La administración actual: más políticos, que técnicos

¡Buenos días!

Hay ministros, y ministros. Aclarando que se usa el masculino para referirse a la colectividad —la “corrección política” se escandaliza—, hay algunos que tienen un perfil técnico, y otros, político.

Cuando en un gobierno prevalecen los primeros, existe más certeza de la ruta que tomará la administración; cuando son los segundos los que dominan, la zozobra impera. No se sabe “por dónde saltará la liebre”.

Hay muchas muestras ya, en los 18 meses de este Gobierno, de que la carga político-ideológica es avasalladora.

En el boletín de hoy encontrarán dos huellas de “la liebre”, para continuar con la alegoría.  

En la Sierra de Santa Cruz, Izabal, un conflicto entre instituciones públicas, comunidades locales y una empresa minera se intensificó en torno a 10 licencias ambientales otorgadas en 2023 —durante el gobierno de Alejandro Giammattei— por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para proyectos de minería metálica.  

• Aunque las licencias siguen vigentes, el MARN evalúa su posible revocatoria tras inspecciones realizadas en mayo. La empresa titular de seis de los proyectos, Río Nickel S. A., rechaza las acciones del ministerio y denuncia presiones políticas y sociales.

Punto de fricción. Los 10 proyectos —ocho de exploración y dos de explotación— cuentan con el aval ambiental, pero no con licencias de operación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), responsable de autorizar la actividad minera. Según ambas instituciones, ningún proyecto está autorizado para hacer trabajos de campo. 

• Están en una región ambientalmente sensible, identificada por comunidades como fuente de agua para al menos 54 poblados. En abril, líderes comunitarios trasladaron su preocupación a diputados distritales.
  
  

• En respuesta, el MARN se comprometió a realizar inspecciones, mismas que se efectuaron en mayo.
  
  

• El informe final se entregó el 16 de junio, pero no fue leído en las comunidades por ausencia de autoridades locales, lo que provocó manifestaciones y disturbios días después.

Detrás de escena. Durante las inspecciones, el MARN detectó calicatas —excavaciones usadas para exploración— en dos proyectos: Santa Anita y Santa Anita II. Consideró que estas intervenciones podrían ser ilegales, ya que los proyectos no cuentan con licencia minera. El 10 de junio, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, invocando el artículo 346 del Código Penal sobre explotación ilegal de recursos naturales.  

• Río Nickel niega cualquier intervención y atribuye las calicatas a trabajos antiguos de otras compañías. Además, critica el procedimiento de inspección, la participación de organizaciones no gubernamentales y la ausencia de orden judicial para ingresar a propiedad privada.
  
  

• El caso revela falta de coordinación entre el MARN y el MEM, que asegura no haber sido notificado oficialmente.
  
  

• El director de Minería, Julio Luna, aclaró que las licencias están en trámite y que sin permiso del MEM no puede haber extracción legal. También recordó que falta la consulta a pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT. 

El otro lado. Antonio Morales, encargado de relaciones públicas de Río Nickel, recalca que la empresa se encuentra en etapa estricta de tramitación y no cuenta con licencias operativas. Sostiene que las normas deben ofrecer certeza jurídica y que “no hay ninguna licencia otorgada […] ni de exploración, ni de explotación”. Por tanto, carecen de facultad legal para ejecutar actividades mineras. 

• Morales considera que, debido a la falta de licencias y consulta, “todavía no nos corresponde informar del proyecto, porque no hay proyecto”.
  
  

• Subraya que las licencias ambientales representan únicamente una viabilidad preliminar y no autorizan acciones sobre el terreno.
  
  

• Criticó que el MARN plantee una posible revocatoria con base en hallazgos “inconclusos”, y cuestionó que “cualquier incomodidad social o política” pueda detonar acciones administrativas que afectan la certeza jurídica y desalientan la inversión.

Lo que sigue. La ministra Patricia Orantes defendió el derecho de las comunidades a expresar su preocupación y reiteró que el proceso se apega a la ley.  

