La hora de “El tigre”

¡Buenos días!

“No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla”, reza el dicho popular; hoy toma posesión como presidente de Colombia Abelardo de la Espriella. Lo hará en Cali, capital del Valle del Cauca, donde Petro ganó en 2022 por más de 30 puntos.

Este año, de la Espriella logró darle vuelta y vencer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Sin duda, ese es uno de los factores que lo llevó a querer tomar posesión allí. Y si no, bien que resulta, pues como quien toma una plaza luego de una batalla, es una muestra de poder.

El desgobierno de Petro deja un país no solo en desorden y con estructuras de narcotráfico que ganaron terreno durante su mandato, sino que también plagado de escándalos de corrupción, tráfico de influencias y un largo etcétera de malos manejos. No por venganza, sino por rendición de cuentas, Petro, su mujer —no se define aún si es exesposa—, su entorno cercano y demás funcionarios de confianza deberán ser investigados por la Procuraduría (delitos administrativos) como por la Fiscalía (delitos penales). Lo segundo estará un poco más difícil, pues la fiscal general, hasta ahora, ha protegido al régimen que hoy acaba.

Con llamados velados a la insurrección y la cantaleta lastimera de un fraude, Petro termina su mandato como lo que fue durante él, un mentecato.

Solo queda decirle, en palabras del personaje de Betty la Fea, Hugo Lombardy: “¡Flu, flu, voló!”

Ana González
Arévalo frente al dilema del IUSI: vetar o asumir el costo con los alcaldes 
930 palabras | 5 minutos de lectura

Luego de que este jueves venciera el plazo para que los diputados presentaran objeciones sin que se registrara ninguna, la reforma a la Ley del Impuesto Sobre Inmuebles (IUSI) fue remitida al presidente Bernardo Arévalo. El mandatario dispone ahora de 15 días para decidir si sanciona o veta el Decreto 18-2026, aprobado con el respaldo de 121 diputados. 

Por qué importa. Aunque el trámite sigue el procedimiento legislativo ordinario, la decisión del mandatario tendrá un alto costo político, cualquiera que sea el camino que elija.

• Sí Arévalo atiende los planteamientos de los alcaldes y de algunos diputados oficialistas vinculados a la facción Raíces y decide vetar el decreto, abriría un nuevo pulso con el Congreso. Además, para muchos legisladores, la eliminación del IUSI se ha convertido en una bandera política de cara al próximo proceso electoral.

• No sería la última palabra. Es bien sabido que el Congreso puede revertir un veto presidencial si reúne 107 votos, una mayoría calificada suficiente para obligar la publicación del decreto y su entrada en vigor.

• Si, por el contrario, el mandatario sanciona la reforma, se alinearía con la decisión de los 121 diputados que la aprobaron y con una parte de la ciudadanía que respalda la eliminación del impuesto. Sin embargo, asumiría el costo político frente a los alcaldes, uno de los principales focos de oposición a la medida. Ese factor no es menor: el oficialismo apenas consiguió una alcaldía, por lo que mantener una relación funcional con los jefes ediles resulta clave para su capacidad de gestión y su proyección política.

Voces. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) cuestionó la aprobación del Decreto 18-2026 que reforma el IUSI, al asegurar que fue avalado sin consenso con los gobiernos locales y que pone en riesgo las finanzas de los 277 municipios que perciben ingresos por ese impuesto, especialmente más de 50 que dependen en gran medida de esos recursos.

• La entidad advirtió que una disminución en la recaudación del IUSI comprometería el financiamiento de escuelas, agua potable, drenajes, servicios de limpieza y otras obras municipales.

• Por ello, reiteró su llamado al Congreso para instalar una mesa de trabajo que permita construir un modelo de financiamiento sostenible y resguardar la autonomía financiera de las municipalidades.

• Consultado por República, el presidente de la ANAM, Sebastián Siero, reconoció que la asociación no ha solicitado una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para pedirle que vete el decreto. Además, indicó que tampoco ha recibido respuesta del Congreso a la propuesta, planteada días atrás, de abrir una mesa de diálogo para discutir la reforma. 

