La noche de los cheques largos

¡Buenos días! 

Después de la borrachera —de dinero— de los diputados, la resaca la sufrirá el erario. Celebrada como una gran victoria de Semilla, que se siente en racha desde la semana pasada por la aprobación de la Ley de Competencia, la noche del 26 y madrugada del 27, el oficialismo se apuntó varias anotaciones, pero a un muy alto costo.  

Ellos y sus seguidores le han llamado “alcanzar consensos”, pero la realidad es que fue una transacción comercial. Entre lo negociado, una ley que le permitirá a más de alguno —o a muchos— lavar dinero mal habido diciendo que proviene de actividades pecuarias; declara y paga a la SAT y listo. 

Llevando el asunto al extremo, narcotraficantes podrán darse el tupé de financiar a los diputados que les aprobaron esa “bicoca” ya no en cash sino en transferencia y cheque, con todo y recibo autorizado por el TSE. Eso es parte de lo que le costó a Semilla “su victoria”. 

Atrás quedaron las negociaciones pensando en el país, que tanto prometieron; cayeron en la transa. Aunque les duela, sí, son más de lo mismo. 

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En este boletín:

•Guatemala, líder en la industrialización sostenible

•Las palabras deben aterrizar en acciones

•Usurpación de tierras: un delito en aumento

•La discrecionalidad y la limitación se adueñan de la libertad de prensa

Ricardo González
Guatemala, líder en la industrialización sostenible
710 palabras | 3 mins de lectura

Los países en vías de desarrollo suelen quedar al margen de los debates más transcendentales en el ámbito geopolítico. No obstante, son precisamente estos los más vulnerables a las decisiones y estrategias trazadas por las grandes potencias políticas y económicas. 

• Para economías marcadas por altos índices de pobreza e instituciones débiles, encontrar un balance entre los estándares impuestos por el mundo desarrollado con el crecimiento de su industria es un reto enorme.
  
  

• A pesar de ello, países como Guatemala han demostrado que es posible implementar enfoques estratégicos para adaptarse y capitalizar las tendencias globales.  

En perspectiva. Del 11 al 22 de noviembre, la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, fue el escenario de la vigesimonovena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29), que contó la participación de líderes políticos y empresariales de todo el mundo.  

• El evento estuvo marcado por negociaciones complicadas y una evidente dificultad para construir una agenda común. Siendo la tensión entre los países desarrollados y los no desarrollados el principal factor detrás de este estancamiento.
  
  

• Los países desarrollados buscan limitar su inversión en iniciativas de sostenibilidad a medida que enfrentan graves desafíos derivados de la guerra, la dependencia energética y el debilitamiento progresivo de sus industrias. Por su parte, los países en vías de desarrollo sostienen —acertadamente— que los más desarrollados son los principales responsables de las emisiones globales y, además, cuentan con los recursos necesarios para liderar los esfuerzos climáticos. En consecuencia, insisten en que sus compromisos deben ser sustancialmente mayores en comparación con los suyos.
  
  

•  En efecto, incluso el secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que las economías más grandes del mundo, agrupadas en organismos como el G20, son responsables de más del 80 % de las emisiones globales. 

Por qué importa. Guatemala, que estuvo presente en la COP29, aporta únicamente el 0.11 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. No obstante, el informe presentado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Guatemala 2030: Un futuro más resiliente y sostenible, constató que es posible equilibrar la expansión de la base industrial con los esfuerzos de sostenibilidad. Este balance es particularmente alcanzable al centrar las iniciativas en el sector energético, pieza clave para impulsar las actividades industriales y comerciales del país.

• Gracias a su diversificación, la matriz energética de Guatemala no solo resguarda al país frente a fenómenos climáticos como El Niño —que el año pasado impactó severamente los sistemas hidroeléctricos de la región— sino que también abre oportunidades para la exportación de energía proveniente de diferentes fuentes.
  
  

• En la práctica, un claro ejemplo es la sinergia entre los sectores agroindustrial y energético, destacando particularmente el papel de la industria azucarera. Según el reporte presentado por el MARN, este sector aporta de manera sostenible el 14 % de la demanda total de energía anual del país, a través del uso de biomasa de caña.
  
  

• Este aporte alcanza hasta el 32 % durante la temporada de cosecha, y con el crecimiento continuo del sector azucarero, se abre la oportunidad de exportar derivados de la caña utilizados en la producción de combustibles renovables, como los destinados a la aviación. Esto añade un valor sofisticado a la oferta exportadora de Guatemala, posicionando al país como un actor clave en mercados de alto valor agregado. 

El balance. La convergencia de esfuerzos entre el sector público y privado hacen posible impulsar el desarrollo industrial y al mismo tiempo cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en materia de sostenibilidad ambiental.

• Más allá de las estrategias que los países en vías de desarrollo puedan implementar para fortalecer sus industrias, foros como la COP y las potencias económicas deben reconocer que no se les puede exigir a aquellos países sacrificar su industrialización en aras de reducir el impacto ambiental, un impacto que, en gran medida, ha sido provocado por las naciones más desarrolladas.
  
