La nefasta exportación ideológica de Biden

¡Buenos días! 

En horas de la noche —y con media hora de retraso—, ayer el presidente Bernardo Arévalo ofreció una breve conferencia de prensa a raíz de dos allanamientos dirigidos por el Ministerio Público (MP) dentro del caso denominado “Corrupción Semilla”. Los inmuebles pertenecen al exministro Félix Alvarado, financista de ese partido. 

El presidente comunicó dos determinaciones: que citaría —nuevamente— a la Fiscal General para que diera explicaciones, y que la Policía Nacional Civil no “acataría órdenes ilegales”.  

De lo primero, basta recordar el episodio anterior. No terminó bien para el presidente. A pesar de la animosidad, en lugar de citarla, debe hacer gala de su destreza diplomática e invitarla cortésmente. Si no llega, la perdedora será ella. De todos modos, cita o reunión, tendrá muy poco efecto. 

Respecto de lo segundo, sí vale la pena ahondar. Luego de su declaración, al ser cuestionado por algunos periodistas, no supo responder con claridad el alcance de tal medida. La pregunta que debió hacerse es: ¿quién determinará la legalidad de una orden judicial y qué criterio utilizará? ¿Acatará unas órdenes judiciales, pero otras no? En el ambiente queda la duda de que si él mismo lo sabe o no. Eso sí, lo debe aclarar inmediatamente.  

Sin embargo, al ser presionado por un periodista, Arévalo sí dejó claro que su Gobierno no cederá a las presiones de radicales para vulnerar la separación de poderes, ni “somatará la mesa”.  

Resulta lamentable que quienes —con justa razón— critican la deriva autocrática de El Salvador, pretendan que acá ocurra lo mismo. Si se considera que el MP actúa de manera indebida, la solución no es hacer algo indebido a su vez; se debe actuar dentro de la legalidad. La república debe prevalecer. 

En este boletín:

•La polémica apuesta de Biden por los sindicatos en Centroamérica

•Panorama Político Semanal: el Gobierno corre para cerrar su primer año

Las relaciones diplomáticas entre Washington y los países de Centroamérica han estado dominadas durante mucho tiempo por un enfoque prioritario en los esfuerzos por contener la migración. En este contexto, las iniciativas de cooperación internacional del Departamento de Trabajo de EE. UU. han supuesto una contradicción directa a ese objetivo. 

En perspectiva. En la última década, la Dirección de Asuntos Laborales Internacionales ha donado USD 95M a organizaciones no gubernamentales en Centroamérica para implementar una serie de programas; algunos forman parte de la estrategia de la administración de Biden para abordar las causas de la migración y promueven la sindicalización en los sectores agroindustrial y textil, bajo la premisa de ello —la sindicalización— consigue mejores condiciones laborales y salarios y, en consecuencia, se mitiga el fenómeno migratorio.

• Sin embargo, en la mayoría de los países centroamericanos, más del 65 % de los empleos se encuentran en el sector informal de la economía. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores no cuentan con una fuente de ingresos estable, mucho menos con la oportunidad de integrar un sindicato. Este hecho por sí solo genera serias dudas sobre la verdadera efectividad de esos programas.
  
  

• Desde 2021 —el mismo año en que se implementaron algunos de estos proyectos— la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. reportó más de 10.8M de encuentros en la frontera, lo que representa un aumento de más del 435 % en comparación con el mismo período entre 2017 y 2020. Dentro de este incremento, aproximadamente un tercio se originó en el Triángulo Norte de Centroamérica.  

Por qué importa. En el ocaso de la administración de Biden, resulta evidente que su estrategia no ha alcanzado los resultados esperados, e incluso, podría haber empeorado la situación. La promoción de la sindicalización a través de oenegés parece haber generado tensiones entre empleadores y trabajadores, además de aumentar los costos burocráticos asociados a la contratación de nuevos empleados.

• Esta situación dificulta el acceso a empleos formales para personas en áreas predominantemente marginadas, aumentando así la probabilidad de que consideren la migración hacia el norte.
  
  

• Las industrias involucradas en estas iniciativas son cruciales para Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, las empresas agrícolas y textiles representan cerca del 20 % del PIB y el 32 % de la fuerza laboral, constituyendo una parte significativa del empleo formal en el país.  

Conflicto de interés. En la región, persiste el escepticismo respecto a los verdaderos motivos detrás de estos programas. Para muchos, parecen orientados a promover una agenda ideológica en lugar de abordar de manera genuina los problemas que afectan a los trabajadores.

• A esta creciente desconfianza se añade la percepción de que la ayuda de Washington a países en desarrollo podría estar alimentando un ciclo de financiamiento político, en el cual organizaciones que apoyan y donan a campañas electorales en EE. UU. reciben fondos de vuelta para ejecutar diversos programas.
  
  

• Un ejemplo de ello es el proyecto ejecutado por Solidarity Center, una oenegé afiliada a la AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos en EE. UU. Este programa —que tiene previsto concluir en 2026— ya ha recibido USD 6.2M de dólares en financiamiento federal.
  
  

• Entre contribuciones a campañas y gastos externos, la AFL-CIO ha favorecido al Partido Demócrata con más de USD 29.8M durante los últimos tres ciclos electorales. Durante la presidencia de Biden, ha recibido más de USD 120M del gobierno federal, lo que representa un notable incremento del 120.18% en comparación con la administración de Trump.  

El balance. Los esfuerzos de Washington por reducir la migración y aumentar las deportaciones probablemente generen fricciones con sus vecinos del sur. Estas tensiones se agravarán si EE. UU. continúa implementando programas que no favorecen sus propios intereses, ni los de Centroamérica.

