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La “mafia verde”

¡Buenos días!
Mucho se ha criticado —con razón— la malsana práctica de que los puestos públicos, particularmente de entes reguladores, vayan a manos de exdirectores de compañías que han estado —y están— bajo dicha regulación.
Otra práctica similar, solo que en sentido contrario, es la de que antiguos reguladores, al salir del cargo, consigan posiciones en juntas directivas, por ejemplo, de entidades reguladas. Ese fenómeno se conoce en inglés como the revolving door.
En entidades financieras, farmacéuticas o alimenticias, entre otras, es muy criticado por los conflictos de interés que claramente representa. Pero lo mismo ocurre con quienes dirigen y se benefician económicamente de las oenegés ambientales y su contraparte reguladora; en Guatemala pueden ser el CONAP, el INAB y, por supuesto, el MARN.
Sin embargo, ahí el argumento es que quién mejor —o conocedor— para dirigir un ente regulador ambiental es que un ambientalista. Pero claro, ese argumento no se usa en otras áreas. Claramente, un doble estándar y un falso discurso.
Hoy, en el boletín de República política se aborda, de forma incipiente, el fenómeno en el que “ambientalistas” anteponen intereses particulares a los generales, a los del país.
En lo sucesivo, vendrán más entregas, más reveladoras.

Natalie Chang
Sanciones a Rusia amenazan al agro latinoamericano
723 palabras | 4 minutos de lectura

La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles secundarios de hasta el 100 % a los países que mantengan relaciones comerciales con Rusia, marca una escalada dramática en el frente económico del conflicto.
En el centro de esta posible crisis se encuentra un insumo estratégico y a menudo pasado por alto: el fertilizante. Y en su punto más vulnerable, los campos agrícolas de Latinoamérica y EE. UU.
Trump ha dado a Rusia un plazo de 50 días para negociar la paz, mientras que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advierte que países como Brasil, China e India podrían ser “duramente golpeados” si no rompen sus lazos comerciales con Moscú.
La retórica es audaz. Las consecuencias podrían serlo aún más. El fertilizante —que hasta ahora había quedado al margen de las sanciones— se encuentra en el ojo de la tormenta.
En perspectiva. Washington ha destinado más de USD 182 800M en ayuda a Ucrania desde 2022, aumentando la presión para forzar un desenlace. Sin embargo, esta nueva herramienta política podría fracturar más de lo que corrige.
Para Rusia, el fertilizante es mucho más que un insumo agrícola: constituye una fuente estratégica de ingresos. Mientras la guerra entra en su cuarto año, con más de 1M de bajas rusas, y una economía cada vez más aislada de Occidente, sectores de exportación como el de fertilizantes se han vuelto esenciales para el Kremlin.
Para Latinoamérica, las consecuencias son inmediatas. El fertilizante ruso sostiene las cosechas de exportación que alimentan la generación de divisas, el empleo rural y la seguridad alimentaria. Una ruptura provocada por los aranceles no solo reduciría las cosechas, sino que también podría alimentar la inflación, la migración y la inestabilidad regional.
Moscú, por su parte, apuesta a los mercados emergentes con el objetivo de capturar el 25 % del comercio mundial de fertilizantes para 2030, enfocándose en los países BRICS y el mundo en desarrollo.
Entre líneas. Rusia es el mayor exportador mundial de fertilizantes, con ingresos anuales de USD 13 900M y una participación del 16.6 % en el mercado global.
Brasil, principal productor mundial de soya, importó fertilizantes rusos por USD 3700M en 2024, equivalentes a un tercio de su demanda total. Colombia, a su vez, obtiene de Rusia el 25 % de los insumos que utiliza en la producción de café, flores y frutas tropicales.
México también depende de estos suministros: en 2024 adquirió más de USD 580M en fertilizantes, principalmente urea, un insumo clave para los cultivos de maíz, trigo y aguacate.
Inclusive, EE. UU. está significativamente expuesto; en 2024 importó fertilizantes rusos por USD 1300M, entre ellos insumos esenciales como urea y nitrato de amonio. Estos productos representan hasta el 15 % de los costos totales para los agricultores estadounidenses, en particular para los productores de maíz y soya.
Por qué importa. El Banco Mundial ha identificado los choques de precios en fertilizantes como un factor clave en la inflación alimentaria y la migración en Centroamérica, una dinámica que podría repetirse en todo el sur global, donde la agricultura es una de las principales fuentes de ingresos.
En Brasil, el agronegocio representa el 27 % del PIB y genera exportaciones anuales por más de USD 160 000M.
Otro ejemplo es la industria mexicana del aguacate, valorada en USD 3000M —de los cuales el 80 % se exporta a EE. UU.—, es especialmente dependiente de la urea.
Incluso, algunos líderes del sector exportador en la región, ya desvinculados de los proveedores rusos, advierten que nuevas sanciones podrían provocar retrasos en las entregas, volatilidad de precios y disrupciones en temporadas críticas de siembra.
Lo que sigue. Los “aranceles secundarios” impulsados por Trump podrían ofrecer un margen de maniobra geopolítico en el corto plazo, pero a un costo estratégico elevado. En el intento de privar a Putin de ingresos, Washington corre el riesgo de sembrar escasez, tanto en el extranjero como en casa.
La consecuencia persistente de una diplomacia binaria podría ser el alejamiento de Latinoamérica, empujando a socios clave hacia China y Rusia y profundizando la brecha que Washington busca cerrar.
Aunque la intención de poner fin a la guerra en Ucrania mediante presión económica es clara, difícilmente estas medidas obliguen a Putin a ceder.
Por el contrario, corren el riesgo de provocar una crisis más profunda: la desestabilización del suministro alimentario mundial en su nivel más básico.
Marimaite Rayo
La mafia verde (I): los caprichos que ponen en riesgo los recursos naturales en Guatemala
563 palabras | 2 minutos de lectura

