¡Buenos días!

Durante décadas, el llamado “movimiento ambientalista” ha atacado —entre otras— a la industria petrolera nacional. El fenómeno no es localizado, hay que decirlo. Afincado en prácticas del siglo pasado y hasta del ante pasado donde la operación se realizaba sin cuidados ambientales algunos, el prejuicio contra las industrias extractivas quedó grabado en el imaginario colectivo; aquellas malas prácticas dejaron de darse hace ya mucho tiempo, pero para el negocio del ambientalismo, conviene hacer creer que se mantienen. Así, una operación del todo consciente de su efecto en el ambiente y en las comunidades, ha sido vilipendiada sin razón.

Aparte es, eso sí, que las condiciones contractuales en cuanto a lo económico debieron siempre ser mejores para el Estado, el dueño del recurso. No fue así, pues el marco legal permitía excesos por parte de los contratistas que, a la postre, implicaron exiguos ingresos para el erario. Pero esto, modificable vía contractual y legal, no tiene nada que ver con los supuestos daños ambientales.

Ahora, este Gobierno tendrá que ver qué hace, a la carrera y sin un plan. Si dentro de algún tiempo la situación ambiental se deteriora, seguro se acusará a una desaparecida operación, en lugar de reconocer que la actividad productiva era, en todo caso, el mejor resguardo para el área.

Ojalá y, como advirtió Hardin, no ocurra “la tragedia de lo comunal” 

¿Cierre, o cerrazón?

El 12 de agosto de 2025 marcó el fin de una era en la historia petrolera de Guatemala: la finalización del contrato 2-85 que durante los últimos años operó la empresa franco-británica, Perenco, para la explotación del campo Xan en San Andrés, Petén. Tras 40 años de operaciones, que incluyeron la extracción de más de 146M de barriles de crudo, el Estado asumió el control de los activos, incluyendo instalaciones, oleoductos y una pista de aterrizaje. Este cierre, sin prórroga alguna por parte del gobierno de Bernardo Arévalo, representa, sí, el fin de un acuerdo controvertido, pero también es una oportunidad perdida para el desarrollo nacional en medio de crecientes necesidades económicas y sociales. 

A la postre, las condiciones contractuales no eran las más favorables para Guatemala; firmado en 1985, el contrato reflejaba una Ley de Hidrocarburos vetusta, que permitía a Perenco recuperar costos elevados, superando, incluso, los ingresos generados para el Estado. Actualizar la legislación es urgente para evitar repeticiones de estos desequilibrios. 

Sin embargo, la respuesta del gobierno —cerrarse por completo a cualquier posibilidad de continuar la extracción petrolera— es un sinsentido que ignora las realidades del país. Guatemala enfrenta carencias crónicas en infraestructura, salud y educación, y el petróleo podría ser un recurso clave para financiar soluciones. El campo Xan no solo producía crudo, sino que suministraba gran parte del asfalto nacional, esencial para reparar y mantener la red vial, que ya sufre deterioro generalizado. Con el cierre, el Ministerio de Energía y Minas advierte que se deberá importar asfalto, elevando los costos de obras públicas. ¿Por qué descartar una actividad que, manejada responsablemente, podría generar empleo y divisas? 

La cerrazón de las autoridades —particularmente las medioambientales— ha descartado opciones viables de extracción sostenible. Países amigos, como Canadá y Noruega, han demostrado que es posible equilibrar la producción petrolera con rigurosos estándares ambientales, mediante tecnologías avanzadas y regulaciones estrictas que protegen ecosistemas sensibles. Incluso en Latinoamérica, Brasil y Colombia han implementado modelos que minimizan impactos, incorporando comunidades locales y monitoreo constante. En Guatemala, en lugar de explorar reformas legales o alianzas con empresas éticas, se optó por un cierre abrupto, declarando incluso una “emergencia” para el desmantelamiento, lo que podría durar hasta tres años y va a costar millones al erario que deberían ser utilizados para seguridad, educación o salud, entre otras tantas necesidades urgentes.

Ahora, el foco debe estar en la transparencia del proceso de selección de la compañía encargada del cierre técnico. El gobierno ha iniciado contrataciones urgentes, pero es imperativo que no se otorgue “a dedo”, evitando sombras de corrupción que han plagado contratos pasados. La sociedad guatemalteca debe vigilar que se priorice la eficiencia y el menor costo posible, sin favoritismos. 

Resulta lamentable que, con riqueza en el subsuelo guatemalteco, las autoridades prefieran dejarla enterrada mientras miles de necesidades permanecen desatendidas. Este no es un cierre progresista, sino una cerrazón ideológica que condena al país a mayor dependencia externa. Guatemala merece un debate maduro sobre sus recursos: explotarlos con responsabilidad, no ignorarlos. Es un sinsentido que clama por reflexión y acción inmediata.  

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) implementó una reforma al pliego de servicios portuarios.  La publicó el pasado 5 de marzo en el Diario Oficial, y entró en vigor al día siguiente. Sin embargo, usuarios denuncian cobros por encima de lo autorizado y tiempos excesivos de descarga, lo que incrementa los costos logísticos.

Por qué importa. La crisis de las tarifas y los tiempos de espera en el principal puerto del Pacífico amenaza el comercio de la región. Según el Informe Estadístico Portuario 2024, EPQ maneja el 46 % del intercambio marítimo del país. 

• La reforma al artículo 1 del pliego permite que las tarifas puedan incrementarse de forma anual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. En el anterior reglamento no estaba contemplado.
  
  

• Ya en el 2014 se había modificado el documento, lo que permitió la incorporación de tarifas escalonadas para los contenedores. El pago mínimo era de USD 9050 y el máximo, de USD 10150.
  
