La región, en la deriva autoritaria

¡Buenos días!

No es sorpresa que, alrededor del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, la democracia liberal no pasa por su mejor momento. Quién sabe si lo ha tenido alguna vez.

Más allá de las tres dictaduras latinoamericanas, la venezolana, la nicaragüense, y la cubana —todas de izquierda, por supuesto—, otros países se decantan por líderes o sistemas que, aunque aún democráticos, son abiertamente antirrepublicanos: México y El Salvador.

La concentración del poder en unos pocos, sin contrapesos —como en el poder judicial—, es el camino a la dictadura. En México se llevaron a cabo “elecciones judiciales”, y ahora se encaminan a hacer una revisión del sistema electoral, el mismo que llevó al poder a AMLO y su sucesora, Claudia Sheinbaum. La cosa no pinta bien.

Por otro lado, en El Salvador, el ultra popular, Nayib Bukele, ha ido modificando el sistema republicano —y ahora, el electoral— facilitándole, aún más, la concentración del poder y la eliminación de contrapesos republicanos.

Ninguno de nuestros dos vecinos es, hoy por hoy, una dictadura. Pero ¿usted se sentiría cómodo o invertiría en un país donde, cada vez menos, exista la posibilidad de enfrentar los caprichos del grupo en el poder, o del presidente mismo?

Les deseamos un buen inicio de semana laboral. 

El regreso de Donald Trump a la presidencia ha reconfigurado la geopolítica, globalmente. La pasividad de la anterior administración se ve fuertemente contrastada con la agresividad en el plano internacional del actual presidente. Trump está estableciendo las posibilidades de acción de los diversos actores a través del uso de los aranceles. Ya no se necesitan las balas para sangrar a una nación.

Por qué importa. El Tío Sam se ha despertado de su letargo con vociferante hegemonía. El tablero geopolítico ha cambiado al instante y es necesario que los Estados vislumbren los riesgos asociados a ello. 

• La administración estadounidense impuso el arancel homogéneo del 10 % como muestra no solo de su capacidad, sino también de una real amenaza contra el mundo. EE. UU. está dispuesto a golpear, y lo hará.
  
  

• Los aranceles se han impuesto como mecanismo de alineación geopolítica. El propósito de estos es influir directamente en la política nacional y exterior de los Estados. Por ello, se convoca a mesas de negociación después de la amenaza arancelaria.
  
  

• La gravedad de los aranceles amenaza a los incumbentes de cada país a recibir presión masiva de sus votantes: los precios se disparan, las rentas son menores y los votantes cada vez estarán más insatisfechos.

Lo indispensable. La alineación ideológica y de seguridad en América y el mundo está en configuración. Mientras los países no puedan encontrar cobertura para la amenaza arancelaria, tendrán que alinearse al proyecto global de EE. UU. 

• Las posibilidades ideológicas globales se encuentran dentro de los rangos que la Casa Blanca establezca. Por ejemplo, Canadá, aliado estratégico histórico de los americanos, fue castigada con un arancel del 35 % al reconocer a Palestina.
  
  

• A Brasil le fue impuesto un severo arancel del 50 % por la persecución judicial de Bolsonaro, lo que implica que Trump desea tener a sus aliados ideológicos protegidos. El futuro de su política nacional está siendo manejado desde Washington.
  
  

• Por último, desde sus conversaciones con Trump, la presidenta Sheinbaum tiene menos de 90 días para establecer una política de seguridad y anti imigración suficientemente convincente para que los aranceles no sofoquen a México, cuyo mayor aliado comercial por volumen es su vecino del norte.

Ahora qué. La palanca de presión estadounidense no ha sido utilizada en su totalidad en contra del Triángulo Norte… por ahora. 

• Guatemala, Honduras y El Salvador tienen que adelantarse al duro pugilismo estadounidense, pues, aunque no se les haya impuesto aranceles, ahora se sabe que la posibilidad siempre está en la mesa.
  
