La rabieta de Samuel Pérez y su panda

¡Buenos días!

Al gobierno de Bernardo Arévalo se le acaba el tiempo y el saldo de obras es pobre, por no decir paupérrimo; algunos avances en el aeropuerto, remozar algunas escuelas —construcción de nuevas y modernas, no— y algunos caminos de terracería reparados, aunque a medio invierno ya estén destrozados nuevamente. Terminar obras empezadas en administraciones anteriores no es un mérito.

Lo poco que ha hecho bien —en infraestructura— es de la mano del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. y los resultados de ello no se empezarán a ver sino hasta después de su gestión. También, durante su administración, —finalmente y luego de muchas trabas burocráticas— se empezó a construir la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, aunque todo el proceso de otorgamiento fue durante la administración anterior.

El gobierno de Semilla ha hecho muy poco, pues.

Sin embargo, cuando sale —acertadamente— a apoyar el Aero Metro y otras soluciones de movilidad en el área metropolitana, es criticado por “sus” diputados.

Esa obra [el Aero Metro] ha sido duramente criticada por Samuel Pérez y su pandilla, en parte, porque les hace sombra a las pretensiones edilicias de ese grupo. Pero también porque se oponen al desarrollo, simplemente.

De cara a las elecciones generales del 2027, cada vez más, los diputados oficialistas pretenderán marcar distancia con el gobierno porque el peso de la inoperancia es tal, que bien puede traerse abajo el proyecto político de esos muchachos. Así son los “progresistas”: convenencieros.

Industrias Portuarias, S.A.; Caribe Gru, S.A.; Arrendadora Continental, S.A.; Comercializadora Pahame, S.A. y otra media docena de sociedades comparten abogados, notarios, direcciones y, en al menos un caso, representante legal. Todas remiten, directa o indirectamente, al mismo hombre: el empresario suizo conocido como “el rey de los puertos”, Jürg Widmer Probst.

Widmer fue señalado por el Ministerio Público en 2016 como uno de los presuntos corruptores del gobierno del Partido Patriota dentro del caso Cooptación del Estado. Tras emitirse una orden de captura en su contra por cohecho activo, permaneció prófugo de la justicia guatemalteca durante casi siete años.

Mucho antes de llegar a los tribunales, Widmer ya había construido un imperio empresarial alrededor de los puertos. A través de Grupo Interport —y una red de sociedades vinculadas—, controló durante más de dos décadas buena parte de los servicios de carga, descarga, movilización y apilamiento de contenedores en los dos puertos del país.

Mientras el caso “Cooptación del Estado” se conocía en tribunales, las empresas asociadas a su entramado corporativo continuaron contratando con el Estado y conservando una posición relevante dentro del negocio portuario nacional.

El más reciente de esos contratos fue adjudicado el 28 de mayo de 2026. Ese día, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC) otorgó a Industrias Portuarias, S.A. un contrato por GTQ 143.9M para la adquisición de grúas RTG destinadas al apilamiento de contenedores, en el marco de la Licitación Pública 06-2026, con NOG 29628466.

Según consta en el expediente, la oferta ganadora incorporó especificaciones distintas a las requeridas en las bases del concurso. La única propuesta competidora, presentada por Mantenimiento e Instalaciones Mecánicas, S.A., fue descalificada durante la evaluación. A la fecha, el proceso acumula dos inconformidades interpuestas por participantes del evento.

El contrato representa una de las adquisiciones más importantes realizadas por EMPORNAC en esta administración y vuelve a colocar a una empresa vinculada al entramado corporativo de Widmer Probst en el centro de los negocios portuarios del Estado.

Una red que remite al mismo hombre

Industrias Portuarias, S.A. aparece conectada a una red de sociedades que comparten representantes legales, abogados, direcciones y, en algunos casos, folios registrales consecutivos o casi idénticos. Juntas han acumulado contratos por miles de millones de quetzales con EMPORNAC y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Entre ellas, destacan Caribe Gru, S.A. y Arrendadora Continental, S.A., dos de las proveedoras históricas vinculadas al Grupo Interport. Desde 2006, ambas han recibido adjudicaciones por GTQ 1653M y GTQ 429M , respectivamente. La red también incluye a Comercializadora Pahame, S.A.; Andria, S.A.; e Inversiones en Tecnología Ecológica, S.A. A ellas se suma un grupo de sociedades con escasa o nula actividad comercial visible —Empresas Inteligentes, S.A.; Asesores Desatanudos, S.A. y Proyectos Covadonga, S.A.— que comparten vínculos corporativos, notariales o registrales con el resto del entramado.

