La corrupción mata; también matan los autócratas

¡Buenos días! 

El boletín de República Política de hoy es informativo, como impactante. Un hilo sobre el escalofriante caso de un muy probable asesinato político en El Salvador muestra –una vez más– cómo los autócratas no conocen límites. Señales de lo que viene para los salvadoreños. 

Guatemala no se queda atrás en escándalos. La muy cuestionada compra del sistema TREP por parte del TSE es uno de ellos. La hipótesis es que estuvo groseramente sobrevalorado, al punto que se persigue penalmente a cuatro magistrados y un juez ha detenido los pagos a la empresa. La Contraloría General de Cuentas –siempre tardíamente– presentó una denuncia por ello. El caso se debe dilucidar. 

Finalmente, el boletín les trae una reseña de un documental presentado ayer por la Cámara Guatemalteca de la Construcción.  

El material audiovisual ilustra muy bien los efectos y los mecanismos de la corrupción en la construcción de obra pública. Les recomiendo verlo en las redes sociales de Naranja Media y de algunos selectos medios.  

Gracias por su suscripción y lectura. 

En este boletín:

•La sospechosa muerte del primer preso político en El Salvador

•Exdirectora de Finanzas del TSE renunció por rehusarse a pagar el TREP

•Reseña documental

Luis González
•La sospechosa muerte del primer preso político en El Salvador
770 palabras | 4 mins de lectura

Alejandro Muyshondt falleció bajo circunstancias extrañas, pagando el precio de denunciar la corrupción de un gobierno dictatorial. 

Panorama general. De acuerdo con fuentes del gobierno, el pasado 7 de febrero falleció el ex asesor de seguridad —y amigo personal— de Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt. Las mismas fuentes indican que murió debido a un “edema pulmonar”, sin embargo, su familia y representantes legales aseguran que fue asesinado.  

• Fue capturado el 9 de agosto de 2023, acusado de filtrar información de Casa Presidencial, facilitar la fuga del expresidente Mauricio Funes a Nicaragua y de ser fuente de periodistas. 

Hemeroteca. Muyshondt inició su trabajo para Bukele cuando era alcalde y fue una de las piezas clave para su ascenso hasta la presidencia. Alejandro fungía una tarea clave: hurgar el pasado de los rivales y personajes cercanos al autócrata.  

• La información recabada servía para nutrir los medios digitales pro-Bukele —como Sociedad Civil y El Blog—, además de cuentas troll en redes sociales y voceros como Walter Araujo.  

• Toda la información se difundía a través del asesor más importante de Bukele y actual secretario de prensa: “Neto” Sanabria, quién también fue asesor del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009). 

• Una vez en el poder, Bukele nombró a Muyshondt como asesor de seguridad en Casa Presidencial. 

Entre líneas. Poco antes de su captura, el ex agente de la DEA, Danny Dalton, se inscribió ante el Departamento de Justicia de EE. UU. para trabajar para el ahora difunto. Su función era recibir “información sobre corrupción y tráfico de drogas” en El Salvador y hacerla llegar a senadores y congresistas. Muyshondt empezó a denunciar a funcionarios como los diputados oficialistas Christian Guevara y Erick García, además del propio “Neto” Sanabria. 

• Guevara —Jefe de Bancada de Nuevas Ideas— apareció en la Lista Engel poco tiempo después de acusar a Muyshondt de amenazarlo. Alejandro denunció a García por nexos con el narcotráfico y falsificar documentos para lavado de dinero.  

• García perdió su antejuicio e irá a juicio por falsedad ideológica debido a una acusación de la Fiscalía General de la República.

• Muyshondt también reveló las cuentas de compras lujosas de Sanabria, que no concuerdan con su salario como funcionario público. El secretario de prensa también terminó siendo nombrado en la Lista Engel.  

Sí, pero. Tras su captura, la familia denunció no tener conocimiento de su paradero. En octubre de 2022, el medio salvadoreño El Diario de Hoy publicó una imagen de Muyshondt en una cama de hospital tras sufrir un derrame cerebral. Tras enterarse de su fallecimiento, la familia y su abogada, Lucrecia Landaverde, denunciaron no poder darle sepultura debido a que el hospital no tenía su acta de defunción. 

• La falta del acta exacerbó las sospechas de que Muyshondt no falleció ni recibió atención en el hospital donde se encontraba, además de tener hematomas y señales de tortura.  

Voces. La abogada levantó la acusación de que Muyshondt fue asesinado por el gobierno y que, incluso, había muerto mucho antes de lo indicado por la versión oficial. Afirmó que “tiene costuras antiguas de la autopsia, el cabello crecido y la barba también. Pero, además, su piel tenía un aspecto plastificado (...) cuando inspeccionamos con detalle, el cuerpo estaba en proceso de descongelamiento”. 

• “El cuerpo tiene múltiples agujeros, como si se los hubiesen propiciado con un arma punzocortante similar a un picahielo o destornillador. Tiene las costillas rotas y el hueso del omóplato fuera de su lugar, tiene lesiones internas en la boca, entre otras tantas”. 

• Landaverde también indicó que recibieron el cuerpo sin órganos, pero que no tenían terminado el documento de la autopsia. Poco antes se les había indicado que no se le había practicado ninguna autopsia.  

• De acuerdo con la familia, Muyshondt fue torturado y asesinado, tras un intento fallido de lobotomía con el fin de evitar que compartiera información confidencial.  

