La opaca gestión presidencial

¡Buenos días!

La recientemente nombrada secretaria de Comunicación Social de la Presidencia tiene una tarea harto complicada, en general, pero también en particular: una entidad en la esfera directa de la Presidencia oculta información de la población, en franca violación a la Constitución.

El CONAP, coto de ministra de Ambiente de Bernardo Arévalo, Patricia Orantes, decidió ocultar información sin razón válida alguna. Ese hecho, por sí solo, es preocupante, pero adquiere dimensiones insospechadas cuando allí, precisamente, se “cocinan” posibles negocios que involucran a cercanos de la ministra; después de todo, el CONAP tiene la facultad de otorgar “graciosas concesiones” en áreas protegidas y bloquear desarrollos de quienes no sean cercanos.

Puede excusarse, tal vez, que el presidente, la Comisión Nacional contra la Corrupción —y la secretaria de Comunicación— no estén al tanto de las movidas que, bajo sus narices, hacen los funcionarios en distintas carteras del Ejecutivo, pero que no lo sepan de una instancia que depende directamente del presidente (artículo 59 de la Ley de Áreas Protegidas) es incumplimiento de deberes, o connivencia.

Suponiendo lo primero, se esperaría que el presidente ordene dar marcha atrás a tan aberrante opacidad en el CONAP. ¿Lo hará? Veremos.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) modificó su Reglamento de Sesiones. La reforma, aprobada el 20 de agosto de 2024 por la actual administración, declaró confidenciales las reuniones del órgano colegiado, prohibió grabaciones y restringió la entrega de actas al público.

• La decisión redujo la transparencia en un ente que administra territorio natural del Estado.

Por qué importa. Entre las modificaciones, destaca la del artículo 32. Ahora declara estrictamente confidenciales las sesiones del Consejo. Este cambio limita la publicidad de sus discusiones internas. También restringe el acceso ciudadano a conocer las decisiones que afectan las áreas protegidas del país.

• El artículo reformado prohíbe entregar copias de las actas o cualquier registro que documente deliberaciones. Incluso si la información no es sensible según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

• La prohibición se extiende a cualquier persona presente en las reuniones. Elimina la posibilidad de grabaciones que antes daban respaldo documental.

• La reforma contradice el principio de máxima publicidad aplicado a la gestión pública. Reduce controles sobre decisiones que impactan el Sistema Integrado de Gestión de Áreas Protegidas (SIGAP).

Entre líneas. La resolución 02-20-2024 argumentó que la reforma se realizó por las “falencias” que existían en el reglamento anterior. No obstante, el contenido final amplió el margen de discrecionalidad del Consejo. Los cambios ocurrieron a pesar de que el gobierno actual prometió máxima publicidad de los actos administrativos del Estado.

• El CONAP sostuvo que buscaba “garantizar la seguridad e integridad” de las sesiones. Aunque no definió qué riesgos pretendía evitar ni presentó evidencia que justificara el cambio.

• La confidencialidad absoluta evita conocer las posiciones de cada representante. Es decir, oculta la responsabilidad pública y los eventuales conflictos de interés.

• El nuevo reglamento limita el acceso a información clave sobre decisiones colegiadas. Impide conocer cómo se aprobaron las concesiones, permisos y lineamientos del sistema de áreas protegidas.

Punto de fricción. La resolución también modificó el artículo 33 del reglamento. Este hace referencia a la publicidad de las resoluciones del Consejo. Ahora indica que, en estricta observancia del principio de máxima publicidad, —solo— garantiza que toda persona tenga acceso a las resoluciones aprobadas.

• El CONAP solo divulgará resoluciones finales, sin permitir contrastar cómo se discutieron, quién votó, qué argumentos sustentaron decisiones o si existieron votos razonados.

• Otro de los puntos reformados que resalta es el artículo 24. Hace referencia al comportamiento ético de los representantes. El cambio obliga a no responder llamadas telefónicas durante las sesiones.

• El artículo 5 explica que ahora todas las sesiones del Consejo serán presenciales, no habrá virtuales. En caso de que un representante titular no pueda hacerlo, deberá comparecer su respectivo suplente.

En conclusión. La reforma evidencia un retroceso institucional. El CONAP administra áreas de alto valor ecológico, económico y estratégico, por lo que requiere transparencia. Al declarar confidenciales sus sesiones, limita la vigilancia ciudadana y opaca las decisiones que se tomen.

• La confianza pública, en un órgano clave para la conservación y el manejo forestal del país, se desvaneció con esta modificación. La promesa de transparencia del gobierno actual quedó en palabras.

• El artículo 32 reformado es un precedente que otros entes podrían imitar. El riesgo es tener una administración pública más cerrada y menos accesible.

A dos meses de la elección de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipales (ANAM) empieza la lucha por dirigirla. Se habla de negociaciones y movimientos para integrar las planillas que participarán en la asamblea ordinaria. La ANAM nació para defender la autonomía local y fortalecer la gestión municipal.

• Con el tiempo, su papel se distorsionó. La actual gestión busca recuperar esa autonomía.

Por qué importa. La ANAM se define como entidad apartidaria, moderna y democrática. Su misión exige defender la descentralización y apoyar las tareas municipales con independencia del Ejecutivo y de partidos políticos. El liderazgo que tiene ofrece acceso a instituciones clave y visibilidad nacional.

• La misión institucional exige autonomía y defensa del municipio. Sin embargo, expertos —como Luis Felipe Linares— afirman que se “pervirtió” por su uso como aparato político del gobierno de turno.

