La mezquina progresía

¡Buenos días! 

En la semana pasada ocurrieron dos cosas, dos eventos, que desnudaron —una vez más— lo mezquino, que son los autoproclamados “progresistas”.  

Primero, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció su plan para un alto al fuego en Gaza. Con ello, el ejército israelí se retira —por fases— de la zona, y el grupo terrorista, Hamás, debe entregar a todos los secuestrados, vivos y muertos. Luego de ello, Israel liberará a casi 2000 presos y detenidos palestinos. En camino a la paz. 

El otro suceso fue el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, incansable activista venezolana, opositora al régimen narco dictatorial de Nicolás Maduro. Un reconocimiento a la tenacidad de todo un pueblo. 

Se pensaría que ambas cosas serían aplaudidas por la progresía, pero no. Que se acabe el conflicto en Gaza les quita una bandera de la que se colgaban activistas, perroflautas y hasta el propio presidente español. Ahora, deberán enfrentar e intentar resolver los problemas reales de su ciudadanía, así como la rampante corrupción del gobierno del PSOE. Además, no les causó ninguna gracia que haya sido Trump el que lo consiguiese el acuerdo.  

El Nobel a Machado lo criticaron duramente, llegando a decir que equivalía a habérselo dado a Hitler. El dictador Maduro es un aliado —y financista— del socialismo español. Pero no solo en España cayó como balde de agua fría ese reconocimiento. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia al hito, sin importarle que haya sido otorgado a una mujer. ¡Vaya feminismo! Así de resentidos son los “progresistas”. 

La destitución de Dina Boluarte vuelve a evidenciar la fragilidad institucional del país andino, y una crisis de gobernabilidad que parece no tener fin. 

En perspectiva. En una votación unánime —122 a 0—, el Congreso de Perú destituyó, en la madrugada del viernes, a la presidenta Dina Boluarte, declarando su “incapacidad moral permanente” para gobernar. La decisión llegó tras una semana de indignación nacional por el ataque armado en un concierto de cumbia en Lima y la creciente percepción de que el Estado había perdido el control frente al crimen organizado. 

• Boluarte, que asumió la presidencia en 2022 tras la caída del expresidente Pedro Castillo, se convierte así en la sexta mandataria removida o encarcelada desde 2016.  

• El presidente del Congreso, José Jerí, fue juramentado como mandatario interino hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026, aunque en el clima actual de crispación y oportunismo legislativo, tendrá poco margen para llegar hasta entonces en el cargo. 

Por qué importa. La caída de Boluarte es el síntoma de un Estado que ha perdido la capacidad de gobernarse a sí mismo. En un país que alguna vez fue modelo de estabilidad macroeconómica y de apertura al mercado, la política ha degenerado en una sucesión de alianzas frágiles, liderazgos efímeros y una clase política divorciada del ciudadano común. 

• Boluarte llegó a tener solamente un 3 % de aprobación, convirtiéndola en la presidenta más impopular del mundo, pero el Congreso, convertido en árbitro y verdugo, tampoco cuenta con legitimidad. 

• El índice de desaprobación del legislativo también supera el 90 %. Perú vive una democracia sin gobernantes estables ni instituciones confiables, donde los incentivos políticos están moldeados por la supervivencia y el cálculo electoral, no por el interés nacional. 

Fisgón histórico. La historia reciente del Perú se ha vuelto una sucesión de presidentes destituidos, encarcelados o exiliados. Desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Pedro Castillo, pasando por Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, todos han caído por una combinación de corrupción, populismo y fragmentación institucional. 

• Boluarte, que llegó al poder prometiendo orden y continuidad, terminó atrapada en el mismo ciclo: represión, escándalos y soledad política.  

• Su “Rolexgate” —un caso de corrupción y enriquecimiento ilícito— y su aumento salarial en plena crisis económica simbolizaron una desconexión total con el país. 

• Más grave aún fue su incapacidad para enfrentar la ola de violencia. La expansión de bandas transnacionales y el aumento exponencial de extorsiones y asesinatos —más de 2000 casos mensuales— fueron la evidencia final de un Estado en descomposición. 

Entre líneas. Boluarte no cayó solo por sus errores, sino por los incentivos perversos del sistema político peruano. Desde la Constitución de 1993, el Congreso mantiene amplios poderes para declarar la “incapacidad moral” de un presidente, una figura ambigua que se ha convertido en un mecanismo de chantaje permanente. 

