La izquierda en el continente: narco en Latinoamérica y violencia en EE. UU.

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A lo largo del Centro y Suramérica, regímenes socialistas han sido, en algunos casos, muy permisivos con el narcotráfico; en otros casos, los han protegido —como durante el sexenio de AMLO en México—; en la Venezuela de Maduro, y la Colombia de Petro, parecen ser sus aliados.

Por supuesto que la izquierda no tiene el monopolio de la relación con el narco; gobiernos “de derecha”, como el de Juan Orlando Hernández, en Honduras, es un caso paradigmático.

Sin embargo, la estrecha relación entre los gobiernos socialistas y el narco parece ser la regla; se llevan bien y no compiten. Aliados naturales.

En EE. UU., no es tanto así; tanto administraciones Demócratas como Republicanas hacen esfuerzos para combatir el narco —aunque los primeros fallan una y otra vez—. Allá, la izquierda se ha tornado violenta. Más allá del reciente asesinato de Charlie Kirk, la revista liberal —en el sentido estadounidense, es decir, de izquierda–The Atlantic, publicó un artículo en donde reconoce, de acuerdo con sus propios estudios, que por primera vez en 30 años, la violencia política viene de la izquierda y no de la derecha.

Aquella falsa narrativa en donde se pretendió pintar a los movimientos conservadores y partidos de derecha como “los malos” se desmorona. Se reconoce que hay elementos nocivos en todos los campos, pero ¿quién con una luz se pierde? Los datos y los hechos son reveladores.  

La reconfiguración de rutas por la expansión de drogas sintéticas ha sido un problema de primera instancia durante los últimos años. El alquiler de soberanías locales mediante corrupción y clientelismo, particularmente bajo gobiernos de izquierda, han llamado la atención de los Estados Unidos y su nueva política de seguridad internacional. El resultado ha sido un mapa político donde la disputa se da por el control del Estado como infraestructura de la cadena criminal.

En perspectiva. En Guatemala, la CICIG, mostró un marco de presión transnacional envuelto en alegatos anticorrupción, pero fue “amigable” al verdadero “pecado original de la política” —como el propio Iván Velásquez le catalogó—: el narco. 

• Según el último informe del organismo, el 75 % del financiamiento electoral provenía del narcotráfico y contratistas del Estado —cercanos al narcotráfico, lavado de activos y otras actividades ilícitas—.
  
  

• A pesar de ello, la persecusión penal se dio de manera asimétrica y estratégicamente contra el sector productivo, sin el intento de perseguir estructuras criminales. Velásquez “perdonó” al narco.

Lo indispensable. Washington ha virado hacia una postura más dura y visible en contra del narcotráfico en materia de política exterior. 

• La Casa Blanca impulsó la presión diplomática con ataques contra lanchas rápidas saliendo de Venezuela.
  
  

• El Tesoro estadounidense amplió sanciones sobre facciones del Cártel de Sinaloa y políticos supuestamente ligados a este.
  
  

• Más países se han sumado a la iniciativa de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista, alineándose con políticas estadounidenses de una narrativa de combate frontal contra el narcotráfico.

Entre líneas. La izquierda ha permitido un severo incremento en el narcotráfico de la región a través de los últimos años. 

• EE. UU. recientemente descertificó a Colombia como cooperador en la lucha contra el narcotráfico debido a un alza en el cultivo, producción y tráfico de coca, en gran medida, bajo la gestión ministerial de Velásquez en la cartera de Defensa.
  
  

• Los sucesivos estados de excepción decretados por Xiomara Castro desde diciembre de 2022 y prorrogados en 2025 fueron desvelados como fachada, después de que Honduras fuera designada como puente aéreo de narcotráfico.
  
  

• Según la DEA, la mayor parte del fentanilo con destino a EE. UU. se fabrica en México —con un auge exponenciual en el gobierno de AMLO— herencia que ha recibido Sheinbaum.

En conclusión. Se ha dado un gran incremento del narcotráfico bajo varios gobiernos de izquierda; sus políticas han creado una ventana de oportunidad para captura de instancia institucional y judicial a través de dinero del narcotráfico. La presión diplomática, sin embargo, pretende revertir esa tendencia, contrarrestando la expansión de la izquierda y sus vínculos con la creciente producción y logística del narcomenudeo. 

El proceso electoral de 2027 ya muestra señales de campaña anticipada. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), investigan a 70 políticos. Resaltan los perfiles de alcaldes, concejales y síndicos. Al tener cercanía con las comunidades, les es más fácil hacer promoción de su imagen. El agravante: en la mayoría de los casos, lo realizan con fondos públicos.

Por qué importa. La práctica cobra relevancia ante la poca ejecución de los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). Hasta el mes pasado, solo se había ejecutado el 22 %. En este año cuentan con más presupuesto, pues los recursos no ejecutados en el 2024 pasaron al 2025. 

• A través de las pocas obras realizadas bajo este mecanismo, buscan proyectarse para una posible reelección en 2027. Algunos, como los concejales y síndicos, apostarán por la silla edil.
  
  

• La comunicación institucional de las municipalidades se convirtió en propaganda disfrazada de gestión pública. Los municipios pequeños del interior del país son los más afectados.

