¡Buenos días!

Ayer, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) emitió un comunicado en torno a la aprobación del Decreto 15-2026 —la denominada “ley antilavado”— en el que analiza posibles acciones legales en su contra.

Desde su discusión en el Congreso y, sobre todo, antes de su aprobación por artículos, República alzó la voz en contra de, precisamente, los aspectos que el CANG señala como reñidos con el ordenamiento jurídico vigente. También lo hizo sobre otros aspectos y artículos puntuales; algunas de nuestras alertas fueron tomadas en cuenta, mas otras no. Hoy, nos dan la razón.

La actualización de nuestro marco jurídico respecto de era necesaria, no solo porque los mecanismos del crimen organizado han evolucionado vertiginosamente, sino porque era un requerimiento del GAFI.

No haber aprobado la ley hubiese tenido terribles repercusiones, pero una cosa es eso y otra la actitud entreguista de algunos actores —los diputados oficialistas a la cabeza— que raudos fustigaron contra cualquier llamado a la cordura previo a la aprobación. Uno de esos diputados, incluso, llegó al ridículo de culpar a quienes se oponían a la aprobación [del texto original] de difundir un video de él en estado crapuloso. Borracho, pues.

El compositor mexicano Gabino Palomares, en el año 1975, compuso la canción que titula este boletín: La maldición de Malinche. La canción termina con una estrofa tan vigente hace 51 como ahora:

Oh, maldición de Malinche, / enfermedad del presente, / ¿cuándo dejarás mi tierra? / ¿Cuándo harás libre a mi gente? 

De Mazate a La Antigua: alcaldes que se sienten soberanos

En El Principito hay un rey que gobierna un planeta sin habitantes. Manda sobre las estrellas, sobre el sol, sobre el día y la noche, y está convencido de que su palabra es ley porque no hay nadie ahí para contradecirlo. Es un soberano de la nada, dueño de un reino que le cabe en los pies.

Guatemala está llena de esos reyes. Solo que aquí no llevan corona, sino vara edilicia y, la palabra que los embriaga no es “majestad”, sino autonomía.

Ese término, que se conceptuó para acercar las decisiones a la gente, terminó entendido al revés: como permiso para estar por encima de la ley, al margen de la ley, fuera del alcance de la ley. Como licencia para que cada uno levante, en su parcela, un pequeño Estado a su medida.

El caso que lo retrata de cuerpo entero es Mazatenango. El alcalde Carlos Estuardo Villagrán López frenó el proyecto Xochi —el Corredor de las Flores—, una carretera privada que viene a descongestionar una de las rutas más saturadas de la Costa Sur. El pretexto fue que la licencia estaba vencida. La misma licencia que su municipalidad otorgó en 2023, prorrogó sin objeciones y cobró sin pestañear. El mensaje a quien quiera invertir en este país es brutal: lo que hoy se autoriza, mañana se bloquea, según el humor del rey de turno.

No es un caso aislado; se repite en todo el país.

En La Antigua Guatemala, la municipalidad decidió cobrarles a las personas por estacionarse en la calle, mediante un simple reglamento; la Corte de Constitucionalidad lo suspendió por arbitrario. ¿La reacción del alcalde? Aprobar un nuevo reglamento para seguir cobrando lo mismo con otro nombre. Fraude de ley puro.

Y la lista sigue. Hubo municipios que durante la pandemia cerraron sus entradas con rocas, como si pudieran levantar fronteras internas dentro del país. Hay municipalidades alrededor de Atitlán y en el altiplano que prohíben y multan el comercio a su antojo, cada una con su propio tarifario de castigos, de modo que vender una bolsa plástica es legal de un lado de la calle y “delito” municipal del otro.  

