Las leyes consensuadas funcionan; las impuestas, no

¡Buenos días! 

El boletín de hoy trae un editorial extraordinario, pues usualmente lo incluimos los jueves; consideramos importante publicarlo hoy en atención a la visita de alto nivel del gobierno estadounidense. Confiamos que tomen nota de él. 

El ente electoral vuelve a tomar relevancia luego de que el MP solicitara información sobre los avances de la “denuncia” que presentase en torno a los resultados electorales en el TSE. Aunque ello no tenga pies ni cabeza, el regreso de los magistrados procesados –y su periplo– sí.  

El Congreso sigue siendo el centro neural de poder –y de los hechos noticiosos– en estos meses. El pacto oficialista pierde vapor y se resquebraja, por apetitos personales de Samuel Pérez; los aliados del oficialismo no lo apoyan para la Junta Monetaria. En estos días se deberán designar los gobernadores, por lo que la actitud de los diputados pudiese obedecer a presiones en ese sentido. El tiempo lo dirá.  

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Editorial: Diálogo de Alto Nivel: aprendamos de la historia reciente

Magistrados del TSE cuentan cómo salieron del país tras quedar sin inmunidad

Oficialismo prefirió no sesionar antes que perder la representación en la JM

Arévalo y el “Diálogo Económico de Alto Nivel” con funcionarios de Estados Unidos

Diálogo de Alto Nivel: aprendamos de la historia reciente 

Para legislar, guiémonos por la historia y por las consecuencias, no por las buenas intenciones. Esto con ocasión de la visita encabezada por José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, para participar en el “diálogo económico de alto nivel para fortalecer las relaciones bilaterales, las oportunidades de inversión y comercio”.

En los años de 1990 y luego en los 2000, se aprobaron reformas legales de sectores estratégicos para la inversión y el desarrollo. En la primera generación de reformas, se aprobaron la Ley General de Electricidad, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que permitieron importantes inversiones de las que hoy se benefician una mayoría de guatemaltecos. A inicios de siglo, se aprobaron reformas del sector bancario y financiero, apuntalando la estabilidad macroeconómica del país. Guatemala recibió inversión extranjera en el sector, ofreciendo más opciones bancarias al usuario.

Lo que todas estas leyes tienen en común es que fueron ampliamente discutidas con todos los actores relevantes. A pesar de que los partidos de Gobierno del momento –PAN, FRG– tenían “aplanadora”, se consensuaron. Por ello, no han requerido modificaciones en casi tres décadas.

Por el contrario, tan recientemente como en 2016, se aprobaron reformas legales que fueron impuestas: las de la Ley del Ministerio Público y las de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entonces, el presidente del Congreso –y otros actores– presionaron a los diputados para que votaran favorablemente. Nunca fueron discutidas ampliamente y mucho menos fueron consensuadas. El país se polarizó. Ahora, hasta quienes entonces las apoyaron, se dan cuenta de su error y buscan revertirlas.

La lección es clara: las imposiciones legislativas son nefastas y provocan –en el corto plazo, incluso– más daño que el que se quiso remediar.

La cooperación entre naciones es positiva y bienvenida. La imposición, no. Hay que aprender de la historia y darse cuenta de cómo los procesos legislativos francos y abiertos al diálogo han servido para propiciar la inversión. La misión de Alto Nivel de EE. UU. que visita Guatemala debe llevarse ese mensaje y aplicarlo a su relación con las autoridades guatemaltecas.

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Luis González
Magistrados del TSE cuentan cómo salieron del país tras quedar sin inmunidad
766 palabras | 3 mins de lectura

Durante tres meses y medio los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) –Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco– se ausentaron de sus labores tras perder la inmunidad. 

  • Al quedar sin protección legal –el 30 de noviembre de 2023– los funcionarios optaron dejar sus labores. Existía temor de que se emitiera una orden de captura en su contra. Por ello pidieron permiso primero –y después vacaciones– y abandonaron Guatemala. 

  • El Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra los cuatro porque consideró que hubo irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en las Elecciones Generales de 2023. 

  • El 14 de marzo de 2024, de manera inesperada, los magistrados se presentaron al Juzgado Pluripersonal Duodécimo de Primera Instancia Penal para resolver su situación legal. La jueza los ligó a proceso por el delito de fraude y les concedió una medida sustitutiva de la cárcel y fianza de Q100 mil. 