  

• Ningún país ha alcanzado la prosperidad sin antes respaldar y proteger el crecimiento de sus industrias, fundamentales para su competitividad global. En especial para los países de Latinoamérica, renunciar a su potencial de crecimiento —a cambio de cumplir con estándares globales impuestos— sería un error. Sin embargo, como ha demostrado el caso de Guatemala, existen caminos inteligentes para aprovechar estas disposiciones. 

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Isabel Ortiz
Usurpación de tierras: un delito en aumento
818 palabras | 4 mins de lectura

La usurpación de tierras se ha convertido en un fenómeno alarmante en el país, afectando a legítimos propietarios, empresas e instituciones. El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, protegido por la Constitución, que lo considera inherente a la persona humana. Según el artículo 39, el Estado debe garantizar el uso y disfrute de los bienes. 

• Este delito —la usurpación— se caracteriza por el despojo de la posesión o tenencia de un bien o de un derecho real y la permanencia de los invasores, lo que lo convierte en flagrante, razón por la cual las fuerzas de seguridad debiesen actuar sin requerimiento. Eso nunca sucede.  

Voces.  Según el fiscal Gerardo Salazar, de la fiscalía contra Delitos de Usurpación, las causas detrás de las usurpaciones son diversas. Entre las principales está el aprovechamiento ilícito de bienes inmuebles con fines de lucro y, en menor medida, fines de vivienda. Un factor político importante es la manipulación de las comunidades indígenas con fines electorales: se le ofrece tierras a cambio de votos, aunque las tierras sean, en realidad, propiedad privada.

• Los departamentos con los índices más altos incluyen Guatemala, Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Escuintla y Retalhuleu. En estas localidades, la falta de un registro catastral actualizado afecta los derechos de los legítimos propietarios.
  
  

• Uno de los principales desafíos al investigar y procesar casos de usurpación es la reubicación de las personas que están ocupando áreas privadas, especialmente cuando las usurpaciones son con fines de vivienda. En estos casos, no existe un apoyo adecuado por parte de las autoridades para desalojar y reubicar a los invasores.
  
  

• Según el fiscal Salazar, la fiscalía registra 2961 denuncias por usurpaciones, de las cuales 2777 han recibido una resolución procesal. No obstante, 184 casos permanecen activos o en investigación, y el tiempo promedio para resolver un caso varía según la complejidad de la denuncia, oscilando entre un mes y seis meses.  

Los datos. De acuerdo con el Observatorio de Derechos de Propiedad, durante 2023 y 2024 se registraron un total de 1847 denuncias por delitos contra la propiedad inmueble, con 513 denuncias en 2024 hasta abril. Las usurpaciones fueron el delito más reportado, seguidas por la alteración de linderos y la perturbación de la posesión.  

• En 2023, los departamentos con mayor número de denuncias fueron Guatemala, Huehuetenango, San Marcos y Escuintla, y en 2024, Guatemala lidera hasta la fecha. La mayoría de los casos fueron desestimados, y un porcentaje se resolvió mediante soluciones alternas. Las solicitudes y ejecuciones de desalojos aumentaron en 2024, aunque la tasa de ejecución sigue siendo muy baja.
  
  

• A pesar de los protocolos establecidos, la ejecución de desalojos es exigua. En 2023 se solicitaron 60 desalojos, pero solo se ejecutaron 38. En 2024, las solicitudes han aumentado a 71, pero las ejecuciones cayeron a 16. La mayoría de los casos fueron gestionados mediante conciliaciones y citaciones a primeras declaraciones; se recalca la alta tasa de desestimaciones, sin haber alcanzado una solución, necesariamente.
  
  

• Según datos de ACDEPRO, del 1 de enero al 14 de octubre de 2024, se registraron 612 denuncias por usurpación. Durante ese tiempo, se desestimaron 789 casos y se archivaron 20 expedientes. Asimismo, se solicitaron 46 órdenes de aprehensión, se realizaron 18 allanamientos, y se emitieron 210 citaciones a primera declaración y se presentaron 111 solicitudes de desalojos. 

Qué destacar. Los motivos detrás de las invasiones son variados, pero hay algunos patrones comunes. En las áreas urbanas, muchas ocupaciones están vinculadas a la falta de acceso a vivienda; las familias buscan un lugar donde vivir debido al déficit habitacional del país.  

• En las regiones rurales —especialmente en las comunidades indígenas— las invasiones suelen estar impulsadas por supuestas “demandas históricas” de restitución de tierras. Las comunidades reclaman territorios que consideran ancestrales y que fueron despojados por intereses externos, ya sea a través de políticas coloniales o de desarrollo económico sin su consentimiento.
  
  

• Otro factor relevante es la presencia de invasiones organizadas, donde grupos criminales ocupan terrenos para obtener beneficios ilícitos, como el tráfico de drogas o la explotación ilegal de recursos naturales. En estos casos, las invasiones no solo afectan a los propietarios legítimos, sino que contribuyen al debilitamiento del Estado de derecho y la seguridad en las zonas afectadas.
  