La enfermedad no es solo municipal. La USAC lleva años comportándose como si su autonomía fuera una muralla tras la cual la policía no puede entrar y las leyes no alcanzan; cada vez que el Ministerio Público o la PNC se acercan al campus a cumplir una diligencia, aparece el mismo reflejo: “Aquí no manda el Estado, aquí mandamos nosotros”. Pero la autonomía universitaria nunca significó extraterritorialidad; el propio Consejo Superior Universitario ha tenido que reconocer que las fuerzas de seguridad pueden ingresar cuando hay desorden o peligro, porque la USAC no es un país aparte: es una institución guatemalteca, sujeta a las mismas leyes que cualquier otra.

Conviene poner las cosas en su lugar, y se explica fácil; la ley en Guatemala funciona como una escalera. En el escalón más alto está la Constitución; un peldaño abajo, las leyes, que únicamente el Congreso puede crear. Y hasta abajo, los reglamentos. Un municipio, la USAC, cualquier ente autónomo, solo llega hasta ese último escalón: pueden hacer reglamentos, jamás leyes. Y un reglamento nunca es superior a la ley.

La Constitución lo dice sin rodeos en el artículo 134: “Los municipios y las entidades autónomas actúan por delegación del Estado”. Por delegación. Quien hace algo por encargo de otro no puede colocarse por encima de quien se lo encargó. La autonomía nunca fue soberanía.

El costo de ello no es nimio; implica carreteras que no se inauguran, inversiones que huyen, empleos que no nacen; afecta el futuro de miles de guatemaltecos tomados de rehenes por un sello municipal. Cada bloqueo arbitrario es un anuncio al mundo de que aquí las reglas duran lo que dura el antojo de la autoridad de turno.

La autonomía se creó para acercar el poder a la gente. No para que cada alcalde, cada concejo —y consejo—, cada autoridad que se proclama autónoma, se crea dueño de un planeta y se ponga, como el rey del cuento, a darle órdenes al sol.

El sol nunca obedeció. Y la ley tampoco tiene por qué hacerlo.

Natalie Chang
Xinjiang: el costo geopolítico de mirar hacia otro lado
957 palabras | 5 minutos de lectura

Xinjiang no es una periferia cualquiera para China. Ubicada en el extremo occidental del país y fronteriza con ocho naciones, la región autónoma uigur constituye uno de los territorios más estratégicos para Pekín: es simultáneamente un corredor geopolítico hacia Asia Central y Europa, un pilar de su seguridad energética y un centro clave para su desarrollo industrial y tecnológico.

• La región representa cerca de una sexta parte del territorio chino y funciona como la principal puerta terrestre de China hacia Eurasia, conectando al país con Asia Central, Pakistán y Europa a través de corredores logísticos, energéticos y comerciales vinculados a la Nueva Ruta de la Seda.

• Asimismo, concentra algunas de las mayores reservas de recursos estratégicos de China, incluyendo petróleo, gas natural, carbón, uranio, litio, algodón, polisilicio y minerales críticos utilizados en baterías, paneles solares, infraestructura eléctrica y manufactura avanzada.

• Sus vastos recursos energéticos permiten a Pekín reducir su dependencia de las importaciones que atraviesan el estrecho de Malaca, uno de los principales puntos de asfixia de China en un escenario de confrontación geopolítica.

Datos clave. El verdadero valor de la región autónoma uigur radica en su papel dentro de la transición energética global y se ha convertido en un centro clave para la producción de minerales críticos utilizados en baterías, vehículos eléctricos y tecnologías limpias, consolidándose como un pilar tanto de la seguridad energética china como de las cadenas de suministro.

• Xinjiang concentra entre el 38 % y el 40 % de las reservas totales de carbón del país y alberga importantes reservas de petróleo, gas natural, y uranio, fundamentales para la expansión nuclear china y su estrategia de seguridad energética.

• Además de producir más del 92.3 % del algodón de China, concentra alrededor del 40 % del polisilicio mundial de grado solar, insumo esencial para la fabricación de paneles solares.

• La región no solo produce recursos clave para la transición energética; también funciona como el principal corredor terrestre para transportarlos, conectando a China con Asia Central y Europa a través de una red estratégica de gasoductos, oleoductos y corredores logísticos.

