Las cosas como son

¡Buenos días! 

Incomodar al poder siempre ha sido peligroso; en el contexto actual, en donde el narco domina la política —nacional, pero también regional—, es aún más peligroso. Las posibilidades de que narcoadyacentes —y narcos de pleno derecho— accedan a los puestos de elección popular es preocupante.  

Hoy, el boletín de República Política les trae un reportaje que tomó varias semanas; en redes sociales salieron algunos elementos antes, pero nosotros, un medio responsable, debimos verificar los documentos, los audios y la historia, y lo hicimos. Todo está verificado. 

Adicionalmente, este espacio es personal del editor de República Política; hoy representa un reto, pues he sido yo, Alejandro Palmieri Waelti, amigo de Roberto Arzú García-Granados; mi padre, Jorge Palmieri, le tuvo mucho aprecio. 

Pero el asunto con tener principios —cual maldición— es tener que vivir con ellos. Simplemente no es posible apañar una candidatura que depende, abrumadoramente, del narco. 

Consciente de los riesgos que acarrea tal postura, nos mantenemos —el medio y yo— firmes. Una Guatemala ajena al narco es posible. Todo es que seamos congruentes. 

En un —extraordinario— mensaje personal, quiero manifestar que no podría dormir tranquilo permitiendo o avalando un futuro gobierno en donde el narco y la escoria fuesen quienes gobernasen. La patria merece el sacrificio de quienes creemos en ella. Si es mi destino —la persecución o la muerte—, lo acepto.  

Un sinfín de quiebras empresariales, millonarias deudas, adicciones, traiciones y dinero del narco que, presumiblemente, usó para financiar su campaña política del 2019. Ese es el CV de Roberto Arzú García-Granados (RAGG). 

Hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, Roberto insiste en presentarse como un justiciero, alguien “diferente a los corruptos”, que promete aplicar la ley y rescatar la nación. 

Los hechos cuentan otra historia: deudas millonarias ligadas a narcotraficantes, audios comprometedores, escrituras públicas y alianzas que borran la línea entre la ambición política y el narcopoder. República verificó cada documento, cada escritura y cada audio. Nada es rumor. Nada es especulación. 

Lo que prueban es incómodo, para él; RAGG no tiene escrúpulos para conseguir lo que quiere. Su necesidad permanente de dinero lo llevó a prometer pagos con la herencia de su padre, patrimonio que perdió.  

Más que corrupción, su vida se entrecruza con el crimen organizado. Lo prueban los audios suplicando dinero a un cabecilla del narcotráfico: “Paco” Domínguez; también, el millón de dólares que prestó y nunca pagó a un operador de Marllory Chacón, sentenciada en Estados Unidos por lavar dinero de cárteles de la droga. 

De heredero político a candidato bajo sospecha 

RAGG nació en 1970, primogénito del expresidente Arzú. Creció entre privilegios, negocios familiares y el deporte; pero sus logros empresariales todos han fracasado. Académicamente, ni siquiera alcanzó el título de bachiller. 

Su única función pública fue como embajador especial ad honorem en 2017, nombrado por Jimmy Morales, cargo que utilizó para conseguir dinero para su campaña presidencial. Renunció en 2018 para lanzarse a la política electoral, justo tras la muerte de su padre, hecho que fracturó a la familia y lo dejó enfrentado con sus hermanos, quienes le negaron el uso del legado unionista. Desde entonces, Roberto se ha dedicado a ser el eterno candidato, y para ello ha recurrido a lo que sea necesario: alianzas cuestionadas, financistas opacos y promesas vacías. 

En 2019, anunció su primera candidatura presidencial. Sin el respaldo Unionista, intentó rescatar la sigla del PAN junto a Podemos, partido heredero del Movimiento Reformador vinculado al procesado exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. La alianza PAN-Podemos reunió a reciclados del PP y Líder, partidos disueltos por acusaciones de corrupción. El 16 de junio de 2019, Roberto obtuvo pocos votos (6.08 %), quedando quinto. 

En medio de la derrota, enfrentó un escándalo internacional: JJ Rendón, su estratega, lo demandó en EE.UU. por incumplimiento de contrato. Un tribunal lo condenó a pagar USD 6M, revelando conversaciones donde Arzú prometía que “Hugo” cubriría la deuda. Ese “Hugo” es Hugo Sigman, magnate farmacéutico argentino. 

Sigman fundó Distrifarma en Guatemala en 2016, cuyo representante legal —inicialmente— fue un hijo de Roberto. Aunque RAGG niega haber recibido dinero, Rendón asegura que Sigman fue citado como financista. También aparece Fabián Ranucci, socio de Sigman y directivo en la campaña. 

Este financiamiento internacional —no reportado al TSE porque la Ley Electoral lo prohíbe— se suma a hallazgos de auditorías: aportes sin declaración jurada, ingresos en efectivo no bancarizados por GTQ 558 000, desaparición de talonarios y gastos en vallas no reportados. En 2019 y 2023, Podemos fue multado por más de USD 100 000, quedando al borde de la cancelación. 

