La verdadera calamidad es el Estado

¡Buenos días! 

Los fenómenos climatológicos ocurren todos los años; por algo se le llama “temporada de huracanes”. No es, pues, algo que tome por sorpresa. La desidia y falta de preparación de las autoridades, tampoco. Pero pretender que por su falta de previsión se les faculte restringir derechos constitucionales y realizar compras sin control –o con muy poco– es añadir insulto a la herida.  

En el pasado, los estados de excepción han servido para el abuso, tanto así, que los propios diputados electos por Semilla los rechazaron. Ahora, como se trata de ellos, los apoyan. Viene a la mente la célebre frase de Jorge Sanayana: Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo. 

Está en manos de los diputados que el estado de Calamidad continúe por los 30 días que fue decretado, o concluya hoy su vigencia. 

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Editorial: Calamidad de Estado

14 comisiones del Congreso no tuvieron ninguna iniciativa de ley para dictaminar

Ministerios apresuran compras en el estado de Calamidad

Calamidad de Estado    

El Ejecutivo decretó estado de Calamidad por el “[…] alto índice de acumulación de lluvia (sic) y saturación actual de los suelos en el territorio nacional, aumentando así el riesgo de experimentar desastres naturales […]”. Ante cualquier posible afectación a la vida y la propiedad de los ciudadanos, ciertamente el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para evitar que suceda.

Sin embargo, en el caso del Decreto Gubernativo 2-2024, lo que originalmente lo motivó –el huracán Beryl– no tocó tierras guatemaltecas. Si bien no será el único meteoro en amenazar al país, no se trata de eventos que toman por sorpresa; las lluvias estacionales, casi todos los años, provocan deslaves, lahares, destrucción de la infraestructura vial, etc.

La ubicación de muchas viviendas populares –así como su precariedad– hacen particularmente vulnerable a buena parte de la población; la mala calidad de las carreteras y la falta de mantenimiento, también las hacen blanco fácil para que lluvias que no debiesen afectarla, lo hagan. Eso no está en discusión.

Lo que sí debe discutirse –y resolverse sin demora– es la escasa o nula preparación y capacidad gubernamental para prevenir y atender situaciones que son más que previsibles, pues son recurrentes. Es allí donde está la calamidad.

Guatemala cuenta con los recursos suficientes para que los fenómenos climatológicos no sean más que eso; no obstante, los mecanismos de adquisición gubernamental son excesivamente restrictivos y los estados de excepción obedecen a un régimen que no se alinea con la Constitución.  

El Gobierno sabía con antelación que en esta época podría ocurrir lo que acontece. Si no lo sabían, evidenciaría que no estaban preparados y ese es un problema de otra magnitud; debieron prever y no lo hicieron.

Ahora, parece que la única opción que queda para poder atender todo lo que se sabía que venía, es adquirir insumos –puentes modulares, materiales de construcción, maquinaria, medicinas, equipamiento de emergencia, etc.– sin pasar por los restrictivos procesos de compras estatales. Es decir, régimen de excepción.

La discusión –válida– sobre si se deben restringir todos los derechos de los artículos 5 y 26 constitucionales o solo algunos, es secundaria. También lo es, la facultad casi ilimitada de compras, por más que los funcionarios prometan mesura. La discusión importante es la de abordar –sin demora– la creación de un régimen de adquisiciones en donde existan mecanismos de control, pero a la vez permita atender situaciones emergentes. Para encontrar la fórmula correcta no se debe caer en adanismos.

El futuro del estado de Calamidad decretado por el Gobierno está en manos del Congreso que hoy discute si lo aprueba, modifica o rechaza. Más allá de los intereses políticos, debe privar el interés nacional y el bienestar de los guatemaltecos.  

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Ana González
14 comisiones del Congreso no tuvieron ninguna iniciativa de ley para dictaminar
493 palabras | 2 mins de lectura

La poca efectividad en varias comisiones de trabajo es un hecho que solo los diputados no reconocen, pero un informe elaborado por Congreso Eficiente (una organización que monitorea la labor de los congresistas) muestra que 14 salas de trabajo no recibieron ninguna iniciativa de ley para analizar. 

Panorama general. 14 de 38 comisiones de trabajo no fueron nada productivas en los primeros meses del año, pues no recibieron ninguna de las 86 iniciativas de ley conocidas por el pleno. 

  • Congreso Eficiente, que aglutina al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala Visible y Fíjate Bien, recabó el dato en el primer período ordinario de sesiones.  

Los datos. El informe detalla que las salas que no recibieron propuestas de ley son: Asuntos sobre discapacidad, Cooperativismo, Cultura, Defensa del Consumidor, Defensa Nacional, Deportes, Descentralización, Integración Regional. 

  • Tampoco: Juventud, Menor y la Familia, Migrantes, Transparencia, Turismo y Vivienda. 

  • Por el contrario, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda recibió 14 iniciativas, siendo la sala con más propuestas que dictaminar.  

Qué resaltar. El espíritu de las comisiones es ser “órganos técnicos de estudio”, pues así lo establece el artículo 27 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.  

