¡Buenos días!

Ayer, Chile volvió a vivir una jornada de violencia terrorista; supuestos estudiantes salieron a las calles a protestar contra los necesarios recortes aplicados por el gobierno de Kast luego del despilfarro del gobierno de Boric —que, por cierto, dejó al país en harapos y con una deuda inexplicable— en rubros como educación.

Como era de esperarse, cuando la turba intentó desviarse de la ruta aprobada para la manifestación, los Carabineros les cortaron el paso y se produjo un enfrentamiento que se amplificó —como suele pasar— en todo el mundo. La narrativa ya es más que conocida y, a decir verdad, cansina.

El baboso —e izquierdista— presidente colombiano, Gustavo Petro, no perdió la oportunidad para lanzar varias de sus aburridas y muchas veces ininteligibles peroratas en X, acusando al presidente chileno de “genocida”, de “nazi” y equiparándolo con Hitler. Nada nuevo; tampoco sorprendente, luego del baño de realidad que recibió el domingo su candidato en la primera vuelta electoral.

Y, es que así es la izquierda. Durante el gobierno de Boric, no hubo protestas —ciertamente, ninguna violenta— como cuando gobierna la derecha, que lo hace luego de ganar elecciones, es decir, de que la mayoría de los ciudadanos votase por esa opción. A la izquierda latinoamericana no le gusta la democracia. La aborrece, más bien, y solo la tolera cuando es favorecida en las urnas. Cuando no, arrebata.

Aprobación de la ley contra el lavado de dinero

Ayer, el Congreso de la República aprobó, in extremis, la nueva Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Se trata de un paso importante que responde directamente a las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además, coloca a Guatemala en línea con los estándares mundiales para prevenir y combatir delitos que cruzan fronteras.

Después de años de alertas sobre el crecimiento del narcotráfico, el contrabando, la corrupción y las redes criminales —y el uso cada vez mayor de herramientas modernas como las criptomonedas—, el país cuenta con un instrumento eficaz. Esta ley permite perseguir el dinero ilegal, proteger el sistema financiero y cumplir los compromisos internacionales que Guatemala ha asumido.

Sin embargo, el verdadero valor de esta norma no está solo en su urgencia, sino en la forma en que se aprobó. Una ley tan importante no podía nacer de una falsa elección: “o se aprueba como está o se protege al crimen organizado”. Precisamente porque es necesaria, tenía que aprobarse bien. Por eso, la iniciativa se discutió ampliamente tanto en el Congreso como en la opinión pública. Se escucharon opiniones sensatas que señalaron riesgos claros de inconstitucionalidades. Esas preocupaciones no se dejaron de lado: se tradujeron en cambios concretos que se incorporaron antes de la votación final.

Uno de los temas más sensibles era el poder que se le daba al Ministerio Público (MP) para acceder a información privada sin suficiente control de un juez. Actuar con rapidez contra el crimen organizado es una cosa; permitir que los investigadores entren en datos sensibles —sin juez, sin controles reales o sin una revisión judicial seria— es algo muy distinto. La regla que se propuso es clara y lógica: si el Estado quiere revisar documentos, obtener información sobre bienes, acceder a datos de empresas, congelar cuentas o afectar derechos de las personas, debe intervenir un juez. Lo ideal es que sea antes de la acción. En casos de urgencia, se permite una validación inmediata, obligatoria y efectiva.

Otro punto clave fue la facultad del MP para incautar mercancías, dinero y otros bienes, o para congelar cuentas bancarias. Esta facultad se mantiene, pero ahora requiere una validación judicial rápida. Si el juez no la otorga en el plazo corto establecido, la medida se levanta automáticamente y todo debe volver a su estado anterior. Además, el fiscal que actúe sin cumplir esta norma asume responsabilidades claras.

Existe, sí, el riesgo claro y presente de que la información que obtenga el MP se malutilice para extorsionar, secuestrar, perseguir políticamente o presionar económicamente a alguien. En países como Estados Unidos ya han dado marcha atrás en algunos casos, precisamente por la carga y los peligros que esto representa incluso para sus propias empresas.

Estas alertas no fueron caprichos. Fueron sentido común republicano. Las garantías de la Constitución existen para proteger a los ciudadanos del abuso de poder, sobre todo cuando ese poder se presenta con la “noble bandera” de luchar contra la corrupción. Guatemala ya vivió en carne propia lo que pasa cuando el ente investigador se convierte en ariete de unos contra otros. Las enmiendas aprobadas evitan repetir esa experiencia negativa.

Al incluir las correcciones necesarias —mantener el control judicial, limitar el acceso discrecional a datos sensibles y evitar bases de información de alto riesgo sin protecciones adecuadas—, el Congreso blindó la ley. Cumple con las exigencias del GAFI sin violar la Constitución. Ofrece rapidez gracias a jueces de turno, trámites digitales y plazos cortos, pero sin eliminar al juez como garantía fundamental del Estado de derecho.