En conclusión. El presidente Bernardo Arévalo tendrá que asumir el costo político de su decisión. Si sanciona el decreto, podría evitar cargar con el desgaste de frenar una medida popular y dejar que, eventualmente, sea la Corte de Constitucionalidad la que tenga la última palabra si alguien presenta una impugnación. Sería una salida políticamente conveniente, aunque no necesariamente la más cómoda.

• En cualquier caso, si la reforma fuera suspendida o anulada, es difícil imaginar que el tema quede enterrado: en pleno ambiente preelectoral, pocos diputados querrán explicar a sus votantes por qué desapareció un ahorro que ya muchos dan por descontado.

Glenda Sánchez
Jóvenes votan, pero se alejan de los partidos políticos
545 palabras | 3 minutos de lectura

Los jóvenes guatemaltecos participan en las elecciones, pero pocos deciden afiliarse a un partido político. Los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) muestran una baja presencia juvenil dentro de las organizaciones partidarias. Esta brecha refleja el reto de los partidos para conectar con nuevas generaciones y renovar sus liderazgos rumbo a las elecciones de 2027. 

Por qué importa. Votar y afiliarse a un partido político representan formas distintas de participación; el empadronamiento permite ejercer el sufragio. La afiliación implica formar parte de una organización, asumir responsabilidades y participar en sus decisiones internas.

• Hasta agosto, Guatemala registró 838 640 afiliados distribuidos en los 26 partidos políticos vigentes. De ese total, 79 302 personas, equivalentes al 9 %, tenían entre 18 y 30 años, según datos del TSE.

• La cifra contrasta la realidad demográfica del país —Guatemala mantiene una población principalmente joven— con la participación en las estructuras partidarias.

• La afiliación también tiene un efecto político y legal. Además de representar respaldo ciudadano, permite que los partidos cumplan los requisitos para mantener su inscripción y competir en los procesos electorales.  

Entre líneas. La baja afiliación juvenil responde a varios factores. El desgaste de la clase política, la desconfianza en las instituciones y la falta de espacios para influir en las decisiones alejan a muchos jóvenes de los partidos.

• Parte de esta población considera que las organizaciones políticas no representan sus intereses ni responden a sus principales preocupaciones. Esa percepción limita el interés por formar parte de sus estructuras.

• También existen barreras para incorporarse a la política partidaria. Algunos jóvenes perciben que el acceso depende de vínculos familiares, contactos o recomendaciones, más que de capacidades, propuestas o liderazgo.

• A esto se suma el temor a posibles represalias en espacios laborales o comunitarios, lo que reduce la disposición de algunos ciudadanos para involucrarse en organizaciones políticas.

Punto de fricción. El reto de los partidos no se limita a conseguir votos. También consiste en atraer jóvenes que formen parte de sus estructuras y que puedan asumir nuevos liderazgos.

• La participación política no comienza únicamente en una elección. La familia, la escuela y la comunidad cumplen un papel en la formación ciudadana y en la construcción de interés por los asuntos públicos.

• La baja incorporación juvenil representa un desafío para las organizaciones rumbo a 2027. Sin nuevos cuadros, los partidos tendrán mayores dificultades para ampliar sus bases y renovar sus liderazgos.

• Fortalecer la educación cívica y crear espacios de participación puede acercar a más jóvenes a la política. La clave está en que encuentren oportunidades reales para aportar ideas y asumir responsabilidades.

En conclusión. La baja afiliación juvenil muestra una distancia entre los jóvenes y los partidos políticos. Guatemala cuenta con una generación que participa en las urnas, pero que todavía no encuentra suficientes incentivos para integrarse a las organizaciones que buscan representar a los ciudadanos.

• Los partidos deberán desarrollar estrategias para atraer nuevos cuadros si quieren fortalecer sus estructuras rumbo a las elecciones de 2027. La renovación política dependerá de su capacidad para abrir espacios a nuevas generaciones.

• El desafío también alcanza al Estado. Fortalecer la educación cívica y mejorar la confianza en las instituciones será clave para que la participación ciudadana vaya más allá del voto y tenga mayor impacto en la vida pública.