Las interpelaciones son una cara pantomima

¡Buenos días! 

Hoy, el boletín de República Política regresa al ámbito nacional, luego de la pertinente atención puesta a los comicios en EE. UU. y, sobre todo, a su resultado. 

Con hilos acerca de los 3 organismos del Estado, la conclusión es sombría: la incapacidad, mediocridad e intereses puramente políticos son la norma; el trabajo efectivo en pro de la ciudadanía es la excepción. Nada nuevo, las prácticas son viejas, pero con un Ejecutivo —cuando menos sus mandos altos y medios— renovado y con “aires primaverales” que eso continúe, es deprimente. 

Un Organismo Judicial que no puede —siquiera— dar datos fiables, ni se hable de impartir justicia pronta y cumplida; un Legislativo con propensión circense, y un Ejecutivo que replica prácticas que prometió erradicar, los guatemaltecos no tienen solaz. 

No es casualidad alguna el desencanto de los pueblos con la democracia liberal, y su propensión, cada vez más marcada, a elegir a populistas y autócratas; las quejas tardías no sirven de nada.  

Les deseamos un buen fin de semana. Agradecemos su suscripción y lectura. 

En este boletín:

•El Organismo Judicial miente, a la primera o a la segunda consulta

•Presupuesto 2025: ilegalidades y poca transparencia

•Las interpelaciones son un fracaso y pérdida de tiempo

Isabel Ortiz
El Organismo Judicial miente, a la primera o a la segunda consulta
589 palabras | 2 mins de lectura

El Organismo Judicial (OJ) tiene como función primordial la administración de justicia, aunque como organismo del Estado, también tiene funciones administrativas que; de acuerdo con el artículo 52 de su ley orgánica, las mismas deben realizarse de forma independiente.  La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el máximo tribunal de justicia, conformado por trece magistrados elegidos por el Congreso de la República. El presidente del OJ —y de la CSJ—, tiene a su cargo la función administrativa, mientras que los demás magistrados desempeñan las tareas jurisdiccionales.  

• Desde su toma de posesión, el 14 de octubre recién pasado, no se ha elegido presidente, por lo que Carlos Rodimiro Lucero Paz permanecerá en el cargo de forma interina.  

Cómo funciona? Un elemento vital para poder aplicar justicia y mejorar procedimientos es generar información estadística confiable que permita evaluar el progreso en la eficacia judicial. La insuficiencia —o falta— de datos confiables plantea serias dudas sobre el rol de ese Organismo. República hizo dos consultas idénticas en dos fechas distintas: una, el 1 de septiembre y la otra el 11 de octubre —respondida finalmente el 30 de ese mes—; se solicitó información sobre casos de violación contra la mujer, violación y agresión sexual, enviando las mismas preguntas, sin embargo, las respuestas evidencian cifras contradictorias en temas de agresión sexual a nivel nacional.  

• A la primera solicitud, el OJ reportó 1220 casos ingresados por el delito agresión sexual en 2021, mientras que en la segunda solicitud se indica que fueron 1082. En 2022, se informaron 1769 y 1272 casos, respectivamente. En 2023, las cifras fueron, 2218 y 1710, y en 2024, 1540 y 1475.
  
  

• Respecto de la consulta de cuántas personas fueron enviadas por prisión preventiva, a la primera solicitud respondieron que fueron 286 personas en 2021, en comparación con los 250 de la segunda solicitud. Durante 2022, se reportaron 390 y 291 personas, respectivamente. En 2023, las cifras fueron 429 y 313, y en 2024, 255 y 250.
  
  

• Por los delitos de agresión sexual, la primera solicitud reflejó un total de 65 denuncias desestimadas en 2021, mientras que, en la segunda, fueron desestimadas 63. Durante el 2022, las cifras fueron 233 y 194; en 2023, 307 y 259, y en 2024, 213 y 231. 

En el radar. Aparte de las inconsistencias, el Organismo Judicial presentó retrasos en su repuesta. Según cómo lo establece el artículo 42 del Decreto 57-2008, de la Ley de Acceso a la Información Pública, se debe emitir una resolución sobre una solicitud de información dentro de un plazo de 10 días hábiles. República intentó contactar con la entidad para obtener una explicación, y aunque justificaron que los datos dependen del sistema, UNIP (Unidad de Información Pública), las respuestas no aclaran las inconformidades observadas. 

• El 13 de octubre de 2024 se llevó a cabo la ceremonia de juramentación de los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, donde los 13 nuevos magistrados ocuparon sus puestos.
  
