Las próximas elecciones, en medio del dominio narco

¡Buenos días!

Por una “alineación de astros”, el 2026 será singular: se elegirá a las autoridades de cuatro entes gubernamentales que tendrán bastante que decir sobre quienes participen —o no— en las elecciones generales del 2027. Entre las muchas lecciones aprendidas en el 2023, está la de que, no solo el Tribunal Supremo Electoral juega un papel protagónico, sino también la Corte de Constitucionalidad, Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.

Esas instituciones podrán vetar a candidatos y partidos y, cual Lázaro, revivir muertos, permitiendo que participen partidos que debieron ser cancelados hace mucho tiempo.

En medio de todo esto está un actor que no es primerizo; por el contrario, ha ido adquiriendo experiencia, elección tras elección, y ya son casi determinantes: el crimen organizado, particularmente el narcotráfico.

Ya no operan, como antes, a través de intermediarios. Ahora son protagonistas. Ponen —y eligen— autoridades locales, diputados, magistrados y, quién sabe, tal vez colocarán presidente. El panorama es, flacamente, desolador.

No todo está perdido; es precisamente en la elección de las autoridades en el 2026 que está la clave. Si el sector privado, la llamada sociedad civil, los políticos y líderes decentes, y el pueblo en general, no participan decididamente, ahí sí, todo estará perdido. 

La elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2026 será un momento decisivo para el futuro democrático del país. Tras la crisis de 2023, persisten dudas sobre si el TSE actuará como un árbitro imparcial o como una pieza más dentro del ajedrez político que define el poder.

Por qué importa. El último proceso electoral, 2023, desgastó al TSE quien, de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), es el ente rector en materia electoral.  

• La turbulencia que rodeó el período preelectoral, las elecciones, y el poselectoral, alcanzó tales niveles que obligó al pleno a desintegrarse y, en el caso de cuatro de cinco magistrados titulares, a dejar sus funciones por resolución judicial.
  
  

• Asimismo, de acuerdo con la presidenta del Tribunal, la judicialización de la institución llevó a más de 20 empleados a enfrentar procesos relacionados con las elecciones, lo cual generó desconfianza e inestabilidad a lo interno de la entidad.
  
  

• Por ello, la próxima elección de magistrados, cuyo inicio está programado para el 19 de enero de 2026 —con la integración de la Comisión de Postulación—, podría cambiar las reglas del juego del próximo juego electoral.

Lo indispensable. Las consecuencias del proceso electoral del año 2023 tendrán un efecto directo sobre la elección de magistrados en el 2026.  

• Se ha instaurado una sensación de miedo entre los profesionales que, aunque calificados para participar como candidatos a magistrados, no tienen la disposición para asumir los costos de la posición, por el miedo a las repercusiones.
  
  

• Esta reticencia podría allanar el camino para que las redes de poder que han controlado las elecciones en el pasado, continúen monopolizando el proceso, beneficiando a determinados candidatos, y perjudicando a otros.

 Datos clave. De acuerdo con el Art. 141 de la LEPP, al Congreso le corresponde elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes de una nómina de 20 candidatos para integrar el pleno, lo cual constituye un mecanismo indirecto para incidir sobre las elecciones.  

• La reforma del 2016 benefició a los partidos grandes y debilitó la competencia electoral, lo cual, en el mediano plazo, se ha traducido en una cuota de poder más grande para moldear los procesos clave a su conveniencia.
  
  

• Esta configuración institucional, sumada a la ambigüedad de la LEPP, podría prestarse para discrecionalidades en la elección.
  
  

• Así pues, más que por criterios técnicos, el proceso serviría para imponer más barreras de entrada a la competencia electoral, limitando la participación de candidatos ajenos al juego de poder.

Visto y no visto. Varios casos reflejan cómo el TSE ha utilizado la ausencia de los magistrados titulares como una excusa para extender la aplicación de la normativa electoral.  

• Actualmente, hay seis partidos políticos que, pese a incumplir con los criterios de la LEEP, debiendo ser cancelados, siguen vigentes por artimañas judiciales; a criterio de la magistrada Alfaro, estos expedientes no se podrán resolver debido a la ausencia de los titulares.
  
