La hipocresía de los socialistas

¡Buenos días! 

La política —urbi et orbi— está llena de falsarios, maleantes y aprovechados, pero, sobre todo, de fariseos; no es algo nuevo, pero sí se ha exacerbado en los últimos tiempos. Aquellas nefastas condiciones no distinguen entre liberales y conservadores, derecha e izquierda, como tampoco entre hombres y mujeres; los hay en todos los grupos etarios y étnicos. Son una pandemia, pues. 

Sin embargo, resalta la impostura de los socialistas que con un discurso anticorrupción, de igualdad y de supuesta rectitud, fustigan a la diestra —la siniestra son ellos— señalándolos de todos los propios vicios. Dos casos contemporáneos ilustran perfectamente el punto: España y México. 

En la península, el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha estado sumido en de casos de “corrución” —como simpáticamente lo pronuncia la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz—, acoso sexual, financiamiento político proveniente de puteros del suegro de Sánchez, etc. Todo ello involucra al más cercano círculo del presidente y, a pesar de ello, se aferra al hueso como perro (perro Sanxe, que le llaman). 

En México, la “4T” de AMLO y ahora de Sheinbaum también se ha visto embarrada de corrupción que, de nuevo, involucra al inner sanctum del morenismo. Los hijos de AMLO; el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López; el presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña; “empresarios” cercanos a ellos, y un largo etcétera. 

Los une, además de la perfidia y la corrupción, los trenes. Lamentablemente, españoles y mexicanos han muerto en días recientes por accidentes ferroviarios, ocasionados por la corrupción —dineraria, pero también de desidia— de los funcionarios socialistas.  

Y como suelen hacer, desvían la atención, reparten culpas por doquier —menos a su campo, claro— y a los justos cuestionamientos y la exigencia de rendición de cuentas les llaman ataques políticos. 

Algo así pasa en Guatemala, donde el régimen socialista —semillista, no morenista, aún— ve micos aparejados y desatiende cuestionamientos tildándolos de ataques.  

No hay duda de que la condición humana, en la política, ha caído; en ese lumpen pululan los socialistas.

Las diferencias surgidas en torno a la integración del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional postergaron la suscripción del dictamen conjunto de las comisiones de Comunicaciones y de Economía, constituyéndose —hasta el momento— en el último punto pendiente de consenso. No obstante, se espera alcanzar los acuerdos finales para que la propuesta quede lista para su aprobación en el pleno. 

Por qué importa. Las comisiones han mantenido criterios distintos respecto a quiénes deben integrar y asumir la gobernanza de los puertos. 

• La Comisión de Comunicaciones propone un directorio conformado por cinco integrantes: cuatro representantes del Organismo Ejecutivo y uno del sector privado. 

• En contraste, el dictamen de la Comisión de Economía plantea una integración de nueve miembros, incluidos representantes de los ministerios de Economía, Comunicaciones, Finanzas Públicas y Gobernación, así como delegados de la Cámara de Industria, la Cámara del Agro, la Asociación Guatemalteca de Exportadores y la Cámara de Comercio de Guatemala. 

• Además, se contempla la incorporación de un delegado designado por el Congreso de la República, una figura que no cuenta con el aval de la Comisión de Comunicaciones. 

Visto y no visto. Las mesas técnicas se reunieron recientemente y lograron superar diferencias, por ejemplo en las fianzas. La diputada Sandra Jovel, quien preside la comisión de Comunicaciones, dijo que “los montos de una empresa que quiere construir se fijaron en USD 5M como mínimo y no USD 2M, como se establecía.  

• “Fue un trabajo muy productivo, se lograron consensuar las inquietudes que se tenían y ya estamos por finalizar”, dijo la congresista.  

• Asegura que ya se tiene un 98 por ciento de acuerdo en la propuesta y solo queda definir el tema del directorio. 

