¡Buenos días!

El fin de semana recién pasado, ocurrió un nuevo hecho de violencia en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá en donde murieron 14 personas, superando el máximo histórico (diciembre del 2021) de muertos por ese añejo y estéril conflicto. Una importante diferencia es que, contrario a lo ocurrido en hechos pasados, no se trató de pobladores de uno y otro municipio en pugna; este fue un ataque no provocado y directo al destacamento militar, en el que se usaron armas de alto poder, como las que usan los narcotraficantes y el resto del crimen organizado. Al menos esa es la versión oficial. El presidente, Bernardo Arévalo, así como el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, lo han reiterado.

Curiosamente, ante la muerte de más de una decena de pobladores — indígenas—, ahora, las organizaciones de la “sociedad civil” o sus líderes, quienes otrora, durante otros regímenes, se rasgaron las vestiduras y responsabilizaron a los gobernantes de turno por esos hechos, ahora callan de manera cómplice y vergonzosa.

Ahora no se vio, por ejemplo, a Rigoberta Menchú ir inmediatamente al lugar de los hechos y levantar —más bien plantar— evidencias de lo ocurrido, como lo hizo luego del ataque que sufrieron elementos del ejército en la Cumbre Alaska. Ahora, no. Ahora todo “parte sin novedad”.

La doble moral —si es que alguna— de la izquierda es nauseabunda; siempre lo ha sido, pero ahora queda perfectamente retratada ante el mundo.

La demagogia del salario mínimo

En el umbral de un nuevo año, nuevamente enfrentamos el debate sobre el salario mínimo, una política que, aunque bien intencionada, ha demostrado ser un arma de doble filo. Bernardo Arévalo, quien fijará el monto para 2026 ante la falta de consenso en la Comisión Nacional del Salario, debe ponderar con rigor los impactos económicos reales. Esta decisión no es mera formalidad; afecta directamente la competitividad, el empleo y la sostenibilidad del crecimiento.

Criticar esa política [la fijación unilateral] no implica oponerse al bienestar de los trabajadores, sino cuestionar su diseño arbitrario, que a menudo ignora principios económicos sólidos. En términos generales, la fijación de salarios mínimos actúa como un precio tope en el mercado laboral, distorsionando el equilibrio natural entre oferta y demanda de trabajo. Según la teoría económica clásica, respaldada por estudios del Banco Mundial y la OCDE, cuando el mínimo supera la productividad marginal del trabajador —es decir, el valor agregado que genera por hora laborada—, las empresas reducen contrataciones o automatizan procesos, generando desempleo estructural.

En países como Guatemala, con un alto índice de informalidad (alrededor del 70 %), estos incrementos empujan a más personas al sector informal, donde no hay protecciones laborales ni contribuciones fiscales. Un análisis de David Neumark y William Wascher (2007) en la revista Industrial and Labor Relations Review concluye que un aumento del 10 % en el mínimo puede elevar el desempleo juvenil hasta en 2-3 %, afectando precisamente a los más vulnerables.

Esta no es mera abstracción: en Latinoamérica, casos como Argentina y Venezuela ilustran cómo políticas salariales populistas han exacerbado la inflación y la recesión. En el contexto guatemalteco, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara del Agro han emitido pronunciamientos claros. El CACIF —cuyas cámaras agremiadas agrupan a más de 130 000 empresas, de las cuales cerca del 80 % son MiPymes—, en una reunión con Arévalo el 5 de diciembre de 2025, propuso una política salarial moderna y tripartita, basada en productividad real, argumentando que lo contrario amenaza la estabilidad económica al ignorar la capacidad de pago de las empresas. La Cámara del Agro, por su parte, solicitó un salario mínimo diferenciado para el sector agrícola en 2026, advirtiendo que un aumento uniforme podría costar 6000-7000 empleos rurales por cada punto porcentual, dada la proyección de crecimiento del PIB agrícola en solo 1.8 % —inferior al promedio nacional—. Estas posturas no son elitistas; reflejan la realidad de un sector que genera buena parte del empleo nacional, pero enfrenta bajos márgenes de productividad debido a factores.

