La justicia “pronta y cumplida” es inexistente en Guatemala

¡Buenos días!

Tan solo hace dos días, el mundo se enteraba de que un médico, abusando de la Ley de Aceptación de Cargos, “aceptó su responsabilidad” por la muerte y posterior descuartizamiento de una paciente bajo su cuidado. Por ello, fue condenado a 5 años conmutables —reducidos por haber aceptado los cargos— y tan solo pagará poco más de GTQ 6000, que seguro es una ínfima fracción de lo que él le cobró a su víctima. Si todo queda ahí, paga y sale libre. ¡Es indignante!

Pero, tristemente, ese solo es un caso de miles, en donde el sistema de justicia, el Estado de Guatemala —¡los guatemaltecos! — les fallamos a las víctimas.

Mañana se cumplen 8 años de los terribles sucesos acaecidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde murieron 41 niñas y jóvenes —y 15 fueron afectadas— y al día de hoy, siguen sin encontrar justicia.

Lo peor es que el riesgo de que una tragedia así ocurra de nuevo es latente.

En el boletín de hoy les compartimos un hilo del boletín de República Empresa, pues consideramos que será de su interés. Los animamos a leerlo y a suscribirse.

¡Buen fin de semana!

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En este boletín:

•Congelar a USAID le sale caro a Trump

•Ocho años después, 56 víctimas del Hogar Seguro siguen sin justicia

•Competencia por la Competencia 

•Inversión, no es solo cuestión de anzuelos fiscales

Rafael P. Palomo
Congelar a USAID le sale caro a Trump
604 palabras | 3 mins de lectura

La batalla de Trump y Musk contra USAID ha sido más complicada y costosa de lo que se esperaba.

En perspectiva. La Corte Suprema se negó a detener la sentencia de un tribunal menor, que obliga al gobierno a pagar los contratos de ayuda exterior suspendidos por Trump. La larga lista de acciones ejecutivas del presidente se ha topado con el muro de los contrapesos republicanos.

• A cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), Elon Musk ha liderado una campaña agresiva por cerrar USAID, la agencia de ayuda exterior de los EE. UU.
  
  

• De momento, ya que ni Trump ni Musk pueden cerrar una agencia —creada a través del Congreso— sin pasar por el legislativo, la Administración se ha enfocado a atarla de manos y pies.
  
  

• El gobierno ha puesto a todo el personal de contratación directa en licencia administrativa —con excepciones para funcionarios críticos— y congelado más de 5800 contratos de ayuda exterior.  

Entre líneas. Las decisiones agresivas de la Administración, basadas en la evaluación del DOGE, buscan reducir el gasto público, a pesar de que el desembolso de USAID represente menos del 3 % del presupuesto: un costo anual de USD 36.18 para cada contribuyente. Como resultado, la iniciativa ejecutiva ha encontrado resistencia en las cortes. 

• En febrero, el juez de distrito Amir Ali ordenó al gobierno a pagar las facturas y solicitudes de desembolso pendientes a contratistas de USAID y del Departamento de Estado, por trabajos realizados antes del 13 de febrero.
  
  

• Esencialmente, el juez ordenó al gobierno a pagar por los servicios recibidos, protegidos bajo contratos. A la fecha, y a pesar de la decisión judicial, el gobierno sigue sin pagar.
  
  

• La Administración acudió a la Corte Suprema para apelar la decisión del juez Ali, empero, el máximo tribunal falló en contra del gobierno.  

Sí, pero. La decisión de la Corte obliga al gobierno federal a desembolsar hasta USD 1900M en obligaciones contractuales. La sentencia del juez Ali generó una serie de declaraciones de miembros de la Administración, como Elon Musk, sugiriendo la necesidad de tomar medidas antirrepublicanas para remover y enjuiciar a aquellos jueces que bloquean las decisiones ejecutivas. 

• No obstante, la decisión —dividida 5 a 4— del máximo tribunal judicial, mayoritariamente conservador, debilita el argumento.
  
  

• A pesar de ello, la Administración sigue sin pagar los contratos a los que el gobierno federal en su momento se comprometió; la fecha límite era el 26 de febrero.
  
  

• Mientras tanto, a Trump se le empiezan a acumular demandas de contratistas a nivel global que deben ejecutar los proyectos de USAID, pero que no están recibiendo los fondos acordados.  

