¡Buenos días!

Aunque ya se ha dicho, vale la pena repetirlo hasta que permee en toda la sociedad: el 2026 es clave por todos los procesos de elección y designación que tendrán lugar. Una “alineación de los astros” que no tiene parangón en tiempos recientes.

Lamentablemente, la discusión pública no versa sobre los mejores perfiles, candidatos óptimos o procesos transparentes. Lo que predomina es la intención de distintos grupos y de actores en “colocar” a sus piezas, como si se tratase de un tablero de ajedrez, ese que dice el gobierno que juega.

Mientras tanto, la población se encuentra en medio de fuego cruzado. Y las instituciones republicanas, bien gracias.

El siguiente mes —la otra semana— arranca el primer proceso: la renovación del Tribunal Supremo Electoral. Luego de la presente magistratura —la peor que ha habido, sin lugar a duda— es vital ponerle atención a las personas que pretendan llegar a ese cargo.

Aunque sería espectacular, no se pretende que los próximos magistrados san Arturo Herbruger, pero se debe evitar a toda costa que sea Blanca Alfaro.

Gobierno de Arévalo al desnudo

El ascenso de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla al poder en Guatemala representó, para sus votantes, una promesa de renovación: un gobierno limpio, transparente y alejado —supuestamente— de las prácticas corruptas que han plagado al país durante décadas. Sin embargo, a menos de dos años de su mandato, una serie de escándalos han erosionado esa imagen, revelando patrones de opacidad, nepotismo y negligencia —o franca incapacidad— que recuerdan a administraciones anteriores. Estos incidentes no solo han generado indignación ciudadana, sino que cuestionan si el cambio fue real o mera retórica electoral.

Uno de los primeros tropiezos ocurrió con la remoción de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, en abril de 2024, quien fue destituida tras revelarse que su hija utilizaba indebidamente vehículos y seguridad oficial, lo que desató una discusión pública entre el presidente y la vicepresidenta. Más allá del uso indebido, desnudó la realidad de la dinámica del “binomio” presidencial, lo que marcó el tono de un gobierno propenso a conflictos por falta de control ético.

Poco después, en mayo de 2024, Arévalo cambió a la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por realizar pagos a contratistas, presuntamente, sin la aprobación presidencial. Se reveló que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, buscaba centralizar el control de estos desembolsos con inconfesadas intenciones.

Otro fiasco fue el desastroso manejo del socavón del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, en junio de 2024; los trabajos se extendieron varios meses y con costos que superaron, por mucho, las estimaciones iniciales. La ciudadanía criticó con sobrada razón la lentitud y la falta de transparencia en los contratos, que generaron sobrecostos y afectaron el comercio y el turismo.

Los contratos dirigidos han sido un cáncer recurrente. En julio de este año, el Ministerio de Gobernación adjudicó GTQ 84M para la compra de 10 000 armas a una empresa propiedad de hermanos de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso. Posteriormente, se sumaron GTQ 55M para fusiles a la misma firma, algo que está bajo investigación del Ministerio Público por posibles conflictos de interés.

En el Ministerio de Defensa, se detectaron compras sobrevaloradas de maquinaria pesada por GTQ 166M, favoreciendo a proveedores con vínculos políticos, lo que levantó sospechas de corrupción. Similarmente, en las empresas portuarias nacionales, se adjudicaron contratos millonarios a un puñado de proveedores, optando por opciones más caras y sobrevaloradas, generando retrasos y sobrecostos que afectan la competitividad económica.

La seguridad pública también ha sido un flanco débil. En octubre, se descubrió que 20 peligrosos reos de la pandilla Barrio 18 escaparon de la prisión Fraijanes II, lo que derivó en la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y otros altos funcionarios. El incidente expuso fallas graves en el sistema penitenciario. Pocos días después, se reportó el robo de un arsenal en el Comando Aéreo del Norte en Petén: decenas de fusiles, miles de municiones y accesorios, con cuatro militares capturados, incluyendo un coronel, por presunta complicidad.

Otros sucesos han avivado la indignación. En marzo de 2025, el diputado oficialista Samuel Pérez Álvarez se vio involucrado en un confuso accidente vehicular, de madrugada, presuntamente bajo efectos de alcohol; no se le realizó prueba de alcoholemia, lo que generó acusaciones de encubrimiento.

A pesar de haberse vendido como algo distinto, el gobierno de Movimiento Semilla ya sea por negligencia o por diseño, ha resultado ser muy parecido a los anteriores: plagado de opacidad, favoritismos y fallas que minan la confianza ciudadana. Guatemala merece más que promesas; exige un verdadero cambio, no más de lo mismo.

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En tres entregas anteriores, República expuso diversas irregularidades en varias adjudicaciones realizadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE). El proveedor beneficiado de estos concursos fue Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. La empresa inició a proveerle al Estado en diciembre de 2010. En ese entonces, le brindó servicio de transporte a la Municipalidad de San José Pinula.

Por qué importa. La empresa se constituyó en septiembre de 2008. Hasta la fecha ha recibido contratos del Estado por GTQ 751.34M. Resalta que la compañía está vinculada a la familia Recinos de Jalapa. Uno de sus integrantes fue acusado, en 2016, del delito de financiamiento electoral ilícito a través de su empresa Alquiler de Tractores, S. A. (Altracsa).

• El acusado fue Marco Antonio Recinos Sandoval. La investigación concluyó que en 2011 Altracsa canalizó fondos para financiar la campaña electoral del extinto Partido Patriota (PP).

• El caso de corrupción lo presentó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los desembolsos anómalos que realizó Altracsa ascendieron a GTQ 11.56M.

