La izquierda iliberal

¡Buenos días!

En los últimos tiempos, la izquierda global se ha radicalizado; Elon Musk, en el marco de las elecciones de EE. UU. del año pasado, apoyó decididamente a Donald Trump y cuando le preguntaron, él respondió que el Partido Demócrata se había movido tan a la izquierda —abandonando una postura más bien centrista—, que lo había dejado a él en la derecha.  

En España, la izquierda radical —en medio de la debacle de corrupción y acoso sexual en el gobierno del PSOE—, meses atrás, llamó a “reventar a la derecha”. Una expresión que, de haber sido proferida —digamos, por VOX— hacia la izquierda, inmediatamente sería catalogada como discurso de odio. Porque, ciertamente, lo es. Solo que, como lo dicen las ultrafeministas, pues resulta que no.

Con la elección de José Antonio Kast en Chile, más allá de las violentas protestas de esa misma noche, el izquierdista —y beodo— presidente de Colombia, Gustavo Petro, le llamó “nazi” y dijo que no le daría la mano, a pesar de que Kast no solo resultó democráticamente electo, sino que lo hizo con una abrumadora mayoría. Ello provocó que el canciller, Alberto van Klaveren —del gobierno progresista de Gabriel Boric—, dijera a los medios que protestaría formalmente contra tales expresiones.

La izquierda, siempre, en todos lados, se rasga vestiduras y se victimiza, pero son ellos —cuando menos, en lo que va de este siglo— los intolerantes, los que atacan a los oponentes por pensar distinto a ellos y quienes incitan al odio. Hacen, precisamente, lo contrario a lo que predican.

Ya, desde el 2021, The Economist titulaba una pieza principal de su revista en septiembre de aquel año así: “The threat from the iliberal left” (La amenaza de la izquierda iliberal). En el escrito, describen un comportamiento que solo ha empeorado desde entonces: mantener el poder a toda costa, incluso si para ello [la izquierda] utiliza los mecanismos que han criticado de sus opositores.

La actual —en todo el mundo— ya no es una izquierda que busque el beneficio de los menos favorecidos; solamente los utiliza como parapeto, como punch line en sus discursos, pero su objetivo final es llegar al poder y mantenerse en él, gozando de los privilegios, prebendas y granjerías que tanto señalaron. No buscan terminar “la casta”, sino convertirse en ella.

Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), no suelta el tema. Antes de que se instale la Comisión de Postulación (CP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), insiste en cambiar de sede. No es un capricho técnico; el lugar define quién entra, quién observa y quién controla. Esa jugada podría poner en peligro la transparencia del proceso.

• Nery Ramos, presidente del Legislativo, reiteró que la Comisión sesionará en el edificio del Congreso: “Se hará en cumplimiento de lo que dispone la ley”. 

Por qué importa. La Comisión de Postulación del TSE debe sesionar en las instalaciones del Palacio Legislativo. Cambiar la ubicación a un hotel —como pretende Mazariegos— abriría la puerta a la discrecionalidad. Provocaría presiones externas y conflictos en un proceso clave para la democracia electoral.

• La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) ordena que la comisión “se reunirá en el Congreso”. El mandato busca sesiones públicas, control ciudadano y resguardo adecuado de los expedientes.

• Organizaciones sociales y diputados alertan que un hotel limita el acceso de medios y observadores. Los antecedentes muestran manifestaciones, controles privados y restricciones.  Previenen que el argumento del “riesgo” en el Congreso busca crear una excusa.

• El traslado no mejora la seguridad; al contrario, limita acceso y fiscalización. El precedente importa: ya pasó con postuladoras judiciales y el resultado fue atraso y opacidad.

Punto de fricción. Diputados aseguraron que el rector insiste en sacar la sede del Congreso y busca apoyo para llevar las reuniones a un hotel de la calzada Roosevelt. Hace cabildeos, no en público, sino en los pasillos del Legislativo. El movimiento genera sospechas y resistencia política.