En el radar. La congelación de 90 días impuesta por Trump ha dejado en jaque la ayuda exterior de EE. UU. a nivel global. A pesar de que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que se emitirían exenciones para proteger la ayuda humanitaria esencial, funcionarios de la agencia y sus contratistas por todo el mundo afirman que dichos recursos siguen sin estar disponibles.  

• A pesar de tener un Congreso, Senado y Corte Suprema mayoritariamente conservadores, el presidente Trump no podrá ejecutar muchas de sus ambiciosas reformas administrativas tan agresivamente como pretende.
  
  

• Hasta ocho de sus órdenes ejecutivas han sido suspendidas judicialmente y se han presentado impugnaciones legales contra al menos otras seis, que se encuentran en proceso de revisión judicial.
  
  

• De momento, el gobierno deberá desembolsar casi USD 2000M por su ofensiva contra USAID —compensando poco el insignificante recorte del gasto público que supone deshacerse de la agencia—, además de las costosas batallas que enfrentará en el futuro en tribunales por muchas otras de sus órdenes ejecutivas. 

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Es inevitable no sentir un nudo en la garganta o de contener las lágrimas, al escuchar los testimonios de las sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA), ocho años después de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.

Fue el incidente que alteró la vida de las 56 niñas y adolescentes —41 fallecidas y 15 sobrevivientes—. Sus sueños de ser maestras, estilistas o contadoras quedaron aniquilados. Esas situaciones se han vivido y observado durante el proceso de investigación y en las audiencias del debate, dice con tristeza Edgar Gómez, fiscal adjunto de la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP).

Para las 15 sobrevivientes, el camino ha sido más complejo por los estigmas, la poca o nula atención para su reincorporación a sus comunidades, y la burocracia para acceder a los programas ofrecidos por el Estado. 11 viven en Guatemala, dos en Estados Unidos, una en México, y una en Belice. Algunas son madres, esposas, estudiantes o trabajadoras.

Una de ellas narró que, durante una entrevista de trabajo, hicieron referencia a que era complicado contratarla porque eran de las niñas que habían tenido problemas en el Hogar Seguro. Otra de las víctimas indicó que esconde las quemaduras de su rostro con un fleco largo, pues teme burlas o ataques. Mientras que otra, dijo que sufría constantes dolores en la espalda por las quemaduras.

Han pasado 2920 días después del incendio, tanto las víctimas y sus familiares esperan justicia. La Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación (PGN), y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), trabajan para esclarecer el atroz incidente para que no se repita.

En 2017, avanzaron dos fases del Caso Hogar Seguro. Hubo capturas y se ligaron a proceso a los primeros implicados —funcionarios y trabajadores, en ese momento, de la SBS, PGN, PDH y PNC—. Al año siguiente, se concretó la tercera fase con la captura de la jueza de Paz de San José Pinula y algunas monitoras. La audiencia de primera declaración fue bastante extensa, se llevó aproximadamente un año y hasta en 2019 fueron ligadas al proceso penal.

En 2020, el proceso se estancó, no por falta de voluntad o acciones, fue por las restricciones y zozobra que generó la pandemia del covid-19 a nivel mundial. Al año siguiente se retomó el proceso y se logró unificar dos fases y agendar el debate.

“Para 2022 se tenía la confianza de empezar el juicio; sin embargo, se pospuso para el 2023. En esta ocasión surgió una lluvia de acciones, amparos, desintegración del tribunal y recusaciones que detuvieron el juicio. Se retrasó un año más”, contó el fiscal Edgar Gómez, durante la entrevista. 

Fue hasta el 10 de enero de 2024 que empezó el juicio en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Desde ese momento se acordó programar tres audiencias por semana.

El investigador señaló que la fiscalía ha presentado 45 expertos en el debate, con hasta 30 peritajes. Las audiencias han sido maratónicas. También se han reproducido alrededor de 22 declaraciones testimoniales, 50 testigos e inspecciones oculares. Hasta ahora se ha tramitado el 90 % de la prueba del MP.

En esta etapa deben sintetizar los 15 000 folios de la prueba y los 300 escritos de la acusación. El MP prevé para mayo concluya el debate.

“Todos estos años he aprendido a despojarme del chaleco del MP para compartir con mi familia, compartir cada minuto con mis hijos, para sobrellevar esto. Y ya, al siguiente día, dejar mi traje de Edgar Gómez, padre y esposo en casa para usar la vestimenta de fiscal”, enfatizó mientras revisaba un documento en el celular.

