La esposa, pero también el César, deben también aparentarlo

¡Buenos días!

Tan solo esta semana, dos noticias —que en cualquier otra administración serían “escándalo”— han generado controversia, por decirlo amablemente: el descubrimiento por parte de Marvin del Cid y Sonny Figueroa, dos periodistas investigativos, del otorgamiento de una beca al nieto de la primera dama, y que, en una audiencia, el abogado que representó al ciudadano —no actuó en su calidad de presidente— ,Bernardo Arévalo, presta servicios en, y es remunerado por, la Procuraduría General de la Nación.

Prima facie, ninguna de esas circunstancias es prueba de malversación, tráfico de influencias, peculado o algún otro delito; sin embargo, engrosan la lista de faux pas —por no decir imbecilidades— que ha cometido la Presidencia de Arévalo y el resto de su administración.

Puede ser, sí, que la beca haya sido, casualmente, otorgada al nieto de la primera dama justo después de su viaje por Formosa; puede ser que el abogado que es pagado con el erario en la PGN, por separado, sea el abogado personal de Arévalo. Pero los guatemaltecos sabemos mejor; eso es algo que hacen los funcionarios, porque pueden. Porque no ven nada malo en ello. Porque creen que se lo merecen.

No es nada nuevo; todos sus antecesores [los de Arévalo] lo han hecho, y peor. ¿Pero que le pase a él? Eso ya no es casualidad o torpeza, es tendencia. En Guatemala, el poder obnubila, aliena.

No basta con tener buenas intenciones, incluso no basta con “ser” bueno; se requiere guardar las formas, porque en política, las formas son el fondo. Nunca mejor dicho.

La elección de la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM) entra en su fase decisiva con una candidatura bajo escrutinio. Enrique Arredondo —quien cuenta con el respaldo del Ejecutivo— enfrenta cuestionamientos que combinan un obstáculo legal no resuelto y una fragilidad política evidente.

• El pulso no es menor: define autonomía municipal y el control territorial.

Por qué importa. La presidencia de la ANAM no es un cargo simbólico, representa institucionalmente a más de 340 municipalidades, incide en el presupuesto edil, además de servir como trampolín para líderes locales, debido a su conexión con el Ejecutivo y el Congreso.  En ese contexto, la candidatura de Arredondo —alcalde de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa— despierta alertas por un doble flanco; primero, un impedimento estatutario que no se ha despejado, y segundo, una debilidad política que limita su capacidad de sumar apoyos reales entre alcaldes.

• Los estatutos de la ANAM prohíben que presidentes departamentales —Arredondo fue elegido por sus pares del departamento— aspiren a la presidencia nacional, por su rol en el Consejo Consultivo y la elección del Tribunal Electoral interno, generando un conflicto de interés directo.

• Arredondo presentó su renuncia como presidente departamental de Santa Rosa, pero esta solo surte efecto tras aprobación de Junta Directiva, prevista hasta febrero, fuera del calendario electoral.

• De mantenerse la inscripción, la elección podría quedar expuesta a impugnaciones internas, debilitando la legitimidad del proceso y abriendo un precedente contrario a la institucionalidad municipal.

Datos clave. Más allá del papel, el problema es de fondo: vulnera reglas diseñadas para evitar capturas internas. El Consejo Consultivo concentra a los 22 presidentes departamentales, actores con influencia decisiva en el proceso electoral de la ANAM, además de elegir a su cuerpo electoral. Convertir a uno de ellos en candidato lo haría juez y parte.

• El impedimento no solo alcanza a Arredondo; otros alcaldes de su planilla también ocupan presidencias departamentales, ampliando el conflicto legal.

• Selvin García, expresidente de la ANAM, resume el riesgo: “Si se fuerza la norma, se deslegitima la elección”, advirtió.

Punto de fricción. La debilidad política del aspirante se refleja en su dependencia externa. Arredondo es el candidato del Ejecutivo y del partido Cabal, una etiqueta que hoy pesa entre alcaldes escépticos tras dos años de promesas incumplidas del gobierno central.

• El respaldo es impuesto, no orgánico; diputados de Cabal han intentado “asignar” alcaldes a su planilla, según fuentes locales, una práctica que genera resistencia en liderazgos territoriales.

• En Huehuetenango, apenas acudieron tres alcaldes; en Zacapa, diez de once comunicaron directamente que no lo respaldarán, evidenciando escasa tracción territorial.

• Un alcalde del oriente, que solicitó reserva de identidad, expresó: “El apoyo presidencial resta más de lo que suma”, en referencia al desgaste político del oficialismo.

Ahora qué. Con el calendario encima, la ANAM enfrenta una disyuntiva: respetar sus reglas o abrir la puerta a una presidencia cuestionada desde el primer día. El desenlace marcará la relación entre municipalidades y el poder central en un año preelectoral.

• La Junta Directiva deberá pronunciarse sobre la validez de la candidatura antes de la asamblea, evitando litigios posteriores que paralicen a la asociación.

• Insistir en una postulación inhabilitada de iure debilita la autonomía municipal y refuerza la percepción de captura política de la ANAM.

• Otro alcalde consultado sentenció: “La ANAM no puede ser sucursal del Ejecutivo”.

Brenda Elizabeth Del Cid Medrano asumió la alcaldía de Chinautla desde 2015. Lo hizo en lugar de su tío, Arnoldo Medrano, quien fue enviado a prisión por el delito de lavado de dinero. La familia está al frente del municipio desde 1988. Y desde entonces, las anomalías en la administración persisten.

