La esclavitud de los médicos cubanos

¡Buenos días!

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el liderazgo y por iniciativa de su presidente, Stuardo Ralón, publicó a finales de 2025 el informe: Derechos laborales del personal sanitario en misiones médicas provenientes de Cuba, y dice lo que siempre se ha sabido, que el régimen comunista los esclaviza. 

El informe se basa en 71 testimonios directos, análisis normativos y evidencia irrefutable, revela que las llamadas “misiones médicas” cubanas no son más que un mecanismo de explotación masiva y control político.

Según los testimonios, los médicos son enviados al exterior sin contrato claro ni copia del acuerdo laboral, bajo presión explícita. El régimen retiene entre el 70 % y el 90 % de sus salarios, les impone jornadas extenuantes sin descanso ni vacaciones pagadas y los obliga a realizar “labores políticas” ajenas a la atención médica.

El control es absoluto: vigilancia constante sobre su vida privada, amenazas directas de represalias contra ellos y sus familias en Cuba si intentan desertar. Se les confisca el pasaporte, se les impide salir del país sin autorización y el abandono de la misión se castiga con penas de tres a ocho años de prisión o incluso con la pérdida de la nacionalidad.  

En un país donde el 89 % de la población vive en pobreza extrema y el salario médico interno es irrisorio, la “elección” de participar no es voluntaria: es la única vía de supervivencia. 

El informe denuncia la complicidad de varios países receptores que firmaron acuerdos sin exigir garantías laborales mínimas ni proteger a los trabajadores cubanos de las represalias. Algunos incluso defendieron públicamente las misiones como aporte humanitario, ignorando la evidencia de esclavitud moderna.  

El documento representa un acto de justicia histórica para miles de médicos tratados como mercancía y extensiones del aparato totalitario cubano. 

Gérman Gómez
Campaña anticipada: el juego electoral de 2027
712 palabras | 4 minutos de lectura

 
Las reglas electorales del país cambiaron antes del relevo de magistrados (2026-2032) en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las reformas redefinen campaña anticipada, financiamiento y voto en el extranjero, mientras abren debate sobre controles más débiles. El ajuste ocurre en un contexto político activo, donde varios actores ya están en proselitismo e incluso incurren en campaña anticipada. 

Por qué importa. El nuevo marco normativo incide directamente en cómo se hará política antes y durante la próxima elección (2027). La reforma suaviza sanciones por campaña anticipada y redefine límites en comunicación política. Abre espacio a mayor actividad pública de aspirantes, pero también plantea riesgos de cómo va a monitorear y sancionar el TSE.

• El TSE modificó cuatro reglamentos clave: el de la Ley Electoral; el de voto en el extranjero; medios de comunicación, y fiscalización financiera. Esto redefine reglas operativas y de control en el proceso electoral.

• En su momento, la anterior magistratura del Tribunal afirmó que las reglas deben estar claras para 2027, tras dos años de trabajo con partidos políticos.

• La reforma a la reglamentación del artículo 94 de la Ley introduce un procedimiento más flexible, que permite corregir conductas antes de aplicar sanciones por campaña anticipada. 

Lo indispensable. Los cambios más relevantes se concentran en cómo se interpreta la promoción política fuera de campaña. La nueva reglamentación delimita qué actividades no constituyen infracción; amplía el margen de acción de actores políticos en espacios públicos y digitales.

• Participar en entrevistas, pódcasts o reuniones ya no se considera promoción ilegal, salvo que exista un “llamado al voto”, según se justificó. Sin embargo, muchos políticos están haciendo sus propios pódcasts. Queda en tela de juicio cómo procederá el TSE. 

• El Registro de Ciudadanos deberá notificar al señalado y otorgar plazos para corregir conductas antes de sancionar económicamente. Esto reduce la inmediatez de las penalizaciones. Los montos empiezan en USD 5000.

• También se elimina del reglamento la referencia explícita a inmunidad en credenciales de candidatos, pero la ley mantiene el derecho de antejuicio desde la inscripción. 

