¡Buenos días!
La Corte de Constitucionalidad actuó certeramente al suspender el Acuerdo Ministerial 145-2026/SG del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Ese acuerdo pretendía regular una consulta a posteriori a la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Palo Viejo, una inversión privada ya ejecutada que genera energía renovable e inyecta electricidad al sistema interconectado nacional, beneficiando el suministro a usuarios en todo el territorio guatemalteco y no solo en el área de influencia local. El mecanismo propuesto por el MEM no se apegaba al texto ni al espíritu del Convenio 169 de la OIT.
Este instrumento plantea que la consulta sea previa, de buena fe y orientada a lograr acuerdos antes de que se adopten las medidas que afectan a los pueblos indígenas. Al intentar subsanar una omisión original con un procedimiento posterior y jurídicamente defectuoso, el acuerdo introducía incertidumbre jurídica de la operación actual del proyecto y abría la puerta a impugnaciones, reclamos o interrupciones que podrían comprometer la continuidad de una fuente de generación importante para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Además de violar derechos fundamentales al establecer un proceso que no cumplía con los estándares internacionales, el acuerdo generaba un riesgo innecesario para una inversión ya materializada y para el servicio público de suministro eléctrico que depende de su operación confiable.
Al suspenderlo, la Corte de Constitucionalidad evitó la consolidación de un precedente que habría debilitado la seguridad jurídica de proyectos de infraestructura energética estratégica. Esta decisión protege la certidumbre necesaria para mantener inversiones que contribuyen al abastecimiento eléctrico del país en su conjunto.
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Las puertas giratorias de la administración pública
La práctica conocida como “puertas giratorias” (revolving doors, en inglés) consiste en el tránsito de profesionales entre altos cargos en la administración pública —especialmente en entidades reguladoras— y entidades privadas del mismo ámbito, tras haber tejido redes de influencia y estructuras de apoyo dentro de la institución. Lo más grave no es solo la salida: es el regreso posterior o la continuidad de vínculos —directos o a través de terceros— que permiten gestionar trámites ante la misma entidad que se administra o en la que se influye. Los expedientes de “amigos” avanzan con celeridad; los de quienes carecen de conexiones se estancan indefinidamente, generando costos millonarios, incertidumbre jurídica y un clima de extorsión institucionalizada.
Esta dinámica erosiona la confianza ciudadana, distorsiona la competencia leal y convierte el servicio público en un mercado de favores. Quien conoce los resortes internos desde dentro puede, al salir, ofrecer “soluciones” eficientes a clientes privados. Quien regresa o mantiene operadores leales puede decidir —o influir en— quién obtiene licencias, contratos o resoluciones favorables. El resultado es un Estado capturado por redes de afinidad, donde la meritocracia y la imparcialidad son sustituidas por la lealtad personal.
En Guatemala este fenómeno no es nuevo, pero persiste y se actualiza en la administración de Bernardo Arévalo. En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), denuncias recientes señalan al viceministro José Rodrigo Rodas como presunto líder de una estructura que, según múltiples testimonios de gestores y consultores, instruye a subordinados para retrasar maliciosamente expedientes ambientales (licencias, estudios de impacto, permisos). Los trámites ordinarios se dilatan meses o años con requisitos discrecionales; aquellos canalizados a través de gestores o empresas afines avanzan con rapidez.
Situaciones análogas se han denunciado en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y en el Ministerio de Salud, donde la alta rotación de funcionarios facilita la colocación de operadores y la continuidad de redes que privilegian gestiones según afinidad política o económica. En Salud, las denuncias de corrupción —tanto de gestiones anteriores como las investigaciones en curso— revelan patrones de favoritismo en contrataciones y trámites que afectan directamente la prestación de servicios a la población.
El problema se agrava en el ámbito judicial, particularmente en las “altas cortes”; durante décadas se ha denunciado la existencia de “bufetes de los milagros”: oficinas privadas de quienes temporalmente ejercen como magistrados y que, a través de operadores o estructuras paralelas, gestionan o influyen en casos que ellos mismos conocerán o decidirán. En las Salas de apelación ocurre eso y más; operadores y exmagistrados parecieran ser los “dueños” de determinadas Salas, las que manejan cual feudo y a las que les sacan grandes réditos.
Estas prácticas no son simples fallas individuales; son fallas sistémicas que los gobiernos que se presentan como transparentes toleran o reproducen. Los guatemaltecos pagamos el precio: inversión ahuyentada, trámites eternos para el ciudadano común, impunidad selectiva y un Estado que funciona para unos pocos. Los políticos que prometen cambio y que dicen ser distintos —como el actual— permiten que las mismas o nuevas redes operen bajo su administración; traicionan la confianza que recibieron en las urnas.