• El MARN comunicará su decisión el 30 de julio. Si revoca alguna licencia, el MEM podría actuar en consecuencia.
  
  

• El caso revela tensiones entre la vía administrativa, los derechos comunitarios y la confianza en las instituciones. Mientras la empresa argumenta que no hay proyecto jurídicamente vigente, las comunidades temen los impactos de una eventual explotación.
  
  

• El desenlace marcará un precedente sobre cómo el Estado equilibra desarrollo económico, protección ambiental y gobernanza. 

A 20 días de que venza el contrato de la empresa Perenco, el oficialismo intenta resolver un asunto que debió haber abordado con la debida antelación. La inacción podría explicarse por la postura que el presidente Bernardo Arévalo expresó en 2024, cuando afirmó que el contrato no sería renovado. Esta posición probablemente complicó las negociaciones y redujo el margen para una salida ordenada.

Por qué importa. Guatemala no tiene experiencia en la gestión de campos petroleros, por lo que inevitablemente deberá contratar a una empresa especializada para el cierre técnico de 61 pozos. Además, se enfrenta al desafío de garantizar el suministro de asfalto, ya que Perenco produce el 90 % del asfalto que se utiliza en el país. 

• Ante el estancamiento que hay en el Congreso desde hace meses, el Ministerio de Energía y Minas emitió un acuerdo ministerial para contratar a una empresa, lo que implicaría un desembolso millonario para el Estado.
  
  

• No obstante, la principal apuesta parece ser una reforma a la Ley de Hidrocarburos, promovida por la facción liderada por José Carlos Sanabria y que podría prorrogar el contrato de Perenco por ocho años más, con el objetivo de que se encargue del cierre y garantice la restauración ambiental.
  
  

• El reto es conseguir los votos necesarios para que la iniciativa entre en vigor antes del 12 de agosto, fecha en que vence el contrato petrolero.  

Datos clave. La iniciativa está firmada por José Carlos Sanabria y Victoria Godoy. Tiene fecha de entrega el 14 de julio y consta de ocho artículos.  

• Uno de los artículos establece condiciones transitorias a contratos vigentes. “Para los contratos, que a la entrada en vigor de la presente ley, ya hayan sido prorrogados, cuyo plazo de vigencia esté a menos de 18 meses de finalizar y que carezcan de un plan de cierre, desmantelamiento y abandono del área de explotación de operaciones petroleras para la restauración ambiental [...] podrá otorgar una última prórroga de hasta ocho años”, detalla.
  
  

• La propuesta también introduce una nueva fórmula de reparto petrolero, con énfasis en programas sociales y en los gobiernos locales. Según la propuesta, el 40 % del ingreso se destinaría a ministerios para programas sociales, el 30 % a los departamentos productores, el 10 % a los Consejos Departamentales y el 20 % a entidades de conservación. Sin embargo, no está claro cómo se fiscalizará el uso de estos recursos.
  
  

• Se deben dirigir a infraestructura, desarrollo rural, energías renovables, turismo sostenible e inversión social, de acuerdo con lo establecido en el texto.

En el radar. Sanabria confirmó que están buscando los consensos con las distintas bancadas.  Luis Aguirre (Cabal) confirmó el acercamiento y, aunque dijo que están anuentes a apoyar, cree que “van tarde”. 

• Cristian Álvarez, (Creo), indicó que aún no ha habido acercamientos formales y coincidió en que el tiempo juega en contra.
  
  

• Otros diputados, que prefirieron no ser identificados, afirmaron que no han sido contactados y que, de haber apoyo, este podría depender de negociaciones políticas.
  
  

• Algunos legisladores consideran que lo más práctico sería retomar el proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, el cual ya superó la segunda lectura, lo que facilitaría realizar enmiendas sin empezar desde cero.  

En conclusión. El tiempo apremia y el dilema petrolero revela la falta de previsión y voluntad política para anticiparse a un problema anunciado.  

• Lo que está en juego no es solo un contrato, sino la capacidad del Estado para gestionar con responsabilidad sus recursos estratégicos.