  

• Como consecuencia, la integración de un nuevo pleno, así como podría representar una oportunidad para corregir los errores del Tribunal actual, también podría profundizar la crisis electoral al continuar con las malas prácticas.
  
  

• Independientemente de cómo actúen los próximos magistrados, la situación ya genera incertidumbre sobre el avance del proceso electoral, particularmente para las nuevas agrupaciones políticas y la consolidación de las bases electorales.

En conclusión. La elección de los nuevos magistrados del TSE, —si es que se concreta, tomando en cuenta los retrasos en otras elecciones a cargo del Congreso, como en el caso de la Superintendencia de Competencia—, definirá quiénes serán los participantes y las condiciones en las que se lleven a cabo las elecciones del 2027. 

• Otras instituciones, como la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, también enfrentarán elecciones en 2026, por lo que el balance de fuerzas institucionales será clave en el resultado electoral.
  
  

• En las siguientes ediciones del boletín de República política encontrarán los análisis sobre las implicaciones de estas elecciones en el desarrollo de las elecciones 2027. 

En los últimos años, el narcotráfico se ha fortalecido en el país, pese a los esfuerzos del Ministerio de Gobernación (Mingob). La designación del nuevo viceministro de Seguridad, José Ronaldo Portillo, podría contribuir a mejorar el combate contra el crimen organizado, como afirmó la cartera de seguridad. No obstante, los resultados están por verse.

Por qué importa. El fenómeno del narcotráfico no solo amenaza la seguridad pública de los guatemaltecos, sino también la estabilidad institucional del gobierno. Las áreas más afectadas son el norte y el occidente del país. 

• Sin embargo, el departamento de Guatemala no es ajeno a esta situación. El pasado jueves 26 de junio, un hombre fue acribillado en el sótano de un centro comercial de la zona 10.
  
  

• El cuerpo quedó al costado de una camioneta con múltiples impactos de bala. El Ministerio Público (MP) informó que el fallecido fue identificado como Francisco Edgar Domínguez Higueros, de 51 años.
  
  

• Según las investigaciones de la fiscalía, Domínguez está vinculado a la estructura criminal de “Los Cara Dura”.

Visto y no visto. Varias investigaciones de InSight Crime indican que Domínguez Higueros era uno de los traficantes de droga más peligrosos de la ciudad, cabecilla del cartel “El Gallito”, zona 3. La estructura tomó relevancia a partir del 2001, con el asesinato del narcotraficante Mario “El Marioco” García Rodríguez. 

• La estructura de Los Cara Dura es señalada de participar en crímenes y desapariciones de varios jóvenes en los centros nocturnos de las zonas 4, 9 y 10.
  
  

• Además, controlan varios comercios del sector. La diversidad de “negocios” abarca desde bares, discotecas, ventas de comida, hasta bodegas.
  
  

• La Policía Nacional Civil (PNC) les señala del asesinato de Luis Alfredo Arias Zuleta, dueño de un spa en la zona 9. El hecho ocurrió en diciembre de 2024.

Sí, pero. En 2018, ya en las postrimerías del mandato la Cicig en Guatemala, la comisión investigó la estructura criminal; el informe general de sus descubrimientos, al que tuvo acceso exclusivo República, lo entregó el 7 de septiembre de 2018 a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP). 

• El 26 de noviembre del mismo año, la comisión presentó un nuevo informe para complementar el primero.
  
  

• En este, añadió la situación jurídica de varias personas, entre sicarios y demás integrantes de la estructura —capturadas entre octubre y noviembre—, y que estaban perfiladas en el primer informe.
  
  

• La finalidad era iniciar la investigación penal; no prosperó. Los Cara Dura volvieron a tomar relevancia con el ataque armado del pasado 26 de junio.

En conclusión. Los Cara Dura son una estructura más del narcotráfico que afecta al país, y los esfuerzos por desarticular el crimen organizado parecen ineficientes. Los informes que presentó la Cicig no tuvieron efecto alguno. El poder, y su grado de infiltración en el sistema de justicia, se hicieron patentes. 

• La estructura de Los Cara Dura evidencia cómo el crimen organizado se reinventa y resiste los esfuerzos institucionales.
  
  

• A pesar de investigaciones anteriores, como las de la Cicig en 2018, los operativos no lograron frenar su expansión ni su influencia.