Este es el verdadero triunfo del debate de los últimos días. A pesar de que algunos intentaron asustar con el “petate del muerto”, no se aprobó una ley apresurada ni vulnerable a impugnaciones constitucionales, que habrían servido de munición a quienes nunca quisieron ninguna ley. En cambio, se logró una norma equilibrada, moderna y respetuosa de la Constitución.

Lo que sigue será exigir que la ley se aplique de manera efectiva y con vigilancia constante. Pero el primer gran paso —el más difícil— ya se dio correctamente. Con esta ley, el país avanza hacia un futuro más seguro, donde se combate el crimen sin abrir la puerta al abuso. Es un avance que beneficia a todos los guatemaltecos y que demuestra que es posible legislar con responsabilidad y visión de largo plazo, no bajo presiones.

Glenda Sánchez
Nuevos partidos, viejas mañas: el desafío del TSE con las adhesiones
647 palabras | 4 minutos de lectura

Una de las causas de la cancelación del partido Movimiento Semilla fue la inconsistencia en sus adhesiones. Existían firmas y huellas alteradas; fue denunciado por el propio Bernardo Arévalo —entonces secretario general— en marzo del 2023, antes de las elecciones generales. Las irregularidades no son exclusivas de ese partido; varias agrupaciones las tienen.

• El Tribunal Supremo Electoral (TSE) intensifica la verificación de los datos sensibles de los adheridos. Busca descartar las anomalías y filtrar los listados que los partidos presentan. Pero la efectividad del mecanismo es muy cuestionada.

Por qué importa. Desde hace años se critica la debilidad del TSE para corroborar la información de las adhesiones. El tema no es nuevo y ninguna magistratura ha podido dar la certeza de que los guatemaltecos demandan. La actual administración se comprometió a brindarla. Los resultados dirán qué tan efectivo fue su método.

• Las afiliaciones y adhesiones deberían ser procesos genuinos de participación. En el país sucede lo contrario. Se consiguen a los “simpatizantes” a través de la compra de sus datos. Los partidos pagan hasta GTQ 200 por persona.

• En ambos casos, compra o adhesión voluntaria, los registros presentan errores. Los más comunes son: inscripción de fallecidos, policías, militares o privados de libertad.

• Revisar minuciosamente los registros le da certeza al proceso electoral. Evita problemas administrativos y penales a futuro. A la vez, fortalece la credibilidad y confianza en el propio TSE.

En el radar. En las últimas reuniones del TSE se cuestionó la agilidad de Raíces para conseguir afiliados. En dos meses reportaron un crecimiento exponencial atípico. Los diputados oficialistas promotores de la agrupación aprovechan sus giras de fiscalización para visitar las bases del comité.

• Raíces argumentó que son cuidadosos en la adhesión para descartar errores. “En Semilla nos rechazaron el 80 % de cada firma que ingresábamos al TSE. Con raíces fue del 40 %”, agregaron.

• Por su parte, el expediente del comité se elevó al pleno de los magistrados para analizar el caso. Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas, confirmó que se verificarán los paquetes de adhesión.

• El registro del TSE confirmó que cuatro comités alcanzaron el mínimo de afiliados para convertirse en partidos políticos. Raíces sumó 32 958 adhesiones; Revolución logró 31 496; XGuate acumuló 32 105; y Dignidad cerró con 27 756.

Lo indispensable. El TSE depura los paquetes de adhesión en dos etapas. Primero, aplica filtros en el sistema para revisar que el ciudadano no pertenezca a otro partido. Luego valida el DPI y verifica que no exista estatus de fallecido o suspendido.

• Segundo, el personal revisa cada hoja de forma manual y compara firmas y huellas con el Registro Nacional de Personas (RENAP). Cada paquete incluye hasta 25 hojas y lleva impresa la información oficial para facilitar la verificación.

• Entre los errores más comunes detectados están huellas borrosas, pequeñas o ilegibles y casillas en blanco. Además, fechas de afiliación omitidas, uso de corrector, tachones y correcciones en municipio, departamento o firma.

• El equipo detectó varias irregularidades en las hojas de afiliación. Algunas firmas no coinciden con el DPI. Otras hojas carecen de firma y huella. Además, ciertos ciudadanos firmaron el documento, pero el Renap registra que no saben firmar.

En conclusión. La verificación de las adhesiones de los partidos políticos y comités genera cuestionamientos en el TSE. Las irregularidades detectadas revelan fallas estructurales en el control. Evidencian prácticas extendidas que afectan la credibilidad del proceso electoral. Lo mismo que sucedió en 2023.

• El TSE intensifica la verificación de adhesiones, pero enfrenta cuestionamientos sobre su eficacia. El proceso combina filtros digitales y revisión manual de firmas y huellas contra registros del RENAP. La finalidad es detectar inconsistencias y evitar afiliaciones inválidas en los listados partidarios.

• Una depuración rigurosa fortalece la confianza institucional y reduce riesgos legales futuros. Sin controles efectivos y consistentes, la inscripción de partidos pierde credibilidad. Debilita la legitimidad del sistema electoral en su conjunto ante la ciudadanía.