  

• Iniciaron a medirse en Toneladas de Registro Bruto (TRB) del barco, ocupación en el muelle y las horas de embarque. Previamente, el pliego se ajustó en el 2023.

Visto y no visto. EPQ funciona sin la capacidad técnica para atender la demanda actual. Por ejemplo, los buques enfrentan esperas de 80 días para ser descargados. Algunos afectados también indican que desde 2023 se incrementaron las tarifas del 2014 sin que se publicaran en el diario oficial. 

• Los costos generados se trasladan a toda la cadena: afectan al importador y al consumidor final. Además, generan incertidumbre legal y económica.
  
  

• La actualización del tarifario indica que el almacenaje de los contenedores durante los primeros 10 días, cada uno tendrá un costo de USD 2.30. Sin embargo, fuentes internas indicaron que asciende hasta los USD 168.
  
  

• El actual pliego muestra los costos del Muelle Comercial de EPQ (MC) y los de la Terminal Portuaria Especializada de Contenedores (TPEC). Este último es el nuevo código de APM Terminals.

Sí, pero. El cambio en los nombres se dio por la cancelación del espacio aduanero que tenía en concesión APM Terminals, tras la finalización del contrato de usufructo oneroso. Ahora lo administra EPQ. No obstante, ambos suscribieron nuevos contratos de arrendamiento y prestación de servicios. 

• El régimen utilizado es el de gestión indirecta en la clasificación de participación privada de terminal portuaria especializada.
  
  

• En la terminal de EPQ se encuentran aproximadamente 5000 contenedores con problemas de abandono voluntario, derivado de adeudos sobre saldos de almacenaje.
  
  

• Esto se genera por el incremento de las tarifas. La actual crisis portuaria generó, por ejemplo, que Clipper Group, evalúe dejar Guatemala.

En conclusión. La actualización del pliego tarifario en EPQ, lejos de resolver ineficiencias, profundizó una crisis que combina sobrecostes, demoras y desconfianza. El principal puerto del Pacífico enfrenta límites técnicos y normativos que ponen en riesgo el comercio exterior guatemalteco. 

• La incertidumbre legal y la falta de transparencia desalientan la inversión, lo que podría generar que EPQ pierda su papel estratégico y competitivo en la región.
  
  

• La combinación de tarifas elevadas y lentitud operativa encarece la cadena logística. Afecta a importadores y consumidores por igual. 

La entrega de una beca estatal a una excandidata del partido Movimiento Semilla generó indignación pública y cuestionamientos sobre la gestión del programa. 

• Lo que comenzó con gran expectativa, se trasladó a escrutinio y percepción de riesgo reputacional, y el gobierno busca manejar la situación para recuperar la credibilidad del Fondo Nacional de Becas, mediante auditorías, antecedentes históricos y estrategias de comunicación que aseguren confianza en su ejecución.  

Por qué importa. El programa administra GTQ 245M en 2025, cifra sin precedentes para educación superior. El escrutinio sobre una de las primeras beneficiarias refleja la necesidad de equilibrio entre los requisitos legales, en un contexto donde la transparencia es prioritaria.

• Carlos Mendoza, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), explicó a medios que la normativa vigente no contempla restricciones por afiliación política. Las becas se otorgan conforme a reglamentos y criterios de elegibilidad establecidos.
  
  

• El fondo ofrece becas completas y parciales, priorizando carreras estratégicas como ingeniería, salud y agricultura, así como formación técnica en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), adaptadas a distintos perfiles socioeconómicos.
  
  

• La primera convocatoria preseleccionó 1500 estudiantes, acercándose a los resultados de un fideicomiso previo que en 25 años benefició a 1800 personas, evidenciando un aumento significativo en cobertura y alcance. 

En el radar.  La Contraloría General de Cuentas (CGC) ejecuta dos auditorías al programa, iniciadas antes de conocerse este caso. Ambas revisan el manejo de fondos y el cumplimiento de procesos, con posibilidad de emitir recomendaciones o sanciones. 

• El 1 de julio se nombró a auditores para revisar el convenio entre SEGEPLAN, Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y el fondo, tras la alerta del 17 de junio sobre la administración de GTQ 245M destinados a becas.
  
  

• El 5 de agosto comenzó otra auditoría derivada de denuncia legislativa, centrada en cumplimiento financiero y revisión de sistemas y procesos administrativos.
  
  

• SEGEPLAN solicitó una auditoría de desempeño para reforzar la transparencia; fue rechazada por existir procesos previos, quedando registrada para constancia institucional. 

Fisgón histórico. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, los programas de becas enfrentaron desafíos de gestión. En 2023, SEGEPLAN destinó GTQ 5M a ferias de becas, ejecutadas mediante compras directas de GTQ 89 000 por evento.

• Estos antecedentes históricos muestran la importancia de consolidar procesos administrativos eficientes y registros confiables.
  
  

• En el programa de becas en inglés, el Ministerio de Economía (MINECO) reportó deficiencias en la identificación de beneficiarios y la imposibilidad de verificar ubicación o empleo; cuenta con un presupuesto de GTQ 35M.
  
  

• La titular, Luz García, indicó que para futuras ejecuciones se deberá contar con equipo especializado, estructura clara y registro confiable de beneficiarios. 

Lo que sigue. El gobierno busca dar seguimiento a resultados concretos y documentables del programa, con el objetivo de mantener la confianza pública. 

• SEGEPLAN planea presentar historias de vida de beneficiarios como evidencia del impacto social y educativo del fondo.
  
  

• La sostenibilidad dependerá de consolidar procesos transparentes, registros confiables de beneficiarios y seguimiento de criterios de elegibilidad.
  
  

• Un manejo claro y auditorías concluyentes fortalecerán la legitimidad del fondo y garantizarán que cumpla su propósito educativo.