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Ley de Infraestructura Vial sigue estancada
República Política
February 08, 2024
¡Buenos días!
El boletín de República Política de hoy trae formatos variados: un hilo, una entrevista y como todos los jueves, el editorial. A pesar de la variedad, hay un hilo conductor: lo que se espera de este cuatrienio presidencial y legislativo.
Bernardo Arévalo llegó a la presidencia luego de que los guatemaltecos le votaran para hacer las cosas de manera distinta. Ello implica, entre otros, que la contratación de obra pública sea transparente, otorgada a los mejores oferentes y que sea administrada en beneficio de la población; la Ley de Infraestructura Vial es una ruta eficaz para conseguirlo. Queda claro que, con el modelo actual, eso es muy difícil, si no imposible.
Precisamente aprovechando la cercanía del gobierno con el de Estados Unidos, que ha manifestado su disposición para crear oportunidades en Guatemala –y así cumplir con su cometido de frenar la migración irregular– Arévalo debiese conseguir que el apoyo prometido –y hasta ahora, incumplido– se enfoque en, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura estratégica.
Pero las normas que limitan el ejercicio del poder hacen complicado –y a veces lento– el avanzar en la agenda política y las tentaciones de pasar por encima de la ley pueden ser fuertes. Sin embargo, esas normas están ahí para algo. Pretender saltarlas o modificarlas a conveniencia es el seguro camino a la autocracia que a veces es difícil determinar cuándo comienza, pero siempre se sabe –demasiado tarde– donde termina.
Confiamos que este boletín sea de su interés. Gracias por su suscripción y lectura.
En este boletín:
•Editorial: Modificar leyes por beneficio personal: el camino de la autocracia
•Ley de infraestructura vial, lejos de ser prioridad en el Congreso
•Rodrigo Vielman: No se espera un cambio “significativo” de EE. UU. hacia Guatemala
Modificar leyes por beneficio personal: el camino de la autocracia
La sujeción a la ley –el principio de legalidad– por parte de autoridades, funcionarios y empleados públicos es indispensable. Es por ello por lo que las normas constitucionales son tan difíciles de modificar, para que quienes ostentan temporalmente el poder no ajusten las reglas del juego a su favor.
El 30 de enero de este año, el pleno del Congreso conoció la iniciativa 6300 presentada por la diputada Sonia Gutiérrez Raguay y compañeros, que pretende modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el que dispone el procedimiento y causal para la destitución del Fiscal General. Dicha norma fue introducida en las modificaciones a esa ley en 2016 para proteger a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, de una posible antojadiza remoción presidencial. Uno de los diputados ponentes de la iniciativa 6300 es Walter Félix quien, en 2016, votó a favor de las reformas que ahora pretende revertir.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo prohíbe que diputados independientes integren Junta Directiva o presidan comisiones de trabajo. Ahora, en este primer año de la X legislatura, esa norma afecta a los diputados oficialistas. El diputado elegido por Semilla, Raúl Barrera, ha sostenido que es la intención del oficialismo remover, mediante una reforma legal, esa restricción que les afecta.
El derecho es evolutivo y la legislación debe reflejar esos cambios de paradigma, pero la modificación de leyes de manera casuística y con motivo de beneficio particular es anti-republicano. Que ahora el oficialismo se disponga a modificar esas dos normas no obedece a evolución jurídica alguna, sino a que ahora les afecta a los diputados elegidos por Semilla y al presidente.
Cambiar las reglas del juego –las leyes– que pretenden mantener bajo control a quienes ostentan temporalmente el poder es algo propio de los regímenes autocráticos. El Salvador es el más reciente y cercano ejemplo. Bernardo Arévalo será el beneficiario de regresarle al presidente la facultad discrecional de remover al fiscal general; no puede pretender desentenderse de lo que su bancada hace en el Congreso. ¿Querrá pasar a la historia como un émulo de Nayib Bukele? Al parecer, pronto se sabrá.
Ana González
•Ley de infraestructura vial, lejos de ser prioridad en el Congreso
551 palabras | 3 mins de lectura
El desarrollo de un país está ligado inevitablemente a la infraestructura vial, algo que en Guatemala sigue sin ser prioridad. Ello lo demuestran la precaria red vial y el déficit en la construcción de carreteras con relación al crecimiento anual de su población, lo cual nos sigue marginando y nos relega a un segundo plano para la inversión extranjera.
Panorama general. La ley de infraestructura vial, que busca construir más de 20 mil kilómetros de carreteras en los próximos 15 años, se quedó estancada en segunda lectura sin que al momento haya voluntad política para que sea aprobada.
La normativa plantea que el Estado mantenga la rectoría de los proyectos carreteros, mientras el desarrollador se encargaría del estudio o construcción de las obras.
Qué resaltar. Guatemala se sigue quedando atrás, pues al año solo se construyen unos 200 kilómetros por lo que a este ritmo se necesitarían más de 100 años para alcanzar los 47 mil kilómetros que se requieren.
La normativa permitiría al gobierno contar con una serie de herramientas que agilizarían la construcción de la red vial.
Voces (I). Jorge Benavides, investigador de la FUNDESA explicó que “la nueva figura de contratación permite pagar por una obra que funcione y no solo por la construcción”.
A la fecha, el ministerio de Comunicaciones adjudica el contrato y paga la obra. Con la ley “el constructor utiliza sus propios recursos (..) termina la obra y se encarga de mantenerla en condiciones óptimas”.
Agregó que “solo si la obra funciona bien, se le paga al desarrollador. Si no, no se le paga”.
También se planifica la construcción y no como ahora que “se hace un tramo por aquí y otro por allá obedeciendo a intereses (...) no existe una planificación ordenada”.