  

• En un contexto geopolítico como el actual, donde la incertidumbre es ley, lo más importante se encuentra en poder establecer los posibles riesgos y cubrirlos. Debido a la fuerte inclinación estadounidense hacia la seguridad, los temas de necesaria cobertura son migración y narcotráfico.
  
  

• El Triángulo Norte tiene que estar preparado para establecer políticas de seguridad que provean un espacio fértil para negociaciones beneficiosas para la región.

En conclusión. La presión global arancelaria no es ningún tipo de guerra comercial. Washington encontró la manera de ejercer poder con agresividad dentro de las condiciones normativas actuales. Los Estados tienen que prever los posibles riesgos de sus políticas actuales no alineadas con el despliegue ideológico y de seguridad de Trump. Se viene una larga vela y el análisis es claro: hay que dormir con los zapatos puestos. 

La Universidad de San Carlos (USAC), además de su rol académico, es un epicentro de poder que ha sido dominado por operadores políticos durante décadas. Las disputas internas, las tomas del campus, y las denuncias de corrupción, revelan a los actores que buscan influencia en cargos públicos, donde la universidad tiene voz y voto.

Por qué importa. La USAC tiene poder político, económico y jurídico en el país. Su representación en comisiones de postulación y su iniciativa de ley la han convertido en una pieza estratégica. En 2020, autoridades y exrectores fueron procesados en el caso de Comisiones Paralelas. 

• La elección de rector en 2022, denunciada como fraudulenta, provocó la toma del campus durante más de un año. En ese proceso resultó “electo” Walter Mazariegos.
  
  

• Estuardo Gálvez, exrector, construyó redes de influencia que aún dominan decanatos y parte del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).
  
  

• En las elecciones de este año, para dirigir el Colegio, consiguió que su planilla —la 4— ganara el Tribunal de Honor y el Comité Asesor de Inversiones.

Visto y no visto. Los operadores universitarios se conectan con redes nacionales que influyen en el sistema de justicia. Una disputa que refleja la pugna por recursos y poder estatal. En 2023, EE. UU. incluyó en la Lista Engel a Mazariegos y a Gálvez por “socavar procesos democráticos”. 

• En la actualidad, los decanos alineados a Mazariegos dominan el Consejo Superior Universitario (CSU), clave para decisiones legales y presupuestarias.
  
  

• Según fuentes internas, en esta gestión del CSU se han distribuido “beneficios” a muchos catedráticos, para asegurar apoyos entre facultades.
  
  

• Además, varias decisiones han sido tomadas en secreto. La razón: otorgar privilegios a grupos aliados. La última acción relevante es la modificación al Reglamento de Elecciones.

Sí, pero. A pesar de la existencia de las redes de poder lideradas por Estuardo Gálvez, Murphy Paiz y Walter Mazariegos, la universidad mantiene su rol académico. La disputa por redes políticas en la USAC inició desde finales de los años noventa y se mantiene. 

• Carlos Alvarado Cerezo, rector entre 2014 y 2018, marcó distancia con Gálvez y negó cualquier apoyo. Sin embargo, su participación en las postuladoras fue cuestionada por posibles pactos con el exrector.
  
  

• Murphy Paiz, rector entre 2018 y 2021, fue detenido en el caso Comisiones Paralelas 2020. Fue señalado de manipular el CSU para fines políticos.
  
  

• Boanerge Mejía, exdecano de Derecho, y Juan Carlos Godínez, abogado electo al CANG, aparecen en expedientes judiciales por su rol en negociaciones que buscaban controlar la elección de magistrados. Avidán Ortiz —también exdecano y vinculado a operadores—, fue investigado del MP.

En conclusión. En los últimos años, el poder político y jurídico de la USAC ha sido aprovechado por grupos que buscan influir en decisiones del Estado. Las redes encabezadas por rectores y decanos marcaron la institución con casos judiciales, tomas y disputas internas que afectaron su autonomía y prestigio. 

• Los casos judiciales contra exrectores y decanos evidencian cómo se usó la universidad para influir en la elección de magistrados y en la política nacional.
  
  

• La lucha de poder dentro de la USAC afecta la transparencia y la gobernabilidad de sus órganos de decisión.
  
