. 

• Asimismo, mantener una empresa funcionando consume 1017 horas anuales. Lo anterior equivale a tener un empleado de medio tiempo dedicado a gestionar trámites burocráticos durante todo el año.   

Punto de fricción. El marcado contraste entre las entidades gubernamentales es evidente. Mientras unas pocas instituciones demuestran que la eficiencia es posible, la inoperancia de otras crea un cuello de botella que frena el potencial económico. Estas entidades siguen atrapadas en la ineficiencia. 

• La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emerge como un inesperado modelo de eficiencia. Pagar impuestos como el IVA o el ISR toma apenas 50 minutos al mes.  

• En el extremo opuesto, el MARN representa una barrera crítica. Obtener una licencia ambiental puede tardar entre 50 y 180 días. 

• El MINTRAB se consolida como otra entidad problemática. Trámites como el plan de prevención de riesgos laborales toman 33 días hábiles, sumándose a la pérdida de competitividad. 

Ecos regionales. El desempeño de Guatemala avergüenza frente a sus socios centroamericanos. Es evidente que la inacción local contrasta con los avances significativos de sus vecinos. El IB ilustra al país en una clara desventaja regional. 

• El Salvador se posiciona como un caso de éxito. Moisés Peñate explica que lograron reducir el tiempo de apertura a solo 790 horas, no con parches, sino mediante una “reingeniería completa” de procesos.  

• Este avance se atribuye a la implementación de la firma electrónica y la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Los cambios redujeron tiempos en un 52 %. Antes del 2023 eran necesarias 1644 horas; ahora solo 790. 

• Aunque Costa Rica (824 horas) enfrenta retos similares a Guatemala. El caso salvadoreño demuestra que es posible superar estos obstáculos con voluntad política y reformas estructurales. 

En conclusión. Es evidente que el tiempo que las empresas destinan a trámites no refleja cambios significativos. Urge la simplificación de los trámites para que la burocracia deje de ser un laberinto que limita el crecimiento y la sostenibilidad.  

• Se debe trabajar en una transformación digital que elimine la discrecionalidad y corrupción. Es decir, un proceso que, como advirtió Lee, va mucho más allá de “poner un PDF en una página web”, que no es digitalizar. 

• Es crucial una visión integral que involucre a los tres organismos del Estado y al sector privado para garantizar reformas sostenibles.  

Esta semana se perfila como decisiva para los bloques que buscan controlar el Congreso de la República. 

Qué destacar. De un lado, el grupo oficialista, conformado por quienes aún se identifican con el cancelado Movimiento Semilla, los que exploran una nueva plataforma en Raíces y otros aliados que buscan acercarse al Gobierno.  

• Del otro, la oposición, integrada por fuerzas diversas pero unidas en un objetivo común: reducir la influencia del Ejecutivo en el Legislativo.  

• El martes 4 de noviembre será el primer round, cuando se retome la elección del primer secretario, tal como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. No hay margen para evasivas: deben elegir.  

• Este paso abrirá la ruta hacia la elección de la Junta Directiva para el próximo período. ¿Se intentará adelantar esa elección mañana? Los rumores apuntan a que sí. Las cuentas indican que hay votos suficientes para avanzar. Todo parece inclinarse a favor de la oposición, que podría imponerse con fuerza, quizá por nocaut.

Lo que sigue. Tras superar las elecciones del primer secretario y de la Junta Directiva para el próximo período, los diputados vuelven a frotarse las manos por la distribución del presupuesto nacional, que inicialmente asciende a GTQ 163 000M.  

• El proyecto para 2026, pendiente de dictamen, marcará el inicio de las negociaciones antes de someterlo a discusión en el hemiciclo.  

• Ese debate puede prolongarse varios días o resolverse en una sola y maratónica sesión, como ocurrió el año pasado cuando, a medianoche, los congresistas se recetaron el polémico aumento salarial.  

• De nuevo será un pulso entre oficialistas y opositores. Y aunque todo apunta a que prevalecerán las transacciones políticas, la balanza parece ya inclinada. En 2024, ambos bandos cedieron y la herencia de aquel pacto fue clara: el salario de los 160 diputados pasó de GTQ 30 000 a GTQ 66 000. Ahora, con más recursos en juego, las tensiones siguen, pero el Gobierno parece que se quedó sin cartas para jugar. 

En el radar. El canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, regresó satisfecho de Washington tras lograr que la OEA reafirmara su respaldo al Gobierno de Bernardo Arévalo y ofreciera mantenerse vigilante ante los acontecimientos.  

• En Guatemala, el panorama parece estabilizarse: no se esperan nuevas acciones legales más allá de la cancelación del partido Movimiento Semilla, que llevó a Arévalo al poder. Ahora, la atención se centra en la Corte Suprema de Justicia, que analiza si abre un proceso disciplinario contra el juez séptimo, Fredy Orellana.  

• Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, solicitada por Guatemala bajo la Carta Democrática Interamericana, la OEA llamó al diálogo, la unidad y el respeto al orden constitucional. 

• Representantes de varios países expresaron su apoyo al gobierno; mientras, en Guatemala, el 29 de octubre, la Corte de Constitucionalidad anuló las resoluciones del referido juzgador. 

Ecos regionales. En los próximos días, llegará a Honduras la delegación de observadores de la OEA para acompañar las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.  

• La Misión de Observación Electoral desplegará 100 observadores en todo el país para dar seguimiento al proceso. Se hizo un llamado a partidos, instituciones y ciudadanía para asegurar un ejercicio democrático transparente. 

• Exalumnos de la clausurada UCA en Nicaragua se gradúan estos días en universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala, cumpliendo el sueño que la dictadura no pudo arrebatarles tras cerrar su alma mater. 

• Siguen muriendo personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador: al menos 448 fallecidos en 44 meses, la mayoría sin condena, lo que genera preocupación entre familiares y organizaciones. Instituciones advierten que estas muertes reflejan graves violaciones a derechos humanos y falta de control estatal.