Guatemala pone en riesgo fondos millonarios y sus recursos naturales por decisiones discrecionales en el manejo de bonos de carbono, revelando una red de intereses políticos disfrazados de ambientalismo en la administración central.
Cómo funciona. En 2021, Guatemala firmó un acuerdo con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial (BM) para la provisión de hasta USD 53M para el pago por la reducción de emisiones por deforestación y aumento de la fijación de carbono mediante el programa de reducción de emisiones (REDD+).
El FCPF es una iniciativa del BM con el fin de apoyar, mediante dos fondos complementarios, el fondo de carbono y el fondo readiness, a la REDD+ en 47 países en vías de desarrollo en África, Asia, Latinoamérica y el Caribe.
De acuerdo con los datos del Banco Mundial, los acuerdos de pago por reducción de emisiones (ERPA) comprometen más de USD 720M para la reducción de hasta 145M de toneladas de emisiones de carbono hasta 2025.
En su momento, Guatemala, se comprometió a que, en cuatro años, reduciría más de 10.5M de toneladas de emisiones de carbono.
Los datos. Según el sistema de seguimiento de activos de carbono (CATS), actualmente, 15 países se adscriben bajo el FCPF, entre los cuales se incluyen Chile, la República Democrática del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Gana, Vietnam, entre otros.
La plataforma señala que Costa de Marfil cuenta con la mayor emisión de bonos, más de 27M, seguido de Vietnam con 22M de bonos y Costa Rica, en tercer lugar, con 8M de activos emitidos.
En este sentido, Guatemala tiene un retraso significativo, dado que, pese a que el dinero disponible vence a finales de 2025, se han emitido y verificado cero bonos en el país.
De no emitirlos, Guatemala no solo estaría incumpliendo un compromiso con la banca multilateral, sino que también estaría afectando a actores privados que dependen de este dinero para su subsistencia.
Visto y no visto. República tuvo conocimiento que estos atrasos se deben, en gran parte, a que las autoridades del gobierno central han dirigido los procesos con el fin de beneficiar a organizaciones ambientalistas cercanas a la administración, otorgando en “administración” la autoridad sobre los recursos nacionales.
Asimismo, con el objetivo de incrementar las ganancias, han modificado los criterios de fijación de carbono, incrementando el monto otorgado por hectárea.
Estos atrasos han dado como resultado una presa de expedientes en instituciones como el INAB, que, a pesar de haber abierto la recepción de expedientes en mayo de 2024, tuvo que paralizar el proceso un mes después debido a la falta de recursos.
Como consecuencia, aunque uno de los objetivos del FCPF es la retribución a las comunidades, la tramitología acapara gran parte de los recursos generados en los mercados mundiales de carbono.
En conclusión. Esta red de intereses particulares, disfrazados de ambientalistas, ha conseguido capturar el programa de emisión de bonos de carbono, lo cual pone en riesgo los recursos naturales, particularmente aquellos sensibles como los parques nacionales.
Esto ha sido posible, en gran medida, debido al fenómeno de la puerta giratoria, ya que personas que previamente eran parte del lobby ambientalista, ahora forman parte de los cuadros del gobierno, y viceversa.
Por ende, de beneficiar a comunidades y conservacionistas individuales, las autoridades estarían incurriendo irregularidades, al mismo tiempo que estarían poniendo en riesgo el entorno natural y protegido del país.
UNA INVITACIÓN DE CH PROMOTIONS
Una noche, una generación, Kabah en Guatemala

