¡Buenos días!

Durante décadas, la gestión en los puertos del país ha dado mucho de qué hablar: desde la contratación de personal, hasta la contratación de grúas y servicios que, más que favorecer el comercio internacional y al erario, benefician a particulares con conexiones.

La Empornac lanzó una licitación para adquirir equipo y servicio de biometría, algo esencial para resguardar el recinto portuario y el resto de las instalaciones. Sin embargo, según una investigación de República, el evento tiene “maña”; todo apunta a que va con dedicatoria.

Desde el diseño de las bases de licitación, se identificaron una serie de requisitos en los que encuadra solo uno de los interesados —registros en varias categorías de proveedor, que no son necesarias para el evento—, además de modificaciones tardías a las bases, dificultad de acceso a otros interesados, documentos suscritos por la Gerencia General, cuando debieron ser autorizados por la Junta Directiva, etc.

El Gobierno de Bernardo Arévalo está haciendo esfuerzos por “sanear” la operación de los puertos, llegando a suscribir convenios para construcción de infraestructura e, incluso, control de seguridad con entidades del gobierno de EE. UU. Mal haría Arévalo en dejar pasar este asunto, así como está.

Como dice el dicho: si camina como pato, nada como pato, y hace ¡cuack!, seguramente es pato. Mientras en la Empornac hay patos, en el Gobierno pareciera que apenas arrean pijijes. 

La unión hace la fuerza

Los recientes sismos que han sacudido Guatemala, dejando un saldo de al menos tres vidas perdidas y cuantiosos daños materiales, han puesto a prueba una vez más la resiliencia de nuestra nación. En medio de la preocupación, el dolor, y la incertidumbre, debe emerger un sentimiento que nos recuerda quiénes somos: un pueblo capaz de unirse frente a la adversidad. Quienes vivieron el terremoto de 1976 pueden dar buena cuenta de ello.  

Hace apenas unos días, se celebraba a nuestra selección de fútbol en la Copa de Oro, un momento que llenó a los guatemaltecos. Ese espíritu de unidad, que nos llevó a vibrar, debe ahora ser el faro que guíe nuestra respuesta ante la tragedia.

En tiempos de crisis, las diferencias políticas e ideológicas, que tanto nos dividen, deben quedar en pausa. La emergencia no distingue colores partidistas ni creencias; afecta a todos por igual.  

Por eso, es importante hacer un llamado a los guatemaltecos para que, inspirados por ese orgullo patrio que nos unió en la cancha, trabajemos juntos en la reparación de los daños. Se debe apoyar a las autoridades en su labor de atender a los damnificados, distribuir ayuda y coordinar esfuerzos.  

Pero el apoyo no es un cheque en blanco: se debe exigir que cumplan su deber con transparencia, eficiencia y compromiso. Politizar la tragedia, como algunos ya intentan, es una traición al dolor de las víctimas y al esfuerzo colectivo.

A la oposición, la instamos a que deje de lado sus intereses particulares y actúe con la responsabilidad que los ciudadanos —sus votantes— merecen. Su rol no es solo señalar errores, sino contribuir con propuestas y acciones concretas en favor de los afectados.

Este no es momento para cálculos electorales, sino para demostrar que el bienestar de Guatemala está por encima de cualquier agenda. La historia nos ha enseñado que, cuando nos unimos, somos capaces de superar los mayores desafíos. El trabajo en equipo de nuestra selección nos lo recordó: con disciplina, pasión y compromiso, los obstáculos se convierten en oportunidades para crecer. 

Hoy, más que nunca, necesitamos convertir esa chispa de esperanza en un fuego que ilumine el camino hacia la recuperación. Apoyemos a los voluntarios, donemos lo que esté a nuestro alcance y exijamos que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.  

Si bien, toda la institucionalidad debe estar en apresto para atender a la ciudadanía —sin necesidad que las autoridades se lo ordenen a través de redes sociales—, como siempre, se espera un gran trabajo de parte de los miembros del Ejército de Guatemala que siempre, pero particularmente durante y después de desastres naturales, son quienes están en primera línea para atender a la población. ¡Muchas gracias! 

La seguridad portuaria es clave para asegurar el comercio marítimo del país. En los últimos años, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) ha intentado reforzar su sistema de vigilancia. Ahora se lleva a cabo una licitación para adquirir el servicio del control biométrico para el área operativa, que genera suspicacia. En este sentido, República presenta una investigación inédita que no debe pasar desapercibida.

Por qué importa. La recepción de ofertas será el próximo 22 de julio. Sin embargo, las posibles anomalías podrían retrasar la adjudicación, si es que el evento se mantiene. En caso de cumplir los tiempos, probablemente el servicio no responda a los criterios técnicos que necesita el puerto. 

• El concurso en Guatecompras —NOG 26300028— reporta siete inconformidades. Estas son por impresiones en las bases del evento y en las especificaciones del producto.
  
  

• República analizó la documentación de la licitación y toda la información disponible. Así, identificó una serie de inconsistencias en el evento. Todo indica que se busca favorecer a un proveedor en particular.
  
  

• Empornac justifica la adquisición del nuevo control biométrico, porque los dispositivos actuales son muy antiguos. Las bases de licitación indican que “sistemáticamente están quedando obsoletas”.

Visto y no visto. El pasado martes 8 de julio se llevó a cabo una nueva visita técnica a las instalaciones del puerto. La finalidad era que los interesados identificaran las condiciones técnicas para la prestación del servicio. 

• Además, la Empornac entregaría el plano de ubicación de los dispositivos y el plano a usarse para las conexiones. No queda claro si será fibra óptica, u otra tecnología.
  
  

• En el caso de la fibra, existe otro evento en Guatecompras —NOG 25864971— para la adquisición del servicio de acometida, pero está suspendido.
  
