¡Buenos días!

Las vertientes más vanguardistas de la teoría del Estado son que, más que sancionar, se debe prevenir. Más que entrampar, facilitar. Sin importar la visión que se tenga del Estado —obviando las colectivistas—, aquellos son postulados atendibles.

Los procesos gubernamentales deben ser ágiles y fáciles para que cualquiera pueda acceder a ellos; las adquisiciones son un buen ejemplo. Eso sí, fáciles, pero estrictas. No cualquiera debe tener acceso al casi interminable cofre que representa el erario. Se busca que sean muy buenos, pero también conocidos.

Sobra decir que, desde principios de siglo, la obra pública ha ido, cada vez más, a entidades opacas, pertenecientes a funcionarios, diputados, alcaldes o, sus familias. Se complica mucho más el asunto cuando al cóctel se meten estructuras del narcotráfico que ven en la obra pública una lavandería de caché.

Hay que transparentar, para autoridades y reguladores, quién tiene acceso a la obra pública. No la “S.A.” sino la persona —que probablemente corrompe— para obtenerla. 

Debe hacerse, eso sí, por las vías legales, no porque sí. El desafío de la gestión pública es luchar contra fuerzas, a veces, mucho más poderosas, con la camisa de fuerza de la legalidad. 

Transparencia en contrataciones públicas: buenas intenciones, malos métodos

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el 14 de julio de 2025, suspender provisionalmente dos frases clave del Acuerdo Gubernativo 208-2024, conocido como “Proveedores Transparentes”. Se trata de la obligación a los proveedores del Estado a revelar “los nombres de los accionistas y las personas que ejerzan control efectivo sobre la entidad”. La medida buscaba actualizar el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) para mayor trazabilidad en contratos públicos. Lo que hay que erradicar es la fachada de “empresa” —típicamente de un corrupto diputado o alcalde—, no así la del genuino y legítimo empresario. 

Sin duda, la transparencia en las contrataciones estatales es no solo deseable, sino imperativa. Tener conocimiento de quiénes son los accionistas, tomadores de decisiones y beneficiarios finales de las entidades mercantiles que interactúan con el Estado ayudaría a combatir la corrupción, alineándose con estándares internacionales, como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El presidente, Bernardo Arévalo, lo expresó claramente: “Conocer a los dueños y accionistas que contratan con el Estado puede dar más transparencia y trazabilidad y facilita atacar la corrupción en todas las etapas y en todos los puntos del proceso”. Esta información podría prevenir corrupción sin publicarla. Es decir, no sería del dominio público, sino reservada. 

Sin embargo, la resolución de la CC, aunque provisional, responde a una acción constitucional que cuestiona, en parte, la forma en que se impuso este requisito. Lo que busca es enmarcar la demanda de transparencia dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco —de rango constitucional y ordinario—, que ya contempla obligaciones similares en ámbitos específicos —como el financiero— donde las leyes exigen revelar datos de control efectivo para prevenir lavado de activos. El problema radica en la jerarquía normativa: estos requisitos deben estar anclados en leyes aprobadas por el Congreso, no en reglamentos (acuerdos gubernativos), de menor rango y carentes de la robustez legal para imponer tales obligaciones. Actuar de esta manera genera inseguridad jurídica y expone a desafíos constitucionales, como el que derivó en esta suspensión. 

La intención del Gobierno es buena, pero, una vez más, se ejecuta de forma inadecuada. Basta recordar el fallido reglamento de seguro obligatorio contra terceros, emitido en marzo de 2025, que generó protestas masivas por su implementación apresurada y falta de consulta, obligando al presidente Arévalo a derogarlo ante el rechazo popular. Similarmente, el reglamento para el manejo de desechos sólidos, aunque no suspendido por la CC en julio de 2024, ha enfrentado críticas por complicar operaciones municipales sin el respaldo normativo suficiente, abandonando a recolectores —guajeros—, además de generar ineficiencias. Estos ejemplos ilustran un patrón: iniciativas bien intencionadas que tropiezan con la realidad legal y social. 

En un Estado de derecho, las buenas intenciones no son suficientes. Se debe actuar estrictamente dentro del marco de competencias establecidas por la Constitución. La suspensión actual es una oportunidad para reformular el acuerdo en una ley integral, asegurando transparencia sin vulnerar derechos o extralimitarse en facultades. De lo contrario, Guatemala arriesga no solo inclusión en listas grises internacionales, sino también la confianza en sus instituciones.   

A pocos meses de que comience el proceso de elección para el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), se despiertan tensiones entre viejos operadores y actores del sistema de justicia: el oficialismo, las universidades, sociedad civil y actores externos.  

• Las negociaciones están activas, mientras crecen las denuncias por posibles injerencias.

Por qué importa. La elección está rodeada de una serie de actores con intereses, en algunos casos, nefarios. Esto puede incluir a grupos académicos, organizaciones sociales, operadores políticos tradicionales y emergentes. Todos buscan influir de alguna manera en el proceso. 

• La elección toma relevancia porque se definirá quién controlará el MP y qué dirección tomará la justicia penal en los próximos cuatro años (2026-2030).
  
  

• Expertos consideran que existe una regresión en la “democratización” del sistema de justicia, en especial, de este proceso.
  
  

• En años anteriores, se dieron vicios en la elección, como la ambigüedad de las tablas de gradación y la ponderación de las entrevistas de los aspirantes.

Visto y no visto. Existen antecedentes que advierten sobre la posible “falta de legitimidad” en la próxima elección. Hasta la fecha, no ha existido un procedimiento objetivo y técnico que permita llevar a cabo una evaluación certera.  