• La ausencia de partidos sólidos, el hiperpresidencialismo populista, y un Congreso atomizado, han creado un régimen parlamentario de facto, donde nadie gobierna y todos conspiran.  

• Cada administración se sostiene sobre acuerdos coyunturales entre facciones rivales que, al primer tropiezo, vuelven a girar el cuchillo. 

• A ello se suma una cultura política corroída por el clientelismo y el cortoplacismo, donde la corta expectativa de vida gubernamental hace que los presidentes busquen el enriquecimiento personal en el menor tiempo posible. 

En el radar. Perú lleva casi una década atrapado en un vacío de poder estructural, donde la economía sobrevive por inercia y la política se hunde en la desconfianza. Su crisis no es ideológica, sino institucional: es un Estado débil, sin partidos reales, sin justicia independiente y sin elites dispuestas a asumir costos políticos en defensa de la estabilidad. 

• El peligro ahora no es solo la inestabilidad, sino la fatiga democrática. Cuando la población deja de creer que las reglas sirven, el populismo y el autoritarismo vuelven a parecer soluciones atractivas y “viables”. 

• Con un Congreso desacreditado y un Ejecutivo interino sin capital político, las decisiones estratégicas quedarán postergadas y el poder real seguirá desplazándose hacia actores informales —las fuerzas armadas, caudillos locales y el crimen organizado—. 

• Sin una reforma profunda que reordene los incentivos políticos y reconstruya la autoridad del Estado, Perú permanecerá en un ciclo de inestabilidad funcional, sin colapsar, pero sin capacidad de gobernar. 

El plazo para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) vence este 13 de octubre. Varias convocatorias se suspendieron la semana pasada, lo que mantiene en incertidumbre la transición en el Organismo Judicial (OJ). El proceso permanece bloqueado por divisiones internas y presiones externas. 

Por qué importa. La elección del presidente de la CSJ no es solo un trámite administrativo. Define el rumbo del sistema judicial por la incidencia directa que tendrá en la elección del fiscal general y en otros procesos de comisión de postulación.  

• Este factor modificó la correlación de fuerzas entre los grupos de magistrados encargados de designar al nuevo titular. Se dice que el grupo minoritario perdió un integrante. 

• Todo apunta a que Teódulo Cifuentes concluirá su mandato sin que el pleno alcance acuerdos sobre su sucesor. Las convocatorias se suspendieron por ausencia del magistrado Estuardo Cardenas.  

• El domingo fueron convocados a pleno, pero fracasaron los acuerdos. De no elegirse, el vocal I, Carlos Lucero Paz, asumiría de manera interina. Como ocurrió en 2024, por las mismas circunstancias. 

En el radar. La CSJ ha estado dividida en dos grupos. Sin embargo, se dice que se fragmentó en cuatro. Lo que refleja alianzas políticas y afinidades personales. Todos buscan controlar la presidencia y las cámaras.  

• El “grupo de los ocho”, que es vinculado a operadores externos, como Nester Vásquez, mantiene la mayoría. Flor García Villatoro —apoyada por Roberto López Villatoro—, recientemente incorporada, refuerza este bloque. 

• El grupo disidente, encabezado por Carlos Lucero Paz, aboga por procesos de elección públicos. Con la salida de García Villatoro este grupo se debilitó y se quedó con cuatro integrantes.  

• Este bloque lo integran Estuardo Cárdenas, Flor de María Gálvez y René Girón Palacios. Al grupo se le vincula con Estuardo Gálvez —exrector de la USAC—, operador político tradicional. 

Entre líneas. Los nombres que suenan para ocupar la presidencia no escapan a los cuestionamientos. Sus vínculos políticos y académicos revelan la profundidad de la crisis institucional. 

• Claudia Paredes y Luis Corado son cercanos a figuras con influencia en la designación de jueces y magistrados, como Gustavo Alejos, así como a Allan Rodríguez. Mientras que Igmaín Galicia y Carlos Contreras son criticados por decisiones pasadas en la Cámara Civil y de Amparos. El segundo de ellos es “pieza” de Nester Vásquez y bien visto por Luis Aguirre. 

• Corado, en particular, responde a los intereses de diputados como Luis Aquirre, Adim Maldonado y Jorge Vargas. 

• Aguirre —con cercanía a grupos de crimen organizado— habría intentado influir en el relevo judicial. Aguirre se desligó de los señalamientos. 