Por último, añadió: “Hay una tarea, se debe recalcar la importancia de clarificar la situación en que estaban las niñas en el Hogar Seguro; hay una visión errónea y existe desconocimiento de que las niñas que estaban ahí institucionalizadas eran personas víctimas. Que estaban precisamente para que el Estado procurara su acogimiento y abrigo”.  

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María José Aresti
Inversión, no es solo cuestión de anzuelos fiscales
620 palabras | 3 mins de lectura

Un ecosistema de incentivos y crecimiento sostenido de parques industriales convierte a Guatemala en un destino atractivo para la inversión extranjera. Con todo, la certeza jurídica, infraestructura y eficiencia en procesos juegan un papel. Sin estas condiciones, los beneficios fiscales pueden convertirse en un anzuelo sin captura.

Cómo funciona. La exoneración de impuestos es un factor clave en la decisión de empresas extranjeras para instalarse en zonas francas. Por lo tanto, es crucial que esta oferta se mantenga competitiva en comparación con otros países de la región.

• Actualmente, las firmas pueden importar maquinaria, equipos y materias primas sin pagar IVA ni derechos arancelarios mientras exporten los productos finales. A su vez, están exentas de pagar ISR durante los primeros 10 años de operación.
  
  

• Con todo, existe cierto recelo a estos incentivos fiscales. Marco Livio Diaz, superintendente de la SAT, explica que el país no está perdiendo recursos de impuestos, ya que los productos se reexportan. “No es un consumo que nos corresponde”.
  
  

• El beneficio del ISR busca que, tras 10 años, las compañías se integren al ecosistema económico y tributario. Según expertos, estos estímulos han aumentado el interés por invertir.

En el radar. Guatemala tiene una estrategia sólida de incentivos fiscales, pero debe reforzar su propuesta de valor. Recientemente, se anunció la inversión de USD 42.5M para el Corredor de Soluciones Logísticas que busca fortalecer la infraestructura industrial.

• La ubicación geográfica permite consolidarse como un centro logístico para la región. Este proyecto busca resolver cuellos de botella en la infraestructura actual y proponer una solución integral de expansión para las empresas.
  
  

• La SAT ha identificado que los parques industriales generan un efecto positivo en la recaudación a través del consumo de los trabajadores y ventas internas. Esto compensa parte del “sacrificio fiscal”.
  
  

• Expertos señalan que, sin ellos, las empresas optarían por relocalizarse en otros países. Esto ocasionaría pérdida de empleos e ingresos. Sin embargo, es clave equilibrarlos con la recaudación tributaria.

Sí, pero. Más allá de los incentivos fiscales, las empresas buscan otros elementos insoslayables para invertir en un país. Factores como infraestructura y eficiencia en procesos administrativos tienen un peso considerable en la toma de decisiones de inversión.

• La falta de infraestructura moderna es una de las principales limitantes. Carreteras en mal estado y deficiencias en puertos y aeropuertos afectan la competitividad.
  
  

• Compañías extranjeras ya perciben estos problemas. Algunas han manifestado preocupación por bloqueos en carreteras y retrasos en el transporte de mercancías.
  
  

• Procesos administrativos lentos y burocráticos también desincentivan la inversión. La falta de digitalización y la ineficiencia en la emisión de permisos afectan la agilidad para establecer operaciones.

Ecos regionales. La competencia con otros países obliga a evaluar si se ofrecen suficientes estímulos frente a rivales como Costa Rica y República Dominicana. El impacto en la economía, empleo e inversión es significativo.

• Las ventajas de Costa Rica son por ocho años, renovables dependiendo de la reinversión. En 2023, las zonas francas generaron USD 12 276M (14 % del PIB). Por cada dólar exonerado, el país recibe un retorno de USD 2.8. El beneficio neto es de USD 1.8.
  
  

• República Dominicana es más agresiva en su política fiscal. Ofrece incentivos de 15 años, renovables hasta 50, si las empresas cumplen con ciertos requisitos de empleo e inversión de capital.
  
  

• El modelo dominicano ha sido exitoso, con un 60 % de su PIB generado en estas zonas. Su flexibilidad y largo plazo de incentivos han atraído inversiones sostenibles en el tiempo.

En conclusión. Guatemala tiene estímulos fiscales competitivos, pero no suficientes para compensar las deficiencias en infraestructura, digitalización de procesos y certeza jurídica. Para capitalizar el nearshoring debe abordar con urgencia estas áreas críticas. De lo contrario, perderá oportunidades frente a vecinos que han sabido potenciar sus ventajas estratégicas.

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