Romper las puertas giratorias exige más que discursos: requiere leyes con períodos de enfriamiento obligatorios, prohibiciones estrictas de conflictos de interés, sanciones reales y una fiscalización independiente que no dependa de la voluntad política del momento. Mientras eso no ocurra, las puertas seguirán girando y la República seguirá girando en falso. La ciudadanía tiene derecho a exigir que el servicio público deje de ser un negocio de influencias y vuelva a ser lo que debe ser: un instrumento al servicio de todos, sin privilegios ni atajos para nadie.
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Reynaldo Rodríguez
Milei: un ejemplo de saneamiento fiscal en la región
676 palabras | 4 minutos de lectura
La reciente aproximación positiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia Argentina marca un punto de inflexión en la percepción financiera de la región. Este respaldo técnico e institucional ha contribuido a una renovada confianza entre los acreedores internacionales respecto a la capacidad de estabilización y crecimiento del país, tras las políticas expansivas de administraciones anteriores.
El pilar fundamental de este cambio radica en el saneamiento fiscal de las cuentas públicas argentinas, en contraste con los desequilibrios observados en Colombia y Brasil.
Lo indispensable. El ordenamiento macroeconómico argentino se basa en un ajuste fiscal de gran escala, inédito en su intensidad reciente.
La administración migró pasivos del Banco Central hacia títulos del Tesoro, lo que eliminó la emisión monetaria indirecta y vinculó la estabilidad monetaria a la disciplina presupuestaria.
La contracción de la liquidez y el control del gasto público permitieron consolidar un superávit financiero primario sostenido. Como resultado, la inflación mensual se redujo a rangos cercanos al 2 % (2.1 % en mayo de 2026 según INDEC), con expectativas de estabilización en torno a ese nivel a mediados de año.
Para mitigar riesgos de refinanciación, el Ministerio de Economía acumuló colchones de liquidez y contrató líneas de financiamiento multilateral por varios miles de millones de dólares. La estrategia prioriza el pago de intereses con recursos del superávit generado.
En perspectiva. A diferencia de Argentina, Brasil y Colombia han gestionado sus desequilibrios macroeconómicos principalmente mediante expansión del gasto y mayor dependencia de los bancos centrales para contener presiones inflacionarias.
En Colombia, la priorización del gasto social y presiones sobre la recaudación elevaron el déficit fiscal proyectado para 2026 a rangos entre 5.3 % y 6.7 % del PIB según distintas estimaciones oficiales y de mercado. Esta política expansiva mantiene tensión con el Banco de la República, que elevó su tasa de intervención a 12 % en junio de 2026 ante presiones salariales e inflacionarias.
Brasil aplica un marco fiscal que indexa el gasto al crecimiento de los ingresos sin recortes estructurales profundos. Esto mantiene un déficit primario contenido (meta de superávit primario cercano a 0.25 % del PIB para 2026), pero un déficit nominal (incluyendo intereses) elevado, cercano al 8 % del PIB en proyecciones recientes. La autoridad monetaria sostiene la tasa Selic en torno a 14.25 %.
Pese a flujos de inversión extranjera directa, la debilidad de la inversión privada interna en Colombia y el crecimiento de la deuda pública en Brasil configuran un escenario de vulnerabilidad fiscal para la administración entrante de Abelardo de la Espriella y, en el caso brasileño, para eventuales escenarios políticos liderados por figuras como Bolsonaro.
Entre líneas. El contraste de enfoques revela una reconfiguración en las relaciones entre autoridades monetarias y ejecutivos en la región.
Mientras la administración de Milei opera con coordinación entre Tesoro y Banco Central para priorizar el ancla fiscal, los bancos centrales de Brasil y Colombia actúan como contrapesos técnicos frente a la laxitud presupuestaria de sus gobiernos.
Las tasas restrictivas en Colombia (12 %) y Brasil (14,25 %) elevan el costo del endeudamiento público y limitan el margen para políticas redistributivas expansivas.
El descalce en los flujos de capital internacionales subraya las limitaciones de los ejecutivos con orientación expansiva. La ortodoxia argentina ha permitido una rápida mejora en las percepciones de riesgo país, mientras los desequilibrios fiscales en Brasil y Colombia (especialmente bajo el gobierno saliente de Petro) aumentan la dependencia de la refinanciación de mercados.
En conclusión. La administración de Milei ha consolidado un cambio de paradigma al demostrar la efectividad de la dominancia fiscal y el superávit primario para reducir la inercia inflacionaria. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica en Sudamérica muestra asimetrías claras. Frente al saneamiento de las cuentas públicas argentinas, la persistencia de desequilibrios nominales en Brasil y Colombia (bajo el gobierno saliente) puede convertir la fricción con sus bancos centrales en presiones fiscales más estructurales.
En consecuencia, la estabilidad institucional de Colombia y Brasil dependerá de si la contención de sus bancos centrales resulta suficiente para compensar los déficits estructurales, especialmente durante la transición hacia la administración de Espriella en Colombia.
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