• Entre ellas, el excesivo salario de los miembros del concejo municipal. Además, las obras sobrevaloradas y servicios deficientes, como el agua “potable”.

Por qué importa. El pasado 5 de enero, el concejo aprobó un incremento salarial para toda la corporación; la alcaldesa ganará hasta GTQ 120 000 al mes (más dietas). El gasto municipal en salarios es inversamente proporcional al desarrollo del municipio, como expuso el Índice de Servicios Públicos 2024. La comuna apenas alcanzó la calificación de 0.36 sobre 1 punto.

• Hasta 2024, Del Cid tenía un sueldo base de GTQ 50 000 y gastos de representación de GTQ 10 000. El monto de las dietas era variable, pero en promedio, al mes devengaba más de GTQ 90 000.

• En 2023 el salario era menor: GTQ 80 000. El incremento ha sido progresivo en los últimos años. Sin embargo, es difícil establecerlo. La comuna no tiene actualizada la información pública de oficio; la existente está desordenada y es difícil de procesar.

• La más reciente es de septiembre de 2025. La Secretaría de Acceso a Información (Secai) calificó, el año pasado, de deficiente a la comuna.

Visto y no visto. Del Cid ganó las elecciones de 2016 con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider); en 2019 se reeligió con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Para el periodo actual corrió con Vamos.

• El acta 01-2026, del 5 de enero, detalla la primera sesión del concejo Municipal. El primer punto de la agenda era la fijación del salario y los gastos de representación de la alcaldesa.

• El segundo punto fue la aprobación de las dietas de los miembros del concejo. Ambas discusiones buscaban fijar los montos de este año, según justificó Del Cid Medrano.

• Ella quedó con el salario de GTQ 50 000 y con gastos de representación de GTQ 30 000. Las dietas por cada sesión quedaron en GTQ 3000, aunque existió el intento de dejarlas en GTQ 4000.

Sí, pero. Algunos miembros del concejo promovieron limitar las sesiones de la comuna a ocho mensuales. Es decir, devengarían GTQ 24 000 al mes. Sin embargo, no lograron aprobar un límite. En meses anteriores realizaron hasta más de 20. Esto significaría un promedio de GTQ 60 000; en caso de repetirse el actuar del concejo, la alcaldesa tendría un salario de GTQ 120 000.

• El concejo de Chinautla tiene nula oposición. En su mayoría está integrado por personas afines a la alcaldesa. Los partidos políticos que predominan son Vamos, UNE y Humanista.

• En Chinautla, los servicios básicos, como el agua y el saneamiento, son precarios. En 2023 apenas alcanzó la nota de 0.10 sobre 1 punto.

• Esto se traduce en acceso restringido a agua y saneamiento. Incluso, algunos sectores del municipio carecen de energía eléctrica. La pobreza a nivel municipal está 0.17 sobre 1 punto.

En conclusión. El aumento salarial aprobado por el concejo de Chinautla expone una brecha persistente entre las prioridades administrativas y las condiciones reales del municipio. Mientras la corporación municipal asegura su remuneración, los indicadores de servicios públicos y pobreza reflejan una gestión sin mejoras estructurales visibles.

• La posibilidad de que la alcaldesa alcance hasta GTQ 120 000 mensuales contrasta con un municipio que registra calificaciones bajas en agua, saneamiento y acceso a servicios básicos.

• La falta de información pública ordenada y actualizada limita la fiscalización ciudadana. Refuerza un patrón histórico de opacidad que ha acompañado a la administración municipal durante décadas.

Las Comisiones de Postulación (CP) para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP) avanzan con inconvenientes, al igual que el proceso para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La postuladora del TSE continúa con la recepción de expedientes de profesionales que buscan llegar a la máxima autoridad electoral; hasta el martes 27 de enero, se recibieron 32 [expedientes]. Funcionarios, exfuncionarios y fiscales han entregado su hoja de vida. El miércoles concluye la recepción.

José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos; Roberto Garza, inspector general del TSE; Lesther Castellanos Rodas, titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura; y Alfredo Solórzano, fiscal de sección del MP son algunos de los aspirantes.

El jueves 29, los integrantes de la CP tienen previsto revisar los expedientes. En el último encuentro aprobaron la tabla de gradación: aspectos académicos, éticos, proyección humana y profesional.

Ministerio Público

Los integrantes se encuentran listos para ser juramentados por el Congreso de la República. Esta semana, no está incluida [la juramentación] en la agenda. Uno de los atrasos podría ser la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Carlos Rodimiro Lucero Paz se encuentra de manera interina; los magistrados no han logrado los consensos necesarios para elegir al sucesor de Teódulo Cifuentes. En esta ocasión se confirma mayor fragmentación que en otros periodos.

Corte de Constitucionalidad

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) publicó la convocatoria para elegir a su magistrado titular y suplente ante la CC. La recepción de expedientes será el jueves 5 y viernes 6 de febrero, de 8 a 15 horas. La entrega es personal, en la Secretaría General, edificio de Rectoría, oficina 204, zona 12.

La elección se realizará el lunes 16 de febrero de 2026.  El formulario oficial se habilita tras la publicación de la convocatoria. Debe imprimirse en una sola hoja. El aspirante debe indicar si postula a titular, suplente o ambos, en un solo expediente.

Acciones contra los procesos

Esta semana también se presentó una acción en la CC contra la convocatoria del Consejo Superior Universitario; señala aspectos que vulneran el Reglamento de Elecciones de la USAC y principios constitucionales.

También se planteó un amparo contra la postuladora del TSE. El motivo es que no se incluyó la Constancia de Transición de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocido como finiquito.