Fisgón histórico. La primera iniciativa fue presentada el 9 de abril de 2025 por la diputada Sandra Jovel, acompañada de otros legisladores.  

• La segunda fue presentada por el Ejecutivo, apenas un mes y 16 días después, con un enfoque complementario. 

• Ambas iniciativas son vistas como complementarias, por lo que se ha insistido en un dictamen conjunto que combine aportes técnicos y políticos. 

En conclusión. Aunque se espera que el amplio consenso alcanzado se traduzca en un acuerdo definitivo en los próximos días, hay un punto en el que no existen mayores divergencias: Guatemala necesita con urgencia una ley de puertos.  

• La ausencia de un marco legal integral ha frenado durante décadas el desarrollo portuario del país, limitando la inversión y la modernización del sistema.  

• Si bien existen reglamentos y comisiones específicas, no hay una normativa general que brinde certeza jurídica a los inversionistas ni que defina con claridad las reglas de operación de los puertos privados, un vacío que esta iniciativa busca finalmente subsanar. 

Este ensayo del abogado español Javier Cremades se mueve con soltura entre el diagnóstico jurídico y la advertencia cívica. En tiempos de constitucionalismo fatigado, populismos de toga y lawfare convertido en palabra comodín, el autor reivindica la centralidad del Estado de derecho como arquitectura moral y práctica.  

Busca al ciudadano informado, al empresario que sospecha de la arbitrariedad, al político que confunde mayoría con legitimidad. Sobre todo, intenta llegar al lector que intuye que la ley se está usando cada vez más como arma y menos como garantía.  

Recuerda que la ley ha de ser general, previsible, estable y aplicable a todos. En especial, a quienes gobiernan. Destaca la importancia de las instituciones intermedias: tribunales, reguladores, colegios profesionales, prensa independiente… Sin normas creíbles no hay progreso sostenible, ni inversión, ni derechos que duren más que un ciclo electoral.  

Quizá en su defensa del orden jurídico liberal, Cremades tiende a confiar en demasía en la autorregulación de las élites y la buena fe institucional. A veces, se echa en falta una reflexión más profunda sobre cómo fortalecer la legitimidad del sistema jurídico.  

Sobre el imperio de la ley mira en varios pasajes a Latinoamérica para ilustrar cómo el deterioro institucional llega a producirse por una erosión lenta, casi administrativa. Así el uso del aparato judicial como prolongación del poder político. Dinámicas en las que fiscales y jueces se convierten en actores del conflicto: persiguiendo selectivamente a opositores o garantizando impunidad a aliados.  

Otro caso es el de las reformas constitucionales “quirúrgicas”.  Cambios puntuales, aprobados con mayorías coyunturales, que alteran equilibrios fundamentales bajo la coartada de la soberanía popular. Este tipo de ingeniería social suele presentarse como modernización o ajuste técnico, cuando en realidad responde a una lógica de concentración de poder. La ley no se rompe; se dobla. Y al hacerlo, pierde autoridad moral. 

Especial atención merece su análisis de los organismos anticorrupción y las misiones internacionales. Experiencias latinoamericanas donde estas iniciativas terminan atrapadas en la polarización política. La lucha contra la corrupción no puede sustituir al derecho; debe estar sometida al mismo.  

Otro  ejemplo transversal interpela de lleno a Centroamérica: la normalización de la excepcionalidad. Estados de emergencia prolongados, decretos omnipresentes, preceptos hechos para una crisis que nunca termina.  Cuando lo excepcional se vuelve regla, el ciudadano aprende a desconfiar de la ley o a considerarla como un obstáculo más.  Cuando el lenguaje jurídico se banaliza, nociones como “constitucional”, “legal” o “justicia” se usan como consignas partidarias. Pierden su carácter de lenguaje válido y efectivo.   

El libro contiene  dos mensajes fundamentales para Latinoamérica.  Uno, la región no padece un déficit de leyes, sino de ley. Y dos, la seguridad jurídica es una condición esencial de la libertad.