Ley de competencia, por “urgencia nacional”

Las cifras lo demuestran: la aviación es fuente importante de crecimiento para Guatemala. En 2023, generó 5.4 % del PIB nacional (USD 5400M), con un aporte clave en la generación de empleo en toda su cadena de valor.   

El panorama de la industria aeroportuaria se discutió holgadamente durante el evento “IATA Aviation Day, Guatemala”, una especie de secuela del “1er. Congreso de Infraestructura: Aeropuertos, eje del desarrollo inclusivo”, organizado por República en junio.   

El potencial país es claro. Pasó de ser un secreto a voces a un imperativo. Pero hay estudios que despiertan alertas. Un ejemplo es el índice de desarrollo de viajes y turismo (WEF), que nos coloca en la posición 100 de 119 economías evaluadas.  

El hilo de la conversación se desarrolló por medio de paneles de discusión, con alusiones asiduas a la Alianza Púbico-Privada (APP) para el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA); el presidente Bernardo Arévalo no pudo dejar de mencionarlo en su intervención.

Se abordaron retos, infraestructura aeroportuaria, regulación, turismo, competitividad y necesidades operacionales. Resalta una frase que surgió en las primeras conversaciones: se necesitan más acciones que palabras.   

A continuación, los puntos clave de cada uno, con un aspecto destacado.  

En el aire, pero con un polo a tierra  

El primer panel reunió a cuatro empresarios cuyas compañías —Avianca, Copa Airlines, TAG Airlines y Volaris— operan el 56 % de los vuelos en el país. De sus apreciaciones se sabe que el mercado guatemalteco ha reaccionado positivamente en la postpandemia.  

La fiebre de “todos querían viajar” tuvo sus puntos álgidos en 2022 y 2023. La luna de miel terminó. Las temporadas altas y bajas ahora son más marcadas. Guatemala es un mercado esencial por su potencial económico y riqueza cultural e histórica.   

Sin embargo, algunos empresarios son prudentes al hablar de crecer, pese a los resultados favorables. La industria que siempre está en el aire habla con mesura de tener un polo a tierra. Antes, se debe trabajar para que la aviación sea un commodity.  

Las limitaciones de infraestructura no tardaron en salir a relucir —principalmente del AILA—, aunque la réplica desde lo púbico es que se está en una fase de rescate. Han resuelto de manera ingeniosa y no se puede cambiar en 11 meses la negligencia acumulada por décadas.   

Les preocupa la parsimonia estatal, pero dejan un mensaje al gobierno: ellos pueden ayudar. Consideran que se debe ver hacia adelante. “Hemos esperado 30 años el cambio de categoría. Nunca ha estado más urgida”, expresaron.   

La intranquilidad también pasa por la penosa situación actual del AILA y fortalecer la institucionalidad de la aviación, especialmente por temas de seguridad aérea. Las aerolíneas no piden ayuda especial, solo paz y tranquilidad para enfocarse en su core business.    

En diciembre, se presentaría, de parte del Ejecutivo, una iniciativa de ley para separar al ente operador del el regulador.   

Separar lo político de la gestión  

Más del 85 % de los aeropuertos en Latinoamérica son operados por privados —bajo un modelo de APP—, teniendo, en términos generales, indiscutibles mejoras. Los gobiernos en Latinoamérica ante su incapacidad —de diferentes índoles— han transferido la gestión a privado. La decisión ha resultado una receta al éxito.   

Hay una comunión respecto a que se necesita una gestión profesional, sin injerencia política, para el AILA. La operación no puede estar atada a ciclos políticos si se quiere un cambio real.  

Una institución aeroportuaria fortalecida, técnica y ejecutiva —no política— tiene injerencia directa en el éxito de un contrato de APP. Tiene el rol de gestionar el cumplimento del contrato. Un ejemplo es el aeropuerto de Guayaquil en Ecuador.  

Como parte de una visión a futuro, se abordó la posibilidad de una APP para terminales secundarias. Si bien algunos lo calificaron como “imposible”. Se requiere una demanda mínima de 1M de pasajeros y economía de escala. Hubo objeción: La conversación no puede retrasarse otros 25 años.  

Airports Council Internacional prepara un estudio con las mejores prácticas en contratos de APP. Estará a disposición del Gobierno de Guatemala.  

Armonía regulatoria

Más allá de una necesidad de marcos regulatorios, hay consenso en que sean con estándares internacionales. Nuevamente, se hizo hincapié en que la DGAC no sea juez y parte. Es un conflicto urgente de abordar.   

Desde el sector público, destacan la necesidad de crear una institución autónoma con la capacidad de dar respuesta inmediata a las necesidades de inversión de infraestructura o tecnología. De momento, se sienten limitados para actuar, a causa de legislación actual.   

La contraparte habla de regulación suficiente y necesaria, que no sume burocracia. Asimismo, que nuevas “leyes inteligentes” (smart regulations) incluyan el componente digital y con capacidad de auto actualizarse a necesidades futuras.   