La icónica banda noventera Kabah regresa a Guatemala con un espectáculo que promete encender los recuerdos y revivir la magia de una era inolvidable. Para quienes crecieron escuchando walkman, con mezclas de radio grabadas en cassete y ensayando coreografías frente al espejo, este anuncio llega directo al corazón de los nostálgicos.
Qué destacar. Hoy, esa energía vuelve a encenderse con una gira que está llenando escenarios y conquistando corazones.
Guatemala no será la excepción: los asistentes podrán cantar a todo pulmón clásicos como “La calle de las sirenas”, “Mai Mai”, “Antro” y “Vive”.
El estilo vibrante de Kabah, su actitud libre y sus canciones pegajosas marcaron la banda sonora de millones de vidas en toda Latinoamérica.
CH Promotions ha preparado una experiencia de primer nivel que garantiza comodidad, calidad y disfrute en cada detalle.
Datos clave. Kabah se presentará el próximo 8 de agosto en Forum Majadas a las 20:00 horas.
Reviva las melodías que definieron su historia, compártalas con quienes las hicieron inolvidables y redescubra que, a veces, para seguir adelante, basta con volver a cantar lo que alguna vez le hizo sonreír.
Adquiera su entrada aquí.
Gérman Gómez
Hospitales de Chiquimula y Sololá: la autoría en disputa
510 palabras | 2 minutos de lectura

En 2023 se inició la construcción de dos hospitales nacionales ubicados en Sololá y Chiquimula. Sin embargo, el gobierno de Bernardo Arévalo los presenta como iniciativa propia. Los registros del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Guatecompras prueban que fueron licitados y comenzaron un año antes de este gobierno.
Por qué importa. La construcción de hospitales nacionales representa una inversión millonaria para el país. Asimismo, simboliza un legado político para el gobernante de turno. En la mayoría de los casos, no se logran terminar en una gestión de cuatro años.
Las obras —casi siempre— se materializan con ayuda extranjera, gracias al financiamiento y asesoría técnica de países aliados. En este caso, se trata de Corea del Sur.
En actos públicos, Arévalo afirmó que las obras son parte de la agenda 2024‑2028, sin mencionar que comenzaron antes de su gestión.
El 18 de septiembre de 2023, el expresidente Alejandro Giammattei colocó la primera piedra del hospital de Chiquimula; Sololá comenzó en diciembre del mismo año.
Visto y no visto. Los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Financiera (BCIE) y el apoyo de Corea del Sur dieron viabilidad técnica y financiera a los dos proyectos desde 2022. Al finalizar 2023, el hospital de Chiquimula alcanzaba 7.92 % de avance y el de Sololá 21.36 %.
Ambos hospitales forman parte del Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, financiado con un préstamo de USD 193.2M del BCIE.
No obstante, USD 79M provienen del acuerdo con Corea del Sur. El BCIE también supervisa las obras mediante misiones técnicas desde febrero de 2024.
En 2024, el hospital de Chiquimula llegó al 28.53 % y el de Sololá al 46.56 %. Las cifras oficiales confirman que, aunque el actual gobierno aceleró avances, el origen de los proyectos no le pertenece.
Sí, pero. Los avances en los hospitales son visibles en esta gestión. Sin embargo, la “comunicación oficial” no menciona el origen de los proyectos. Los reportes del BCIE indican que el ritmo de construcción se aceleró en 2024 y 2025 gracias a desembolsos y supervisión técnica más constante.
La ejecución correcta de los proyectos es fruto de la planificación del gobierno anterior, pero con el seguimiento del actual.
No obstante, la administración de Arévalo busca llevarse el crédito completo. Esto también se replica para la construcción del hospital de Rabinal, Baja Verapaz.
La “primera cosecha” menciona la construcción de tres hospitales en 2024, pero, en realidad, iniciaron antes, como es el caso del de Rabinal, que fue aprobado en 2015 y culminó el año pasado.
En conclusión. Los hospitales de Sololá y Chiquimula son un ejemplo claro de cómo la obra pública se convierte en terreno de disputa política, con la intención de materializar un legado presidencial. La administración de Bernardo Arévalo aceleró los avances, pero el origen le pertenece a la gestión anterior.
La atribución de estos logros sin reconocer el proceso previo distorsiona la rendición de cuentas y confunde a la ciudadanía.
El reto del actual gobierno será entregar los hospitales terminados, equipados y funcionales. No tendría que repetir errores de abandono.
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