En conclusión. El escenario judicial se mueve bajo una lógica de poder más que de justicia. La elección del presidente definirá alianzas y resistencias en el corto plazo. 

• Las divisiones internas debilitan la institucionalidad y exponen la dependencia del sistema de justicia a operadores políticos. 

• Las presiones externas y los intereses personales mantienen paralizado el pleno. Si la CSJ no logra consenso, la CC podría intervenir nuevamente, como en 2024, para forzar una elección. 

• Grupos de la sociedad civil exigen que el proceso sea transparente y público.

Esta semana se espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) emita una resolución sobre los amparos interpuestos por el Gobierno de Bernardo Arévalo, y de diputados oficialistas, con el objetivo de que prevalezca el veto presidencial al Decreto 7-2025. 

Qué destacar. La administración sostiene que el veto fue ejercido conforme a la Constitución, al haber sido comunicado formalmente al Congreso el 3 de octubre, aunque su publicación en el Diario Oficial ocurrió el lunes 6. 

• El Ejecutivo argumenta que la publicación no es requisito para la validez del veto, mientras que el Congreso insiste en que se incumplió el plazo legal de 15 días. 

• La disputa se centra en la interpretación de los procedimientos constitucionales para vetar leyes. Los diputados oficialistas también presentaron un amparo para frenar la entrada en vigor del decreto, al que califican como un “gasto exprés” que compromete la transparencia del uso de fondos públicos. 

• La CC dio 48 horas al Congreso para remitir los antecedentes del caso. La decisión del tribunal podría sentar un precedente sobre la relación entre los poderes del Estado y definir el alcance del veto presidencial. 

En el radar. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) entra en una fase decisiva de su mandato este 13 de octubre, fecha establecida para que tome el cargo su nuevo presidente. 

• La elección, sin embargo, se ha visto obstaculizada —en días recientes— por la ausencia del magistrado Estuardo Cárdenas, quien ha presentado excusas médicas, impidiendo alcanzar el cuórum necesario. 

• A pesar de las sesiones extraordinarias, los 13 magistrados no han logrado consenso para nombrar al sucesor de Teódulo Cifuentes. La elección es clave, pues quien asuma la presidencia del Organismo Judicial podría influir en los procesos de selección de autoridades del Ministerio Público (MP), Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Constitucionalidad (CC). 

• La sesión definitiva fue convocada para el domingo 12 de octubre, a tan solo horas de que venza el plazo constitucional. De no haberse logrado un acuerdo, el cargo recaería en el vocal de más antigüedad. 

Lo que sigue. Mientras se espera la resolución del amparo sobre el Decreto 7-2025 —clave para los intereses económicos de varios diputados— y se sigue de cerca quién asumirá la presidencia de la CSJ, en el Congreso también se intensifican las negociaciones para definir al próximo presidente del Legislativo. 

• La elección de la Junta Directiva para 2026 cobra especial relevancia por las decisiones que el Congreso deberá tomar el próximo año, en el proceso para la designación de autoridades en el MP, el TSE y la CC. Aunque Nery Ramos no descarta continuar por un tercer período, su debilitado respaldo político abrió la puerta a nuevas candidaturas. 

• Se mencionan nombres de varios parlamentarios, pero ninguno ha oficializado su intención.  

• La reciente alianza entre bancadas opositoras fue clave para invalidar el veto presidencial, pero está por verse si se mantendrá cohesionada en esta nueva disputa por el control legislativo. 

Ecos regionales. Nicaragua continúa cerrando filas con sus aliados autoritarios en Europa, al acumular una deuda superior a los USD 100M de dólares con el régimen de Bielorrusia. 

• En menos de dos años, el gobierno de Daniel Ortega compró camiones, maquinaria pesada y vehículos para alcaldías, la Policía y el Ejército, mediante créditos con la “última dictadura de Europa”, liderada por Aleksandr Lukashenko. 

• A semanas de las elecciones generales en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin aprobar el reglamento para la acreditación de observadores, lo que genera inquietud en sectores sociales. La falta de consenso coincide con la rotación de la presidencia del órgano, aumentando la incertidumbre sobre la transparencia del proceso. 

• La oposición en El Salvador, encabezada por ARENA, cuestiona el Presupuesto 2026 por no atender las necesidades reales de la población. Pese a su debilitamiento político, insiste en exigir un análisis serio y rechaza el aumento del gasto sin mejoras en servicios públicos.