  

• La universidad debe fortalecer mecanismos de transparencia para recuperar su autonomía y prestigio académico. Sin embargo, todo indica que no será pronto. 

El gobierno del Movimiento Semilla, liderado por Bernardo Arévalo, enfrenta fuertes críticas por la iniciativa de ley 6576. 

En perspectiva. Esta propuesta permitiría gastar dinero público sin los controles de la Ley de Contrataciones del Estado. El CACIF y otros sectores advierten que se abre la puerta a la corrupción.  

• La ley surge ante la incapacidad de ejecutar el presupuesto de más de GTQ 150 000M. Desde el Congreso, incluso opositores ven oportunidades en el gasto sin control. El sector privado exige fortalecer la institucionalidad, no debilitarla.
  
  

• La medida beneficiaría a todo el Ejecutivo, pero, en particular, a quienes tradicionalmente se han beneficiado ilícitamente de las obras ejecutadas a través de los CODEDE: los alcaldes y diputados distritales.
  
  

• La transparencia y eficiencia deben ser prioridad, no el gasto discrecional. La propuesta también podría usarse como moneda de cambio política. La oposición critica el doble discurso del oficialismo, que antes rechazaba este tipo de medidas.

En el radar. Otra decisión del gobierno de Arévalo que genera dudas sobre la transparencia es la contratación, a toda prisa, de una empresa para el cierre técnico de los pozos que operaba Perenco en Petén.  

• Tras no renovar el contrato —argumentando razones ambientales y legales—, el gobierno invertirá hasta USD 50M —según creen— en un proceso de 3 a 4 años.
  
  

• Sin embargo, las especificaciones de la contratación han sido cuestionadas por su falta de claridad y por aparentar estar dirigidas a favorecer a una empresa específica.
  
  

• Críticos señalan que esta decisión podría implicar pérdidas económicas y laborales para la región. Antes se propuso un cierre de ocho años financiado por producción, pero no avanzó en el Congreso. La opacidad del proceso despierta sospechas de una contratación arreglada. 

Lo que sigue. El 7 de agosto, funcionarios consulares de Guatemala visitarán el centro de detención “Alligator Alcatraz”, en Florida, EE. UU., para verificar la atención y condiciones de los guatemaltecos allí retenidos.  

• El Gobierno, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y su red consular, busca identificar y entrevistar a los connacionales, y determinar su situación.  

• Hasta ahora, se ha confirmado la nacionalidad guatemalteca de 14 hombres adultos detenidos en ese centro. La visita fue gestionada por el Consulado General en Miami y la Embajada en EE. UU.  

• Esta acción responde a la creciente preocupación por el trato a migrantes en nuevas cárceles estadounidenses, mientras se asegura que se mantiene comunicación con sus familiares, brindando acompañamiento durante el proceso migratorio.

Qué destacar. Esta semana, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) celebrará una nueva jornada electoral, la primera bajo sus nuevas autoridades.  

• El 5 de agosto, los profesionales del derecho votarán para elegir al representante titular y suplente ante el Registro de Información Catastral (RIC) para el periodo 2025-2027.
  
  

• La elección se realizará en el Parque de la Industria, donde se espera una alta afluencia de votantes. Por ello, las autoridades de tránsito han coordinado un plan para garantizar la movilidad.
  
  

• Ocho planillas se presentaron, de las cuales siete ya están inscritas formalmente. Si hay segunda vuelta, será el 13 de agosto.

Ecos regionales. Esta semana, el presidente Nayib Bukele enfrentará una ola de cuestionamientos tras la reforma constitucional que habilita su reelección indefinida, algo que, hasta ahora, no le quita el sueño. 

• La medida, aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña con 57 votos, también elimina la segunda vuelta electoral y extiende el mandato presidencial a seis años.
  
  

• El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que no convocará al Pacto de Estado por la Justicia para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que deben iniciar en sus cargos en 2026.
  
  

• El mandatario afirmó que ejercerá su facultad constitucional para designarlos directamente, sin comisiones ni consultas.