  • Sin iniciativas de ley que analizar, la comisión parece reducirse a gasto de recursos y de tiempo; la mayoría cuenta con asesores bajo el renglón 029, según consta en la Unidad de Información Pública. 

  • Aunque tienen la potestad para citar a funcionarios, lo podrían hacer desde sus respectivos bloques.  

Voces. No es la primera vez que varias comisiones no cuentan con iniciativas de ley para dictaminar, es una práctica que se registra cada año, recuerda María Isabel Bonilla, analista de Congreso Eficiente.  

  • “El resultado es recurrente cada año en donde de las 38 comisiones de trabajo que establece la ley (...) muchas no reciben trabajo. Habría que analizar si esta integración es la mejor para poder trabajar temas en el Congreso”, afirmó.  

En perspectiva. Aunque en el 2016 se redujo el número de comisiones de 52 a 38, sigue siendo un número elevado, pero reducirlas aún más, es una idea poco popular, pues los diputados perderían algunas “prerrogativas”. 

  • El presidente de comisión tiene derecho a GTQ3000 en caja chica y a contratar dos asesores bajo el renglón 029, con un salario de GTQ 15 000.  

Entre líneas. Los diputados electos de Semilla promueven una iniciativa de ley que busca, entre otras cosas, aumentar el número de comisiones a 41.  

  • Aunque el espíritu de la propuesta es que puedan ser bancada, aprovecharon para incluir un artículo donde crean la comisión de Asuntos Energéticos, Infraestructura y Obras Públicas, así como la sala de Transporte, puertos y aeropuertos.  

En conclusión. El Congreso de la República es una de tantas instituciones que evidencia el desperdicio de recursos, pues los gastos en los que se incurre en mantener a comisiones que no tienen ningún trabajo por hacer, se suman los salarios de asesores, que al final solo representan una carga innecesaria para el erario.  

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Marimaite Rayo
Ministerios apresuran compras en el estado de Calamidad
551 palabras | 3 mins de lectura

El lunes 8 de julio el Organismo Ejecutivo publicó en el Diario oficial el Decreto Gubernativo 2-2024 que declara estado de Calamidad; debe ser ratificado por el Congreso de la República. De acuerdo con la Presidencia, este estado de excepción pondría a disposición las herramientas necesarias para enfrentar la crisis causada por la lluvia.

Qué destacar. Entre las medidas que establece el decreto figura la autorización para que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la CONRED, puedan realizar adquisiciones indispensables para solucionar las situaciones del estado de Calamidad, respondiendo los criterios del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). 

  • Este artículo establece que, en casos de excepción, las entidades nombradas no están obligadas a cotizar o licitar para comprar bienes y servicios.

  • El estado de excepción indica que, respondiendo a los parámetros de transparencia y publicidad, una vez finalizado el plazo de 30 días, las instituciones deberán presentar un informe en el que se especifique el destino de los recursos.

  • Adicionalmente, el Ministerio de Finanzas (MINFIN), deberá asignar los espacios presupuestarios y las cuotas financieras a cada entidad, de manera que puedan atender las necesidades de la población afectada. 

Los datos. El estado de Calamidad no ha sido ratificado por el Congreso, sin embargo, el portal de GUATECOMPRAS refleja un incremento significativo en las adquisiciones realizadas por las entidad autorizadas. 

  • Según los registros de compra, entre el 3 y el 5 de julio —antes de Calamidad—, el sector público acumuló GTQ 338 705 482M en adjudicaciones.

  • Mientras que, a partir de la publicación del estado de Calamidad, solo en tres días, entre el MSPAS, el MAGA y el CIV, gastaron GTQ43 685 653M.

  • Además, la mayoría de las adjudicaciones se han hecho siguiendo la modalidad de compra directa con oferta electrónica, que establece que las adquisiciones deben ser entre GTQ10 000 y GTQ90 000. 

Por qué importa. Aunque la mayoría de las compras se han realizado siguiendo los procedimientos normados por la LCE, llama la atención el incremento en la actividad y la modalidad empleada. 

  • Esto se debe a que en diferentes procesos, pese a ser el mismo producto, se realizaron varias compras por separado, de manera que estas no superen el techo de los GTQ90 000. Es decir, las compras se fraccionaron.

  • Estas prácticas, pese a que se han reducido con el paso de los años, sugieren que esta es una forma de evadir los controles y fiscalización impuesta por los parámetros de transparencia en el acuerdo gubernativo. 

En conclusión. Las compras de las entidades autorizadas, pese a no estar eximidas de los controles presupuestarios, han incrementado de manera significativa desde la publicación del decreto. 

  • Asimismo, cabe destacar que la mayoría de las compras no responden a las necesidades del estado de Calamidad.

  • Por lo tanto, estas adquisiciones, independientemente de que no se hagan bajo las condiciones del estado de excepción, deben ser transparentes y no responder a criterios de favoritismo, o para evasión de controles.

  • Entre las compras más recurrentes se encuentran medicamentos, como el Factor VIII (factor antihemofílico humano). También alimentos como carnes blancas, harina maicena y miel; plantas de maracuyá, naranja y melocotón, entre otros. Además, impresoras y tinta.