Ley contra lavado, para lavar cara

¡Buenos días!

El presidente, Bernardo Arévalo, anunció la noche del domingo —y ahondó en la conferencia del Ejecutivo de ayer— una iniciativa de ley presentada al Legislativo, que pretende aprobar una nueva ley contra el lavado de dinero; la ley en vigor es del 2001, aunque con algunas reformas posteriores. El argumento: adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales.

En principio, suena bien; sin embargo, no porque la intención sea buena, el oponerse —o presentar modificaciones— a lo presentado por el Ejecutivo es estar a favor del lavado de dinero, como él y el oficialismo han intentado hacer ver.

Como muchos otros cuerpos legales antes —acuerdos gubernativos, sobre todo—, esta nueva normativa la presentan sin decir “agua va”. Cuando menos, en esta ocasión, debe pasar el filtro del Congreso. En este caso, ni siquiera la “socializaron” como si están haciendo —aunque sea para guardar las apariencias— con la ley de aguas. Acá no. 

Sería incorrecto pronunciarse sobre el contenido de algo que apenas se conoce, pero eso sí, debe conocerse, analizarse y discutirse. Pretender que, en este caso, el Legislativo sea solo un mero trámite para su aprobación es ridículo. Los contrapesos republicanos están por algo, y deben respetarse. 

La elección del próximo fiscal general en 2026 será clave para el proceso electoral de 2027, pues definirá si el Ministerio Público (MP) tendrá, o no, un rol político.

Por qué importa. Como se ha mencionado en entregas anteriores, las elecciones de instituciones clave en 2026 tendrán un efecto directo sobre el proceso electoral del 2027. Sin embargo, el que podría tener mayor trascendencia es la elección del próximo fiscal general.  

• Pese a que la ley perfila al MP como el ente encargado de la persecución penal, a partir de las elecciones de 2023 se ha posicionado como un actor electoral relevante.
  
  

• El primer caso que evidenció la trascendencia del ente investigador se relaciona con Aldo Dávila, cuya inscripción fue revocada tras una denuncia por posible involucramiento en el caso “Toma USAC”.
  
  

• Asimismo, su intervención —avalada por un juez penal—, entre la primera y segunda vueltas electorales, al iniciar una investigación en contra del ahora cancelado Movimiento Semilla, confirmó cómo, dependiendo de la configuración institucional, el MP podría tener un rol político.

Lo indispensable. Ahora bien, debido a que la elección del próximo fiscal estará a cargo de una Comisión de Postulación, que integra la nómina de candidatos, los actores que la conforman intentarán cooptar el proceso y, por ende, favorecer los intereses del sector que representan.  

• En este sentido, el actor que marcará el paso de la negociación será el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien preside la Comisión. Tomando en cuenta los retrasos de la última elección de la Corte y la presión ejercida por la Corte de Constitucionalidad (CC), esto podría generar inestabilidad a lo interno de la postuladora.
  
  

• Como consecuencia, esta incertidumbre podría allanar el camino para que los sectores más organizados capturen la negociación previa y durante la elección.
  
  

• Así pues, el liderazgo sin sesgos del presidente de la CSJ será determinante para contener las presiones externas.  

Datos clave. Otro punto de fricción en la elección será la división que existe a lo interno del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).  

• A diferencia de procesos anteriores, la presidente de la Junta Directiva, y la del Tribunal de Honor —ambas integrantes de la Comisión—, responden a intereses de grupos opositores. Por un lado, Patricia Gámez, es cercana al oficialismo, por lo que podría promover candidatos favorables para este grupo.
  
  

• Por otro lado, los integrantes del Tribunal han mostrado cercanía con operadores de justicia que en el pasado han influido, de manera irregular, en el resultado.  

Visto y no visto. Ahora bien, el peso del proceso estará en los 12 decanos de las facultades de Derecho que conforman la postuladora, dado que representan la mayoría de los votos.  

• En el pasado, los decanos se han agrupado en tres bloques: uno técnico, favorables a la transparencia; uno político, influidos particularmente por la Universidad de San Carlos (USAC), y una bisagra, cuyo voto es coyuntural.
  
  

• No extrañaría, entonces, que los cambios recientes en varias decanaturas se hagan con vistas a estos procesos de elección.
  
  

• Además, en procesos anteriores, varios decanos han sido víctimas de presiones y denuncias espurias, lo cual los ha conducido a la renuncia. Por ello, la previsibilidad en su comportamiento será clave en la integración de la nómina de candidatos.  

En conclusión. A diferencia de la última elección de FG, esta vez, todavía no existe un grupo dominante con capacidad suficiente para modificar el balance de fuerzas en la Comisión de Postulación.  

• Por ello, el grupo que consiga alinear los intereses de la mayoría podría determinar el futuro electoral del país.  

• Es decir, dependiendo de la configuración institucional, el MP podría promover una competencia electoral plural o restringida a candidatos favorables para un sector.  

Álvaro Uribe enfrentó el primer juicio penal contra un exmandatario en la historia de Colombia; acusado de soborno en actuación penal, soborno a testigos y fraude procesal, el proceso derivado de la presunta manipulación de testimonios, ha polarizado a la opinión pública. El uribismo afirma que se trata de un caso de politización de la justicia con fines de persecución para debilitarlos. Por otro lado, la izquierda lo defiende —el juicio— como una batalla contra la impunidad, un hito para que figuras de poder respondan ante los tribunales.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada por el propio Uribe en 2012, contra el entonces senador Iván Cepeda, a quien acusaba de buscar testimonios falsos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte Suprema no encontró responsabilidad en Cepeda y, por el contrario, encontró indicios de que habría sido el expresidente quien buscó manipular testigos.