Un punto clave es que toda regulación más allá de las soluciones país permita armonizar lo legal y regulatorio entre los estados de Centroamérica. Todo con el apoyo del SICA y COCESNA.

Está en marcha una mesa interinstitucional público-privada donde se discuten nuevos proyectos e iniciativas. Es un canal abierto entre los players de la industria y autoridades, con miras a soluciones conjuntas.   

Compensar 11 horas de vuelo   

El turismo puede aportar —se estima— un 5 % del PIB, pero sigue estando por debajo del 10. El sector privado articula fuerzas con el INGUAT para empujar políticas públicas de desarrollo turístico sostenible. En ese sentido, consideran que la institución se adhiera al Gabinete Económico. El turismo merece una silla.  

Si bien cada país se promueve de forma individual, se destacó hacerlo de manera conjunta desde la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA). El multidestino se vuelve un activo para viajeros de Europa y Asia que viajan cerca de 11 horas.  

La idea es que ingresen por cualquier aduana de un país centroamericano y hacer un tour en otros territorios centroamericanos. Un ejemplo es el Eurotrip, donde se visita más de una nación en el mismo viaje para conocer más culturas.    

Mundo Maya se coloca como una opción para sumar 1M de visitantes extranjeros. Es uno de los principales productos de la zona norte, que conecta con el sur de México. Se puede vender para el mercado alemán y español. Es una muestra que la aviación y turismo van de la mano.   

La narrativa es que “somos una región única”. El único istmo del globo que une dos océanos, con actividades distintas entre el Caribe y el Pacífico. Se puede conectar Norteamérica con Sudamérica. Asimismo, ser un puente entre la Centroamérica pujante y la otra con herencia ancestral. El “agua azucarada” de los modelos promoción se puede replicar en la región, aseguran.   

Un estudio que emplea big data permitió saber que la principal motivación para visitar el país son los volcanes. Con ayuda de tecnología se pueden tomar decisiones para venderse como destino de aventura. Se necesita infraestructura que permita una experiencia segura a los visitantes.    

Conectividad y competitividad   

La aviación se vuelve un puente de conectividad con componentes económicos. Al movimiento de pasajeros se suma la carga. Es fundamental porque une a los países con las cadenas de valor globales. Sin embargo, la carga y descarga de mercancías nunca ha sido una prioridad. Con todo, es momento de soluciones efectivas para que empiece a desarrollarse.   

La conectividad global es valiosa. Por ejemplo, es más barato ir a EE. UU. que a Honduras. Ahí entra la infraestructura blanda, que mejora la competitividad, y, además, tiene relación con el multidestino. Con precios competitivos aumentaría la demanda del transporte aéreo regional.  

Guatemala es el principal abastecedor de Panamá de pasajeros hacia España. Evidencia así un primer detonante para que una aerolínea habilite un vuelo directo: alta demanda. Iberia lo sabe y para Air Europa no pasa inadvertido. Es un “destino apetecible” para ambas.  

Tecnología y biometría  

Los aeropuertos son organismos con estructura compleja. Pero no deja de ser una industria ajena a la tecnología y la ciberseguridad. Es fundamental que cuando se agregue a las operaciones sea escalable, no quedar obsoleta con el tiempo.

La adopción de herramientas innovadoras ofrece ventajas competitivas y contribuye a que el visitante tenga una mejor experiencia, por ejemplo, en el check in. Sin embargo, las actualizaciones u otros tipos de trabajadores no deben afectar el flujo de los usuarios, evitando molestias.

Lo destacado. La discusión incluyó la posibilidad de adoptar la biométrica en las operaciones de los aeropuertos regionales. Es importante una legislación que lo permita y mirar a la integración regional. Costa Rica espera ser pionero con la tecnología eGate. Los viajeros evitarían controles manuales de aduana en el abordaje. 

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La ley de competencia cuenta ya con un nuevo dictamen, el tercero desde que se presentó la iniciativa en el 2016.  

Los integrantes de la Comisión de Economía, presidida por el diputado Jorge Ayala, expresaron su satisfacción con el dictamen, por lo que fue incluido para su aprobación en la sesión plenaria convocada hoy.  

Aunque la iniciativa solo figura en primer debate, no se descarta que pueda ser aprobada de urgencia nacional, ya que parece contar con el respaldo de la mayoría de las bancadas. 

Los cambios realizados siguen “una línea muy explícita para garantizar el derecho de defensa, la presunción de inocencia y que la carga de la prueba recaiga en la autoridad, que sería, en este caso, la Superintendencia de Competencia”, explicó Ayala.  

También se ha modificado la integración del directorio, eliminando la inclusión del nominado de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de evitar que sea juez y parte.  

Cabe recordar que la iniciativa —presentada en 2016 por los entonces diputados Carlos Barreda, José Inés Castillo y Arístides Crespo— regresó en dos ocasiones a la comisión (2018 y 2021) para un nuevo análisis. Ahora, se espera que este tercer dictamen cuente con los 107 votos necesarios para convertirse en decreto.  