Infraestructura vial en pésimo estado, servicios públicos básicos deficientes, un sistema de salud disfuncional, ausencia de seguridad y certeza jurídica, así como una burocracia inflada y aletargada, son elementos que incrementan costos, causan pérdidas e impiden que la actividad económica crezca, afectando tanto a empresas como a trabajadores.

Para que la fijación sea sostenible y no frene la creación de puestos, debe anclarse en elementos técnicos objetivos. Un enfoque recomendable es la fórmula de indexación: ajustar el mínimo según la productividad laboral (medida como PIB por trabajador con datos del Banguat), más la inflación acumulada (IPC) y un factor de crecimiento económico proyectado. Por ejemplo, si la productividad crece 2 %, la inflación es 4 % y el PIB 3.5 %, el incremento podría limitarse a un promedio ponderado (3-4 %), evitando saltos arbitrarios. Modelos como el de la OIT recomiendan consultas tripartitas con datos empíricos, no decretos unilaterales.

Ignorar lo anterior equivale a condenar a miles al desempleo. Arévalo, cuya administración ha prometido transparencia, tiene la oportunidad de romper con el ciclo vicioso.

Una decisión fundamentada en productividad fomentaría inversión, formalización y equidad real. Guatemala merece una política salarial que eleve vidas sin destruir oportunidades.

El presidente debe elegir: ¿populismo o sostenibilidad?

El presidente, Bernardo Arévalo, cierra su segundo año de gobierno marcado por cinco crisis consecutivas, así como promesas de campaña que fueron mal ejecutadas y algunas, nunca se materializaron. También hubo conflictos políticos. Las decisiones expusieron riesgos en seguridad, gobernabilidad y transparencia. Lo mismo que otras administraciones.

Por qué importa. Es oportuno evaluar la gestión de Arévalo para verificar avances y compromisos. La balanza se inclina a promesas fallidas y un desencanto con el Movimiento Semilla. El resultado afectó credibilidad, inversión y el orden público. Los costos sociales son visibles y expusieron la improvisación en la toma de decisiones explícitas.

• En 2024, colapsaron carreteras y no se construyó un solo kilómetro. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) acumuló retrasos y adjudicaciones fallidas. Eso impactó la competitividad, costos logísticos y seguridad vial.

• La pretendida remoción de la fiscal general, Consuelo Porras, dominó el discurso presidencial durante 2024. La falta de resultados erosionó expectativas y alimentó la decepción ciudadana.

• El distanciamiento con el partido y la vicepresidenta Karin Herrera debilitó la coordinación política. Envió señales de fragilidad en binomio presidencial y la agrupación que los llevó al poder.

Punto de fricción. En 2025, el panorama no mostró cambios significativos. Revela una crisis por la inseguridad y la falta de transparencia en las instituciones públicas. La inestabilidad en su gabinete persiste, situación que incrementa la desconfianza en Arévalo y su equipo.

• La regulación del seguro obligatorio detonó la primera crisis este año. El Ejecutivo anunció normas y luego retrocedió ante bloqueos. La decisión mostró debilidad frente a la presión y dejó un precedente de gobernabilidad condicionada por la calle.

• El conflicto con el magisterio expuso límites del Estado frente a sindicatos. Hubo dos meses de ocupación y bloqueos que afectaron a estudiantes y familias. El STEG exigió 15 % y recibió 5 %.

• Más de 300 000 estudiantes perdieron clases. Se implementaron acciones para recuperar los días del ciclo escolar. Sin embargo, sí hubo un impacto educativo.

Entre líneas. La seguridad y la transparencia cerraron el ciclo crítico del gobierno de Bernardo Arévalo. Una fuga, una red corrupta de contratistas y violencia armada amenazaron la estabilidad del gobierno. Situaciones que provocaron efectos inmediatos en la confianza pública.