Esa decisión se convirtió en un punto de giro que terminaría con Uribe investigado por soborno y fraude procesal.

El proceso contra Uribe se ha extendido por más de siete años, marcado por la tensión entre un anterior fiscal, y jueces que se negaban a cerrar el caso. Hasta la llegada de la fiscal general, Luz Adriana Camargo —mano derecha de Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG y acérrimo enemigo de  Uribe—, quien decidió formular acusación y llevarlo a juicio definitivamente, a pesar de que dos fiscales anteriores habían solicitado la preclusión por falta de pruebas.

Finalmente, la jueza a cargo del caso, Sandra Heredia, resolvió condenar a Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, mientras que lo absolvió del cargo de soborno a testigos, al no acreditarse más allá de la duda razonable su participación directa en ofrecimientos de dinero.

La condena podría implicar una pena de entre 6 y 12 años de prisión, con la posibilidad de que se cumpla en detención domiciliaria, si la pena definitiva no supera los ocho años. El escenario más probable es que el caso pase a segunda instancia, donde la defensa de Uribe buscará revertir la condena.

Ahora bien, en el mediano plazo, el fallo representa un punto de inflexión para el uribismo, que deberá decidir si mantiene su apoyo al expresidente, sosteniendo la narrativa de una persecución judicial y asumiendo el costo político del estigma sobre temas delicados en la psique colombiana. Si no, deberá iniciar un relevo silencioso de liderazgo para controlar los daños que pueda provocar el caso en las siguientes elecciones.

Al mismo tiempo, el juicio abre un debate más amplio sobre el futuro del Estado de derecho en Colombia. El caso Uribe bien puede ser un precedente de instrumentalización de la justicia con fines de presión política. 

Guatemala necesita jóvenes preparados, valientes y comprometidos. En medio de una creciente confusión ideológica —donde palabras como justicia e inclusión son manipuladas para imponer agendas ajenas a nuestros principios fundamentales—, se vuelve indispensable formar líderes con principios sólidos.

Por qué importa. El Festival de la Libertad es un espacio de formación y convivencia para jóvenes que desean transformar su entorno con ideas claras y la firme convicción de defender valores esenciales como la vida, la libertad, la familia, la propiedad privada y una justicia auténtica.

• Durante el festival, los jóvenes guatemaltecos compartirán con expertos, entre ellos, Agustín Laje, y otros líderes que los inspirarán a convertirse en agentes de cambio.
  
  

• Aquí, la juventud no se idealiza: se fortalece. Se les prepara con herramientas reales para enfrentar los desafíos contemporáneos en espacios como la universidad, las redes sociales, los medios de comunicación, la política y el mundo empresarial.

Datos clave. El evento se llevará a cabo el próximo 9 de agosto, en el Parque de la Industria, de 9:00 a 16:00 horas.

• Adquiera su entrada aquí.
  
  

• Sea parte del evento que reunirá a jóvenes líderes para defender los valores que construyen una Guatemala libre.

El oficialismo buscará sacar provecho de la última sesión extraordinaria del Congreso para avanzar con dos propuestas prioritarias: la denominada “ley integral contra el lavado de Dinero y el financiamiento del terrorismo”, y la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que apunta a un cierre técnico del contrato petrolero 2-85, con la empresa Perenco, que vence el 12 de agosto.

Ambos asuntos representan una prueba para el oficialismo en el Congreso. En el caso de la ley contra el lavado de dinero, se pretende sustituir la normativa actual, que data de 2001, por una legislación “más actualizada y robusta”, afirman.

La iniciativa consta de 126 artículos distribuidos en seis títulos que abarcan desde disposiciones generales hasta el régimen sancionatorio. Además, contempla reformas a cinco leyes: el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Notariado, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley que regula los Servicios de Seguridad Privada. El objetivo es armonizar el marco jurídico nacional con los estándares internacionales.

Durante una conferencia de prensa, el presidente advirtió que, de no aprobarse esta ley, Guatemala podría ser incluida en la “lista gris” del sistema financiero internacional.

“Esto implicaría que nuestros bancos serían vistos con sospecha en el exterior por no cumplir con las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero”, señaló el mandatario.

La otra iniciativa que figura en la agenda es la relacionada con el cierre técnico del campo Xan, a cargo de Perenco. Esta propuesta, impulsada por el diputado oficialista José Carlos Sanabria, plantea que la empresa podría continuar a cargo del cierre por un período de ocho años adicionales, asumiendo también la responsabilidad de la restauración ambiental en el área de explotación.

Aunque ambas propuestas están programadas únicamente para ser enviadas a comisión para su análisis, no se descarta que se intente aprobar —al menos la relacionada con Perenco—, dada la urgencia por el inminente vencimiento del contrato.

También figura en la agenda, aunque con pocas probabilidades de ser abordado, el tema de la elección del nuevo secretario de la Junta Directiva. Entre los nombres que se mencionan para sustituir a Karina Paz, quien debió dejar el cargo al quedar como diputada independiente, se encuentran César Fión, Sonia Gutiérrez y Luis Contreras.

La penúltima sesión extraordinaria está enfocada en continuar con las interpelaciones.

Comienza el segundo período ordinario

Las sesiones extraordinarias que se celebran hoy serán las últimas, ya que el 1 de agosto se reactiva oficialmente la actividad parlamentaria con el inicio del segundo período ordinario.

Los diputados regresarán al pleno con un incremento salarial —aunque muchos insisten en que no votaron a favor— y una agenda cargada de temas importantes, como el proyecto de Presupuesto 2026 y la elección de una nueva Junta Directiva.

Tampoco se descarta que continúen las negociaciones para reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, ya que varios diputados independientes aspiran a presidir comisiones o integrar la Junta Directiva.