Otra propuesta que podría convertirse en decreto son las reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), impulsadas por el presidente Nery Ramos; sufrió varias modificaciones, luego de que la Alianza para un Congreso Eficiente presentó un análisis donde concluyó que no se contaban con fuentes de financiamiento para cumplir con los objetivos propuestos, además de señalar inconsistencias con la constitución.  

Fuentes cercanas a la presidencia, informaron que el dictamen ha sido revisado en los últimos días para asegurar que los puntos sean viables y se puedan aplicar de manera efectiva. 

La agenda también incluye la juramentación del presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Teódulo Cifuentes, quien, en la sesión del sábado 16 de noviembre, obtuvo los nueve votos requeridos para ocupar el cargo para el período 2024-2025.

Sin apoyo para sesión adicional

La Junta Directiva intentó, sin éxito, celebrar una sesión plenaria el miércoles 20 de noviembre para abordar varios temas, como la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, una reforma a la Ley de Tránsito, así como la ley de área protegida “Refugio de Vida Silvestre Cerro Cruz Maltin”, entre otros.

Varios diputados señalaron que la ley solo permitía convocar a una sesión adicional, sin embargo, el presidente Nery Ramos insistió en que la normativa establece que pueden convocarse varias plenarias adicionales cuando las interpelaciones hayan durado más de dos sesiones.

“Esto no se puede hacer. Mi opinión sigue siendo que solo se puede agendar una sesión adicional a la semana y no más de una [...] no podemos aprobar un orden del día de una sesión que todavía no existe”, expresó el diputado Álvaro Arzú.

Por su parte, Ramos reafirmó su postura, argumentando que el artículo en cuestión es claro al permitir la convocatoria de más sesiones y recordó que, en la práctica, se ha realizado.

Al final, no logró los nueve votos necesarios, por lo que esta semana solo se sesionará hoy y el jueves, cuando se continuará con la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. 

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La conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, prevista para este 18 de noviembre, fue cancelada. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia argumentó que la decisión se tomó luego de que el mandatario, Bernardo Arévalo, determinara adelantarla para la noche del 17. La resolución tomó por sorpresa tanto a medios de comunicación como a la población en general.   

El gobernante se pronunció respecto a los allanamientos realizados por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero en la residencia del ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, y evidenció, una vez más, la incomodidad que le provocan las acciones del Ministerio Público (MP), afirmando que la justicia en Guatemala está en crisis.   También aprovechó la ocasión para manifestarle su apoyo incondicional al exfuncionario y agradecerle el haber servido a la patria durante los meses que estuvo al frente del CIV.  

De manera contundente calificó esas diligencias de “deleznables” y dijo que este tipo de hechos solo demuestran la arbitrariedad y cooptación de las instituciones de justicia, haciendo referencia a casos como el de José Rubén Zamora.   Pero lo más relevante fue cuando aseguró que no permitirá que la Policía Nacional Civil (PNC) ejecute órdenes "ilegales" del ente investigador y que citará de manera urgente a la fiscal general, Consuelo Porras, pues, en su opinión, ella está vulnerando la independencia del MP; declaraciones desafortunadas con las que hizo evidente su desconocimiento por las leyes de Guatemala.    

En estos diez meses al frente del Ejecutivo, Arévalo no ha dado tregua a su batalla en contra de Porras; es indiscutible su intención de destituirla del cargo y, por lo visto, no hay deseos de colaborar de manera interinstitucional. El MP respondió a los señalamientos del presidente por medio de un comunicado 

Para la Fiscalía, las acciones de todo funcionario deben estar orientadas a reforzar el Estado Constitucional de Derecho, al respeto a la Constitución y la protección de la democracia, garantizando siempre un equilibrio entre los distintos poderes y funciones del Estado. Asimismo, advierte al Ministerio de Gobernación (MINGOB) y a la PNC que están obligados a colaborar con las investigaciones que se les requieran y que, en caso de incumplimiento o negligencia, los responsables enfrentarán sanciones administrativas y penales.   

Para la diputada de VALOR, Sandra Jovel, Arévalo da a entender que no conoce cómo funciona la independencia de poderes. Por otro lado, deja a deshonra el papel que está jugando; para bien o para mal, es el presidente de la República y debería conocer, como mínimo, el ejercicio de los tres organismos. 

La opinión la comparte el diputado de VAMOS, Héctor Aldana, quien agrega que es lamentable que el mandatario se empeñe en enfocarse en temas legales, cuando descuida por completo las necesidades de los guatemaltecos. “Hoy está colapsada la economía, las carreteras […] estamos al borde del precipicio y en 10 meses lo único que hemos encontrado son excusas”, expresó.    

La fiscal general Consuelo Porras, designada por el expresidente Jimmy Morales y renovada en el cargo por su sucesor, Alejandro Giammattei, ha sido la más coherente en este juego de palabras y acciones entre el Ejecutivo y el MP.

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