Uno de los nombres que se repite una y otra vez dentro de la red es el del abogado y notario José Guillermo Castellanos Molina, representante legal de Caribe Gru, Arrendadora Continental, Comercializadora Pahame, Empresas Inteligentes, Asesores Desatanudos y Proyectos Covadonga. También figura como notario constituyente de Andria, S.A.

Su relación con las empresas vinculadas a Jürg Widmer no es reciente. En 2017, se reportó que fue Castellanos Molina quien formalizó, mediante la escritura pública 32 del 26 de febrero de 2015, la entrega de 21 000 metros cuadrados dentro de EMPORNAC a favor de Comercializadora Pahame para la construcción de una nueva instalación portuaria. El contrato, suscrito por 10 años prorrogables, fue cuestionado porque Pahame era la única empresa registrada ante EMPORNAC como exportadora de mena de níquel. En la práctica, eso significaba que ninguna otra compañía podía competir por la concesión.

Otros dos nombres que aparecen en el mismo círculo son José Andrés De León Chávez y José Fernando García Ramírez quienes figuraron como abogados de Grupo Interport, el conglomerado que Widmer Probst construyó alrededor de los negocios portuarios. Pero la conexión no termina ahí: De León Chávez también apareció como representante legal de Industrias Portuarias, S.A. La última precalificación del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) en la que figura con ese cargo está fechada el 14 de enero de 2025, lo que sugiere que mantuvo esa representación hasta al menos ese momento.

La presencia de abogados históricamente vinculados a Grupo Interport en sociedades que hoy continúan contratando con el Estado es otro de los elementos que conecta el entramado actual con las empresas que durante años operaron bajo la órbita de Widmer Probst.

Los cuñados del “rey de los puertos”

Los vínculos no son únicamente corporativos. Carlos Antonio García Pilón, actual representante legal de Caribe Gru, S.A., es hermano de Cándida Beatriz García Pilón, esposa de Jürg Widmer Probst.

El apellido también aparece en otras sociedades de la red. Carlos Antonio y Luis Ernesto García Pilón figuran como representantes de Comercializadora Pahame, S.A. La coincidencia resulta relevante porque los García Pilón ya ocupaban posiciones de dirección o representación en compañías del antiguo Grupo Interport. 10 años después, el mismo núcleo familiar continúa apareciendo en algunas de las sociedades con mayores niveles de contratación pública dentro del entramado.

La misma dirección, el mismo folio, la misma representante

La coincidencia entre Industrias Portuarias, S.A. y Andria, S.A. no se limita al papel. Ambas comparten domicilio (15 avenida 20-01, zona 13), fueron constituidas el mismo día —el 4 de diciembre de 2012— y, según las constancias más recientes, comparten también representante legal: Ashley Guadalupe Valladares del Cid.

La cercanía entre estas dos empresas no es solo registral: la saede que ocupa Caribe Gru está ubicada justo detrás de la de Industrias Portuarias. El mismo patrón se repite con Arrendadora Continental, S.A. y Comercializadora Pahame, S.A., que comparten domicilio (20 calle 15-60, zona 13) y representante legal, el propio Castellanos Molina.

Un puente caído y una empresa sin experiencia

Andria, S.A. tiene un historial propio de irregularidades fuera del ecosistema portuario. En 2022, fue la única oferente en la licitación con NOG 16835018, con la que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) le adjudicó —por GTQ 53M— el mantenimiento de la red vial que incluye el puente Nahualate, en Chicacao, Suchitepéquez. En octubre de 2024, ese puente fue cerrado al paso por riesgo para conductores y peatones, mientras Andria notificaba al CIV que el contrato estaba suspendido por falta de pago. Para entonces ya se le habían pagado GTQ 29M, el 55 % de la obra, sin que existiera registro de la ampliación de plazo que permitiera esos pagos posteriores a la fecha original de finalización del contrato, ni evidencia de los avances físicos en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) ni, mucho menos, en el terreno.

Lo llamativo es que Andria fue constituida en 2012 pero no obtuvo precalificación en el RGAE hasta 2020, y ese contrato con el CIV fue su primera adjudicación estatal: antes de tener experiencia comprobable, la empresa ya competía y ganaba, como única oferente, licitaciones millonarias.

Las empresas en serie.