  

• Finalmente, algunas invasiones están relacionadas con la delincuencia y el crimen organizado, especialmente en zonas específicas del país. Estos grupos utilizan la ocupación ilegal de tierras como parte de su estrategia para controlar territorios y actividades ilícitas, como el narcotráfico. 

Lo que sigue. La falta de mecanismos efectivos y una respuesta institucional adecuada perpetúan la inseguridad de los legítimos propietarios. El fiscal Salazar ha señalado que el problema de las usurpaciones requiere una acción más decidida por parte del Estado en conjunto, y que se redoblen los esfuerzos para garantizar el derecho a la propiedad, mejorando la eficiencia de los procesos judiciales y promoviendo una mayor colaboración entre las instituciones para enfrentar esta problemática de manera integral. 

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Glenda Sánchez
La discrecionalidad y la limitación se adueñan de la libertad de prensa
741 palabras | 4 mins de lectura

El periodismo responsable es respetar y utilizar las herramientas incluidas en la Constitución y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (LAIP), con la finalidad de fiscalizar, investigar e informar a la población. Sin embargo, algunas instituciones o funcionarios le temen a la fiscalización, u olvidan la norma —consciente o inconsciente—. 

• Los factores comunes son limitar el trabajo periodístico, restringir la participación de los periodistas a las actividades, condicionar las preguntas y la participación en las conferencias de prensa.  

En perspectiva. En Guatemala, las cifras de denuncias de periodistas por determinados incidentes no coinciden. Para muestra un botón. La Fiscalía de Protección al Periodista reporta de enero a octubre 59 denuncias y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha registrado tan solo 10, en el mismo periodo.  

• Mientras, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) establece que durante la administración de Alejandro Giammattei se recibieron 125, un promedio de 25 casos por año. El fenómeno es similar durante las gestiones de los exmandatarios Jimmy Morales y Otto Pérez Molina.
  
  

• Las diferentes asociaciones indican que existe una lista negra —la cifra podría duplicarse— por temor, amenazas, coacción, tiempo o dinero para llevar los procesos, entre otras causas.
  
  

• Entre el subregistro resaltan los casos donde las instituciones impiden el ingreso, las preguntas y la participación de los reporteros. Sin olvidar, aquellos que se escudan y mal utilizan la LAIP.  

Visto y no visto. Durante 2024, en el Organismo Ejecutivo —ministerios, secretarias y consejos— hay algunos directores de Comunicación, que exigen la nota periodística antes que se publique, argumentan que es para evitar que se tergiverse la información. En los casos que ocurrieron, no se accedió.  

• Además, en las conferencias de prensa del Gabinete de Gobierno se limita la participación de los periodistas: no pueden ser más de cinco los participantes. Advierten que, aunque participen tres ministros, solo se pueden hacer preguntas a dos funcionarios, entre otras excusas.
  
  

• Mientras, en el Organismo Judicial (OJ) en la administración de 2015-2019 se restringió el paso a los periodistas en el segundo nivel —allí se encuentran las oficinas de los magistrados—. Poco después, se redujo la medida. En la actualidad, se denuncia en redes sociales que los juzgados limitan la permanencia de los reporteros por espacio.
  
  

• Sumado a esas complicaciones, solicitar información en la Unidad de Información Pública del OJ, es más complejo: llamar para recordar que se envió una solicitud, solicitan el DPI luego de recibida la petición y no coinciden los datos — se requirieron con un mes de diferencia los mismos datos. 

Qué destacar. En el Congreso, algunos de los diputados evitan dar declaraciones, piden que los reporteros consulten a los asesores o asistentes, otros no contestan los celulares o dejan en visto los mensajes, aunque es de las pocas instituciones bien calificadas en la implementación del portal electrónico, según la PDH.  

• Es oportuno hablar del desempeño del Ministerio Público (MP). Es recurrente que los enlaces de comunicación no respondan las llamadas, se excusan que tienen otra asignación de campo. Además, no se agilizan las entrevistas con los titulares de las fiscalías. Desde hace cuatro meses, República solicitó entrevistas con los titulares de las fiscalías contra la Corrupción y la FECI; no se ha tenido respuesta.
  
  

• Hace unas semanas, se incrementaron las medidas para los periodistas que ingresan a la sede del edificio central del MP. Los agentes de seguridad solicitan la credencial y advierten no poder ingresar cámaras de video o fotográficas sin acompañamiento del personal del departamento de Comunicación. El mismo requisito se debe hacer si el periodista requiere una foto de las instalaciones del MP.
  
  

• Además, el mecanismo para solicitar datos a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública tiene inconvenientes: hay que llamar para verificar si el correo con la solicitud llegó; antes era automático. Desde la planta central del MP advierten que la extensión de la unidad no responde. “El problema que tenemos es que las bandejas se llenan, se debe actualizar constantemente para que ingresen los nuevos correos electrónicos”, argumentan. 

En conclusión. Este 30 de noviembre se conmemora el Día del Periodista, fecha propicia para recordar a las instituciones que el artículo 30 de la Constitución es claro, al establecer que todos los actos de la administración son públicos.  

• Y el artículo 35 recalca: “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. 

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