- República Política
- Posts
- Laberinto de más de tres letras
Laberinto de más de tres letras

¡Buenos días!
En política —y en políticas públicas—, es tristemente conocido el concepto de que, si se busca atrasar o impedir algo, se debe formar un comité; asignar a muchas personas o, peor aún, a varias instituciones o agencias una misma tarea es el camino al desastre.
Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico recayó, particularmente, en una de las agencias antinarcóticas de EE. UU.: la DEA, la famosa “tres letras”. Sin embargo, con el tiempo y el acceso a la información, se ha ido descubriendo que otras agencias —de inteligencia y operativas— también hacen lo propio. Así, ahora hay varias agencias de tres letras que tienen que ver con disuadir, investigar, atacar, capturar y procesar a narcotraficantes y demás actores del crimen organizado. Un verdadero laberinto.
En ese laberinto, más de algún narcodiputado o narcoalcalde se cuela; a sabiendas de una u otra agencia, a la que permiten seguir operando porque ello beneficia —supuestamente— al largo plazo de la lucha contra el narco.
El problema es que, mientras tanto, esas ratas delinquen, corrompen, infiltran al Estado, llegan a dominar grandes territorios y, finalmente, los países. Basta ver lo que Morena ha logrado en México. Guatemala va en ese camino.
Por suerte, la administración Trump no solo está clara de eso, sino que todo apunta a que aquello de “gobernar por comité” se acaba. Con ello, la efectividad de la lucha contra el narco tiene una mucho mejor oportunidad de éxito.

República Investiga
Nery Ramos y la “Revolución” del crimen organizado
599 palabras | 4 minutos de lectura

El expresidente del Congreso, Nery Ramos, ya inició con su estrategia presidencial de cara a las elecciones de 2027. Aunque se desconoce el nombre final de su partido político —pues lo cambiarán en la asamblea nacional—, en sus giras de trabajo utiliza el de “Revolución”. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene 31 393 afiliados.
Fuentes consultadas indicaron que mantiene negociaciones con varios partidos con los que, eventualmente, podría armar una alianza.
Por qué importa. En los próximos meses, Ramos daría el anuncio oficial de su candidatura. Mientras tanto, ya forma su equipo de trabajo; varios perfiles resaltan por sus posibles vínculos con el crimen organizado.
En marzo, anunció que busca consolidar su proyecto político a nivel nacional, que tiene presencia en al menos 14 departamentos. Suma el apoyo de diputados, alcaldes y exalcaldes. El equipo prepara la asamblea nacional.
Durante meses, evitó hablar de su futuro político. Aun así, sus giras con el expresidente Alfonso Portillo, sentenciado por lavado de dinero en EE. UU., y la diputada Evelyn Morataya (exesposa de Portillo) avivaron las versiones sobre una nueva estructura partidaria.
Su gestión al frente de la Policía Nacional Civil (PNC) le dio notoriedad nacional, la que obtuvo, en parte, gracias a su relación con Helen Mack. Fue removido en 2018, por su cercanía con Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Francisco Rivas, exministro de Gobernación, también fue removido ese año.
Visto y no visto. Ramos es diputado por Jutiapa, departamento dominado por el crimen organizado. Llegó al Congreso por el partido Azul, financiado por Pedro Duque, hoy ligado a proceso por estafa continuada, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos en un desfalco de GTQ 20M al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
Entre los diputados vinculados a su proyecto está Gustavo Cruz, electo por Visión con Valores (Viva), vinculado al crimen organizado. En 2022, su exasesora Brenda Beatriz Barillas Barrios fue detenida por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
También, Nery Rodas y Jairo Danilo Orellana (Cabal), partido liderado por Luis Aguirre y con fuertes relaciones con el narcotráfico. Rodas proviene del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), otro “narcopartido”.
Por su parte, Orellana también figura como posible integrante del crimen organizado en Jalapa. En 2023, su suegro, Milton Guerra, fue asesinado violentamente por un comando armado. También otros familiares han sufrido atentados.
Sí, pero. Otro legislador que figura con Ramos es Vasny Maldonado, electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Representa al distrito de Suchitepéquez. Fue uno de los principales financistas del partido de Sandra Torres. Es primo del diputado Adim Maldonado.
Fuentes indican que sería uno de los financistas mayoritarios del proyecto político de Ramos. Otro político que se unió al grupo de Ramos es el exalcalde de Guazacapán, Francisco Orantes.
En 2019, Orantes recibió una serie de amenazas de muerte, previo a ganar su último periodo como alcalde con la UNE.
En 2023 buscó su reelección con la agrupación Vamos, del expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, la que perdió. Orantes también es cantante y pastor evangélico.
En conclusión. La construcción del proyecto presidencial de Nery Ramos refleja una lógica recurrente en la política guatemalteca: priorizar la expansión territorial sobre el costo reputacional de sus alianzas o el origen de su financiamiento. Aunque todavía no oficializa su candidatura, la integración de diputados, exalcaldes y operadores con antecedentes o señalamientos públicos al crimen organizado pone en duda su discurso anticorrupción.
La presencia de dirigentes de departamentos con fuerte influencia del crimen organizado podría aumentar la presión política para favorecer esos intereses desde cargos públicos.
Glenda Sánchez
El hampa gana fuerza y desafía la capacidad del Estado
560 palabras | 4 minutos de lectura

