¡Buenos días!

Los políticos, en campaña, mienten. Ya sea por ignorancia, o por desfachatez. Bernardo Arévalo y su Gobierno no son distintos, solo queda por verse si es por la primera o segunda razón.

Casi todos lo hacen, pero es memorable la admisión del entonces presidente Alfonso Portillo, que lo reconoció —en un arrebato de honestidad— públicamente. Dicho sea de paso, uno de los expolíticos que mejor recepción tienen, aún, en el imaginario colectivo. De esas incoherencias de la democracia latinoamericana.

Y es que, en la mayoría de los casos, esa es la “demanda” política. Los votantes están ávidos y receptivos a promesas —y propuestas— vacuas. La desesperación popular es tal, que pareciese que están dispuestos a ser engañados, con la esperanza de que más de algo les cumplan.

Mientras la oferta política vaya detrás de esa demanda, no hay solución. En algún momento —pronto— deberá haber candidatos dispuestos a decir verdades incómodas y emitir propuestas reales, y que logren ser elegidos.

¿Está el pueblo guatemalteco dispuesto a ello? Veremos. 

Congreso, un nido de descaro

En un país como Guatemala, donde son muchos los rezagos y las soluciones son urgentes —desde la reparación de carreteras hasta la lucha contra la corrupción—, el Congreso de la República debería ser el bastión de la democracia y servicio público.  

Sin embargo, el panorama es desolador: una mayoría de congresistas están sumidos en la inactividad, la impertinencia y una alarmante falta de calidad profesional y ética. Esta realidad no solo frustra las expectativas de los ciudadanos, sino que evidencia una profunda desconexión entre los diputados y sus electores, donde los legisladores parecen llegar al poder no para servir, sino para servirse. 

A lo largo de este año, las sesiones parlamentarias —cuando las hay— se prolongan en discusiones estériles, mientras iniciativas de ley vitales, languidecen en los cajones. La mayoría de los diputados han priorizado intereses políticos, sobre avances concretos.  

Esa parálisis no es casual; es el resultado de un cuerpo legislativo más enfocado en aumentarse desmedidamente el sueldo, que en legislar para el bien común. ¿Cuántas iniciativas han sido aprobadas en beneficio real del pueblo? Muy pocas, si es que alguna. 

Pero la inactividad palidece ante la impertinencia que exhiben algunos diputados en sus funciones, particularmente en las fiscalizaciones y citaciones a funcionarios públicos. Un ejemplo escandaloso ocurrió esta semana, durante una citación al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. El diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, no encontró mejor forma de expresar su “protesta” por el estado de las carreteras que lanzando una llanta sobre la mesa, rebotando y golpeando objetos cercanos al ministro. Este incidente no es una anécdota aislada, sino un síntoma de la vulgaridad que ha invadido el Legislativo. ¿Es esta la forma en que un representante del pueblo debe conducirse? Esos comportamientos no solo degradan la institución, sino que distraen de los problemas reales, convirtiendo al Congreso en un circo. 

Existe un Código de Ética del Organismo Legislativo que exige decoro, honradez y responsabilidad; letra muerta. La Junta Directiva (JD) debe velar por la conducta de los diputados; sin embargo, la realidad muestra un patrón de incumplimientos, desde insultos mutuos hasta conflictos de interés.  

Pero si algo resume la desconexión aludida, es el descarado aumento salarial que los diputados se autorrecetaron a inicios de este año, pese a las críticas generalizadas de la ciudadanía. En febrero, elevaron su sueldo hasta GT Q66 000 mensuales, y montos más altos para miembros de JD. El incremento provocó un rechazo masivo, con protestas y llamados a derogarlo desde diversos sectores. Los diputados han puesto oídos sordos.  

Todo ello es el resultado de un sistema que permite que el parlamento se llene de escoria, de individuos motivados por privilegios y negocios personales en lugar de por el servicio público. Un cambio es urgente. Se insta a los mejores de la sociedad —profesionales íntegros, líderes comunitarios, intelectuales comprometidos— a participar activamente en la política. Solo así se evitará que el Congreso siga siendo un refugio para oportunistas.

El uso de drones creció exponencialmente en los últimos 10 años. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desde 2015 se han registrado 3208. En 2013 se implementó una normativa para regular a estos dispositivos, que resulta obsoleta, sin sentido, y carente de supervisión efectiva.

Por qué importa. Los dispositivos registrados —y los no registrados— operan en un cielo sin vigilancia real. Esto afecta la aeronavegabilidad, la privacidad ciudadana y la seguridad nacional; la Policía Nacional Civil (PNC) tiene una unidad de drones de vigilancia. 

• El manual de Regulaciones de Aviación Civil —la RAC 101, de julio de 2013— regula el uso de esos aparatos. Sin embargo, no contempla los avances tecnológicos de los últimos años.
  
  

• Entre ellos, los vuelos autónomos, las geomallas y la transmisión de video en vivo. Por cierto, tecnologías que también utilizan las pandillas para ejercer un monitoreo de las áreas que controlan.
  
  

• La falta de inspecciones por parte de la DGAC permite que muchas operaciones perniciosas de drones pasen inadvertidas, sin registro ni sanción. Un vacío que aprovechan los grupos criminales.