Panorama general. De los cuatro magistrados, tres aceptaron hablar de cuestiones generales sobre su salida del país. Dos confirmaron que cuando el Congreso los despojó de la inmunidad, tomaron su equipaje y salieron rumbo a El Salvador. 

  • Consideraron que la frontera terrestre era más segura para alejarse de la persecución penal del Ministerio Público (MP). Uno de los funcionarios permaneció más tiempo en el vecino país. Otro viajó a Estados Unidos donde familiares le abrieron la puerta de su casa para refugiarse. 

  • Fueron días de angustia y de incertidumbre. Lo vivido impactó tanto en sus vidas, la de sus seres queridos y no digamos en el proceso electoral reciente de Guatemala, que uno de ellos está decidido a publicar un libro para detallar todo lo que aconteció. 

  • Cuando decidieron volver, en sus planes estaba que podrían ser capturados al intentar ingresar en el país. Sabían del riesgo, pero ya estaban decididos a comparecer al juzgado. 

Sí, pero. Los magistrados, aunque lejos y en diferentes lugares, no perdieron la comunicación para definir su defensa legal. Contrataron a un abogado, el experimentado en derecho penal César Calderón, para tomar la defensa de los cuatro. 

  • El viernes 5 de enero habían decidido presentarse al juzgado. Ya todo estaba acordado, pero los detuvo una consideración final. Pensaron que al llegar a los tribunales serían capturados y ello complicaría el traspaso del mando presidencial del 14 de enero. 

  • Decidieron que lo más adecuado sería unos días después de que el nuevo gobierno tomara el mando. Sin embargo, antes del traspaso de autoridades se dio a conocer que ya tenían orden de captura y ello los obligó a replantear la ruta jurídica. 

  • De la extensa acusación del MP –contenida en cientos de folios– uno de ellos dice que "no tienen nada". Confían en que en la etapa intermedia se demostrará que no existe evidencia para ser enviados a juicio.  

Hemeroteca. Por el TREP, el Tribunal Supremo Electoral, pactó en pagar Q148 millones. Según una denuncia particular, este monto está sobrevalorado y por ello se habla de un posible fraude. 

  • Además de la denuncia por posibles irregularidades en la adquisición del TREP, la Contraloría presentó otro caso penal contra los magistrados. El caso es por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Uno de los señalamientos es que compraron 8,676 computadoras por valor de Q73.5M. De ese lote, 1,251 se usaron para actividades ajenas al proceso electoral, 304 fueron configuradas para el TREP, pero no se utilizaron ni enviaron a los centros de votación. 

  • Otros hallazgos son que hubo falta y deficiente planificación en la compra del sistema informático. El TSE dispuso de Q500 millones y todo el 2022 para realizar el proceso, pero lo inició hasta diciembre de ese año. 

  • El contrato indica que el proveedor debió entregar el "código fuente" y una licencia de uso "perpetuo" del programa informático ofertado, pero la empresa PoderNet (subcontratada por Datasys) "se reserva los derechos de autor sobre el programa. El TSE en realidad recibió una copia del código fuente y no es dueño exclusivo del mismo. 

En conclusión. Los magistrados tratan de retomar la agenda que quedó pendiente, debido a que durante tres meses no se integró el pleno. Ahora se concentran en apoyar el trabajo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME). 

  • En estos encuentros –donde participan políticos y organizaciones de la sociedad civil– es común escuchar palabras de apoyo para los funcionarios que se muestran confiados, aunque prefieren no hablar más de la cuenta. 

  • Blanca Alfaro, presidenta del TSE, dijo que espera que el proceso contra los magistrados sea "objetivo, con unas reglas donde se pondere la justicia, no la venganza". 

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Ana González
Oficialismo prefirió no sesionar antes que perder la representación en la JM

La negativa de apoyo a Samuel Pérez como representante titular del Congreso en la Junta Monetaria (JM) habría provocado que el oficialismo y algunos aliados no convocaran a la instancia de Jefes de bloque y, por consiguiente, no habrá sesiones del pleno esta semana.  

El presidente del Congreso, Nery Ramos, adujo que la decisión se debió a que “no se ha contado con el voto para aprobar la agenda de las sesiones plenarias”. 