Punto de fricción. Las reformas generan lecturas diferentes entre políticos y analistas. Mientras que el anterior TSE argumentó claridad normativa, se plantean otros escenarios, donde se advierte que se flexibilizaron controles en un contexto donde ya existe campaña anticipada. 

• Sectores críticos consideran que los cambios abren margen para promoción encubierta, sobre todo en redes sociales y eventos públicos, como los que se realizan en la actualidad. 

• Posibles precandidatos presidenciales, como Carlos Pineda (Servir), Sandra Torres (UNE) o Roberto Arzú (Cabal), mantienen presencia constante en redes. Sin embargo, aunque no llaman al voto, hacen ofrecimientos en caso de gobernar. 

• La inclusión de reglas sobre inteligencia artificial y desinformación refleja preocupación por la manipulación digital, pero su aplicación práctica aún genera dudas.  

En conclusión. El impacto real de los cambios a los reglamentos dependerá de la implementación por las nuevas autoridades del TSE; afirmaron que continuarán el trabajo iniciado. Las reglas están definidas, pero su interpretación, por parte del pleno y el Registro de Ciudadanos, marcará el equilibrio. 

• El nuevo TSE asumió el 19 de marzo; por el momento, decidió mantener estas reformas antes de los comicios de 2027. Aunque el escenario podría cambiar en los próximos meses.

• El sistema electoral enfrenta el reto de evitar y sancionar los abusos. El TSE, por su parte, atraviesa una crisis de credibilidad que arrastra desde 2023.

Ana González
IUSI y veteranos militares entran a agenda; ley contra lavado aún sin consenso
441 palabras | 2 minutos de lectura

La presión ejercida por veteranos militares en los últimos días, sumada a los ofrecimientos de apoyo de algunos diputados, comienza a reflejarse en la agenda legislativa. Para la sesión plenaria de hoy se prevé avanzar con el primer debate de la ley que permitiría a quienes no han completado los 36 pagos —hasta alcanzar los GTQ 36 000— continuar dentro del programa de resarcimiento.

La iniciativa 6723 plantea prorrogar el plazo del programa por tres años para los beneficiarios que registren inasistencias, siempre que no excedan las 36 asignaciones establecidas. El Ministerio de Desarrollo Social mantendría la responsabilidad de efectuar los desembolsos pendientes hasta completar el total, con verificación a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, como parte del cumplimiento de los requisitos.

El aporte económico contemplado en la propuesta estaría exento de impuestos y únicamente podría ser transferido por sucesión al cónyuge previamente inscrito en el programa. Asimismo, se establece que los pagos se realicen a través del sistema bancario nacional, con el objetivo de garantizar mayor control y trazabilidad en la entrega de los recursos.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la posibilidad de que beneficiarios con inasistencias menores a seis meses puedan ser convocados nuevamente para retomar su participación y recibir las asignaciones pendientes, siempre dentro del límite de las 36 estipuladas.

La propuesta fue presentada por diputados de la bancada Cabal, quienes la semana pasada expresaron su respaldo en medio de manifestaciones de veteranos que rodearon el Congreso y limitaron temporalmente la movilidad de legisladores y personal administrativo.

En la misma agenda también figura la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que ya se encuentra en su segundo debate. La iniciativa propone establecer exoneraciones temporales y fijar una tasa única del 3 por millar sobre el valor del inmueble, con el argumento de aliviar la carga tributaria, especialmente para familias de ingresos medios y bajos.

Entre los cambios se contempla eximir del pago a quienes aún cancelan su vivienda mediante financiamiento hipotecario, considerando que destinan una parte significativa de sus ingresos a ese compromiso. No obstante, la propuesta ha generado cuestionamientos por el posible impacto en la recaudación de las municipalidades.

¿Y la ley antilavado?

El proyecto continúa en fase de análisis, con diputados evaluando las enmiendas presentadas. Para este martes se prevé una reunión de trabajo en la que podrían alcanzarse acuerdos en las modificaciones que permitan su inclusión en la agenda del pleno.

La iniciativa requerirá al menos 107 votos para avanzar en su trámite legislativo.

El presidente del Congreso ha indicado que tanto esta ley como la de puertos se buscan aprobar antes del 15 de mayo, cuando concluye el primer período ordinario.