En conclusión. Muyshondt no es el primer preso en morir bajo custodia del Estado. De acuerdo con la organización pro-derechos humanos, Cristosal, hasta 153 personas han fallecido en prisión desde el inicio del Régimen de Excepción. Un 49% ha fallecido por algún tipo de muerte violenta, un 16% por muerte natural o patológica (privados de atención médica) y del resto no se tiene información.  

• Se estima que el número es mucho más alto, puesto que familiares de capturados denuncian la desaparición de sus parientes, quienes se cree que han sido asesinados y enterrados en fosas clandestinas.  

• Ernesto Muyshondt –el exalcalde y primo de Alejandro– es uno de los presos políticos de la dictadura y se ha convertido ya en el siguiente rival de Bukele en ser correr riesgo de ser asesinado por la dictadura. 

Luis González
•Exdirectora de Finanzas del TSE renunció por rehusarse a pagar el TREP
780 palabras | 4 mins de lectura

Amélida Pineda Yumán, quien fungió como directora de Finanzas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del 4 de junio de 2020 al 17 de agosto de 2023, no renunció por problemas de salud, dejó el cargo por negarse a pagar el TREP.

En perspectiva. Durante más de tres años, Pineda dirigió la dependencia encargada de avalar los desembolsos en el TSE, pero dos días antes de la segunda vuelta electoral de 2023 presentó su "renuncia irrevocable".

• En aquel momento se indicó que la funcionaria dejaba el puesto por “motivos personales”, específicamente por problemas de salud que se agravaron durante el año de las elecciones generales, un periodo de alta exigencia para los empleados del TSE. 

• Sin embargo, la versión de Pineda es diferente. Indicó que se retiró por negarse "rotundamente" a pagar parte de los Q148.8M del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), según consta en un documento al que se tuvo acceso. 

• Antes del 17 de agosto de 2023 no se había cancelado un solo centavo a la empresa Datasys. No están claras las razones sobre el atraso en los pagos, debido a que el proveedor del TREP, para ese entonces, ya había cumplido con la pruebas y el uso del sistema durante la primera vuelta electoral. 

Por qué importa. La decisión de la exdirectora de Finanzas genera más dudas sobre los señalamientos de una posible sobrevaloración en la compra del TREP. 

• Aunque Pineda no explica por qué se opuso a pagar, en el documento enfatiza que no estuvo de acuerdo con avalar el desembolso y por ello renunció. Los magistrados aceptaron su decisión y, un día después, el TSE canceló Q104.2 millones a Datasys. Este procedimiento fue avalado por quien sustituyó a la exfuncionaria. 

• Además de subrayar el motivo de su dimisión, la extrabajadora del TSE responsabilizó a los magistrados de haber comprado el TREP bajo un "proceso de excepción". Este punto también fue cuestionado por la Contraloría General de Cuentas, que objetó el gasto y planteó dos denuncias en el Ministerio Público por "adquisición de equipo innecesario". 

• La acción penal es contra los magistrados Gabriel Aguilera Bolaños, Irma Palencia Orellana, Mynor Custodio Franco Flores, Ranulfo Rojas Cetina, Álvaro Ricardo Cordón Paredes y el director de Informática Jorge Santos Neill. Los delitos señalados son abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. 

Si, pero. Tras la auditoría realizada por la Contraloría, se hallaron varias "irregularidades" que fueron informadas a la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro. 

• Hubo falta y deficiente planificación en la compra del sistema informático. El TSE dispuso de Q500 millones y todo el 2022 para realizar el proceso, pero lo inició hasta diciembre de ese año. Esta situación derivó en la cuestionada compra del TREP. 

• El contrato indica que el proveedor debió entregar el "código fuente" y una licencia de uso "perpetuo" del programa informático ofertado, pero la empresa PoderNet  (subcontratada por Datasys) "se reserva los derechos de autor sobre el programa. El TSE en realidad recibió una copia del código fuente y no es dueño exclusivo del mismo, debido a que PoderNet podrá seguir comercializando y adecuando el programa a diferentes órganos electorales", indicaron los contralores. 

• Otro hallazgo, que llevó a la denuncia penal, fue la compra de 8,676 computadoras por valor de Q73.5M. El señalamiento detalla que, de ese lote, 1,251 se usaron para actividades ajenas al proceso electoral, 304 fueron configuradas para el TREP pero no se utilizaron ni enviaron a los centros de votación, 916 solo se usaron para reclutar a digitadores y 606 no fueron utilizadas (están empacadas). 

En conclusión. La declaración que la exdirectora de Finanzas del TSE hizo constar, lleva a especular sobre posibles acciones al margen de la ley en la adquisición del TREP. Como lo indicó la Contraloría al momento de presentar la denuncia, esta adquisición no tiene relación con los resultados electorales, pero se debe investigar. 

• La convicción de Pineda fue resistirse a hacer el pago. ¿Por qué razones? no se especifican en el documento. Pero si a ello se agrega el voto disidente de la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, aumentan las dudas sobre el proceso. 

• Alfaro no está incluida en estas denuncias. Tampoco ha explicado con detalles por qué se opuso a avalar la compra del TREP que se concretó el 23 de febrero de 2023. 

• "El pleno de magistrados avaló y aprobó la adquisición de la solución informática para el evento electoral de 2023, sin contemplar un gasto eficiente, efectivo y equitativo en referencia a los costos de los componentes tecnológicos que integraban dicha solución la cual sobrepasa la necesidad real, factor que repercutió en adquirir una solución elástica de la infraestructura tecnológica con respecto a las necesidades cuantitativas y realidad del evento electoral, sin considerar  el modelo tecnológico...", así concluyó el informe de la Contraloría.