  

• Entre la respuesta de la primera y segunda solicitudes, ocurrió el cambio de magistratura; resulta inexplicable —por esa o cualquier otra razón— la variación de los datos provistos.
  
  

• Los problemas de precisión y la demora en responder dificultan la confianza en la gestión de los magistrados. Esto impide el desarrollo de políticas efectivas en casos de violencia de género. 

En conclusión. ¿Qué sucede con el sistema y qué consecuencias tiene esto para las víctimas y la sociedad en general? Es inadmisible que los datos provistos sean distintos y que su explicación no sea justificable.  

Marimaite Rayo
Presupuesto 2025: ilegalidades y poca transparencia
729 palabras | 3 mins de lectura

En entregas anteriores se señalaron las irresponsabilidades contenidas en el proyecto de presupuesto de 2025.  

• Existe una evidente indisciplina fiscal, dado que el presupuesto sobrepasa el déficit recomendado para el país. Por otro lado, no se fijan prioridades y ello refleja cortoplacismo.
  
  

• No obstante, dado que la iniciativa presentada por el Ejecutivo todavía debe superar la aprobación de la Comisión de Finanzas y por el Pleno del Congreso, la enmienda de estas deficiencias es necesaria, con el fin de no arriesgar la estabilidad económica.
  
  

• Expertos también señalaron faltas de forma en la redacción y el contenido de la iniciativa, debido al incumplimiento de normas que ponen en duda la legalidad del proyecto.  

Lo indispensable. Durante la campaña electoral, el hoy partido de gobierno prometió que avanzarían cambios sistemáticos en las normas presupuestarias para garantizar mayor transparencia. Sin embargo, no solo se han mantenido las mismas reglas de las administraciones anteriores, sino que también plantea la posibilidad de profundizar la irresponsabilidad en el gasto.  

• Una disposición que refleja las sombras del proyecto se relaciona con el uso de la deuda pública para el gasto corriente, lo cual está prohibido por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP).
  
  

• No obstante, el artículo 55 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que establece los componentes de convenios de préstamos externos, dispone que se podrán programar gastos de funcionamiento con recursos de préstamos externos. Asimismo, el artículo 60, literal b), sobre las disposiciones de los Bonos del Tesoro, establece excepciones al artículo 61 de la LOP.
  
  

• Aunque la LOP y la Ley del Presupuesto anual son aprobadas y modificadas por igual procedimiento, debido a la jerarquía normativa, en caso de conflicto entre estas dos, la ley específica, la LOP debe prevalecer.  

Entre líneas. Otro hito histórico que marca este proyecto de presupuesto se refiere al incumplimiento de la norma que obliga a escuchar la opinión de la Junta Monetaria (JM).  

• De acuerdo con el artículo 171 i) de la Constitución Política y el artículo 67 de la LOP, cuando el gobierno contemple la posibilidad de endeudamiento para financiar los gastos corrientes del gobierno, este debe consultar con la JM. La finalidad de esta práctica es evitar la estabilidad macroeconómica del país, quedando supeditada a intereses políticos.
  
  

• Esta justificación técnica es de suma importancia, especialmente si se toma en cuenta que el Presupuesto 2025 plantea que más del 20 % del gasto corriente se financiará con deuda, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
  
  

• No obstante, a pesar de que se está a menos de un mes de la discusión de la Ley de Presupuesto, el gobierno no ha consultado con la JM, la primera vez en la historia.  

En perspectiva. Tomando en cuenta los riesgos que plantea este proyecto de presupuesto, los expertos han manifestado que el Congreso se encuentra en una posición no solo de enmendar las disposiciones que ponen en duda la legalidad del proyecto, sino que también de incluir normas que aumenten la transparencia y la calidad de gasto de los recursos.  

• Entre las normas que aumentarían la calidad de gasto, destaca la prohibición de gastos superfluos, el fortalecimiento de los mecanismos de preinversión y la inclusión de normas para mejorar el control del presupuesto destinado a los Consejos de Desarrollo.
  
  

• Asimismo, debido al precedente que se está sentando con el aumento del déficit fiscal, sería conveniente incluir un marco legal que establezca reglas de responsabilidad fiscal que favorezcan la sostenibilidad.
  
  

• En síntesis: la Ley de Presupuesto anual debiera de contener indicadores de déficit fiscal y de ahorro corriente, de manera que sirvan de parámetros para el diseño y aprobación de presupuestos posteriores.  