Visto y no visto. Aunque los drones operan en múltiples sectores y espacios públicos, la mayoría de los usuarios evade trámites, desconoce las restricciones y actúa en un vacío normativo. Las autoridades lo reconocen, pero no implementan mecanismos efectivos. 

• Es común observar drones sobrevolar en procesiones, manifestaciones y bloqueos. Incluso, en áreas restringidas, como las instituciones de gobierno, embajadas y hospitales.
  
  

• La DGAC exige un permiso para sobrevolar con al menos 10 días hábiles antes de hacerlo. Lo mismo aplica para los 6 km a la redonda del Aeropuerto Internacional La Aurora.
  
  

• No obstante, la DGAC no fiscaliza el cumplimiento del permiso. La razón: no hay protocolos claros ni capacidad técnica para hacerlo.

Sí, pero. No existe inspección para identificar a los drones que no tienen su papelería en orden. La dependencia encargada de hacerlo es el Departamento de Vigilancia de la Seguridad Operacional (DVSO) de la DGAC, pues el mandato que tienen es el de la certificación, vigilancia y regulación de estos dispositivos. 

• Las funciones asignadas al DVSO se limitan, en la mayoría de los casos, al trámite documental y no a la verificación técnica de operaciones reales.
  
  

• Diversas entidades del Estado, según el portal de Guatecompras, han incrementado su cantidad de drones, y las adquisiciones continúan.
  
  

• Actualmente, hay siete concursos vigentes y en evaluación. Por ejemplo, Gobernación, comprará seis drones para el Departamento de Informática de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC.

En conclusión. La proliferación de drones sin inspección efectiva debilita la capacidad del Estado para controlar el espacio aéreo. Además, de no poder responder ante usos indebidos, incluidos aquellos vinculados a grupos criminales o espionaje. 

• Sin inspecciones ni vigilancia operativa, los permisos exigidos por la DGAC quedan en la teoría y no se materializan en la práctica.
  
  

• La expansión del uso de drones por entidades del Estado ocurre sin una política pública eficiente. Eso crea riesgos de uso discrecional o indebido. 

El Gobierno de Bernardo Arévalo replica las acciones que criticó de sus antecesores: Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Cercó las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, inmediatamente al desalojo de maestros. Estos se instalaron para presionar al Ministerio de Educación —Mineduc— por un incremento del 15 %.

Por qué importa. En la campaña electoral, a gritos, el Movimiento Semilla propuso ser un “Gobierno de puertas abiertas” y accesible al diálogo para resolver los conflictos. Sin embargo, a 18 meses de asumir, ha quedado en promesa.   

• Las medidas tomadas para desalojar el Palacio Nacional de la Cultura —Patrimonio Cultural—, tienen sustento legal. Las barricadas, aunque temporales, contradicen lo ofrecido por Semilla.
  
  

• Cumplir con una promesa de campaña refuerza la credibilidad y confianza de la población hacia las autoridades, principalmente en un partido nuevo.
  
  

• Tener claros los compromisos de campaña evita que ya inmerso en el ejercicio, lo planteado se convierta en absurdo, sino que en la práctica a veces provoca ingobernabilidad.

Hemeroteca. En los gobiernos de Morales, y Giammattei, se mantuvieron las vallas metálicas frente al Palacio Nacional y Casa Presidencial, por las constantes manifestaciones.   

• Fue evidente el incremento y la permanencia de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).
  
  

• El 19 de enero de 2024, una de las primeras acciones del partido de Gobierno, fue retirar las vallas metálicas del Palacio.
  
   

• En aquellos momentos, indicaron que eran “gestos pequeños que reflejaban la determinación del gobierno de eliminar barreras físicas y simbólicas, además, de promover una conexión con ciudadanía”.

Voces. Liwy Grazioso Sierra, la titular del Ministerio de Cultura, lamentó usar los cercos metálicos, “porque somos Gobierno de puertas abiertas”. Justificó la medida para verificar los daños al edificio.   

• “Las calles del país no deberían ser para este tipo de manifestaciones [...] es importante respetar el perímetro del Palacio Nacional. Una cosa es la libertad de expresión, otra pasarse más allá”, indicó.
  
  

• Es inevitable tomar acciones cuando se afectan los derechos constitucionales. Por esa razón, los candidatos deben ofrecer compromisos con respaldo y ejecutarlos. “Genera confianza y credibilidad”.
  
  

• “No es el primero que incumple sus ofertas. Muchos políticos se venden para sumar votos, y después no saben actuar. Ya en el cargo revierten totalmente lo que dijeron”, aseveró Francisco Quezada, experto del CIEN.

En conclusión. El “Gobierno de puertas abiertas” parece solo un discurso, no puede sostenerse con gestos simbólicos, como ocurrió el 19 de enero de 2024, cuando las decisiones contradicen lo prometido, la narrativa se debilita y la legitimidad se erosiona.  

• No solo en ello, el Gobierno ha demostrado limitar el acceso “del pueblo”. Los periodistas han encontrado un sinfín de limitantes para acceder a funcionarios, o a información oficial.
  
  

• Al final, gobernar exige más que buenas intenciones. Obliga a demostrar que es posible mantener el orden y la apertura, sin apagar la voz ciudadana ni limitar la labor periodística.