  

• La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo ordenó, dentro de un amparo presentado por la representante legal de la empresa Lokier S. A., que exige una nueva visita técnica.

Sí, pero. Entre los posibles proveedores de la biometría, solo uno pudo ingresar al puerto sin ningún problema. Los inconvenientes se dieron porque el personal de Empornac solicitó la presencia del representante legal de cada empresa. 

• Sin embargo, ningún documento en Guatecompras lo menciona como requisito indispensable. Las bases originales del concurso establecen lo contrario.
  
  

• En el documento se lee: —la visita técnica—: “lo hará a través de su propietario o de la persona que este autorice mediante carta poder legalizada por notario”.
  
  

• La empresa que entró sin ningún inconveniente fue Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A., de muy reciente creación. Resalta que es la única que cumple con las tres especialidades de precalificación del Registro General de Adquisiciones del Estado (REGAE) que solicita la Empornac para contratar el servicio, además de que las bases “causalmente” solo requieren un año de experiencia, no más.

En conclusión. La modernización del sistema de seguridad del puerto es necesaria, pero el actual proceso de licitación parece inclinarse a intereses particulares y no a los de Empornac, que reflejan los del Estado. La licitación deja muchas dudas. 

• La exigencia —innecesaria, según expertos— de las tres especialidades de precalificación refuerza la percepción del direccionamiento del concurso para un proveedor específico.
  
  

• La falta de claridad en las bases, y las inconformidades que registra Guatecompras ponen en tela de duda la capacidad del equipo técnico del puerto para ejecutar licitaciones. 

Tener un contrato laboral legal ahora le abre las puertas a un sistema completo de protección social. Gracias al Acuerdo 1529, el IGSS amplió sus beneficios para que cualquier trabajador formal, sin importar el tamaño de la empresa en la que presta servicios, pueda afiliarse al régimen de Seguridad Social.

Por qué importa. Afiliarse al IGSS como trabajador formal es más que un derecho: es una garantía para su bienestar integral.

• Acceda a los programas EMA (Enfermedad, Maternidad y Accidentes) e IVS (Invalidez, Vejez y Sobrevivencia).

• Su cónyuge e hijos menores de 7 años también reciben atención médica y apoyo económico como beneficiarios.

Qué destacar. El proceso de afiliación se ha modernizado para que usted pueda realizarlo con facilidad y rapidez.

• La afiliación se realiza de forma 100 % digital, desde su celular o computadora.

• Solo necesita ingresar a la página web para iniciar el proceso.

En conclusión. Ahora que tiene este derecho, afiliarse es un paso importante para protegerse a usted y a su familia.

Antes del 17 de mayo de 2026, el presidente Bernardo Arévalo deberá nombrar al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), para el periodo 2026-2030; a menos que amparos o acciones legales se lo impidan, como advierten algunos grupos de la sociedad civil.

Por qué importa. El cambio del fiscal general definirá la ruta del MP durante los próximos cuatro años. Este proceso pondrá a prueba el compromiso del presidente Arévalo con el Estado de derecho y el cumplimiento de los plazos constitucionales.  

• El país tiene antecedentes de retrasos graves en designaciones clave, como la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), entre otros.
  
  

• De no respetarse los plazos, esto abriría la puerta a crisis institucionales profundas y generaría escenarios complicados. Incluso, rupturas al orden constitucional.
  
  

• El cambio marcará el final del desgaste político entre Arévalo y María Consuelo Porras Argueta, actual titular del MP.  

Cómo funciona. En enero de 2026 el Congreso de la República convocará a los electores de la Comisión de Postulación, para elegir la nómina de candidatos que buscan llegar a dirigir el MP.  Los comisionados establecerán un cronograma de actividades y publicarán la convocatoria.  

• La postuladora deberá entregar la lista de los seis elegibles al presidente Arévalo, cinco días antes del vencimiento del plazo del actual fiscal.
  
  

• El mandatario podrá, en ese periodo, realizar entrevistas a los profesionales para aclarar dudas y conocer detalles del plan de trabajo.
  
  

• La normativa establece que el periodo del fiscal general concluye el 17 de mayo y un día después (el 18) se debe hacer la toma de posesión en el MP.

Entre líneas. En este clima de tensión, algunos grupos aseguran que Arévalo podría no nombrar al fiscal general. Rumoran, desde un improbable rompimiento constitucional, la renuncia del mandatario, y aplazamientos por acciones legales contra la postuladora. Todo esto ocurre meses antes de la convocatoria oficial.   

• El Movimiento ProJusticia y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) coinciden en que lo único que podría evitar el nombramiento es que no se resuelvan las acciones legales.
  
  

• Además, indican que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha sido clara en preservar la institucionalidad y resguardar la alternancia del poder en resoluciones anteriores.
  
  

• En estos procesos siempre existen riesgos, “pero un golpe de Estado y la renuncia serían escenarios extraordinarios. Los rumores buscan desinformar y especular […] la CC es clave para mantener la institucionalidad”, afirmaron.

En conclusión. Los escenarios extremos carecen de sustento legal; buscan, más bien, generar desinformación en un contexto marcado por tensiones políticas.   

• No obstante, la posibilidad de retrasos por recursos legales no puede descartarse. Las acciones son válidas, pero pierden legitimidad —su naturaleza— cuando se usan como instrumentos de obstrucción.
  
  

• Hay un marco legal que establece mecanismos de suplencia temporal que evitan vacíos de poder.
  
  

• La ley del MP contempla que el fiscal general designe a su reemplazo —temporal— al inicio de cada año. El Acuerdo 03-2025 del MP indica que, en caso de ausencia del fiscal general, asumirá de inmediato Sully Claudet Merlos Moya. Sin embargo, en 2026 podría designarse a otra persona.