• Advirtieron que la justificación para el traslado sería un supuesto “clima de violencia”. Narrativa que varios legisladores rechazaron por infundada. También marca distancia política: “No hablamos con usurpadores”, en referencia a Mazariegos.

• Bancadas como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y CABAL manifestaron no conocer gestiones formales. Afirmaron desconocer el tema, lo que evidencia un cabildeo opaco y sin consenso. Este silencio también es revelador.

• Reiteraron que los intentos van a continuar desde ahora hasta que se instale la Comisión de Postulación. “Si se mueve la sede, se normaliza que la ley se negocie […] que la transparencia dependa de acuerdos”, enfatizaron.

Detrás de escena. El mayor riesgo es político. Cambiar la sede abre la puerta a la discrecionalidad. Y si la discrecionalidad entra en juego, la confianza en el proceso electoral se va por el mismo camino. Ya se vio en 2024 con las Comisiones de Postulación para magistrados.

• El antecedente del traslado en 2024 dejó retrasos y tensiones innecesarias. En esa ocasión se discutió trasladar la comisión a “la Sala de Vistas del Palacio de Justicia. No obstante, fracasó.

• En 2026, con el TSE en juego, el costo de un proceso viciado podría ser irreparable. Es necesario un tribunal que garantice elecciones limpias y transparentes. Blindado para contrarrestar todos los ataques.

• Diputados insistieron en que la intención de Mazariegos es sacar la comisión del Congreso. “Lo que queremos es que la Junta Directiva lo deje en el punto de acta. Otra opción es que en 2026 se agende en las primeras reuniones”.

En conclusión. La sede de la CP del TSE es la primera prueba de transparencia. El Congreso debe garantizar un espacio público y accesible. La jugada de Mazariegos no es una cuestión menor. Mover la sede no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la credibilidad del TSE y del proceso electoral.

• Quienes minimizan el tema fallan en algo básico: el espacio define la dinámica del proceso. Un hotel no es neutral porque tiene accesos restringidos, seguridad privada y control discrecional. La Comisión maneja expedientes sensibles.

• La ciudadanía tiene derecho a observar; los medios deben entrar sin pedir permiso; es parte de la transparencia. Se debe garantizar el espacio público. Todo lo demás es retroceso.

La actividad legislativa concluyó y los diputados deberán retomar labores en enero, con la toma de posesión de la nueva Junta Directiva y la presentación del segundo informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, otro tema permanece pendiente en la agenda parlamentaria: las interpelaciones que continúan en lista de espera para su programación.

Según la Dirección Legislativa, existen siete interpelaciones pendientes, de las cuales los diputados no han desistido. Cabe recordar que, durante el proceso de aprobación del Presupuesto 2026, los diputados Miguel Ovalle y Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), desistieron —de manera sorpresiva— de interpelar al entonces ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Ovalle, y a la ministra de Ambiente, Patricia Orantes. Estos cuestionamientos aún no habían iniciado.

Por esa razón, ambos funcionarios debían presentarse cada jueves al Congreso, a la espera de que concluyera la interpelación al ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, la cual continúa como el único juicio político en curso y está a cargo de la diputada Lourdes Teresita de León, hija de Sandra Torres.

Entre las interpelaciones pendientes, Pinto tiene una más solicitada por el diputado Orlando Blanco, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). Asimismo, su compañero de bancada, José Chic, solicitó interpelar a la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, petición que también fue presentada por el diputado Napoleón Rojas, del partido Vamos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, acumula dos solicitudes de interpelación: una promovida por el diputado Carlos Roberto Calderón, de Vamos, y otra por la diputada Alexandra Ajcip, de Comunidad Elefante.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, enfrenta una solicitud de interpelación promovida por Ajcip. La última petición fue presentada el 27 de noviembre contra la ministra de Educación, Anabella Giracca, y fue impulsada por Calderón.

Una vez agendados los juicios políticos, los funcionarios no pueden salir del país y están obligados a acudir al Congreso.

Oficinas casi vacías 

Tras la segunda sesión extraordinaria del Congreso, en la que no se logró avanzar en ningún punto de la agenda, la actividad legislativa prácticamente se detuvo. La mayoría de las oficinas permanecen vacías, debido a que los diputados, más que en receso, se encuentran ya en las fiestas de fin de año.