Roberto pretende presentarse como un empresario exitoso, pero la realidad es otra: no figura como accionista relevante en las sociedades que presume. Vendió todo para cubrir deudas y, aun así, quedó debiendo. En 2018, para obtener USD 1M del narco, llegó al extremo de ofrecer como garantía sus derechos hereditarios en la sucesión de su padre. Prometió pagar con la herencia, pero no cumplió. Ese episodio lo retrata: alguien dispuesto a todo, incluso a hipotecar el apellido, para sostener su ambición política. 

Audios, escrituras y la sombra del narco 

Si algo ha marcado la narrativa reciente de Roberto Arzú en 2025, han sido los audios filtrados tras el asesinato de Francisco “Paco” Domínguez, cabecilla de “Los Caradura”, estructura señalada de narcomenudeo, sicariato y trata de personas en la capital de Guatemala. Domínguez fue asesinado el 25 de junio de 2025 en la zona 10, en un ajuste de cuentas que destapó una trama macabra. En las grabaciones, Arzú suplica más dinero, ofrece contratos publicitarios y menciona acuerdos con canales de televisión abierta para promocionar prostíbulos como Pasiones, Exxesos, Madonas, 2 Cielos, Tropical Party, El Bunker, La Azotea y Bajo Cero.

En uno de los audios se escucha: 

 “Paco, nosotros te firmamos un contrato para pagar todo… te lo suplico”, dice Roberto con tono desesperado. 

 Otro fragmento revela: 

“Hermano, dame chance, yo te cumplo. Tengo acuerdos con los canales para meter publicidad”, le dice, intentando convencer a alias Paco de entregarle más dinero, pese a que este le reclama el préstamo anterior, su incumplimiento y los documentos entregados, que nadie reconoce como una deuda válida. 

Escrituras públicas de marzo de 2019 confirman deudas por USD 700 000 y GTQ 4M con Domínguez, respaldadas con acciones de IHOP Guatemala. La notaria que autorizó los documentos, Dora Reneé Cruz Navas, desapareció cuatro meses después, el 17 de julio de 2019. Desde entonces permanece activa una alerta Isabel Claudina por su caso. Hasta hoy se desconoce su paradero y se teme lo peor.

Otra escritura, de 2018, revela un préstamo con Rodrigo Lainfiesta Rímola por USD 1M el cual, según fuentes cercanas, corresponde a patrimonio de Marllory Chacón, “La Reina del Sur”, condenada en EE.UU. por lavado. Roberto confirmó los audios y las escrituras, pero dice que “son de años atrás”. Justo esos años coinciden con su campaña presidencial; el dinero, aparte de financiar su estilo de vida, presumiblemente sirvió, también, para su campaña.

RAGG se defiende con frases grandilocuentes, pero los hechos lo contradicen. Promete transparencia, pero ocultó financistas. Jura honradez, pero hipotecó su herencia y no pagó. Se presenta como víctima, pero los documentos lo develan como mentiroso, alguien que acomoda la verdad según le convenga. 

El regreso en 2025: populismo y oscuras alianzas  

Tras la exclusión de 2023 por campaña anticipada, Roberto denunció “fraude” y llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2025, el organismo reconoció la violación de sus derechos políticos y firmó un acuerdo amistoso con el Estado, representado por Bernardo Arévalo. Fiel a su estilo, RAGG aparenta respaldar al gobierno mientras ataca a los “enemigos” del Movimiento Semilla, y presenta el fallo como una victoria moral, reforzando su narrativa de justiciero traicionado por el sistema.  

Hoy, reaparece en el partido CABAL, que lo nombró secretario de Formación Política. En la mesa de ese mismo Comité Ejecutivo, se sienta Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas, quien renunció cuando Jimmy Morales declaró no grato al exjefe de la CICIG, Iván Velásquez. Estrada intenta enviar mensajes de transparencia y negociación política “sin propósitos ilegales”, pero su presencia en una organización rodeada de políticos cuestionados lo coloca en una encrucijada moral. 

Arzú, en cambio, parece sentirse como en casa en ese ecosistema. Su discurso populista promete “orden y seguridad”, mientras los hechos revelan una historia distinta: préstamos ligados al narco, financistas internacionales, diputados y operadores reciclados, y una estrategia que apuesta por la impunidad. 

RAGG carga con deudas y con una forma de hacer política basada en la mentira. Promete lo que no cumple, exagera lo que ni siquiera tiene y oculta lo que debería explicar. 

República verificó cada documento, cada escritura y cada audio. Nada es rumor. Nada es especulación. La pregunta ya no es si Roberto está rodeado y se aprovecha de estructuras criminales; la duda es cuántos favores, silencios e intereses se esconden detrás de los millones que sostiene hoy su proyecto político. 