“Como Junta Directiva tenemos que ser responsables en entender las motivaciones para no aprobar una agenda (...) nuestra responsabilidad es escuchar las razones de cada uno de los jefes que han decidido no apoyar las agendas”, declaró en conferencia de prensa. 

No obstante, todo apunta a que la verdadera razón es la elección para la JM; Cabal y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no apoyarán a Pérez y darán su voto a candidatos propios. 

El consenso sería elegir a Luis Javier López de la UNE como titular y a Manuel Archila como representante suplente. 

Al consultar a Luis Aguirre, jefe de bancada de Cabal, dijo que no apoyan a Pérez, pues –según él– no puede aspirar al cargo, ya que así lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

El artículo 50 de la ley –según reforma aprobada en 2016– indica que un diputado que no integre un bloque legislativo “no podrá ser miembro de la Junta Directiva, presidir alguna comisión de trabajo legislativo, ni ejercer cargo alguno en representación del Congreso de la República”.  

La importancia de la JM  

La JM tiene a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Vela por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional, según lo establece la Constitución. 

El representante titular no solo ocuparía un espacio en la JM también lo haría en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).  

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Edgar Quiñónez
Arévalo y el “Diálogo Económico de Alto Nivel” con funcionarios de Estados Unidos
510 palabras | 2 mins de lectura

Este 18 de marzo se desarrolló en Guatemala el Diálogo Económico de Alto Nivel. Esta actividad que encabezó el subsecretario para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández, se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura.  

  • El mandatario estuvo acompañado de varios funcionarios del Ejecutivo, entre los que sobresalió el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Al término del encuentro hubo una conferencia de prensa en la que se compartieron los detalles de lo conversado.  

  • Según se informó, la discusión se centró en 5 pilares: la buena gobernanza, promoción de inversión, seguridad energética, agricultura y seguridad alimentaria. Además, se reconoció la importancia que tienen las remesas para el desarrollo económico de Guatemala.  

  • Algo que llamó la atención es que, durante su mensaje de bienvenida, el presidente Bernardo Arévalo volvió a mencionar el apoyo que Estados Unidos le dio al país durante las Elecciones Generales de 2023, principalmente en la “lucha por la democracia”.   

Es noticia. El mandatario dijo que "durante los últimos años, la comunicación entre ambas naciones estuvo marcada por la desconfianza y las tensiones”. Hay que recordar, que la relación de Estados Unidos con Guatemala durante el gobierno de Alejandro Giammattei, no fue la mejor.  

  • Al respecto, Fernández evitó comentar y dijo que, para Estados Unidos, Guatemala tiene un “gran potencial de colaboración”. El funcionario aseguró que son muchas las empresas norteamericanas interesadas en invertir en el país.   

  • Arévalo comentó que con ello se fortalecen las relaciones bilaterales en comercio e inversión, para dar oportunidades de prosperidad y libertad, en un mercado que funciona en beneficio del bien común.   

  • Esto evidencia que Arévalo sigue buscando apoyo de la comunidad internacional para gobernar y dar cumplimiento a sus promesas de campaña.   

En perspectiva. Retomando lo conversado durante el Diálogo, el Gobierno dijo que por medio del pilar de la buena gobernanza se busca implementar medidas que cierren espacios a la corrupción, trabajo que el gobierno de Guatemala hará con el apoyo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).  

  • En cuanto al pilar de la promoción de inversión, se afirmó que para lograrlo se tratará de buscar el apoyo del Congreso de la República, que servirá de aliado para desarrollar el marco que regule el mercado, trabajo que se hará impulsando una ley de competencia, la ley de Servicio Civil, el desarrollo de un sistema de transporte digno para la población –el impulso del MetroRiel– y el incremento e inversión en infraestructura para el desarrollo en las zonas más olvidadas del país.   

  • En cuanto a la renovación energética, Arévalo explicó que se trata de un plan para que en el 2027 todas las familias tengan electricidad en su hogar.   

Conclusión. La cooperación entre naciones es positiva; se aprecia la buena voluntad. Sin embargo, las últimas visitas de autoridades estadounidenses –cuando vino la vicepresidenta, Kamala Harris, se prometieron montos importantes de inversión que simplemente no se han concretado. Si las autoridades de EE. UU. encuentran en la nueva administración una mejor contraparte que con el gobierno pasado –y se concretan los ofrecimientos– solo el tiempo lo dirá.