Los hallazgos de cadáveres abandonados en distintos puntos del país dejaron de ser, en las últimas semanas, hechos aislados; detrás de esos incidentes está la disputa que combina pandillas, narcomenudeo y control territorial. El crimen organizado gana fuerza y reta la capacidad del Estado que, hasta ahora, ha sido incapaz de responder efectivamente.
Los datos del CIEN muestran que el 85 % de los homicidios se concentra en diez departamentos. Casi la mitad ocurre en Guatemala.
Por qué importa. Las víctimas reflejan una transformación de la criminalidad. La extorsión ya no explica por sí sola la violencia, es decir, las pandillas ampliaron su negocio hacia el narcomenudeo y ahora disputan mercados, rutas y territorios con métodos cada vez más visibles.
Las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS) evolucionaron las alianzas con estructuras de narcomenudeo. El cambio convirtió la disputa por las plazas en una nueva fuente de conflicto y aumentó los asesinatos entre grupos rivales.
El fenómeno responde al patrón criminal que históricamente utilizaron las maras. La diferencia es que ahora el objetivo sería proteger mercados de droga y eliminar rivales dentro del mismo negocio ilícito.
Entre enero y julio, los Bomberos Voluntarios contabilizaron 64 cadáveres envueltos en sábanas o plástico. La cifra podría ser mayor porque no incorpora registros de otros socorristas.
Detrás de escena. Los lugares donde aparecen los cuerpos tampoco serían aleatorios. La ubicación funciona como un patrón criminal. Cada escena envía un mensaje a las organizaciones rivales.
Los cadáveres suelen aparecer en zonas donde las estructuras disputan la venta de drogas. La intención es advertir al adversario que perdió el control del territorio y que cualquier intento de recuperarlo tendrá consecuencias.
Las estructuras criminales buscan transmitir que actúan con impunidad y que pueden desafiar al Estado sin enfrentar una respuesta inmediata; “los que mandamos somos nosotros”.
La dinámica obliga a fortalecer la inteligencia y la investigación criminal. De lo contrario, la ausencia de capturas consolida el mensaje de impunidad y facilita que los hechos continúen.
Entre líneas. La violencia no solo responde a disputas entre pandillas. También refleja una lucha por mercados ilícitos, rutas de contrabando y territorios estratégicos. Aunque existen distintas hipótesis sobre el origen del fenómeno, el control criminal aparece como un factor clave.
La presión contra organizaciones criminales en México —empujada por EE. UU.— podría trasladar parte de sus operaciones hacia Guatemala. Petén se mantiene como uno de los territorios más vulnerables por la escasa presencia policial y la debilidad del control fronterizo.
Ante la crisis de seguridad, la respuesta del Gobierno es insuficiente. Los patrullajes combinados reducen la percepción de inseguridad, pero no atacan las estructuras criminales.
En conclusión. La violencia que dejan los cuerpos abandonados revela una disputa criminal que supera a las pandillas y expone las debilidades del Estado para anticiparse al crimen organizado. La respuesta requiere más que operativos temporales: necesita inteligencia, investigación y una estrategia para recuperar territorios bajo control de estructuras ilícitas.
El Gobierno enfrenta el reto de pasar de una reacción operativa a una política de seguridad basada en información criminal, seguimiento de estructuras y desarticulación de redes.
La expansión del narcomenudeo y la disputa territorial muestran que el crimen organizado cambia sus métodos más rápido que la capacidad institucional para responder.
La penetración que logran, cada vez más, en la institucionalidad del país, es una muestra más de su poderío y peligro.
¿Qué le pareció el boletín de hoy? |
Iniciar Sesión o Suscríbete para participar en las encuestas. |