En conclusión. Esta falta de atención al mantenimiento de las formas en la redacción y contenido del presupuesto evidencia la falta de experiencia en los cuadros de la administración, y sugiere una intención por avanzar hacia la no aprobación del presupuesto.  

• El Presupuesto 2025 podría convertirse en el parteaguas para el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, dado que, así como podría convertirse en un ejemplo de irresponsabilidad financiera en la administración, también podría consolidar el compromiso con la transparencia y calidad del gasto.
  
  

• La justificación técnica de la iniciativa es fundamental, especialmente en cuanto al cumplimiento de la normativa; de lo contrario, la improbación del proyecto podrá ser una excusa más para la falta de ejecución gubernamental. 

Ana González
Las interpelaciones son un fracaso y pérdida de tiempo
651 palabras | 3 mins de lectura

Aunque la interpelación es un derecho constitucional de los diputados para fiscalizar el trabajo de los ministros de Estado, en la práctica se ha convertido en una burda herramienta utilizada para ganar protagonismo y entorpecer la agenda legislativa.  

Panorama general. Desde el 25 de julio, varios ministros han tenido que acudir —todos los jueves— al Congreso para “estar listos” para su interpelación. Hasta el momento, solo ha concluido el juicio político contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, mientras que otros cuatro ministros están a la espera de ser cuestionados.

• Tras la decisión de la interpelante Sandra Jovel de no continuar con más de 100 preguntas adicionales, debido al desinterés de la gran mayoría de los diputados, se dio por concluido el juicio político contra Jiménez.
  
  

• Ahora será el turno del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, quien enfrenta tres —distintas y sucesivas— interpelaciones. Le seguirá la ministra de Cultura, Liwi Grazioso. Se rumora que podrían desistir de ambas para dar paso a la interpelación contra el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, pero no hay confirmación oficial.
  
  

• También está pendiente de que se programe la del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, solicitada por los diputados Becquer Chocooj y Julio Portillo —del partido Cabal— por no atender las citaciones.  

Los datos. Una reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, aprobada en 2016, permitió que las interpelaciones no obstaculizaran por completo la agenda. El nuevo marco legal estableció que, si el cuestionamiento se extendía por más de dos sesiones, se debía convocar a una sesión adicional para abordar los puntos de la agenda.

• Esto permitió avanzar. Sin embargo, la mayoría de los congresistas siguen más enfocados en ganar la simpatía de la ciudadanía que en asegurar que las interpelaciones produzcan resultados concretos.
  
  

• El Congreso está por concluir el segundo período ordinario, pero los juicios políticos seguirán siendo parte de la agenda, pues solo el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, deberá responder 115 preguntas básicas. 

Fisgón histórico. Una de las interpelaciones más largas que se ha registrado es la del exministro de Cultura, Carlos Batzín, en 2012; durante nueves meses, debió someterse al interrogatorio de los diputados del extinto partido Líder, dirigidos por el entonces congresista Roberto Villate.

• Aunque el Partido Patriota fue pionero en poner de moda los juicios políticos, Líder, —que en entonces promovía la figura presidencial de Manuel Baldizón— superó con creces esa práctica, al punto de paralizar la agenda legislativa por buena parte del año.  

Visto y no visto. El 13 de enero de 2022, se dio a conocer una opinión solicitada por el entonces presidente Alejandro Giammattei a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre citaciones e interpelaciones.

• Una de las consultas fue cuál debía ser el tiempo prudencial y razonable de espera que un ministro de Estado que está siendo interpelado, pueda retirarse del Congreso.
  
  

• La CC respondió que “si al concurrir el Ministro de Estado en la hora y fecha en la que fue citado […] siendo previamente verificada la presencia del cuórum de legisladores [...], en caso de no haber sido alcanzado el mismo o existiendo este, se estuviese ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la interpelación, se estima que en consideración de la alta investidura, autoridad y responsabilidad que constitucionalmente se le reconoce al cargo ministerial, dicho funcionario podrá retirarse inmediatamente del recinto”.
  
  

• No obstante, tras darse a conocer la opinión, varios diputados se pronunciaron en contra, argumentando que no era vinculante y, por lo tanto, no estaban obligados a acatarla.  

En conclusión. Aunque algunos aseguran que la interpelación es una conquista democrática, en la práctica se ha desvirtuado, ya que está lejos de ser un proceso para que los representantes de los ciudadanos puedan fiscalizar el trabajo de los funcionarios. 

• En récord, son muy pocas las interpelaciones que han provisto información relevante a los congresistas; más allá de ello, los votos de falta de confianza rara vez son aprobados.