• Recinos Sandoval es padre de los hermanos Gerson Steven Recinos Méndez y Marco Antonio Recinos Méndez. Ambos fueron representantes legales de Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A.

Visto y no visto. Marco Antonio Recinos Sandoval es hermano de William Rubén Recinos Sandoval. Entre 2004 y 2016 fue diputado al Congreso de la República. Representó al departamento de Jalapa durante tres periodos consecutivos. Llegó al Legislativo con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Gran Alianza Nacional (Gana) y PP. 

• La relación familiar de los Recinos con la política nacional les permitió influir en las adjudicaciones “ganadas” por Altracsa. Estas provenían de la administración central y de varias alcaldías.

• En forma similar lo hace Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. Uno de los asesores del diputado Nery Ramos, presidente del Congreso, fue Jorge David Reyes Recinos.

• Él es primo de los hermanos Recinos Méndez —hijos de Marco Antonio Recinos Sandoval—. En una investigación periodística de enero de este año, se evidenció su relación. 

Sí, pero. Reyes Recinos tuvo un contrato 022 como asesor parlamentario III de la Presidencia del Congreso. Devengó, en su momento, GTQ 26 000. La publicación también reveló Nery Ramos se moviliza en una camioneta blindada Chevrolet Tahoe modelo 2023 propiedad de su asesor.

• En las elecciones de 2023, Ramos y Reyes Recinos se postularon para diputados con el partido Azul. Ramos se postuló por el departamento de Jutiapa. 

• Reyes Recinos se postuló por el distrito de Guatemala. Sin embargo, no resultó electo. En su lugar, figuró como asesor parlamentario dentro de la misma bancada Azul. 

• Resalta que también fue financista de la agrupación política. Se intentó contactar a Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. para conocer su versión, pero no se obtuvo respuesta. 

En conclusión. Las conexiones políticas y familiares detrás de Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. revelan que las adjudicaciones del CIE —probablemente— no son hechos aislados. Forman parte de una red con antecedentes de influencia y posible corrupción. 

• La empresa vinculada a la familia Recinos acumula más de GTQ 750M en contratos públicos, pese a los antecedentes judiciales de uno de sus integrantes por financiamiento electoral ilícito. 

• Los vínculos entre los Recinos y figuras políticas activas sugieren una continuidad en las relaciones de poder que facilitan adjudicaciones privilegiadas. 

El país se aproxima a un nuevo ciclo político con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) debilitado, un Congreso fragmentado y un Ejecutivo en pugna con el Ministerio Público (MP). El relevo de magistrados, previsto para marzo de 2026, se perfila como un pulso entre grupos de poder y una institucionalidad en crisis.

Por qué importa. La elección de los nuevos magistrados del TSE será un punto de inflexión para el sistema político guatemalteco. La máxima autoridad en materia electoral enfrenta su propio juicio público, arrastra una crisis interna. Además, de una reforma legal que terminó por beneficiar a los mismos actores de siempre.

• El proceso inicia en noviembre. El Congreso deberá convocar para la integración de la Comisión de Postulación, compuesta por el rector de la USAC, decanos y abogados. De ella dependerá la lista de 20 aspirantes.

• El Legislativo, responsable de elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, requiere 107 votos, cifra que obliga a acuerdos entre bloques rivales.

• La actual fragmentación legislativa y el descrédito del oficialismo anticipan una negociación dominada por intereses partidarios, no por mérito ni independencia.

Entre líneas. Las tensiones de los poderes del Estado amenazan con contaminar el proceso. Ni el Congreso, ni el Organismo Judicial, ni el Ejecutivo logran proyectar estabilidad. Cada uno carga sus propias grietas y escándalos que condicionan la credibilidad institucional.

• El Congreso se encuentra paralizado por disputas internas, con una presidencia desgastada y una Junta Directiva cuestionada por aumentos salariales y pactos opacos.

• El Organismo Judicial mantiene vacante la presidencia definitiva tras la salida de Teódulo Cifuentes, sin acuerdos para designar sucesor. 

• En el Ejecutivo, la confrontación con el MP y la falta de respuestas en seguridad y educación alimentan la desconfianza pública y dificultan la construcción de consensos.

Punto de fricción. La Universidad de San Carlos (USAC), pieza clave en la Postuladora, también enfrenta una crisis de legitimidad. Las elecciones que llevaron a Walter Mazariegos al rectorado y a Henry Arriaga al decanato de Ciencias Jurídicas fueron cuestionadas por vínculos con operadores tradicionales. 

• La falta de transparencia en esos procesos arriesga la imparcialidad de la Comisión, que debería garantizar idoneidad y mérito en la selección de aspirantes.

• A ello se suma la desconfianza generada por el escándalo del sistema TREP, usado en las elecciones de 2023, por el cual el MP señala a varios magistrados por irregularidades. 

• Para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), “la peor reforma electoral fue la de 2016”, pues consolidó privilegios y debilitó la competencia democrática. 

En conclusión. El relevo del TSE podría definir si Guatemala recupera las autoridades electorales confiables o si cede ante las presiones de grupos de poder tradicionales —Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez— o emergentes —Nester Vásquez (ASPA) y Juan Francisco Solorzano Foppa—. 

• Con un Congreso debilitado, universidades cuestionadas y partidos ansiosos por conservar poder, el riesgo es evidente. 

• La falta de consensos, los cuestionamientos a la USAC y la debilidad del Congreso amenazan con repetir viejos errores. 

• El reto será elegir magistrados con legitimidad técnica y ética suficientes para garantizar elecciones transparentes en 2027.