No es simple casualidad o un hecho aislado que Roberto Arzú García-Granados se haya metido a CABAL, un partido que recuerda a la UCN de Mario Estrada, condenado en EE. UU. por financiamiento ilícito del cártel de Sinaloa. Toda la carrera política de Roberto ha sido financiada, en buena medida, por dinero ilícito. Igual que Estada.  

Todas las deudas que tiene con sus financistas, los de entonces y los de ahora, pretende pagarlas con dinero público, si es que llega a la presidencia. Alguien con esos vínculos, sea quien sea, no puede llegar a ser presidente de Guatemala. Más que a la presidencia, Roberto parecería estar más cerca de la cárcel por posible financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita.  

*República contactó a Roberto Arzú García-Granados para que respondiera a esta investigación; se le dio el espacio y decidió evadir las preguntas. 

En cambio, exigió hacerlos solo bajo sus condiciones y en un formato que equivaldría a espacio para continuar su campaña anticipada. Por decisión suya, su versión no pudo ser incluida. 

Con dictamen favorable, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2026 —que asciende a GTQ 163 783M (unos USD 21 400M)—, parece encaminado a ser aprobado sin discusión alguna en la sesión del martes 25.  

• Las distintas bancadas del Congreso ya “negociaron” los puntos clave y todo indica que habrá consenso. La única incógnita es si la facción Raíces, liderada por Samuel Pérez, y la bancada afín Cabal, encabezada por Luis Aguirre, sumarán sus votos.  

• Fuentes legislativas sugieren que sí, dado que ambos grupos respaldan la millonaria asignación para los Consejos de Desarrollo y varios ministerios, recursos que históricamente han servido para fortalecer redes políticas y municipales.  

• Este acuerdo se da en un contexto preelectoral, donde los réditos políticos pesan tanto como el dinero a su favor. El proyecto implica un incremento del 5.8% respecto a 2025 y será financiado con recaudación tributaria (GTQ 120 000M) y emisión de Bonos del Tesoro. Aunque no contempla nuevos impuestos, diversos sectores rechazan el monto por el alto déficit fiscal que generará. Todo apunta a que el martes será una sesión rápida y con un presupuesto negociado. 

Lo que sigue. Los diputados cuentan los días para cerrar el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República en la X Legislatura.  

• El próximo domingo 30 de noviembre concluye el segundo año legislativo del gobierno del Movimiento Semilla, sin señales de cambio real. Persisten los señalamientos de corrupción, compra de votos, ilegalidades e incluso la influencia del crimen organizado, males que han acompañado al Organismo Legislativo desde el inicio de la era democrática.  

• Aunque se aprobaron algunos temas relevantes, la percepción pública sigue siendo negativa. Las promesas de transparencia quedaron en discursos, mientras las prácticas cuestionadas se mantienen. 

• La imagen del Congreso continúa lejos de ser una “nueva primavera” para la política nacional. Entre negociaciones opacas y agendas particulares, el cierre del periodo confirma que la transformación sigue siendo una deuda pendiente.  

En el radar. Hoy comienzan en La Haya, las audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para analizar la solicitud de intervención presentada por Guatemala en el caso “Soberanía sobre los Cayos Zapotillos (Belice c. Honduras)”.  

• Este litigio surge de la demanda interpuesta por Belice contra Honduras para que se declare su soberanía sobre los Cayos Zapotillos, un conjunto de islas deshabitadas en el Golfo de Honduras.  

• Guatemala, que mantiene un diferendo histórico con Belice que incluye estos cayos, argumenta tener un interés jurídico que podría verse afectado por la decisión del tribunal. Las audiencias no abordarán el fondo del caso, sino únicamente si Guatemala puede intervenir en el proceso.  

• Esta petición se enmarca en el contexto del acuerdo entre Guatemala y Belice para someter su disputa territorial a la CIJ en 2019. La apertura de un caso separado por Belice contra Honduras ha generado preocupación en Guatemala. La decisión sobre la intervención será un paso clave en la evolución del litigio. 

Ecos regionales. Honduras se encamina a las elecciones generales del 30 de noviembre en medio de una fuerte polarización y crisis institucional. Más de 6.5 millones de ciudadanos están habilitados para votar por presidente, Congreso, alcaldías y PARLACEN, en un proceso vigilado por la OEA y la UE ante denuncias de irregularidades y riesgos de fraude.  

• Los principales candidatos son Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional), en una contienda marcada por acusaciones de narcotráfico y nepotismo.  

• La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue desmantelando el sistema judicial para consolidar su control absoluto. El 20 de noviembre se registraron dos nuevas renuncias: Yadira Centeno y Lewin Downs, magistrados de la Corte Suprema, en medio de presiones políticas y purgas internas. 

• Costa Rica vive tensión política por los señalamientos del presidente Rodrigo Chaves contra el Tribunal Supremo de Elecciones, en medio de la preparación para los comicios del 1 de febrero de 2026, ya bajo la observación internacional.