• Aunque los salarios en Centroamérica son considerablemente inferiores a los de EE. UU., el costo de migrar sigue siendo alto, ya que implica dejar atrás a la familia y emprender la peligrosa ruta que cobra miles de vidas cada año. Para la mayoría, la migración es un último recurso, impulsado por la falta de oportunidades viables en sus países de origen.
  
  

• Restringir oportunidades laborales, impulsando políticas contraproducentes, es una decisión poco acertada en el contexto actual, especialmente si EE. UU. busca una reducción significativa en los flujos migratorios.
  
  

• Los trabajadores y las empresas en Centroamérica necesitan herramientas e infraestructura que impulsen la productividad y la competitividad. Apoyar el desarrollo de infraestructura estratégica en la región podría sentar las bases para el único elemento que garantiza disuadir la migración: la prosperidad.

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Luis González
•Panorama Político Semanal: carrera forzada por el presupuesto 2025
714 palabras | 3 mins de lectura

Trece días tiene el Congreso de la República para aprobar —o no— el proyecto de presupuesto para 2025. No hay certeza de cuál es la postura de las distintas bancadas que conforman la Comisión de Finanzas y Moneda, a cargo del dictamen. 

Panorama general. Es probable que hoy se conozcan más detalles del atraso del dictamen, el monto y cambios que se sugerirán al pleno del Organismo Legislativo. 

• La propuesta enviada por el Organismo Ejecutivo es de GTQ 148 526M. El elevado déficit fiscal que plantea, el financiamiento de gastos de funcionamiento con deuda y desembolsos sin techo —aumento a jubilados y pago a veteranos militares—, son solo algunos de los cuestionamientos.
  
  

• En caso se impruebe el presupuesto, porque el plazo vence a la medianoche del 30 de noviembre, regirá el presupuesto actual que deviene del de 2023, más la multimillonaria ampliación. Todo esto daría un total aproximado de GTQ 131 000M. Un monto nada despreciable para el gobierno de Bernardo Arévalo.
  
  

• Pero el partido oficial, y sus aliados —seguramente—, buscan que el dictamen no cambie el monto solicitado, porque los dejaría con GTQ18 000M menos para el año siguiente. Además, porque se tendrían que realizar una serie de readecuaciones que consumen recursos y tiempo. 

En el radar. Pero el presupuesto es solo una de las dificultades que les quitan el sueño a las más altas autoridades del Ejecutivo. También les preocupan los nombramientos que deben realizar en el Ministerio de Comunicaciones tras la renuncia Félix Alvarado y tres de sus viceministros. 

• El viernes 15 de noviembre, junto con Alvarado, renunciaron José Raúl Solares, viceministro de Comunicaciones y Erick Rosales, viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Una semana antes había dejado el viceministerio de Infraestructura, Alejandro García. Y un mes antes, el 17 de octubre, Adrián Zapata Alamilla se fue del viceministerio Administrativo y Financiero.
  
  

• Por el momento funge como ministra interina la arquitecta Paola Constantino, quien era la viceministra de Edificios Estatales y Obra Pública. También sobrevive a este remezón, Fernando Suriano, viceministro de Transporte.
  
  

• La ciudadanía está atenta a las decisiones del presidente, ya que la infraestructura vial —junto con los puertos y aeropuertos— es vital para la vida diaria y, en particular, la actividad económica. Se acercan días de alta movilidad y el Gobierno debe garantizar que no seguirá el calvario de largas filas y cierres, por falta de un adecuado mantenimiento de las vías del país. 

Lo que sigue. En el Congreso, la discusión se centrará estas dos semanas de noviembre, en el presupuesto de 2025. Hoy, la instancia de Jefes de Bloque se reúne para definir la agenda de las dos sesiones. 

• Es posible que en esa cita se cuente con información del dictamen al plan de gastos e ingresos del otro año, y ello determinará el contenido de las sesiones del martes y jueves.
  
  

• Las interpelaciones continuarán con la del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. El funcionario respondió ya 27 preguntas; faltan más, pues se tienen registradas más de 100, que serán formuladas por los diputados de distintas bancadas que pidieron la interpelación.
  
  

• Mientras tanto, en el Organismo Judicial, se espera que esta semana se resuelva la situación legal de José Rubén Zamora. Por un lado, está pendiente su captura y traslado a la cárcel, luego de que revocó su arresto domiciliario, o que alguna acción legal detenga su regreso a prisión. 

Ecos regionales. En El Salvador, hoy vence la “oferta” realizada por el presidente Nayib Bukele, para recomprar parte de la deuda externa de ese país. Se intenta adquirir bonos por USD 2635M con vencimiento entre 2027 y 2034.  

• Esta operación financiera busca comprar la deuda antes del plazo de vencimiento a un costo de mercado —favorable para El Salvador—. Con ello se registra un ahorro de recursos que se destinará a nuevos proyectos, que podría llegar a USD 352M.
  
  

• En Honduras, los partidos políticos se preparan para el proceso de las elecciones internas, con la inscripción de sus candidatos. Las elecciones generales se realizarán el 30 de noviembre de 2025, pero el 9 de marzo se llevarán a cabo las primarias de cada organización.
  
  

• El jueves 21 de noviembre arribará a Costa Rica, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar. Tras participar en la Cumbre del G20, se trasladará, primero, a Colombia y luego a suelo tico. El emir acudirá a la entrega del Premio Internacional a la Excelencia Anticorrupción, cuya octava edición se celebrará este año en San José. 

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