Diciembre fue un mes de escasa actividad parlamentaria, marcado por la falta de sesiones y acuerdos. No obstante, los diputados recibirán el salario correspondiente a este mes, que es de GTQ 66 300 para quienes no forman parte de la Junta Directiva, ya que sus integrantes perciben un monto superior. Además, ya les fue acreditado el aguinaldo, calculado sobre el nuevo salario que comenzaron a recibir a partir de febrero de este año. 

La elección del representante del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya inició. Las planillas que buscan el control de un voto clave son seis. Detrás de cada candidatura se dan alianzas entre antiguos operadores y nuevos actores. El proceso expone redes de poder que trascienden lo gremial.

• Los partidos políticos también buscan influir en el proceso. Figuran actividades gremiales con tintes electorales del partido Servir, la UNE y Cabal.

Por qué importa. La elección del CANG define quién integrará la Comisión que propondrá magistrados del TSE 2026-2032. No es un trámite administrativo. Es una decisión política con impacto directo en las elecciones de 2027. Los magistrados que elijan dirigirán el tribunal electoral.

• El representante del CANG tendrá voto en una Comisión dominada por rectores y decanos, con capacidad real de incidir en la nómina final que llegará al Congreso.

• El TSE administra elecciones, partidos y financiamiento político. Controlar su integración permite influir en reglas, tiempos y arbitrajes futuros.

• Las planillas reflejan proyectos opuestos: continuidad institucional, captura gremial o activismo judicial con respaldo político e ideológico.

Detrás de escena. La Planilla 1, AVANZA, postula a César Díaz y Ángel Rodríguez. Agrupa a Plataforma de Profesionales por la Justicia y Unidos por el Derecho. Mantiene vínculos con figuras del Ministerio Público (MP) y operadores de largo recorrido.

• En su entorno figuran algunos fiscales (AVANZA) y Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), vinculada a Plataforma de Profesionales por la Justicia. En los últimos meses han coordinado actividades juntos.

• Gálvez ha utilizado la agrupación para buscar influir en cargos o representaciones del CANG. Fue vinculado en el caso Comisiones Paralelas 2020. El MP los señaló de influir en la integración para magistrados de las Cortes.

• La planilla 2 está integrada por Guillermo Alfonso Cifuentes de León y Erick Morales Román. No se tiene detalle de quiénes podrían estar atrás; sin embargo, no se descarta el apoyo de algún operador.

El otro lado. La planilla 3, Unión Libertad y Justicia, responde a Sergio Roberto López Villatoro. Postula a Julio Aguilar y Linda Rivera. Marca el retorno de ese operador al control gremial, sin intermediarios.

• Unidad X la Democracia impulsa a Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz. Agrupación muy cercana al gobierno de Bernardo Arévalo, de la que se alejó Juan Francisco Solórzano Foppa.

• La planilla 5 con María Alicia Ovalle y José Pablo Pacheco aglutina por lo menos 15 organizaciones. Se relacionan con Nester Vásquez, magistrado de la CC, Walter Mazariegos, rector de la USAC, el juez Mynor Moto y Gustavo Alejos.

• La última agrupación está encabezada por Ramón Cadena, ligado a un proceso en el Caso Toma USAC: Botín Político y María Eugenia Mijangos, quien se conecta con Solórzano Foppa.

En conclusión. El voto del CANG se volvió botín político. Las seis planillas no compiten solo por una representación gremial; disputan un espacio clave en la Comisión que definirá la próxima integración del TSE. El proceso se desarrolla entre operadores tradicionales, actores judiciales y partidos que ejercen presión desde las sombras.

• La Postuladora del TSE es el verdadero objetivo. Controlar un voto permite incidir en la nómina final que llegará al Congreso. Ahí se cruzan intereses de grupos y estructuras partidarias que buscan reglas favorables para el próximo ciclo electoral.

• El resultado marcará el equilibrio —o la distorsión— del árbitro electoral.