Más allá de su paso por Grupo Interport, José Fernando García Ramírez también representa a un grupo de sociedades de nombres seriados: Kaizen, S.A.; Región Prime, S.A.; Estrahu, S.A.; Compenwork, S.A.; Jornalwork, S.A. y Saeta Marina, S.A., además de Inversiones en Tecnología Ecológica, S.A. De todo ese grupo, solo esta última registra adjudicaciones estatales, por poco más de GTQ 100,000.

Las seis primeras fueron constituidas de forma consecutiva en apenas cinco días, entre el 9 y el 13 de diciembre de 2020, todas con García Ramírez como representante legal y mediante escrituras otorgadas en fechas muy próximas. El patrón —constitución simultánea y vinculación registral estrecha— se repite en las seis sociedades.

Los reyes caen. Los imperios, no siempre.

Diez años después, un par de nombres han cambiado, las sociedades se han multiplicado y los operadores se han movido de una empresa a otra, pero las conexiones permanecen. Entre contratos millonarios, direcciones repetidas y viejos vínculos que resurgen una y otra vez, el entramado construido alrededor de Jürg Widmer Probst sigue dejando huellas en los negocios portuarios del Estado.

Tal vez esa sea la verdadera historia detrás de los puertos: no la de un hombre, sino la de una estructura que aprendió a sobrevivir. Porque, como en las viejas monarquías, el rey puede desaparecer, pero el reino continúa. Y en Guatemala, el reino de los puertos parece haber sobrevivido.

La inscripción de un nuevo partido político comienza con la recolección de adhesiones. Cada firma pasa por varios controles antes de ser aceptada. En esta entrevista, Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), detalla cómo funciona el proceso y qué mecanismos utiliza la institución para verificar cada registro.

¿Cómo obtienen los comités las adhesiones que exige la ley para convertirse en partido político? 

El proceso es el mismo para los comités y los partidos políticos. Deben solicitar a la Dirección General del Registro de Ciudadanos la autorización de las hojas. Tienen un máximo de 500. No importa las veces que se solicite, siempre y cuando esté aprobada la primera solicitud. 

El comité o partido solicita las hojas y define cuántas necesita; las descarga e imprime para la recolección de firmas. Todo el trámite se realiza en el portal web que utilizan las organizaciones políticas. Lo anterior se fundamenta en el Acuerdo 700-2022 del pleno de magistrados del TSE.

Luego deben descargar las hojas, tanto de adhesión como de afiliación. Al tener recopiladas las firmas, ellos, en el portal web del Tribunal, proceden a ingresar las hojas. Las agrupaciones tienen autorizados cinco usuarios. Ellos pueden ingresar al mismo tiempo los datos.

¿El sistema emite alerta de inconsistencias?

Sí, de inmediato refleja el dato y también emite una alerta. Por ejemplo, si este ciudadano está afiliado, da una advertencia a la organización. Es decir, la alerta permite verificar si el ciudadano ya está afiliado. La organización política puede o no continuar la adhesión o afiliación. En nuestro caso, nos da el estatus uno; es decir, cuando el ciudadano está suspendido de sus derechos políticos.

Al ingresar un paquete, que contiene hojas de adhesión o afiliación, el sistema refleja un reporte que indica cuál es el número del paquete y las hojas que contiene. Las organizaciones deben imprimirlo y adjuntarlo al paquete que contiene las hojas de adhesión o afiliación. 

Después deben llevarlas físicamente al TSE. En la recepción revisan que el código verificador corresponda al paquete que ingresa y el número de hojas. Los documentos se trasladan al Sistema Integral de Organizaciones Políticas y se asignan a uno de los seis depuradores. 

¿Qué asignaciones tiene el depurador?

El depurador es el colaborador que ingresa los datos de las hojas al sistema. Al aceptar el paquete, hace un primer filtro con el sistema informático. Este verifica si los ciudadanos están afiliados y cuál es su estado. Al concluir, se procede con la depuración manual.

¿En qué consiste una depuración manual?

Los depuradores verifican la firma o la huella con el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAP). El TSE tiene un convenio institucional que nos provee visualmente todos los datos del ciudadano, como la firma y huella. Si en la hoja viene una firma y se coteja que no son los mismos rasgos del DPI, se rechaza.

Si la huella no está legible, si tiene sobrecarga de tinta y no se puede visualizar, también es rechazada. Al concluir la validación manual, se imprime un reporte y se adjunta a cada paquete. Este tiene un resumen de cuántos ciudadanos fueron aceptados o rechazados por firma, por huella o por algún estatus. Por último, se archiva el expediente.

 *Para leer la entrevista completa, haga clic en este link.