• Se fugaron más de 20 pandilleros de Fraijanes II. Renunciaron Francisco Jiménez y dos viceministros. El Ministerio Público (MP) solicitó órdenes de captura contra los exfuncionarios.  Persisten dudas de colusión interna.

• Contrataciones cuestionables, como expuso un reportaje de República. Una “La casa de chocobananos” recibió más de GTQ 140M en adjudicaciones y aumentos atípicos de techos de contratación.

• Lo último ocurrió en Nahualá. Se reportaron 14 fallecidos, incluido un soldado. Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, habló de estructuras criminales y corredores ilícitos. El estado de prevención evidenció control frágil.

En conclusión. Al cerrar el balance de este año de gobierno, las cinco crisis acumuladas no son hechos aislados, son síntomas de un problema de conducción, ejecución y control. El segundo año abrió con un desgaste político, promesas que no se materializaron y señales de fragilidad institucional. Todo esto ha tenido efectos económicos y sociales.

• Evidencian una brecha entre el discurso de cambio y la capacidad del gobierno. Retrocesos ante la presión social, promesas incumplidas y errores de ejecución minaron la confianza ciudadana.

La aprobación de la reforma a la Ley de las Alianzas Público-Privadas dejó al descubierto las tensiones entre el grupo que lidera Samuel Pérez y el que encabeza José Carlos Sanabria. Estas diferencias internas abren la interrogante sobre si el distanciamiento marcará caminos distintos para ambos grupos de cara a las elecciones de 2027.

Por qué importa. El oficialismo llegó al Congreso con 23 diputados y, desde el inicio, procuró proyectarse como un bloque unificado. Sin embargo, la cancelación del partido abrió una fisura interna: mientras un grupo —que encabeza Sanabria— centra sus esfuerzos en recuperar a la organización política, Pérez optó por impulsar una nueva agrupación, denominada Raíces.

• Aunque las diferencias salieron a luz durante la votación, ambos grupos aseguran que mantendrán la unidad de cara a los procesos que se avecinan.

• “Todos los votos deben (deberían) estar cohesionados en favor de la agenda impulsada por el Presidente Arévalo, de aquí hasta el final del período constitucional”, aseguró Raúl Barrera, afín al grupo de José Carlos Sanabria.

• En tanto, una fuente cercana a la facción de Samuel Pérez reconoció la existencia de diferencias internas, aunque sostuvo que la intención es continuar trabajando de manera conjunta.

Datos clave. Raíces es actualmente un comité proformación que continúa en el proceso para convertirse en partido político, con miras a participar en el proceso electoral de 2027. El liderazgo de esta agrupación recae en Samuel Pérez.

• En contraste, el grupo que encabeza Sanabria mantiene una relación más cercana con el Ejecutivo, y según rumores, el ministro de Desarrollo Social (MIDES), Abelardo Pinto, tendría influencia en la conducción de esta facción.

• En términos de fuerzas, Raíces suma 14 diputados, mientras que nueve legisladores son afines al grupo que lidera Sanabria.

• Si bien los votos del oficialismo no son determinantes por sí solos —las decisiones en el hemiciclo requieren 81 votos—, su comportamiento funciona como un termómetro político. Históricamente, el bloque oficial siempre se alinea con las directrices del Ejecutivo para impulsar la agenda de gobierno.

En conclusión. La división interna del oficialismo no solo refleja diferencias, sino que también anticipa reacomodo político rumbo al próximo proceso electoral.

• Aunque ambos grupos insisten en mantener la cohesión legislativa para respaldar la agenda del Ejecutivo, la unidad será puesta a prueba en decisiones como la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la designación del Contralor General de Cuentas y el nombramiento de un magistrado titular y un suplente para la Corte de Constitucionalidad.

• En ese contexto, el comportamiento del oficialismo será clave para medir si las diferencias internas logran mantenerse bajo control o si derivan en una reorganización más profunda.