  
  

• La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no define con precisión qué mensajes configuran campaña anticipada. La imprecisión genera riesgos de interpretación.

Visto y no visto. La campaña anticipada no es nueva, pero se repite antes de cada proceso electoral. Inició este año y continuará el próximo, aunque hasta 2027 sean las elecciones. La estrategia se basa en disfrazar el proselitismo con informes de gestión o eventos comunitarios, siempre con un tono más político que administrativo. 

• Los discursos públicos suelen destacar al funcionario más que al proyecto. Un ejemplo es el alcalde de Mixco, Neto Bran. En varias ocasiones expresó: “no me asusto, veo cómo recaudo, las obras no van a parar”.
  
  

• En la primera semana de marzo de este año, Bran tuvo reuniones con los CODEDE. En ellas se gestionaron y aprobaron los proyectos de agua potable en la zona 5 de Mixco.
  
  

• Sin embargo, Bran presentó la obra como gestión propia. Es importante resaltar que, en la mayoría de la comunicación municipal, él figura como centro de los mensajes. Esta práctica se replica en varios municipios.

Sí, pero. En los perfiles de redes sociales de las comunas, los alcaldes se posicionan de forma inusual como figuras políticas de cambio. Es decir, transforman las obras en logro personal y no de la corporación municipal. Usan plataformas institucionales para exaltar supuestos logros individuales. 

• El mecanismo de aprobación de obras a través de los CODEDE se implementó en la administración de Bernardo Arévalo.
  
  

• Según el mandatario, la medida buscaba despolitizar las obras. En gestiones anteriores, las comunas las distribuían según intereses políticos.
  
  

• No obstante, el fenómeno no desapareció. Todo lo contrario, tomó más fuerza. Ahora, los CODEDE son el foco de corrupción para la distribución de proyectos. Por su parte, los alcaldes lo hacen propio.

En conclusión. La campaña anticipada en el país evidencia una práctica recurrente que debilita la institucionalidad. La ambigüedad en la LEPP permite que alcaldes y corporaciones municipales utilicen recursos públicos para proyectar su imagen con miras a 2027. 

• La débil línea entre la gestión pública y la autopromoción alimenta un vacío legal que los funcionarios saben explotar.
  
  

• La centralidad de los CODEDE, lejos de despolitizar las obras, los convirtió en un nuevo espacio de disputa y corrupción. 

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Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, de 52 años, es uno de los nombres que más suena para presidir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el periodo 2025-2026. La reelección como magistrada refleja apoyos políticos clave y una trayectoria judicial marcada por vínculos polémicos y cuestionamientos públicos.

Por qué importa. La presidencia del Organismo Judicial (OJ) concentra poder e influye en decisiones trascendentales para el país.  

• La magistrada Paredes obtuvo 154 votos en el Congreso, con respaldo de los partidos Vamos, Todos, Valor y Bien. Además de independientes como Semilla (22 diputados).
  
  

• Es doctora en Derecho Penal y Procesal, con cargos docentes en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Universidad Da Vinci.
  
  

• Su perfil: títulos académicos y experiencia judicial. Pero también se relaciona con una serie de alianzas políticas y gremiales que fortalecen las posibilidades.

En el radar. Paredes ocupó cargos en Cortes de Apelaciones y en la CSJ. Su ascenso revela trayectoria, pero también posibles nexos con operadores que llaman la atención de la opinión pública. 

• Fue magistrada vocal VI en la CSJ (2023-2024) y, antes, magistrada vocal I en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (2014-2023).
  
  

• Guatemala Visible ha señalado que su perfil es de los más mencionados para la presidencia de la CSJ, según los monitoreos que realizan en medios.
  
  

• En su práctica notarial, constituyó entidades relacionadas con Gustavo Alejos, señalado por manipulación en la elección de cortes, lo que generó críticas de sectores de la sociedad civil.

Entre líneas. Diversas voces advierten que, aunque no es la protagonista de ninguna alianza, ha sido vista como parte del esquema que busca controlar la justicia. En 2020 figuró en listas de candidatos apoyados por el bloque oficial y bancadas aliadas. 

• Movimiento ProJusticia señaló que “no es figura relevante, pero sí mencionada” dentro de la alianza que maneja en la actualidad las instituciones.
  
  

• En 2020 se le relacionó con constructoras vinculadas a Alejos, y con un exdiputado tachado de corrupción.
  
  

• Para conocer la postura de la magistrada, se contactó al personal de Comunicación del OJ. Sin embargo, hasta la publicación no hubo respuesta.

En conclusión. La definición de la presidencia dependerá del voto de los magistrados en pleno antes del 13 de octubre. La correlación política favorece a Paredes, aunque la experiencia demuestra que las alianzas pueden modificarse en el último momento.   

• La presidencia será clave en la elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) y en la comisión de postulación para elegir fiscal general.
  
  

• Si Paredes logra obtener la presidencia, consolidará un bloque político-judicial con amplia influencia en 2025-2026.
  
  

• Las alineaciones políticas pueden cambiar, lo que mantiene el proceso abierto y competitivo hasta el final.