En el radar. FUNDESA, junto a otras agrupaciones, se acercaron al presidente del Congreso, Nery Ramos, para hablar sobre el proyecto de ley que quedó en segunda lectura el 14 de octubre de 2020.
Benavides aseguró que al momento no tienen una respuesta “si es prioridad o no”.
Tuvieron acercamiento con el Ejecutivo y aunque la ministra del ramo, Jazmín de la Vega, está al tanto, tienen claro que necesitan “el empuje político desde el Congreso”.
Voces (II). El presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, Jeovanni Domínguez, del partido VIVA, dijo que la otra semana se reunirán por primera vez para definir el plan de trabajo.
“Hay varios temas pendientes, no solo ese. Debemos tener una mesa de trabajo con la ministra para dar viabilidad a los temas de país”, aseguró.
Fisgón histórico. El 5 de octubre de 2023, las autoridades electas aseguraron durante el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) que invertirían Q27 mil millones en carreteras en los cuatro años de gestión.
El plan establece 500 kilómetros de carreteras primarias, 1 mil 820 de carreteras secundarias y 1 mil 500 kilómetros de caminos rurales.
“Queremos tener, a través de las carreteras, ese tejido que permita comunicar a la sociedad y crear condiciones de desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo en esa ocasión el ahora ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.
En conclusión. El reto para asumir una modernización vial en Guatemala no se ha tomado en serio en, por lo menos, los últimos seis gobiernos, y como en el resto de la construcción de la obra pública, solo se ha hecho en función de lo que coyunturalmente les interese a las autoridades, quienes solamente lo ven como negocio que le deja tantos réditos, como las constructoras, mientras el país se sigue condenando al subdesarrollo.
•Rodrigo Vielman: No se espera un cambio “significativo” de EE. UU. hacia Guatemala
625 palabras | 2 mins de lectura
El exvicecanciller, Rodrigo Vielman, opina sobre la relación de Estados Unidos con el recién estrenado gobierno de Bernardo Arévalo.
¿Se puede afirmar que EE.UU. estrechó su relación con Arévalo y el Movimiento Semilla?
En la agenda de EE. UU., respecto de Guatemala, interesa la migración irregular, narcotráfico y tráfico de personas. Para el país es el acceso al mercado como principal proveedor y adquirente de las exportaciones. También figuran los migrantes y las remesas familiares que inyectan casi veinte mil millones de dólares anuales a la economía.
La cercanía de EE. UU. a Guatemala en el reciente proceso electoral se justificó en la defensa de la democracia y lucha contra la corrupción en forma directa y mediante su influencia en la Organización de Estados Americanos.
El balance para la administración del presidente Arévalo de la marcada presencia de EE. UU. en el proceso de transición y toma de posesión, está por verse. Recordamos que al inicio del gobierno de Biden se recibió la visita de la vicepresidente Kamala Harris. Ofreció US$3,000M para atender las causas de la migración. Estando ya en el último año de esa administración, tal ofrecimiento continúa como promesas intangibles.
Es importante recordar la cita histórica que refiere al actuar de EE. UU. “Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes”, dijo John Quincy Adams, 6to Presidente de Estados Unidos de América.
La cercanía de un país a candidatos de otra nación no necesariamente resulta en el mejor interés doméstico, por cuanto el apoyo político puede significar compromisos en decisiones de política exterior que atiendan más a agendas globales que suelen ignorar las necesidades latentes de nuestro país.
¿Cómo se sustenta ese acercamiento?
La atención política en Washington hacia Guatemala fue bastante evidente porque funcionarios del Departamento de Estado dedicaron espacio en sus agendas diarias y publicaciones en redes con una frecuencia inusual.
Ojalá el presidente Arévalo aproveche esa atención en función de nuestros intereses. Atendiendo, por ejemplo, la situación de conciudadanos con estatus migratorio irregular, la reducción de costos y seguridad en el envío de remesas y asistencia congruente y eficaz para combatir la corrupción.
En las postrimerías de la administración anterior y de la IX legislatura, se impusieron sanciones sin aportar evidencia que permita exigir la rendición de cuentas y reparaciones de ley. La credibilidad del presidente Arévalo en la lucha contra la corrupción se vería fortalecida en la medidfa que pueda lograr que EE. UU. entregue la evidencia que calificaron de “creíble” sobre funcionarios guatemaltecos. Con ello se deberían presentar las denuncias para que se deduzcan la responsabilidad y se sienten precedentes.
Que EE. UU. tenga una presencia tan marcada, -incluso influencia en el Gabinete de Gobierno-, ¿tendrá efectos negativos?
Este tema se puede analizar desde una perspectiva geopolítica. EE. UU. mantiene frentes preocupantes en Europa, (Ucrania) Medio Oriente (Israel) y con competencias permanentes con la República Popular de China y Rusia. Así ya no le queda mucha atención para Centroamérica. Guatemala resulta ser casi el último bastión de alianza hacia sus intereses.
Vemos cómo las relaciones con Honduras, El Salvador y Nicaragua son distantes cuando las tres naciones optaron, en años recientes, dejar el reconocimiento diplomático para la República de China (Taiwán) a pesar de que esto fue contrario a las solicitudes estadounidenses. Vienen en junio próximo elecciones en México donde se prevé la reelección del partido de gobierno. Con esto se mantendrán las tensiones fronterizas en dos temas: tráfico de personas y de drogas.
Con la República Popular de Corea y la República Islámica de Irán en carrera armamentista con aspiraciones nucleares, poco espacio queda para esperar un cambio significativo en el apoyo político hacia Guatemala. La invitación al presidente Arévalo es prudencia y respeto a nuestra soberanía. Podemos tomar el consejo de un país amigo y recibir la ayuda de la comunidad internacional, pero respondiendo a nuestros propios intereses y realidades nacionales.