• Los actores y operadores trabajan a tiempo completo para tener peso y decisión. Los más dinámicos giran alrededor de la USAC, instituciones del sector justicia y, sorprendentemente, diplomáticas.
  
  

• En la última elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se evidenció la participación del oficialismo; movieron mucho para asegurar actores “en la jugada”.
  
  

• Entre las actividades que realizan, están talleres, capacitaciones diplomadas a nivel gremial y profesional. Pero también hay reuniones para negociar.

Voces. Se observa una influencia política muy dinámica para elegir al sustituto de Consuelo Porras. Ese trabajo se intensificará después de la convocatoria para que se integre la Comisión de Postulación responsable de la nómina de candidatos.   

• El oficialismo, las universidades y los grupos gremiales son parte de la dinámica. “El oficialismo será más activo, a pesar de su falta de experiencia en negociación. Es un actor nuevo en todas esas influencias”.
  
  

• “Estarán esos grupos tradicionales de clase política, serán más de dos bandos. Se sumarán todos los actores del oficialismo”, explica Francisco Quezada, analista del CIEN.
  
  

• El Movimiento ProJusticia asegura que el interés se vuelve mayúsculo y que las presiones como tal suelen surgir cuando ya el proceso está en marcha. “En este momento lo que hay son negociaciones, son alianzas”.

En conclusión. La elección del próximo fiscal general será un proceso convulso. Varios actores ya se mueven con intensidad para influir y asegurar determinadas cuotas de poder.   

• Mientras crecen las señales de opacidad, se debilita la legitimidad de un sistema que debería garantizar justicia, no disputarla.
  
  

• Voces, casi al unísono, insisten en que la fiscalización ciudadana resulta esencial para evitar opacidad en el proceso de elección del fiscal general. La transparencia debiese garantizar una nómina legítima para entregar al presidente Bernardo Arévalo.

El gobierno de Guatemala emitió bonos del tesoro por USD 1500M sin detallar su propósito ni contar con un plan claro de ejecución. La falta de estrategia ha generado preocupación entre analistas, quienes advierten que esta decisión podría traducirse en costos innecesarios y violaciones a la ley presupuestaria.

Qué destacar. El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) emitió USD 1 00M en bonos del tesoro, una parte con vencimiento a 11 años, y el resto a 30 años, con una tasa del 7 % anual en dólares. 

• Los bonos del tesoro son títulos públicos que financian el presupuesto del Estado.
  
  

• El Congreso aprueba el techo máximo de deuda mediante el presupuesto. Actualmente, el cupo es de GTQ 25 104M, pero el gobierno no está obligado a usarlo.
  
  

• La emisión ha generado dudas sobre las condiciones de negociación, el momento en que se realizó y su impacto en las finanzas públicas.

Datos clave. Analistas coinciden en que la deuda no es negativa si está respaldada por un objetivo definido, sin embargo, el MINFIN incumple con los criterios mínimos.  

• La principal crítica es que el endeudamiento busca “cubrir necesidades presupuestarias”, pese a que el gobierno tiene más de GTQ 25 000M en la caja fiscal del Banco de Guatemala.
  
  

• También se cuestiona la falta de transparencia sobre el destino de los fondos, pues si no se ejecutan, los contribuyentes pagarán intereses por dinero inactivo.
  
  

• Además, la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe usar deuda para gastos corrientes, por lo que la falta de objetivos concretos podría conducir al gobierno de Arévalo —como anteriores administraciones— a incurrir en una ilegalidad.

Voces. Otro punto de debate es la decisión de emitir deuda en dólares en lugar de quetzales, ya que se considera que, debido al panorama global, es más riesgosa y desincentiva el mercado de capitales doméstico.  

• Algunos defienden esta medida porque la tasa en dólares es más baja y evita que los bancos nacionales desvíen liquidez hacia bonos del gobierno en vez de proyectos productivos.
  
  

• Otros advierten sobre el riesgo cambiario, dado que, aunque la tasa de cambio es estable, no puede preverse cuánto costará pagar esa deuda en el futuro.
  
  

• El Fondo Monetario Internacional recomendó priorizar el desarrollo del mercado de capitales local, ante la volatilidad global y los costos crecientes de financiamiento.

Si, pero. También se cuestiona la necesidad de endeudarse cuando la inversión pública apenas ha alcanzado un 7 % de ejecución en 2025. 

• La baja ejecución no debería descalificar la emisión, ya que históricamente la inversión se concentra en el segundo semestre.
  
  

• Sin embargo, se advierte que emitir sin planificación puede generar un sobrecosto de más de GTQ 300M en intereses por dinero que permanecerá sin uso.
  
  

• Esta divergencia refleja la falta de claridad en la estrategia financiera del gobierno y una deficiente comunicación institucional.

En conclusión. El ministro Jonathan Menkos dijo que únicamente resolvería dudas en la Ronda del viernes 18 de julio. Sin embargo, en redes sociales justificó la afirmando que la oposición a ella es porque las personas “ya no pueden enriquecerse a costa del Estado […] por la vía de cobros de tasas de interés sobre los bonos”.  

• Las dudas sobre el destino de los fondos y la gestión del plan financiero persisten, y es evidente que las autoridades no están dispuestas a acatar las recomendaciones de instituciones internacionales para fortalecer el mercado local.
  
  

• Además, esas desafortunadas declaraciones sugieren que detrás de estas operaciones, más que un criterio técnico, lo que prevalece es la carga ideológica y oposición al sector financiero en el país.