Por qué importa. Ese enorme valor estratégico ayuda a explicar el nivel de control político impuesto sobre la población uigur, implementando un laboratorio de vigilancia masiva. Desde 2017, informes internacionales han documentado la detención de más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas en centros de “reeducación”.

• Muchos de los detenidos nunca fueron condenados ni sometidos a juicio. En numerosos casos, las razones para su internamiento respondían a conductas no delictivas como utilizar WhatsApp, viajar al extranjero, practicar determinadas expresiones religiosas, vestir ropa tradicional o mantener vínculos con familiares fuera de China.

• La lógica oficial no consiste en castigar delitos cometidos, sino en prevenir potenciales riesgos futuros mediante programas de adoctrinamiento, aprendizaje obligatorio de mandarín y juramentos de lealtad al Partido Comunista Chino.

• Bajo esa lógica, la vigilancia masiva, los centros de reeducación y los programas de asimilación cultural trascienden la lucha contra el extremismo y se convierten en herramientas para garantizar el control político y social.

Punto de fricción. Aunque Xinjiang ocupa una posición crítica dentro de las cadenas globales de suministro de algodón, textiles, aluminio, componentes automotrices y energía solar, diversos informes internacionales han vinculado parte de esa producción con programas de trabajo forzado asociados a centros de internamiento y esquemas de transferencia laboral de población uigur.

• El impacto trasciende las fronteras chinas. Empresas de todo el mundo que adquieren textiles, paneles solares, autopartes e insumos industriales enfrentan crecientes riesgos reputacionales, regulatorios y de cumplimiento vinculados a sus cadenas de suministro.

• En 2020, un informe del Australian Strategic Policy Institute (ASPI) documentó el traslado de aproximadamente 80,000 uigures a fábricas en otras provincias chinas para trabajar en cadenas de producción vinculadas a 82 compañías internacionales, entre ellas Nike, BMW y Samsung.

• En respuesta, EE. UU. aprobó la Uyghur Forced Labor Prevention Act, una legislación que presume que los productos provenientes de Xinjiang han sido elaborados mediante trabajo forzado, salvo que se demuestre lo contrario.

Latinoamérica entra en la ecuación. Durante las últimas dos décadas, Pekín ha financiado o desarrollado infraestructura estratégica en Latinoamérica y el Caribe —puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones y minería— por un valor estimado de más de USD 130 000M.

• El caso más emblemático es el megapuerto de Chancay, en Perú, cuyo 73.6 % pertenece a empresas estatales chinas. La infraestructura tiene el potencial de reconfigurar las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia, reduciendo la dependencia del Canal de Panamá —quienes se encuentran bajo presión de EE. UU.— y fortaleciendo la proyección económica de Pekín en el Pacífico.

• La presencia china también se extiende a nodos logísticos estratégicos como los puertos mexicanos de Manzanillo y Veracruz, así como al puerto de Kingston, Jamaica, donde empresas chinas mantienen participaciones mayoritarias.

• La competencia tampoco se limita a infraestructura, China ha exportado tecnologías de vigilancia, reconocimiento facial, cámaras inteligentes y plataformas de seguridad urbana a diversos países de la región.

En conclusión. El caso de Xinjiang refleja una lógica más amplia: la misma China que asegura recursos, corredores logísticos y control territorial en su periferia ha utilizado inversión, comercio e infraestructura para ampliar su presencia en una Latinoamérica donde buena parte de los gobiernos de izquierda facilitaron su penetración económica y política.

• Sin embargo, el panorama podría comenzar a cambiar. La llegada de gobiernos de centroderecha y derecha en Latinoamérica abre la puerta a una revisión de la relación con China.

• Honduras, bajo un eventual Gobierno de Nasry Asfura, ha planteado la posibilidad de restablecer vínculos con Taiwán, mientras que los recientes resultados electorales en Colombia sugieren un posible acercamiento más estrecho a Washington.

• La pregunta para Latinoamérica ya no es si debe relacionarse con China, sino bajo qué condiciones, con qué salvaguardas institucionales y a qué costo para su autonomía estratégica.