• Otros, aseguraron que la entidad opera como canal para negociaciones presupuestarias y decisiones centralizadas. Y dejan por un lado la defensa de las comunas.

• La presidencia de la ANAM ofrece visibilidad nacional. Aporta acceso a recursos, espacios técnicos y participación en entidades como el INDE e INFOM, lo que alimenta la lucha interna.

En el radar. Para el último fin de semana de enero del 2026 se tiene prevista la Asamblea Nacional Ordinaria y la elección de la Junta Directiva 2026-2028, según sus estatutos, aunque no existe fecha oficial para iniciar el proceso.

• La ANAM agrupa a las 340 municipalidades; la renuncia de Quetzaltenango no procedió, porque no hay salida legal, lo que mantiene a las comunas dentro de la estructura.

• Se habla habla de que cuatro alcaldes han mostrado interés en candidatear. La exposición pública, la falta de consensos y el cálculo político hicieron que otros desistieran.

• Sebastián Siero, actual presidente de la ANAM, Juan Carlos Pellecer, Enrique Arredondo y Hugo Sarceño, son los nombres que se mencionan. Solo Pellecer ha hecho públicas sus intenciones de participar.

Punto de fricción. La solicitud de retiro de antejuicio contra Pellecer se dio en plena contienda interna. El Ministerio Público (MP) lo vincula a irregularidades en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM). Él lo atribuye a presiones políticas. Señala que la petición es una estrategia de sus contrincantes.

• Afirmó que el proceso no lo frena. Él quiere presidir la ANAM y defendió la autonomía municipal como garantía contra abusos y presiones políticas. “Yo me presento hoy si es necesario”, aseguró.

• Siero mencionó que desconoce el tema de Pellecer. Referente a la posible reelección, aseguró que analiza su participación. “Todavía está en discusión […] el tema los alcaldes me están mencionando, es algo que vamos a evaluar hasta enero”, declaró a medios de comunicación.

• Una fuente aseguró que Enrique Arredondo desistió, sin explicar la razón.  Además, que Sebastián Siero se retiraría en enero. Esto deja a Pellecer como única opción.

En conclusión. Las negociaciones internas avanzan en silencio. La competencia se reduce y todo apunta hacia una planilla única. Según las fuentes consultadas, la disputa original se diluyó debido a decisiones personales. El escenario favorece a un candidato con respaldo de actores relevantes.

• La politización persiste; la ANAM se ha utilizado para presionar por presupuesto, influir en CODEDES y construir alianzas con diputados y el Gobierno.

• El futuro de la asociación dependerá de si recupera su misión de autonomía o si seguirá como brazo político para negociar recursos, votos y lealtades locales.

Aunque todavía falta más de año y medio para las elecciones generales, varios políticos ya empiezan a mover sus fichas con miras a la reelección. Algunos han comenzado a aparecer en asambleas partidarias en busca de un espacio o de una mejor casilla.

• En el fondo, todos procuran un vehículo electoral que incremente sus posibilidades de obtener respaldo ciudadano y mantenerse en el poder.

Por qué importa. En el Congreso, algunos legisladores han formalizado su salida de sus agrupaciones. Un ejemplo es Mynor de la Rosa, quien dejó Vamos, partido liderado por Allan Rodríguez, así como Nery Rodas —quien renunció a Cabal— tras la decisión de impulsar la candidatura de Roberto Arzú.

• Otros, no han anunciado públicamente su salida, pero su acercamiento a nuevas fuerzas políticas es evidente. Esduin Javier Javier, alias Tres Kiebres, ganó su curul con el partido Cambio, que lidera Jorge Baldizón, hijo del excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, pero asistió a la reciente asamblea de Cabal.

• También destaca el caso de Sandra Carolina Orellana, electa por Vamos en Zacapa, quien igualmente estuvo presente en la asamblea de Cabal donde se nombró a Luis Aguirre como secretario general de la agrupación.

• Además, Shirley Rivera ha incrementado su actividad dentro del partido Nuevos Tiempos, que dirige, aunque aún figura como integrante de Vamos.

Visto y no visto. Aunque se rumoró la intención de modificar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para permitir que los independientes conformaran bloques —y así presidir comisiones o integrar la Junta Directiva— finalmente no se alcanzaron los 81 votos para trasladar la discusión al pleno.

• Aun así, los distanciamientos internos han llevado a varios diputados a optar por quedarse como independientes, incluso si eso significa renunciar a dirigir comisiones.

• Tal es el caso de Nery Rodas, quien afirmó que terminará como independiente porque “uno debe de estar donde se siente libre de actuar conforme a sus principios y a su conciencia”.

• Por otro lado, Evelyn Morataya y el presidente del Congreso, Nery Ramos, mantienen una presencia muy activa en redes sociales y hasta hacen visitas de campo, pues se asegura que podrían buscar la reelección con la misma agrupación política: Bienestar Nacional (BIEN).

En conclusión. La reconfiguración política dentro del Congreso evidencia que el escenario rumbo a las próximas elecciones ya comenzó a moverse. Entre renuncias abiertas, distanciamientos silenciosos y nuevas alianzas en formación, los diputados buscan posiciones que les permitan asegurar su futuro político, aun si eso implica asumir el costo de quedar como independientes.

• Lo cierto es que el mapa legislativo continúa fragmentándose y, con él, la correlación de fuerzas que marcará el 2026 en el Organismo Legislativo.